Contenido

Introducción

Ernesto Restrepo Tirado

Sobre estas memorias

Prólogo

María Clemencia Ramírez

Después de un siglo de esfuerzos para controlar el tráfico de drogas, ¿podemos ser optimistas?

David Musto

México, Colombia y las drogas ilegales: variaciones sobre un mismo tema

Luis Astorga

Panel 1

De alucinógenos, estimulantes y psicotrópicos a narcóticos

Introducción

Myriam Jimeno / Moderadora

La coca en el Amazonas: una perspectiva botánica, cultural e histórica. “Mambear coca no es pintarse la boca de verde”.

Juan Álvaro Echeverri

La coca: su importancia tradicional dentro de la etnia uitoto

Óscar Román Jitdutjaaño / Alicia Sánchez

Socialización de la hoja de coca

David Curtidor

Alcohol, coca y prohibición en la historia de Colombia

Andrés López Restrepo

Panel 2

Ciclos de producción y territorio

Sobre territorios y paradojas del narcotráfico en Colombia

Carlos Ariel Ruiz Sánchez / Moderador

Colonización, coca y movimiento social: el caso del Putumayo

María Clemencia Ramírez

Los cultivos ilícitos en Colombia: evolución histórica y territorio

César Enrique Ortiz

Conflicto agrario y expansión de los cultivos ilícitos en Colombia

Henry Salgado Ruiz

Panel 3

Cultivos ilícitos, narcotráfico y economía

Los cultivos ilícitos y el medio ambiente

Manuel Rodríguez Becerra / Moderador

Drogas ilegales y sus repercusiones en Colombia: el papel de las políticas y de los cambios institucionales

Francisco E. Thoumi

Política antidrogas y desarrollo alternativo en Colombia: situación y perspectivas

Ricardo Vargas Meza

Panel 4

Narcotráfico, política y sociedad

Narcotráfico, política y sociedad

María Clemencia Ramírez / Moderadora

Narcotráfico y violencias en Colombia

Álvaro Camacho Guizado

Impacto del narcotráfico en la cultura colombiana

Alonso Salazar

¿El debate sobre drogas que alteran la mente es sobre drogas o sobre ideologías y valores básicos?

Francisco E. Thoumi

Panel 5

Las organizaciones del narcotráfico y las dinámicas internacionales

Las organizaciones del narcotráfico y las dinámicas internacionales

Diana Marcela Rojas / Moderadora

Contrabando, narcotráfico y juego en Cuba, de los años veinte a los años cincuenta. Un estudio preliminar

Eduardo Sáenz Rovner

Las organizaciones del narcotráfico en Colombia: historias, carteles y redes

Adolfo León Atehortúa Cruz

Diana Marcela Rojas Rivera

Narcotráfico y seguridad nacional ¿Nueva o vieja intervención?

César Torres Del Río

Narcotráfico y las políticas de control de drogas en las fronteras. De los problemas a las propuestas

Ricardo Soberón Garrido

Drogas y salud pública

Ismael Roldán

Ponentes

Introducción

La viii Cátedra Anual de Historia “Ernesto Restrepo Tirado” Análisis histórico del narcotráfico en Colombia se realizó gracias al apoyo del Ministerio de Cultura y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y tuvo lugar los días 29, 30 y 31 de octubre de 2003 en el Auditorio Teresa Cuervo Borda del Museo Nacional de Colombia, gracias al auspicio del Ministerio de Cultura, la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, la Embajada de México en Colombia, Cemex de Colombia, Mexicana de Aviación, Comcel, el Convenio Andrés Bello y la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Colombia.

En el año 2003 la Cátedra pretendió propiciar un espacio de reflexión sobre la historia de los procesos de producción, comercialización y consumo de sustancias psicoactivas en Colombia, los cuales se reúnen actualmente bajo el término de narcotráfico, y la incidencia que ellos han tenido en la configuración y reconfiguración de las estructuras sociales, políticas, económicas y culturales de la nación colombiana desde mediados del siglo XX hasta el presente.

Objetivos específicos

• Analizar el fenómeno de la producción, consumo y comercialización de las sustancias psicotrópicas, alucinógenas y estimulantes, desde diferentes perspectivas.

• Llevar a cabo un análisis histórico sobre las transformaciones en la definición que se ha hecho de los procesos que en las últimas décadas se han asociado con el narcotráfico.

• Mostrar las alternativas propuestas desde diferentes comunidades con respecto al cultivo y el uso de plantas como la coca y la amapola.

• Estudiar los efectos sociales del narcotráfico en los diferentes tipos de poblaciones relacionados con él: consumidores, productores y comercializadores.

• Analizar el narcotráfico como un problema de control territorial.

• Establecer las relaciones entre las dinámicas de la economía colombiana y el narcotráfico.

• Estudiar la forma como el narcotráfico ha incidido en la configuración de los distintos tipos de violencia locales e internacionales.

Ernesto Restrepo Tirado

Escritor, historiador, etnólogo e investigador. Nació en Medellín el 27 de agosto de 1862 y falleció en Bogotá el 24 de octubre de 1948. Hijo de Vicente Restrepo y Dolores Tirado. Actuó como jefe civil y militar de Boyacá (1901). Fue miembro fundador (1902), presidente y vicepresidente de la Academia Colombiana de Historia, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Historia de Venezuela (1911) y de la Academia Antioqueña de Historia (1922).

Autor de innumerables investigaciones, entre las que se destacan Estudio sobre los aborígenes de Colombia (1892), Ensayo etnológico y arqueológico de la provincia de los Quimbayas en el Nuevo Reino de Granada (1892), Los Quimbayas (1912), Descubrimiento y conquista de Colombia (1917/1919), De Gonzalo Jiménez de Quesada a don Pablo Morillo (1928), Historia de la Provincia de Santa Marta (1929), Gobernantes del Nuevo Reino de Granada en el siglo XVIII (1934) y Los conquistadores. Publicó 24 volúmenes, de más de 350 páginas cada uno, del archivo de Francisco de Paula Santander.

Dirigió el Museo Nacional de Colombia desde 1910 hasta enero de 1920, fecha en que se retiró para viajar a España con el cargo de cónsul general de Colombia en Sevilla. Su administración fue una de las más activas y prolíficas: por medio de las donaciones que solicitó a particulares e instituciones aumentó la galería de retratos de gobernantes y personajes históricos y la sección de arqueología e historia natural; obtuvo del gobierno una nueva sede en el Pasaje Rufino Cuervo (hoy desaparecido); mantuvo al día la catalogación de las colecciones, labor que quedó publicada en cuatro versiones del Catálogo general del Museo de Bogotá, impresas en 1912, 1917 y 1918; sostuvo correspondencia con las instituciones más importantes a nivel museológico e histórico en el mundo; impulsó la creación de un concurso anual de artistas nacionales con el fin de conformar la Sección de Bellas Artes y, sobre todo, aportó sus conocimientos y su prestancia como historiador en pro del engrandecimiento, el respeto y la admiración por el Museo Nacional. Por todo lo que representa para el Museo, el nombre de Ernesto Restrepo Tirado fue escogido para denominar y presidir esta cátedra.

Sobre estas memorias

Esta publicación recoge las ponencias presentadas en el marco de la viii Cátedra Anual de Historia “Ernesto Restrepo Tirado”. Los debates que se realizaron una vez terminados los paneles y la mesa redonda en los que estuvo dividida la Cátedra no figuran en la presente publicación. No obstante, los lectores interesados podrán consultar las grabaciones en audio y video en el Centro de Documentación del Museo.

Coordinación académica

María Clemencia Ramírez

César Torres del Río

Andrés López Restrepo

Amada Carolina Pérez Benavides

Ángela Margoth Bacca Mejía

Ministerio de Cultura 2014

Mariana Garcés Córdoba, ministra

María Claudia López Sorzano, viceministra

Enzo Rafael Ariza Ayala, secretario general

Museo Nacional de Colombia

María Victoria de Angulo de Robayo, directora general

Ana María Cortés Solano, subdirectora

María Paola Rodríguez Prada, curadora jefe de las colecciones de historia

María Mercedes Herrera Buitrago, curadora jefe de las colecciones de arte

Margarita Reyes Suárez, curadora jefe de las colecciones de arqueología y etnografía

María Andrea Izquierdo Manrique, jefe División de Comunicaciones

Carlos Eduardo Serrano Vásquez, jefe División Educativa y Cultural

Agradecimientos

Asociación de Amigos del Museo Nacional de Colombia

Cemex de Colombia

Comcel

Convenio Andrés Bello

Embajada de los Estados Unidos en Colombia

Embajada de México en Colombia

Mexicana de Aviación

Ministerio de Cultura

Nota del editor

Los artículos conservan los vínculos de Internet tal como fueron citados por cada autor en 2003. No obstante, a la fecha, varios ya no se encuentran activos en la red. En consecuencia, sólo se indican en color las direcciones electrónicas que se mantienen vigentes.

Prólogo

María Clemencia Ramírez

La octava Cátedra de Historia tuvo lugar en octubre de 2003 y por lo tanto, el análisis que se hizo del Narcotráfico en Colombia llegó hasta finales del 2002. Aun cuando se buscó como se hizo con anteriores cátedras la pronta publicación de las Memorias, el tema parece que aún es considerado tabú, o tal vez problemático para quien se apunte como coeditor. Elvira Cuervo de Jaramillo tocó muchas puertas y cuando ya parecía que se había logrado su financiación, el coeditor se retiraba con rodeos que llevaban a pensar que habían sido sancionados por tratarse de un tema sobre el cual pesan tantas interpretaciones y posiciones encontradas. Sólo este año este impasse se pudo superar, gracias a la insistencia de los organizadores de la Cátedra en el Museo Nacional para publicarlo, quienes siempre tuvieron claridad sobre el aporte que esta recopilación temática sobre los diferentes aspectos del narcotráfico significa para la memoria del país. Por esto, aun cuando se podría pensar que la demora en la publicación de las Memorias conlleva la publicación de artículos desactualizados, es necesario insistir en que el enfoque histórico de la Cátedra que se refleja en el contenido de las ponencias presentadas, es garantía de que éstas no pierdan vigencia, puesto que es precisamente el análisis estructural y a través del tiempo del fenómeno del narcotráfico lo valioso de la compilación que se presenta en esta publicación.

No sobra reiterar que el fenómeno del narcotráfico ya cumple tres décadas de presencia en el país y por lo tanto se encuentra de una u otra forma presente en todos los sectores y estamentos de la sociedad colombiana, de manera que entender la emergencia e instauración del narcotráfico como actividad económica central y sus consecuencias a nivel cultural, social, económico y político es fundamental para entender el país y nuestro conflicto interno. Después de todas las iniciativas y estrategias contra el narcotráfico que se han implementado a lo largo de estas tres décadas y que se han intensificado a lo largo de los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez, el tema del narcotráfico continúa vigente poniendo en duda la efectividad de las mismas. En 1996, la producción total nacional de coca aumentó a 67,200 y para 1997 con 79,500 hectáreas sembradas, Colombia se convirtió en el primer productor de coca en la Región Andina, lugar que ha consolidado los años siguientes aumentando la cifra cada año.1 En agosto de 2005 el Sub-secretario de Estado para Asuntos Políticos Nicholas Burns, señaló que “Colombia continúa siendo el mayor productor y país de traslado de narcóticos. Más del 90% de la cocaína y del 50% de la heroína que entra a Estados Unidos, procede de Colombia. También es un usuario principal de químicos precursores y el centro de gran parte de la actividad de lavado de activos”.2 Cabe señalar que no sólo Colombia continúa siendo el mayor productor de coca en la Región Andina sino que los precios de la cocaína al igual que los de la heroína siguen cayendo en el mercado estadounidense en forma constante a pesar de un pequeño aumento del precio en el segundo semestre de 2005 al que siguió un descenso rápido. Es así como la Oficina de Estados Unidos de Control de la Droga-ondcp estimó que en julio de 2006 el precio de la cocaína en la calles de Estados Unidos era 20% menor que el precio que se reportó en julio de 2003.3

Es mi interés en este prólogo presentar un balance entre el 2003 y el 2007 del desenvolvimiento del fenómeno del narcotráfico durante estos años, enfatizando su capacidad de adaptación y transformación, y relacionándolo con la forma en que diferentes actores inmersos en el mismo han incidido en su reconfiguración, con el fin de traer al presente las tendencias señaladas en los artículos que se compilan en esta publicación. Para ello me enfocaré en tres aspectos centrales que ilustran esta situación: en primer lugar, en las fumigaciones y el comportamiento del número y tamaño de hectáreas cultivadas como resultado de las mismas; en segundo lugar en la política de erradicación manual forzosa que tiene sus inicios a finales de 2004 y que se relaciona directamente con el proceso de negociación y desmovilización de los paramilitares y en tercer lugar en la extradición y su nueva significación en el marco del conflicto armado.

Como se reiteró en las presentaciones que se hicieron durante la Cátedra, entre 1999 y el 2000 Colombia presentó el más alto índice de cultivos de coca en su historia como país cultivador, al reportar cifras entre 160,119 y 163,289 hectáreas respectivamente. Así mismo, el Plan Colombia fue concebido en 1999 como un plan a seis años principalmente para combatir el narcotráfico y promover el cumplimiento de la ley, e incluía la inversión de US$7,500 millones, de los cuales Colombia aportaría US$4,000 millones y US$3,500 serían recursos internacionales, incluidos los dineros aportados por Estados Unidos.

La política de erradicación forzosa mediante fumigaciones aéreas de glifosato, se convirtió en la estrategia principal del tercer componente del Plan Colombia, denominado iniciativa contra el narcotráfico, teniendo como postulado principal que la fumigación debe superar a la siembra como meta para controlar y disminuir la producción. El Plan Colombia implicó entonces el inicio de la intensificación de las fumigaciones de lo cual hemos sido testigos hasta el presente. Es así como en el 2000 se fumigaron alrededor de 94,500 hectáreas y desde el 2001 las fumigaciones superan las 130,00 hectáreas asperjadas anualmente, llegando a un total de 172,000 hectáreas en el 2006. Aunque en el 2001 hay un ligero descenso de los cultivos en un 11%, es para finales del 2002 que se da un parte de triunfo en cuanto a la disminución del número de hectáreas cultivadas en Colombia, al reportar 102,071 hectáreas. Se anotó que esta disminución iba de la mano del inicio de una dispersión del cultivo que de encontrarse en doce departamentos en 1999 para el 2002 aparece en veintiún departamentos, así como de una reducción del tamaño de las parcelas. Para el 2003 y 2004 se registran los cultivos en veintitrés departamentos y sigue en descenso el número de las hectáreas cultivadas, en un 16% y 7% respectivamente, y se señala que se ha logrado un decrecimiento del 51% en comparación con el año pico del 2000. Sin embargo después de cuatro años de descenso, en el 2005 se observa un aumento del 7% volviendo a reportarse el número de hectáreas del 2003, a pesar de mantenerse constante la fumigación. En el último reporte del 2006 aparecen 78,000 hectáreas, registrándose un pequeño descenso del 9% con respecto al año anterior a pesar de la intensificación de la fumigación en 42,000 hectáreas, de manera que para lograr la disminución de 8,000 hectáreas se requirió fumigar 12,5 veces más este número de hectáreas,4 evidenciándose así la ineficacia de la estrategia.

En comparación con las cifras anteriores de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito-UNODC, la ONDCP por su parte viene reportando el aumento de los cultivos de coca en Colombia durante los últimos tres años así: de 113,850 reportados en el 2003 para el 2004 se registra un pequeño incremento a 114,100 hectáreas, para el 2005 de 144,200 y para el 2006 de 157,200 hectáreas, lo cual significaría que estamos de vuelta al número de hectáreas que se cultivaban entre 1999 y el 2000, afirmación que ha desatado un debate sobre la metodología utilizada para medir el hectareaje por parte del gobierno nacional. Pero más importante que aclarar qué organismo tiene la razón, lo que se evidencia es un claro fracaso de la política central antinarcóticos en Colombia: la fumigación aérea, pero sobre todo, la falta de programas sociales y económicos que den respuesta a los problemas estructurales del país.

En sus inicios el Plan Colombia se centra en el departamento del Putumayo por ser el departamento que concentraba la mayor cantidad de cultivos de coca en este momento. Al intensificarse las fumigaciones en este departamento a partir del 2001, se observa una reducción considerable del cultivo de coca en el 2002, cuando se registran 13,725 de 66,000 que se cultivaban en el 2000, reducción que continúa hasta el 2004 cuando se reportan 4,836 hectáreas sembradas. Esta reducción coincide no sólo con el incremento de la fumigación sino también con la implementación de programas de desarrollo alternativo intensivos por parte de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional-USAID, también en el marco del Plan Colombia, a través del contrato hecho a la compañía de desarrollo Chemonics International Inc., entidad que se retira a principios de 2006 del Putumayo, lo cual coincide con el inicio del aumento de los cultivos en este departamento que para ese año reporta 12,254 hectáreas. Durante el año 2006 sólo un 0,4% de los dineros destinados a desarrollo alternativo se invirtieron en el Putumayo, lo cual nos permite señalar cómo al haber sido concebido el programa de desarrollo alternativo como complemento de la erradicación forzosa y así privilegiar el número de hectáreas erradicadas como criterio de éxito, no ha permitido la elaboración e implementación de un programa de desarrollo alternativo integral sostenible –tal como lo evidencia el aumento en cultivos de coca reciente en el Putumayo–, que responda a las necesidades y propuestas de las organizaciones campesinas e indígenas locales, y no que dependa de la presencia esporádica de entidades que desarrollan proyectos coyunturales como reparación o complemento a la fumigación. Sobre todo se ha perdido la oportunidad de generar lazos Estado-sociedad civil que propendan por la legitimidad y presencia del Estado en estas regiones marginales donde los cultivos de uso ilícito son fuente económica central para sus habitantes.

Por otra parte, la disminución de hectáreas de cultivos en el Putumayo entre el 2001 y el 2004, va de la mano con el aumento de los cultivos en el departamento de Nariño, sobre todo en la región del Pacífico. Es así como, al mirar al interior del país el efecto globo, se pone en evidencia una vez más la flexibilidad que presenta la economía del narcotráfico frente a las acciones de la política antinarcóticos, la cual de inmediato establece no sólo nuevos lugares de cultivo sino nuevas rutas de comercio, esta vez por el Pacífico. Para el 2003, Nariño presenta un incremento del 17% en los cultivos y llega a representar el 20% de la producción total de coca en el país en ese año; el incremento en este departamento continúa constante de ahí en adelante y en el 2006 en el municipio de Tumaco se presenta la mayor concentración de cultivos, los cuales sumados a los del Putumayo, que presentan un aumento significativo en este año, representan el 36% del total de cultivos en el país. El Meta es otro departamento que presenta aumento constante en los cultivos de coca durante este periodo, de manera que para el final del 2006, Nariño, Putumayo y Meta suman el 50% de cultivos de coca en el país, de un total de veintitrés departamentos en los que son reportados.

Otro cambio importante de señalar es el tamaño de las parcelas, el cual ha venido disminuyendo de un promedio en el 2001 de 2,05 hectáreas a 1,13 hectáreas en el 2005 y a 0,85 hectáreas en el 2006, de manera que se puede afirmar que no sólo han desaparecido definitivamente las grandes extensiones de cultivos de coca sino que como respuesta al incremento de las fumigaciones se ha disminuido el tamaño de las parcelas buscando no ser vistas desde el aire, haciendo más difícil que las fumigaciones aéreas tengan éxito en cuanto a la disminución de las hectáreas de coca cultivadas, las cuales por otro lado, afectan en mayor medida los cultivos alternativos.

Al haberse cumplido en el 2006 los seis años del Plan Colombia, la fumigación aérea ha sido revaluada como estrategia central de erradicación tanto por el gobierno nacional como por el Congreso de los Estados Unidos, pero motivados por situaciones distintas. En el caso del Congreso de Estados Unidos se trata de la revisión de la alta inversión que este país ha hecho en Colombia en el marco del Plan Colombia en relación con los resultados obtenidos, así como de la decisión de reducir la ayuda a Colombia debido a la situación que ha generado la guerra en Irak que cada vez demanda mayores recursos. Esta revisión se hace en el marco de un Congreso que cuenta con una mayoría demócrata desde las elecciones de noviembre de 2006, lo cual implica un cambio de política frente a aquella privilegiada por los republicanos durante los últimos seis años durante los cuales fueron mayoría en el Congreso, además de contar con un presidente republicano en el poder. El representante demócrata por California a la Cámara, Sam Farr, declaró en junio de 2006 en las deliberaciones en la Cámara sobre la ayuda a Colombia para el año fiscal de 2008, que en este momento “es claro que la actual política de la Administración enfocada fuertemente en la fumigación está fallando”.5 Por su parte el representante Jim McGovern, demócrata de Massachusetts aclaró que aunque nunca propugnará por abandonar a la gente de Colombia, considera que “no debemos mandar dinero sin reconocer que las fuerzas militares deben mejorar su record en cuanto a los derechos humanos”.6 Como resultado del debate en el Congreso, el 21 de junio de 2007 la Cámara de Representantes redujo la financiación militar a Colombia en US$168 millones, cambió los porcentajes destinados a ayuda militar que durante los seis años del Plan Colombia se había mantenido en un 80% frente a un 20% destinado a programas sociales, económicos y de promoción a la justicia y se acordó el 55% para ayuda militar y 45% para desarrollo social y económico. Al programa de fumigaciones que hacía parte de la ayuda militar, se le disminuyeron US$30 millones, se aumentó la ayuda para programas de fortalecimiento del Imperio de la Ley (Rule of Law) incluyendo además un programa de protección a las víctimas, se aprobó apoyar la implementación de la desmovilización paramilitar y se destinaron US$15 millones para actividades de desarrollo económico para beneficiar a las comunidades afrocolombianas e indígenas en consulta con las mismas. En este momento este proyecto pasa a debate al Senado y se espera que se siga este mismo parámetro de asignación de recursos definido por la Cámara.

En consecuencia, el gobierno nacional se ha visto impelido a asumir mayor inversión en la lucha contra el narcotráfico. Al respecto el ministro de Defensa afirmó que “cuando el Plan Colombia se gestó hace siete años siempre supimos que no sería una iniciativa eterna, que nosotros eventualmente asumiríamos parte de los costos. La llegada de los demócratas al poder en noviembre del año pasado, sin duda, aceleró ese proceso de colombianización. Y hay dos cosas que decir frente a ello: la primera, y por eso pedimos flexibilidad, es que hay que ser más eficiente con menos. La segunda es que allí donde falten recursos, donde se den esos recortes, Colombia los pondrá”.7 Es en este marco que la erradicación manual cobra importancia y se empieza a privilegiar frente a la fumigación área. A finales de 2004 y coincidente con el proceso de desmovilización paramilitar, el gobierno creó los grupos de erradicación móvil como un componente más de la lucha antinarcóticos. Para octubre de 2006 alcanzaban a contarse setenta y cinco grupos para un total de 2,325 personas que operaban en dieciocho departamentos. En el 2005 se erradicaron manualmente 31,385 hectáreas y para el 2006 se llegó a 41,346 hectáreas erradicadas.8 Estos son grupos de treinta personas cada uno compuestos por “desmovilizados de los grupos armados al margen de la ley [y/o campesinos en su mayoría provenientes del eje cafetero] que, bajo la protección de las fuerzas militares se desplazarán a zonas donde se detecten los cultivos ilícitos”, para evitar el traslado de cultivos de uso ilícito a áreas de economía campesina o a zonas de parque o reservas naturales. Se conjuga así una política de seguridad, la desmovilización de los paramilitares, con una estrategia de lucha antinarcóticos, la erradicación forzosa, para generar una política social como es la de proveer de empleo a los reinsertados.9

Estos grupos de erradicación manual han ido en aumento: el 3 de agosto de 2007 informa Victoria Eugenia Restrepo, la directora del Programa Presidencial Contra los Cultivos Ilícitos, que “el próximo jueves, [el 9 de agosto] volverán a trabajar los grupos móviles de erradicación manual” y que “paulatinamente serán enviados tres mil cien hombres, distribuidos en cien escuadrones, a zonas como Putumayo, Meta, Guaviare y Nariño”.10 Esta estrategia está en consonancia con la decisión que tomó el gobierno nacional en respuesta a la disminución en el paquete de ayuda de Estados Unidos, y es un ejemplo de cómo “ser más eficiente con menos” por cuanto los costos son menores en comparación con la fumigación aérea. El presidente Uribe anunció que se espera erradicar manualmente 70,000 hectáreas este año, “veinte mil más de las que estaban inicialmente presupuestadas. La cifra equivale a dos veces lo que se hizo en esa materia en el 2005 y es casi la mitad de lo que se tiene pensado fumigar con glifosato”.11 Por otra parte cabe señalar que este programa de erradicación manual es preciado por el gobierno como un programa social por cuanto ofrece empleo a los erradicadores. Adicionalmente, el ministro Juan Lozano aseguró que “además del impacto ambiental, el cambio de énfasis de la estrategia antinarcóticos tiene un componente social clave, porque las Familias Guardabosques son las que tendrán la responsabilidad de seguir conservando las zonas de selva y páramo que ocupan los cultivos”,12 lo cual muestra que antes que promover proyectos económicos sostenibles que establezcan soluciones a largo plazo en las regiones marginales con producción de coca, el gobierno prefiere pagar honorarios a las Familias Guardabosques para que aseguren al gobierno en retribución, que no se vuelvan a establecer cultivos de uso ilícito en las zonas erradicadas, o en otras palabras, para que ejerzan funciones de vigilancia en consonancia con la política de seguridad democrática. Cabe señalar que otro aspecto que para el caso del gobierno de Colombia ha incidido en la revisión de la fumigación ha sido la anunciada demanda de Ecuador por los efectos ecológicos, sociales y económicos de las fumigaciones en la frontera y que han conllevado según palabras del presidente Uribe “un costo político que termina afectando la legitimidad de la estrategia”.13 En este sentido y para explicar el cambio de estrategia afirma que “cuando la fumigación comete errores, en lugar de conseguir la adhesión de los colombianos a la erradicación de la droga, provoca reclamos y provoca reacciones en contra de la erradicación de la droga. Hemos observado que la erradicación manual compromete mucho más de lleno a todas las comunidades para eliminar la droga”.14

Se podría deducir de esta declaración que el presidente Uribe está reconociendo las protestas que se han presentado por todo el país desde el inicio de las fumigaciones aéreas en 1994, lo cual no significa en ningún momento que se prefiera la erradicación manual forzosa, por cuanto los cultivadores de coca siguen proponiendo esquemas de negociación con el gobierno que involucren erradicación gradual voluntaria con un plan de desarrollo alternativo integral que contemple inversión en infraestructura, tal como es el caso de la propuesta de la mesa departamental de organizaciones sociales del Putumayo presentada a Acción Social en el segundo semestre de 2006, con el ánimo de incidir en la segunda fase del Plan Colombia.

Por último miremos el desenvolvimiento que ha tenido durante estos últimos años la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos como estrategia de lucha contra las drogas, para lo cual vale la pena hacer un breve recuento histórico. La sanción del Tratado de Extradición a través de la Ley 27 del 3 de noviembre de 1980 durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala va a marcar el inicio de una tensión permanente entre el gobierno y los narcotraficantes, en relación con su aplicación o la negociación del mismo con los narcotraficantes. El Senado de Estados Unidos ratifica el Tratado en 1981, entrando en vigencia el 4 de marzo de 1982.15 Sin embargo, el presidente Turbay (1978-1982) no realiza extradiciones durante sus últimos meses de gobierno.

Durante los inicios del gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) y con base en argumentos nacionalistas no se puso en ejecución el tratado, pero a raíz del asesinato de Rodrigo Lara Bonilla en 1984, Betancur declara la “guerra total” al narcotráfico y procede a extraditar a Carlos Lehder y a otros cuatro colombianos que son entregados al gobierno de Estados Unidos en enero de 1985. El 12 de diciembre de 1986, la Corte Suprema de Justicia declara inexequible la Ley 27 de 1980 por la cual se aprobó el Tratado de Extradición colombo-norteamericano, cinco días antes del asesinato de Guillermo Cano, director de El Espectador. El presidente Virgilio Barco (1986-1990) sanciona el 14 de diciembre de 1986 la Ley 68 por medio de la cual se aprobaba otra vez el tratado, una vez que se resolvieron las fallas señaladas por la Corte en el trámite de la ley, la cual es declarada inexequible por la Corte Suprema de Justicia el 25 de junio de 1987 por vicios en su trámite. Los asesinatos y ataques terroristas promovidos por los narcotraficantes continuaron hasta que el 18 de agosto de 1989 fue asesinado Luis Carlos Galán, candidato a la presidencia, lo cual lleva al Consejo de Ministros a restaurar la extradición por vía administrativa para lo que se expide el Decreto 1860 que entra en vigencia el 18 de agosto de 1989 y es declarado exequible por la Corte Suprema el 3 de octubre. Hasta mediados de febrero de 1990 se producen catorce extradiciones.

Durante el gobierno de César Gaviria (1990-1994), se buscó eliminar la causa principal del narcoterrorismo, que se consideró era la amenaza de extradición a los narcotraficantes. Rafael Pardo, ministro de Defensa de Gaviria, propone que los narcos que se entregaran a la justicia no serían extraditados, propuesta que se retoma por el presidente, quien sugiere que “además de la entrega, para no ser extraditados debían confesar un delito que le permitiera a un juez iniciar un proceso”. Por la entrega y la confesión habría rebaja de una tercera parte de la pena. El Consejo de Ministros aceptó la propuesta con dos restricciones. La primera: sólo tendría aplicación para delitos cometidos con anterioridad a la vigencia del decreto. Y la segunda: sólo se inhibiría la extradición por los delitos que se confesaran. Con esta condición se buscaba evitar que se salvaran de la extradición confesando delitos menores. El presidente hizo la presentación pública de la propuesta el 5 de septiembre de 199016 ad portas de la instalación de la Asamblea Constituyente, que se convoca en respuesta a la crisis de legitimidad institucional que vivía Colombia en este momento así como del agudizamiento de la violencia relacionada con los carteles de la droga. Como resultado, en la Constitución de 1991, según el Artículo 35, va a quedar prohibida la extradición de nacionales y se establece un marco legal de sometimiento a la justicia colombiana.

Durante el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998) Colombia fue descertificada por Estados Unidos dos años consecutivos, 1996 y 1997, por falta de cooperación bilateral en la lucha contra las drogas. En respuesta el gobierno colombiano continuó el incremento de la lucha antidrogas en todos los frentes, adoptando una política más prohibicionista y represiva. En noviembre de 1997, el Congreso colombiano aprobó una enmienda a la Constitución, permitiendo la extradición de ciudadanos colombianos, que no se aplicaría en forma retroactiva. Estados Unidos, al justificar la certificación de Colombia en 1998 por razones de intereses nacionales vitales de este país, señala que “la ley no realizó su potencial ya que contiene una prohibición con respecto a su aplicación retroactiva” (Departamento de Estado de Estados Unidos, 26 de febrero de 1998). Se reconoce sin embargo que el gobierno de Colombia a principios de 1997 había aprobado leyes que hicieron más duras las sentencias de los traficantes de drogas, fortalecieron reglamentaciones con respecto al lavado de dinero y permitieron la confiscación de los bienes de los traficantes de narcóticos, pero se enfatiza que estas leyes se venían implementado de manera muy lenta.

Como resultado de la enmienda a la Constitución, durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) se reinician las extradiciones de narcotraficantes, pero mientras en sus cuatro años de gobierno se aprobaron un total de setenta y ocho extradiciones es con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002- 2010) que se incrementan de manera considerable y constante, tal como se señala en esta noticia de la Presidencia: “Entre el 7 de agosto y diciembre de 2002, el Gobierno Nacional aprobó treinta y cuatro extradiciones, en el 2003 fueron firmadas ochenta y uno, para el año 2004 se concedieron ciento treinta y nueve, en 2005 la cifra llegó a ciento veintidós, en el 2006 fueron autorizadas ciento cuarenta y cinco” y para el primer semestre de 2007 se contabilizaron noventa y ocho extradiciones.17 Sin embargo, el objetivo de la extradición de combatir las organizaciones de los narcotraficantes, parece no estar dando los resultados que se esperaría ya que la cantidad de droga que sale del país sigue en aumento y los narcotraficantes extraditados han encontrado formas de negociación con el gobierno de Estados Unidos para disminuir sus penas, comprometiéndose a delatar o entregar información al gobierno de Estados Unidos sobre otros narcotraficantes. Aún más, la época de la oposición a la extradición que llevó al narcoterrorismo parece haberse transformado, ya que hoy en día no es tan abierta la oposición a la extradición por parte de los miembros de los pequeños carteles, tal como lo manifiesta al ser extraditado en julio de 2007 Luis Hernando Gómez alias Rasguño, uno de los integrantes del Cartel del Norte del Valle y representante de esa nueva generación de traficantes integrada por los mandos medios de los antiguos carteles como el que dirigieron los hermanos Rodríguez Gacha: “Yo quiero salir cuanto antes del país y no quiero volver, ni siquiera a Cartago. Yo sabré cómo afronto ante la justicia norteamericana los errores que cometí. Pero voy a buscar un arreglo por encima de todo. Es muy difícil por el perfil que tengo, pero lo voy a buscar”.18 Cuando se le pregunta por qué no se hizo pasar como paramilitar para acogerse a la Ley de Justicia y Paz, responde que “como narcos tenemos una ventana, como paranarcos tenemos asegurado un calabozo en Europa. Y así va a ser con la Corte Penal Internacional”, refiriéndose a los delitos de lesa humanidad que se les imputa a los paramilitares y que pueden ser juzgados por una Corte Internacional.

Sin embargo en relación con los paramilitares y su comprobada vinculación al narcotráfico, sigue debatiéndose en el país el que uno de los puntos centrales de la negociación del gobierno con los paramilitares para que se desarmaran fue el hecho de haberles prometido tratamiento de delincuentes políticos, de manera que pudieran evitar ser extraditados o juzgados por narcotráfico. En este momento la Corte Suprema de Justicia ha cuestionado esta posibilidad al considerar que los delitos de los paramilitares no configuran el delito de sedición, decisión que ha sido rechazada de plano por el gobierno por considerar que pone en peligro la desmovilización tal como fue negociada.

Por otro lado dos guerrilleros han sido extraditados, Anayibe Rojas Valderrama alias Sonia en marzo de 2005 y Simón Trinidad el 17 de diciembre del mismo año. Sonia fue sentenciada en febrero de 2007 a dieciséis años y medio de prisión, los cuales pueden llegar a ser reducidos a once años por buena conducta, por habérsele hallado culpable de tráfico de drogas y de introducir cientos de kilos de cocaína a Estados Unidos como integrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-FARC. Esta sentencia no alcanzó en tiempo ni una tercera parte de la que esperaba la fiscalía de por lo menos sesenta años de cárcel, argumentando un castigo ejemplar para “uno de los carteles del narcotráfico más grandes del mundo”. El juez respondió que “no creo que Sonia fuera un capo de la droga. En el peor de los casos, es solo un rango medio”,19 lo que pone en evidencia que lo que se juzgó fue el delito de narcotráfico en sí mismo y no se considera en ningún momento su trasfondo político.

Por su parte la extradición de Simón Trinidad como se conocía Juvenal Ovidio Ricardo Palmera, fue aprobada el 24 de noviembre por la Corte Suprema de Justicia. En ese momento, el presidente Uribe condicionó la sanción de esta extradición a la liberación de cincuenta y nueve colombianos –entre ellos la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt– y cuatro extranjeros que integraban una lista de secuestrados de carácter político, a cambio de los cuales las FARC pedían unos quinientos presos, entre ellos al propio Simón Trinidad. Esta propuesta no fue aceptada por las FARC y el 12 de diciembre se sanciona por el presidente la extradición de Simón Trinidad, quien el 9 de julio de 2007 fue encontrado culpable de conspiración para cometer el secuestro de tres ciudadanos norteamericanos que volaban en una avioneta con otras dos personas el 13 de febrero de 2003, realizando tareas de inteligencia antidrogas sobre el departamento de Caquetá, cuando el aparato perdió un motor y cayó. No se le encontró culpable del secuestro como tal ni de apoyo material a un grupo terrorista, otros dos delitos por los cuales fue juzgado.20 Se anunció también que Simón Trinidad recibirá sentencia hasta el 20 de noviembre y el que el 20 de agosto se iniciará su juzgamiento por un cuarto delito, tráfico de drogas.21 Por otra parte, la fiscalía planteó la posibilidad de solicitar una sentencia reducida para Simón Trinidad si las FARC liberan a los tres estadounidenses secuestrados, para lo cual le da a este grupo un periodo de dos meses, aclarando que no se trata de una negociación con un grupo terrorista sino “un desarrollo en el marco de cooperación criminal”,22 considerando que está en juego la suerte de tres rehenes. Sin embargo, la pena que se le impute a Simón Trinidad está mediada por la decisión que tomen las FARC. Al respecto de la extradición Adam Isaacson ha señalado que “en el contexto colombiano la extradición se ha convertido en un sustituto para una verdadera reforma judicial”,23 por cuanto se juzgan delitos que violan la ley de los Estados Unidos pero no se están juzgando los delitos cometidos contra las leyes y/o los ciudadanos colombianos, tal como lo ha señalado María Jimena Duzán: “Mientras a los grandes narcotraficantes que son los paramilitares, se les perdona la extradición, se procede en cambio a la extradición de dos guerrilleros de las FARC en un hecho sin precedentes en nuestra historia, haciendo posible la paradoja de que estos últimos pueden terminar siendo juzgados por narcotráfico y no por haber secuestrado, asesinado y masacrado en Colombia”.24 En agosto de 2007 el gobierno autorizó la extradición del primer paramilitar, Éver Veloza alias HH, quien hizo parte del Estado Mayor de las Autodefensas de Colombia-AUC y en 2004 fue uno de los primeros en desmovilizarse, junto con un ejército de más de 1000 hombres. Sin embargo, no se presentó ante las autoridades cuando el presidente Álvaro Uribe ordenó que los paramilitares desmovilizados debieran estar concentrados en La Ceja y posteriormente en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. Esa decisión hizo que el gobierno considerara que Veloza había perdido el beneficio de no extradición y por lo tanto, será juzgado en Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico. En una entrevista realizada por la revista Semana, Éver Veloza comenta sobre esta decisión y manifiesta que “me parece injusto porque yo sólo tengo delitos de autodefensa, mientras que hay muchos que son pedidos en extradición por cocaína”,25 refiriéndose a que antes que ser un narcotraficante es un paramilitar y como tal espera ser juzgado.

En conclusión, lo que se evidencia es que la lucha contra el narcotráfico no sólo sigue llevándose a cabo bajo las directrices de la política dictada por Estados Unidos en materia de lucha contra las drogas y recientemente contra el terrorismo en aras de garantizar la seguridad global, sino también que el narcotráfico es un renglón de la economía del país que sigue cobrando centralidad y como tal atraviesa diversos sectores y actores tanto estatales como no estatales. Pero sobre todo, el narcotráfico ha permitido que sigan fluyendo recursos para que el conflicto armado en Colombia continúe pero cada vez más definido por su vinculación al negocio del narcotráfico que a intereses políticos, lo cual ha implicado la emergencia de una comunalidad de intereses entre quienes antes se declaraban enemigos, como se vislumbró al analizar el caso de la extradición, la cual puede llegar a cobijar a todos los actores al margen de la ley. Al respecto y para finalizar, cabe anotar que en mayo de 2005, saliendo de Tumaco por el río Mira el Departamento de Investigaciones Judiciales de la Policía Nacional-DIJIN y la Fuerza Naval del Pacífico encontraron “ocho lanchas cargadas con un total de 15,1 toneladas de cocaína que pertenecía a siete ‘dueños’ diferentes. Una parte era de varios jefes del Cartel del Norte del Valle. Otro porcentaje pertenecía a capos de Cali, Medellín y el Meta. La gran mayoría del alijo era de las AUC y las FARC”.26 En este operativo se puso también en evidencia que los mexicanos están negociando y transportando la coca directamente desde Colombia hacia su país o hacia Estados Unidos, y que a raíz de los procesos políticos internos en Colombia que han golpeado a los carteles de la droga, los narcos mexicanos llenan los vacíos que dejan los colombianos para la distribución de cocaína, una prueba más del permanente cambio y flexibilidad del narcotráfico que antes que desaparecer se reconfigura. Una vez hechas estas consideraciones sobre algunas tendencias actuales, los invito a leer el análisis histórico del narcotráfico en Colombia que se presenta en esta publicación a través de la compilación de diferentes perspectivas disciplinares y conceptuales.

Agosto 7 de 2007

Después de un siglo de esfuerzos para controlar el tráfico de drogas, ¿podemos ser optimistas?

David Musto

Me siento profundamente honrado de presentar esta ponencia en memoria de uno de los más destacados historiadores de Colombia, uno de los fundadores y presidentes de la Academia Colombiana de Historia. Es muy oportuno que el tema del tráfico de drogas sea discutido en esta nación que ha padecido tanto en las últimas dos décadas a causa de la producción y distribución de narcóticos.

Aunque el problema de la droga es hoy tan vivo, aparentemente tan contemporáneo que pareciera no tener historia más allá de las últimas décadas, se remonta a un siglo la historia de la campaña internacional en contra del tráfico de drogas. Esta historia demuestra cómo los grandes cambios en las relaciones internacionales han alterado la política de narcóticos. Al igual que un corcho, la legislación de narcóticos flota sobre las olas de los intereses nacionales y las grandes relaciones de poder. Para entender el problema de la política de drogas debemos tener siempre en cuenta el extenso campo de las relaciones internacionales mientras se estudian los detalles de este problema. Debido a la naturaleza de mi investigación, la mayoría de los ejemplos que citaré para ilustrar la historia del control de drogas provienen de los Estados Unidos, pero los historiadores de otros países encontrarán casos similares.

Otra razón para evaluar el rol de los Estados Unidos, reside en que este país inició el esfuerzo para el control internacional de drogas nocivas, en la Comisión Internacional de Opio que tuvo lugar en Shanghai en febrero de 1909. ¿Qué motivó a Estados Unidos a llevar a cabo este esfuerzo y cuál era la política de drogas que Estados Unidos recomendaba a otros países?

En primer lugar, ¿por qué la Comisión de Shanghai se convocó en 1909?

¿Por qué no en 1899 o 1919? ¿Y por qué Estados Unidos estuvo interesado en aquel lugar del mundo? El interés de Estados Unidos emergió después de la adquisición de las islas Filipinas en 1898, un legado de la guerra entre España y Estados Unidos. Existía un monopolio oficial español que distribuía el opio en las islas. El gobernador americano, general William Howard Taft, decidió continuar con esa disposición y usar las ganancias para mejorar la educación. Cuando esta información llegó a oídos del Congreso y del presidente Theodore Roosevelt, se le ordenó al general abandonar su plan y acabar con dicho monopolio: no debía existir tolerancia al uso de drogas no farmacéuticas. El dinero resultante de la venta de opio era llamado “dinero manchado”. Howard Taft formó después un comité de investigación para viajar por las regiones del este de Asia, incluyendo la Indochina francesa y Japón, con el fin de observar cómo otras autoridades manejaban el problema del opio. En 1904 el comité reportó a favor de una gradual reducción de opio por un periodo largo de tiempo para consumidores activos, proyectado a partir de la puesta en marcha de la política de Japón en Formosa. Cuando, no obstante, el Congreso de Estados Unidos realizó esta pregunta en 1905, decretó la prohibición –para ser ejecutada durante tres años– del uso de opio filipino sin fines médicos. Ésta es una clave importante de la actitud de los Estados Unidos durante la primera década del siglo XX: la intolerancia al uso de narcóticos no farmacéuticos.

¿Por qué esta posición tan firme? Estados Unidos estaba atravesando un profundo cambio de actitud hacia las drogas, el alcohol, el ambiente, las dietas e incluso el ejercicio. Tal cambio en la opinión pública en los Estados Unidos ha sido llamado “movimientos de abstinencia” y encontraron su expresión en múltiples formas que incluían la legislación doméstica, los grupos activistas voluntarios y las relaciones con otros países. Las opiniones se hacían aún menos comprometedoras al estar incorporadas en creencias religiosas. La reforma espiritual que animaba tales movimientos podía parecer auto-controladora para los observadores. El poder de estos movimientos, sin embargo, puede ser apreciado cuando uno tiene en cuenta su culminación –el decreto de prohibición nacional del alcohol en 1919. Claramente, estas actitudes eran creencias profundamente sostenidas, aplicadas con menos discusión a las drogas que cuando fueron aplicadas al alcohol.

Retomando a Filipinas, después de la declaración que prohibía el uso del opio no medicado, el contrabando de opio se convirtió en un problema. Había sólo un barco de guardia en la costa que buscaba a los contrabandistas en un archipiélago que medía dos mil kilómetros desde el norte hasta el sur. Normalmente, la localización del barco era dada a conocer en los periódicos. El gobierno norteamericano estaba frustrado en su tarea de detener a los contrabandistas. Anticipando un alza del opio ilícito, el obispo episcopal Charles Brent escribió desde Manila al presidente Theodore Roosevelt, en julio de 1906, sugiriendo un encuentro de los mandatarios del este de Asia para respaldar a China en su campaña de lucha contra el opio. Brent deseaba que las diversas naciones productoras pudieran ser persuadidas para limitar la distribución a estrictas necesidades médicas. Una vez esto fuera consumado, los problemas de China serían resueltos –y el opio sería controlado en Filipinas.

La idea de Brent tuvo lugar entre dos decisiones cruciales hechas ese año por los gobiernos de China e Inglaterra. Durante el siglo XIX, Inglaterra vendió la mayor parte de la cosecha de opio de la India a China. Los argumentos en contra de este tráfico que alimentaba los adictos en China se tropezaron con la respuesta de que las ganancias eran necesarias para pagar la administración inglesa de la India. Aquellos británicos en contra del comercio de opio entre India y China pusieron sus esperanzas en el Partido Liberal, uno de los dos partidos políticos más fuertes del momento. A principios de 1906, el Partido Liberal ganó la mayoría de curules en el Parlamento y en mayo, el Parlamento votó por una resolución que declaraba que “el comercio de opio entre India y China es moralmente indefensible y solicita al gobierno de Su Majestad a tomar los pasos que sean necesarios para llevarlo a un rápido final”. A diferencia de la propuesta de Brent, esta decisión de Inglaterra involucraba solamente a dos naciones. Sin embargo, habría un extraño movimiento. Las fuerzas del mercado libre que determinaban la producción y distribución del opio serían desafiadas por las fuerzas morales. Inglaterra no estaba preparada para reducir a cero sus cargamentos de opio a China. Había dos preocupaciones, que aún, permanecían: ¿Habría alguna otra nación que tomara el lugar de ellos en la distribución de opio? ¿China incrementaría su producción doméstica? En cualquier caso, Inglaterra dejaría de tener incidencia en el consumo de opio en China –y perdería ingresos. Por lo tanto, las negociaciones con China serían cuidadosamente tratadas, de tal manera que la reducción de la producción interna en China fuera controlada así como la reducción de embarques desde la India.

China, el objetivo aparente del negocio para Inglaterra y Bishop Brent, tenía una estrecha relación con el opio. Los países de Occidente y Japón encontraban que el consumo de opio y China estaban entrelazados. Los trabajadores chinos llevados a Estados Unidos en los años setenta del siglo XIX para construir ferrocarriles fueron los que introdujeron el consumo de opio en Norteamérica. La relación entre China y el consumo de opio parecía eterna, pero realmente, fue en el siglo XVII que los comerciantes holandeses introdujeron en China el opio procesado para fumar. En 1729, fue publicada la primera denuncia imperial contra el opio, seguida de muchas condenas y esfuerzos para ser abolida de raíz. Entre amenazas y presiones, la importación de opio se legalizó a mediados del siglo XIX. Inglaterra no era el único proveedor de opio. Los norteamericanos habían distribuido tanto opio de Turquía durante la primera mitad del siglo XIX que el Comisario de China en Cantón pensaba que Turquía era uno de los Estados Unidos.

El consumo de opio aumentó en el siglo XIX mientras China caía víctima de poderes externos que atentaban contra su soberanía. Varias zonas de comercio fueron cedidas, como Hong Kong a Inglaterra, e incluso algunos impuestos fueron recolectados por extranjeros. China no representaba un contrincante para las fuerzas militares de Inglaterra, Alemania, Rusia y Japón. La guerra con Japón de 1895, en la que China entregó Taiwán a Japón fue particularmente humillante. Despertó en furia la juventud de China que no podía creer que su país fuera derrotado por un país vecino de Asia. La culpa de la debilidad de China recayó en el consumo de opio entre civiles y miembros de la guardia. La culminación de este movimiento fue el Edicto Imperial del 20 de septiembre de 1906, la tercera y última acción de ese año que guió eventualmente las restricciones internacionales en materia de drogas nocivas para la salud. El edicto establecía que los cultivos de opio serían acabados en un periodo de diez años y que el opio sólo podría ser usado para tratamientos médicos.

Cuando el presidente Roosevelt leyó la carta de Brent, Estados Unidos estaba en una peculiar posición con respecto a China. Los chinos habían sido tratados como “chusma” en los Estados Unidos, contrario a las obligaciones de convivencia. La reacción de China al maltrato de los norteamericanos consistió en organizar un rechazo voluntario a comprar bienes producidos en los Estados Unidos. Este tipo de rechazos es llamado en inglés boycott.27 Como el boicot no era oficial, el gobierno de la China deseaba evitar una intervención militar. Sólo unos años antes las fuerzas extranjeras habían aplastado la Revolución Bóxer, probando una vez más que las fuerzas militares de China tenían poca resistencia.

El presidente Roosevelt, sin embargo, solicitó dinero al Congreso para enviar tropas a Filipinas donde los prepararían para invadir a China. Roosevelt no pensaba que los chinos se comportaran mal; él estaba completamente de acuerdo en que los habitantes de las ciudades trataban mal a los chinos, pero no estaba dispuesto a permitir un boicot. Uno de los empresarios líderes de Estados Unidos llamó a este boicot “el desastre comercial más grande que Norteamérica había sufrido”. Estaba errado, pero esa era la actitud común entre los empresarios.

Más allá del boicot, Estados Unidos estaba ansioso de ser incluido en un consorcio que construiría ferrocarriles en China. Por lo tanto, cuando el presidente Roosevelt aprobó el plan de Brent para ayudar a China en su campaña contra el opio, él esperaba que convocando a una reunión para el control del opio mejoraría las relaciones de su país con China. Además, un encuentro internacional pondría a los ingleses –el rival más poderoso de Estados Unidos en asuntos de comercio– en malos términos si ellos continuaban con sus envíos de opio a China, incluso si estuvieran disminuyendo los índices de consumo. Finalmente, era obvio que si otros países controlaban la producción y manufactura de opio, morfina, heroína y cocaína, el problema de la droga en Norteamérica, tanto “en casa” como en Filipinas, se vería considerablemente reducido con pocos esfuerzos, pues ni flores de opio ni arbustos de coca eran plantados en los Estados Unidos.

Menciono todos estos motivos que se encuentran detrás de la convocatoria a la Comisión en Shanghai para ilustrar uno de los aspectos permanentes en el control de narcóticos: las políticas anti-narcóticos pueden tener múltiples orígenes y la realidad del problema de la droga es sólo un factor, muchas veces el menos importante, en otras ocasiones carece de relevancia.

En la Comisión de Shanghai diferentes imágenes del uso de la droga reforzaban las responsabilidades de los países representantes: China, Imperio Austro Húngaro, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Japón, Holanda, Persia, Portugal, Rusia y Siam. El delegado de Inglaterra expresó la opinión de más de una nación cuando declaró: “Para dejarlo claro, y siendo francos, la representación de Inglaterra no está dispuesta a aceptar la opinión de que el opio sea destinado exclusivamente a usos médicos”. De otro lado, la delegación de Estados Unidos se adhirió a la opinión que consideraba que “no existe un uso del opio y sus derivados con fines no farmacéuticos que no implique graves peligros, si no es que hoy es un gran vicio”. Gradualmente, pasados los años y a medida que aumentaban los encuentros, esta diferencia de opiniones fue formalmente resuelta. El preámbulo de la Convención Individual de 1961 enunciaba que su objetivo era limitar “aquellas drogas a un uso médico y científico”. Pero en 1909, el obispo Brent, que había sido elegido cabeza principal de la Comisión, sólo logró un hallazgo: “Que la Comisión Internacional de Opio encontraba que el uso del opio en cualquier forma excepto para usos médicos… es un asunto para ser prohibido o cuidadosamente regulado…”. Una recomendación que cabalmente prohibiera el consumo no fue posible en 1909.

Con el objetivo de llamar la atención de Gran Bretaña y Holanda, el encuentro fue designado “comisión” y no “conferencia”. La diferencia residía en que una comisión podía reportar hallazgos, mientras que una conferencia podía presentar el borrador de un tratado que eventualmente obligaría a una nación a acatarlo.

Llamo la atención sobre la participación en Shanghai de las naciones que, cinco años después, serían las principales participantes de la Primera Guerra Mundial: de un lado Alemania y el Imperio Austro Húngaro y de otro, Francia, Inglaterra, Italia, Rusia y Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial marcó el comienzo de continuos desórdenes internacionales. El corto periodo entre 1909 y 1914 fue la última vez que las naciones tuvieron una oportunidad de relevancia global para referirse al problema de la droga.

Regreso nuevamente al tema de la Comisión de Shanghai y al hecho de que no fuera posible proponer un tratado. Puesto que había poco que ganar con los hallazgos de una comisión, Estados Unidos comenzó una campaña para concertar una conferencia. Lo que se necesitaba era un pacto obligado de las naciones del mundo a través de los mecanismos de un tratado. Interesadamente, el Secretario de Estado y otros funcionarios del Departamento de Estado no querían ir más lejos. El Comisionado del Opio, el doctor Hamilton Wright, tuvo que argüir enérgicamente para convocar una conferencia. En un encuentro decisivo entre Wright y el Secretario de Estado P.C. Knox, Wright declaró: “Todo el asunto (opio) puede ser usado como lubricante, para suavizar las aguas borrascosas de nuestra agresiva política comercial”. De acuerdo a Wright, el Secretario respondió: “Adelante”; entonces el Departamento de Estado envió invitaciones para una conferencia sobre opio. ¿Y si el Departamento de Estado se hubiera rehusado a convocar la conferencia, al mismo tiempo que las actuaciones internacionales de ee. uu. se presentaran cercanas a la Comisión de Shanghai? Una especulación más interesante es acerca de qué hubiera pasado si los Estados Unidos no hubiesen adquirido las Filipinas y Brent, simplemente hubiese continuado su vida como párroco en un vecindario pobre de Boston. ¿Cuándo y en qué medida se habría adoptado el control internacional sobre drogas peligrosas?

Aquellas preguntas son dubitaciones provocadoras, pero lo que en realidad sucedió en la siguiente etapa afectó a las acciones internacionales contra las drogas, tanto en Norteamérica como en el ámbito internacional. En la conferencia establecida en La Haya, en diciembre de 1911, fue elegido de nuevo el obispo Brent para presidir el encuentro. El 23 de enero de 1912, la Conferencia de Opio de la Haya fue firmada por los delegados y enviada a sus respectivas capitales para ser ratificada. El tratado puso en la legislación de cada país el estribillo del control: si cada nación controlaba la producción y manufactura, el tráfico para efectos no médicos se podría detener en sus fronteras.

Durante la conferencia, la buena fe de los Estados Unidos fue puesta en duda, pues al tiempo que exigía leyes estrictas en otros países, el Congreso de este país posponía repetidamente el paso a una verdadera ley antinarcóticos, que afectara la distribución de drogas a pacientes. Finalmente, en 1914 tal ley se promulgó. Parte de su propósito era el de armonizar las diferentes leyes que sobre el tema había en los distintos estados: algunas permitían el mantenimiento de adicciones, mientras otras las consideraban ilegales. La ley apenas escapó de ser declarada inconstitucional por la Corte Suprema de los Estados Unidos, pues tenía que decidir si la ley se constituía en una intrusión inaceptable en los poderes de control de cada estado sobre las profesiones de la salud. Los jueces votaron cinco a cuatro a favor de la ley. El cambio de un solo voto, habría eliminado la básica ley antinarcóticos en Estados Unidos. Aquí aparece otro punto de especulación: ¿Cuál sería el resultado si la responsabilidad del control de drogas hubiera permanecido en cada estado individual?

Un factor que modificó la actividad internacional fue la actitud de las naciones hacia los países extranjeros, por ejemplo, si una nación pudiese confiar en que otras respetaran sus obligaciones para con el tratado ¿Cómo puede una nación explicarse a sí misma la causa de su propio problema de drogas? En este punto Estados Unidos ofrece un ejemplo interesante: para el momento de la reunión de Shanghai y la Conferencia de La Haya, los Estados Unidos eran optimistas acerca de los tratados internacionales. El presidente Roosevelt había negociado el final de la Guerra Ruso-Japonesa y el Departamento de Estado se encontraba ocupado en la escritura de otros tratados con otras naciones, diseñados para terminar con la guerra como un medio para la resolución de diferencias. La larga lista de esos tratados, sólo fue interrumpida por la Primera Guerra Mundial.

Además de esta fe en las obligaciones internacionales, los Estados Unidos aceptaron responsabilidad por su alto índice de consumidores de drogas y de adictos. La culpa le fue otorgada, en esos casos, a la tensión causada por la vida en una sociedad altamente competitiva, y a los hábitos de prescripción de medicamentos de los médicos norteamericanos. Norteamérica necesitaba ayuda, y la pidió a otros países para que cooperaran en el corte del suministro de drogas. Como lo dijo en el New York Times el Comisionado del Opio, en 1911, “El Tío Sam es el peor fanático de las drogas en el mundo”.

Luego, los años siguientes a la Primera Guerra llevaron a que las declaraciones del gobierno norteamericano se retractaran. En la década de los veinte, los Estados Unidos sostuvieron no tener un deseo anormal hacia las drogas. El adversario no era una entidad americana, sino la producción extranjera que los contrabandistas introdujeron en los Estados Unidos. De acuerdo a un prominente reformista en el tema de las drogas, la nación estaba rodeada: Asia enviaba opio, África enviaba hashish, Sudamérica, cocaína y Europa, heroína. Los Estados Unidos perdieron fe en reuniones internacionales y en los tratados que resultaron de éstas. Este nuevo ánimo no se originó gracias a los asuntos relacionados con las drogas, pero sí se aplicó a ellos. Un amplio deseo por aislar a los Estados Unidos de enredos internacionales, llevó a una desilusión afectando cualquier asunto con aspecto extranjero. Por ejemplo, Estados Unidos se rehusó a unirse a la Liga de las Naciones o la Corte Mundial. La nación se ensimismó. Por supuesto, esta percepción afectó las negociaciones de drogas. En 1925, Estados Unidos se retiró de la Convención de Ginebra sobre el opio y se rehusó a firmar el tratado que resultó de esta convención. Los delegados americanos sospecharon que muchas de las otras naciones estaban dilatando el progreso en la erradicación de problemas tales como el consumo de opio en las colonias asiáticas. Sólo China pareció compartir la determinación y el entusiasmo americano para la reforma. Luego, cuando se determinó que el control de la producción del opio estaba fuera del propósito de la conferencia, los americanos se retiraron abruptamente; fueron persuadidos de que futuras negociaciones con la Liga de Naciones eran una pérdida de tiempo. Por varios años, Estados Unidos oficialmente se rehusó a participar en la división antinarcótica de la Liga, y se retiraron del movimiento que ésta había generado. Creo que estas posiciones encontradas en cuanto a las drogas, antes y después de la Primera Guerra Mundial, ilustran el impacto de actitudes nacionales en cuanto a políticas de drogas, y esta opinión pública puede sufrir cambios dramáticos en el intervalo de una o dos décadas.

Después de la Primera Guerra Mundial, las condiciones internacionales permanecieron fragmentadas. En la década de los veinte, Rusia se encontró aislada luego de la Revolución Bolchevique de 1917 y no se unió a la Liga de las Naciones hasta 1934. Aún más cerca al problema del opio, China –que se había convertido en República en 1912- se desintegró en contiendas de guerra. Los señores de la guerra en disputa comenzaron a negociar con opio, morfina y heroína para apoyar sus actividades militares. Así, uno de los estados de mayor producción y consumo no estuvo disponible para concertar esfuerzos en la lucha contra la droga.

Durante la década de 1930, Estados Unidos retomó lentamente la participación en reuniones internacionales, pero surgieron nuevos conflictos. Japón invadió China, Italia invadió Etiopía y Alemania comenzó su expansión. En 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial y duró cinco años.

Miremos de nuevo desde 1945 hasta la Comisión de Shanghai. Veremos que, excepto por los pocos años antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial, el comienzo de la colaboración e intereses paralelos que surgieron en 1909 y 1912, se dirigieron hacia problemas más urgentes o se dividieron por eventos más grandes, como el aislamiento de Estados Unidos y la desorganización de China. Esto detuvo los esfuerzos concertados desde 1914 hasta 1945 para tratar el problema de la producción y manufactura de opio.

Otra de las lecciones de historia de este periodo se refiere al surgimiento y caída de la cocaína en el siglo XX. Es una historia curiosa. Las hojas de coca habían sido masticadas en los Andes durante varios siglos antes de que los europeos llegaran e indagaran sobre los poderes de la planta. Del siglo XVI en adelante, el efecto de dichas hojas fue debatido. Algunos europeos dudaron que las hojas tuvieran algún efecto ya que las hojas que ellos obtenían se secaban y desvanecían durante el largo viaje a través del Atlántico. Un consumidor entusiasta era el antropólogo italiano Paolo Mantegazza, quien en 1859 publicó un artículo sobre la coca, que pareció exagerado y extravagante a muchos lectores. ¿Cómo puede algo ser tan bueno? Mantegazza ilustra la reacción hacia la cocaína que sería un lugar común a finales del siglo XIX. La euforia que producía en el cerebro de un consumidor generaba una dificultad al evaluar los peligros de la droga. Luego, en 1860, Albert Niemann, un estudiante graduado en el laboratorio del gran químico alemán Friedrich Wöhler, aisló un alcaloide de las hojas de coca y lo llamó cocaïne. La compañía Merck producía unos pocos gramos cada año, pero el costo era muy alto y no parecía haber mercado para la cocaína. Luego en la década del ochenta, la cocaína inundó la sociedad. ¿Qué causó este resurgimiento? Probablemente el evento clave fue el descubrimiento de la cocaína como anestesia para la superficie del ojo, haciendo posible su cirugía, procedimiento que anteriormente había sido imposible. Este descubrimiento no tenía nada que ver con la intensa sensación de frenesí y euforia que hacía de la cocaína una droga peligrosa y popular, pero era suficiente para incrementar rápidamente la demanda y por lo tanto, la producción de cocaína. El precio bajó y el uso de la cocaína con fines de estimulación se expandió ampliamente. Una bebida curiosa pudo haber facilitado el uso de la cocaína. Desde 1860 un suave vino con extracto de coca, llamado Vin Mariani, se volvió muy popular. Angelo Mariani, un farmaceuta corzo, estableció un mercado para sus variados productos de coca, especialmente el vino de coca. Posiblemente los usuarios de los productos de Mariani se pasaron a sacudidas más fuertes al consumir cocaína directamente. Ciertamente algunos médicos la estaban recomendando. Cualquiera que fuera la razón, la popularidad de la cocaína se desarrolló primero en Norteamérica, en donde tuvo su mayor auge hacia 1905, luego, en Europa hacia 1915 y finalmente en Asia en 1920. Se puede datar el inicio de los episodios de cocaína en 1885; el final, al menos en Norteamérica, fue hacia 1930 y se expandió aproximadamente durante cuarenta y cinco años. Siempre es peligroso especular sobre el futuro, pero si tomamos la primera epidemia de cocaína como modelo, y decimos que la actual ola de uso comenzó en 1970, el declive de los niveles en Norteamérica no tendrá lugar por lo menos hasta 2015.

Comúnmente se piensa en Sudamérica como el origen de las plantaciones de coca, la fuente primaria de cocaína. Esto es verdadero hasta cierto punto. Para todos los propósitos prácticos durante las etapas tempranas de la primera epidemia de cocaína, sólo Sudamérica producía cocaína y coca para exportar. Cuando se hizo claro que ésta sería una empresa rentable, los holandeses comenzaron a sembrar arbustos de coca en Java. Los horticultores holandeses superaron la coca sudamericana que alcanzaba un contenido de cocaína de al menos 1% o menos. Las hojas de cocas de Java tenían 4% de cocaína. Hacia 1912 la coca de Java superó a la peruana de exportación y dominó el mercado de exportaciones hasta 1930. La economía peruana se afectó tanto que hasta los granjeros tuvieron que diversificar sus cultivos.

Un estudio de la producción de cocaína desde 1880 hasta 1930, una era en la que el mercado abierto fue dominante hasta el fin de la década de 1920, muestra en primer lugar, un crecimiento en la producción, luego una etapa de mantenimiento, y luego una fase de declive que es consistente, al menos en Estados Unidos. La historia de la cocaína ilustra que una ola en el uso de las drogas que parece tan poderoso y permanente puede desvanecerse, aunque puede tomar más años de los que uno desearía.

Para volver a 1945, el fin de la guerra, trajo la esperanza de que los victoriosos se unirían para crear un mundo mejor. La Liga de las Naciones transfirió sus responsabilidades, incluyendo la vigilancia de varios tratados antidrogas, a las Naciones Unidas. Esta vez, Estados Unidos se adhirió al cuerpo internacional y tuvo un rol activo en la comisión de las Naciones Unidas sobre drogas narcóticas. Las expectativas por la cooperación internacional, sin embargo, no se cumplieron. La Guerra Fría surgió rápidamente, dividiendo el mundo en dos campos hostiles. Por casualidad las áreas de cultivo de opio en las sierras turcas se ampliaron hacia el este del “triángulo de oro” del norte de Birmania, seguido por la línea divisoria entre las fuerzas oponentes. Los productores de opio eran capaces de poner a un superpoder en contra del otro y continuar con su producción. La polaridad entre el oriente y el occidente ofreció muchas oportunidades para los intrigantes y redujo la eficiencia de los tratados.

La Guerra Fría, que duró hasta 1989, trajo consigo cuarenta y cinco años de recelo, conflicto armado y enormes gastos a favor del poder militar. Miembros de las dos grandes facciones dieron prioridad a la seguridad nacional y en algunas ocasiones usaron el asunto de la droga como un arma más, un arma para ser utilizada en la corte de la opinión pública en contra de los enemigos. Opositores y proponentes del control de la droga han peleado por largo tiempo con exageración. Infortunadamente, la Guerra Fría no puso límite a algunas de las más distorsionadas descripciones del problema de la droga en el siglo XX. El resultado fue aumentar la dificultad para ganar cooperación esencial entre las naciones.

En 1952, Estados Unidos acusó a la República Popular de China por cultivar opio, manufacturar heroína, enviarla al extranjero con fines comerciales y minar con el narcótico a las naciones de occidente. China era, en palabras del Comisionado de Narcóticos de Estados Unidos, “la fuente más grande de tráfico ilícito de drogas narcóticas del mundo”. Los Estados Unidos llevaron estos cargos a la Comisión de Narcóticos y así mismo distribuyeron esta información a través de los medios masivos. El Senado de Estados Unidos en 1961 enumeró esta actividad ilegal como una razón para oponerse a la membresía de China en las Naciones Unidas. La Unión Soviética condenó los cargos de Estados Unidos como una calumnia a la población china.

Posteriormente, en 1964, la Unión Soviética, después de muchos años de creciente enemistad con China, sorpresivamente declaró que China sembraba flores de amapola, manufacturaba heroína y la vendía en el exterior para obtener grandes sumas de dinero. Los denunciantes soviéticos citaron a los periódicos y las revistas norteamericanas para soportar sus acusaciones. Pero pronto, Estados Unidos cambió su posición a favor de China. Poco antes de la visita del presidente Nixon a China en 1972, el Departamento de Estado de los Estados Unidos afirmó: “No hay evidencia confiable de que el partido comunista de China haya sancionado la exportación ilícita de opio y sus derivados. Tampoco hay evidencia de que este país ejerza control alguno o participe en el comercio de opio del Asia suroccidental”.

¿Qué debemos decir sobre este asombroso cambio de las reclamaciones soviéticas y norteamericanas sobre la República Popular de China? Por lo menos, podemos decir que en conflictos de tal intensidad entre los dos bloques, las descripciones precisas del tráfico de drogas cayeron víctimas de los rencores de la Guerra Fría. Ciertamente, ésta no fue la primera vez que se emplearon las acusaciones del tráfico de drogas en la controversia internacional. Las acusaciones sobre tráfico deben ser tratadas de buena fe. Los ciudadanos comunes no están en posición de probar la validez de dichas acusaciones. Recordar la confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética nos hace apreciar la ausencia del peso de la Guerra Fría en el debate internacional.

Mirando aún más atrás, hasta 1906, vemos que ha habido muy pocos años que se puedan comparar con el presente en las oportunidades para la cooperación. En 1906, el año de tres eventos inusuales, los grandes poderes estaban en paz, la guerra Ruso Japonesa había concluido. Desde 1914 hasta 1989, durante el lapso de setenta y cinco años, toda la cooperación internacional había sido bloqueada. El siglo XX tuvo sólo unos pocos años sin el extremo rompimiento entre naciones. Debemos aceptar que la relativa paz actual del mundo viene de causas que no están relacionadas con las drogas. La Guerra Fría no surgió por las drogas; el asunto de las drogas ha sido secundario frente a asuntos mayores en relaciones internacionales. Por lo tanto, decir que las condiciones ahora son más favorables para el control internacional de drogas, no es sugerir que se hará cualquier cosa para tomar ventaja frente a esta laguna en conflicto mayor. Sin embargo, la ausencia de viejos obstáculos hace que la cooperación mundial sea una posibilidad. Y yo creo que esta circunstancia nos deja campo para el optimismo.

México, Colombia y las drogas ilegales: variaciones sobre un mismo tema

Luis Astorga

Introducción

Colombia y México son dos de los países citados más frecuentemente en relación con el tráfico de drogas a Estados Unidos. Pero no todo el mundo sabe que México ya era objeto de preocupación y vigilancia permanente del gobierno estadounidense por contrabando de drogas ilegales desde principios del siglo XX, varias décadas antes de que Colombia ingresara por la puerta grande al mercado internacional de substancias ilícitas. En este trabajo se destacan algunos elementos históricos que contribuyeron al nacimiento del campo del tráfico de drogas en México, los vínculos que se establecieron entre éste y el campo político, y las modificaciones de esta relación a través del tiempo. En cuanto al caso colombiano se mencionan algunas características históricas y estructurales que muestran diferencias importantes en relación con el mexicano. Diferencias muchas veces ignoradas o desestimadas por los medios de comunicación y algunos políticos y policías, más interesados en destacar los casos de violencia cruda, en aterrorizar a la población, en competir por colgar el mayor número de etiquetas, y en trasplantar de manera mecánica su particular percepción del fenómeno de un país a otro.

Sería imposible hablar de todos los aspectos que han determinado el surgimiento y desarrollo del tráfico de fármacos ilegales en Colombia y México. Los investigadores continuamos explorando el tema desde diversas disciplinas y enfoques para tratar de entenderlo y dar explicaciones convincentes acerca de un fenómeno permeado por las categorías y esquemas de percepción oficiales y las del sentido común, que a veces se entrecruzan. Y aunque la información generada por fuentes oficiales y periodísticas ha sido abundante durante las últimas tres décadas, la anterior a ese periodo y los testimonios pasados y presentes de los traficantes mismos no lo son tanto, o no han sido explorados con igual interés. Son más numerosos los trabajos de internacionalistas, politólogos y sociólogos, que los de economistas, historiadores o de sociología de la cultura, por ejemplo. Los traficantes tampoco parecen estar interesados en la publicación de autobiografías. La literatura, el teatro y el cine registran pocos ejemplos de tratamiento del tema. En la música, el género corridístico en México ha incluido la sociodisea del tráfico de drogas y es una excepción que ha trascendido fronteras. Desconocemos aún muchos aspectos del fenómeno, lo cual no impide constatar día a día lo inapropiado de las políticas implementadas supuestamente para solucionarlo, las cuales parecen más bien diseñadas para agravarlo y hacer de la llamada “guerra contra las drogas” una guerra permanente.

México

Hay varias décadas de distancia entre el inicio de la presencia de México y la de Colombia en el mercado de las drogas ilegales de Estados Unidos. La vecindad geográfica con Estados Unidos, el país más interesado en prohibir cierto tipo de substancias psicoactivas desde principios del siglo XX, como el opio, los opiáceos y la cocaína, determinó el nacimiento de un campo de actividades en México que antes de la aprobación de la Ley Harrison en 1914 era un negocio legal, aunque sometido a cierto tipo de controles administrativos y sanitarios. Eran los años de la revolución en México (1910-1917); no obstante, el gobierno de Venustiano Carranza (1915-1920) emitió en 1916 unas disposiciones encaminadas a la prohibición del tráfico de opio. La mayor parte del contrabando de esta substancia de México hacia Estados Unidos pasaba principalmente por dos localidades fronterizas del Distrito Norte de Baja California (DNBC), Mexicali y Tijuana. El opio proveniente del Lejano Oriente entraba por varios puertos del Pacífico, como Salina Cruz, Acapulco, Mazatlán y Ensenada, este último localizado a pocos kilómetros de la frontera californiana. La medida propuesta por el gobierno de Carranza iba dirigida particularmente contra los intereses del jefe político y comandante militar del DNBC (1914-1920), el coronel Esteban Cantú –enemigo político de Carranza– quien según las autoridades aduanales de Estados Unidos controlaba el tráfico de opio en esa parte del país. El DNBC tenía una población de 9,760 habitantes en 1910, y 23,532 en 1921. En Tijuana había 242 habitantes en 1900, y 1,028 en 1921. Con el dinero así adquirido, Cantú pagaba parte de los gastos de su administración y los salarios de las tropas bajo su mando. El coronel Cantú dispuso medidas similares a las de Carranza contra el tráfico de opio en 1917, pero él mismo se encargaba de violarlas al revender a través de terceras personas, entre ellas su cuñado, el opio decomisado. Cantú era pragmático y no tenía prejuicios morales en cuestiones relacionadas con el tráfico de opio. En control político y militar de Cantú en la tierra que gobernaba impidió que grupos ajenos a sus intereses pudieran entrar al negocio. El tráfico de opio era uno más de los negocios posibles para gente en posiciones clave de poder político. Los traficantes de esa época sabían que sin la protección política tenían pocas posibilidades de éxito y de supervivencia. El coronel Cantú se autoexilió en Estados Unidos cuando se enteró que los revolucionarios vencedores, encabezados por el general Álvaro Obregón, presidente de México de 1920 a 1924, enviarían al general brigadier Abelardo L. Rodríguez a controlar el DNBC en 1920, y por lo tanto a desplazarlo del poder en esa parte del país. Rodríguez fue gobernador del DNBC de 1923 a 1929. La Ley Volstead entró en vigor en Estados Unidos en enero de 1920. Al tráfico de opio en la frontera norte de México se sumó el del alcohol. Rodríguez se convertiría en años posteriores en presidente interino (1932-1934), en gobernador de Sonora (1943-1947), en empresario exitoso y en propietario de una de las fortunas más grandes del país lograda desde posiciones de poder político.

En 1920 y 1926 se aprobaron en México leyes federales para prohibir el cultivo y la comercialización de la marihuana y la adormidera, respectivamente. Los cultivos de esta última planta se concentraron en estados del noroeste del país: Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango. Varios gobernadores de estados norteños continuaron y afinaron la escuela inaugurada por Cantú, directamente o a través de sus principales operadores políticos o sus jefes policíacos. El negocio del tráfico de opio era lo suficientemente rentable como para no dejarlo completamente en manos de los traficantes.

Una característica del Estado surgido de la revolución sería la creación de un ejército con presencia nacional que nace de un movimiento popular, modelado por los propios revolucionarios que habían adquirido sus grados en combate y que se habían convertido en la clase política gobernante. Desde el triunfo de la revolución y hasta 1946 los presidentes tenían grados militares, al igual que un gran número de gobernadores. Para dirimir los conflictos entre las distintas facciones de manera pacífica, el general Plutarco Elías Calles funda el Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 1929, el cual, con diversos nombres (Partido de la Revolución Mexicana, PRM, en 1938, y Partido Revolucionario Institucional, PRI, a partir de 1946) sería de facto un partido de Estado y dominaría la vida política del país durante siete décadas. Otra característica sería la supremacía del poder ejecutivo federal sobre el legislativo y el judicial y la concentración de poder en el presidente de la República. La relación personal con el presidente determinaba muchos de los destinos de los gobernadores y de otros miembros de la elite política, independientemente del tipo de negocios en los cuales estos tuvieran intereses. Los problemas se arreglaban dentro de la llamada “familia revolucionaria”. En ese contexto, la relación entre el campo del tráfico de drogas y el del poder político era de supeditación del primero al segundo. Desde un inicio los traficantes fueron excluidos de la participación política directa e indirecta y tampoco buscaron intervenir. Dominaban en su campo de acción, pero estaban en posición dominada en el campo más amplio del poder político. Por lo mismo, y por las dimensiones del mercado de la época que limitaba su capacidad de acumulación económica, su margen de autonomía para establecer sus propias reglas del juego era muy reducido, de allí que la violencia entre distintos grupos de traficantes o de estos contra las autoridades encargadas de combatirlos no haya sido tan frecuente. Además, el mercado interno era simbólico. El negocio más rentable estaba al otro lado de la frontera. Se producía y se trabajaba básicamente para la exportación.

La vigilancia e investigación de Estados Unidos sobre México en relación con el comercio del opio data por lo menos de 1911. Después de la Ley Harrison esas actividades continuaron con mayor frecuencia. La embajada, los consulados estadounidenses en distintas partes del territorio mexicano, y los llamados agentes antinarcóticos, recopilaban información relevante sobre el tráfico de drogas, zonas de cultivo, nombres de traficantes, y de políticos y policías que los protegían o que poseían sembradíos, o que habían invertido dinero en algunos de ellos. Esa información era enviada a Washington, a los Departamentos de Estado y del Tesoro. La prioridad del gobierno estadounidense no era descubrir los nexos entre los funcionarios gubernamentales y los traficantes, sino llevar a prisión a estos últimos y convencer al gobierno de México para que éste aprobara o modificara leyes contra las drogas y penalidades para los infractores similares a las de Estados Unidos, y realizara campañas de destrucción de los cultivos ilícitos. Las primeras campañas de destrucción de cultivos de adormidera se realizaron a finales de los años treinta. En 1938, las fuerzas armadas intervinieron por primera vez en una campaña de esa naturaleza en el estado de Sonora. El Departamento de Salubridad era responsable de la política sobre drogas y como tal tenía autoridad legal para llamar en su ayuda a los militares. Estados Unidos financió en sus inicios las campañas a través de sus agentes antidrogas, quienes además de indicar las zonas de cultivo que había que destruir y acompañar a sus homólogos mexicanos les pagaban un sobresueldo, al igual que a los policías y militares, y cubrían hasta los gastos por la renta de caballos y el alimento para los mismos. El razonamiento era simple: el peligro provenía del exterior y costaba menos invertir en destrucción de plantíos en el país productor que en agentes aduanales a lo largo de la extensa frontera, o en investigación y persecución policíaca en las calles estadounidenses. En años posteriores, el gobierno mexicano y el de los estados productores colaboraron con parte del financiamiento, con dinero o mano de obra.

En los años 1938-1939 la principal autoridad encargada de asuntos de drogas del gobierno mexicano era el Dr. Leopoldo Salazar Viniegra, funcionario del Departamento de Salubridad. El médico había realizado investigaciones sobre la marihuana y concluido que su consumo no producía efectos peores que los del tabaco y mucho menos provocaba actos criminales como los que se le adjudicaban en la prensa de Estados Unidos, incluso por altos funcionarios antidrogas de ese país. El doctor Salazar proponía crear hospitales subvencionados por el Estado para el tratamiento de los adictos en México y proporcionarles las drogas bajo vigilancia y control médico y a precios de costo. Afirmaba que esas medidas alejarían a los adictos de las actividades criminales y simultáneamente provocarían el desinterés de los traficantes por un negocio que ya no sería rentable. Las ideas del doctor Salazar no eran del agrado de las autoridades estadounidenses para quienes los adictos eran primero criminales y luego enfermos. Harry Anslinger, titular de la Oficina Federal de Narcóticos de Estados Unidos de 1930 a 1962, se encargó personalmente de movilizar a su gente, y a sus aliados en otras partes del mundo, para refutar las tesis del doctor Salazar y hacer ver al gobierno mexicano el peligro que representaba una persona con esas ideas, contrarias a la ortodoxia estadounidense en el tema de las drogas. El doctor Salazar fue destituido en 1939, pero en 1940 el gobierno mexicano aprobó un nuevo Reglamento General de Toxicomanías en el que se consignaban claramente las propuestas del doctor Salazar. Las autoridades antidrogas de Estados Unidos señalaron que las medidas aprobadas implicaban una reversión de la política internacional sobre drogas narcóticas que se había seguido durante los últimos treinta años. Ante esto, Estados Unidos decretó un embargo de medicamentos narcóticos contra México, el cual sería levantado una vez que este país suspendiera el Reglamento. Las drogas de uso médico importadas por México de Gran Bretaña, Francia, Suiza y Holanda pasaban de manera obligada por Estados Unidos. México no tenía autorización de la Liga de las Naciones para producir sus propios medicamentos de las plantas que se cultivaban en el país, pues la siembra de éstas y su comercialización eran ilegales. México pagaba, por ejemplo, cinco mil pesos por kilo de morfina importada de Holanda, cuando hubiera podido producirla en su propio territorio a precios más reducidos. Con la suspensión del Reglamento, el gobierno mexicano abandonó su propia estrategia, innovadora y avanzada para esa época, y se vio obligado a ceder ante la presión política y comercial estadounidense.

En el terreno legal, la acumulación de información del gobierno estadounidense acerca de la corrupción de funcionarios no garantizaba que el gobierno de México ejerciera alguna acción penal contra algunos de ellos, en caso de ser informado al respecto. Un ejemplo de esto fue el silencio en el que se mantuvo durante dos años el caso de un auto cargado de opio decomisado en Laredo, Texas, en 1946. El auto pertenecía al coronel Carlos Serrano, senador por el Distrito Federal y líder de la Cámara de Senadores. El personaje era una de los amigos más cercanos del primer presidente civil después de la revolución, Miguel Alemán. Serrano era también el creador intelectual de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la policía política del presidente, fundada en 1947, el mismo año que la CIA. El auto era conducido por un sobrino de Juan Ramón Gurrola, el número dos en el mando de la DFS. Según el reporte de la agregaduría militar de la embajada de Estados Unidos en México, el coronel Serrano era conocido también como el “recolector privado del impuesto para el presidente”. Los principales dirigentes de la DFS, gente de Serrano, estaban asimismo relacionados con el tráfico de drogas, de acuerdo con el mismo reporte. La DFS tenía atribuciones legales para intervenir en asuntos de drogas. Algo curioso, dado que en ese mismo año de 1947 el presidente Miguel Alemán decide trasladar la responsabilidad del manejo de la política sobre drogas del Departamento de Salubridad a la Procuraduría General de la República. En la práctica, la DFS, convertida en dependencia de la Secretaría de Gobernación en la administración de Adolfo Ruiz Cortinez (1952-1958), se mostrará durante varias décadas como la mediación estructural privilegiada entre el campo político y el del tráfico de drogas. Sus actividades de vigilancia y represión política en los años de la Guerra Fría serán altamente apreciados por los dirigentes mexicanos y el gobierno estadounidense, tanto que los negocios ilícitos de algunos de sus miembros y sus nexos con grupos criminales pasarán a segundo plano. El poder de la DFS era comparable, según el reporte militar, al de la Gestapo. Una institución como esa, bajo las órdenes de la cúpula del poder político, difícilmente habría dejado operar de manera autónoma a los traficantes que habían acumulado mayores fortunas durante la Segunda Guerra Mundial y que no estaban dispuestos a abandonar tan lucrativo negocio. La DFS se encargaría de controlar cualquier intento de desbordamiento.

El mismo año de 1947 el presidente Miguel Alemán anunció una “gran campaña” de destrucción de cultivos de adormidera en el noroeste del país. En la prensa de la ciudad de México se lanzaron acusaciones contra el gobernador del estado de Sinaloa (1945-1950), el general Pablo Macías Valenzuela, exsecretario de Guerra y Marina (1940-1942). Se dijo que el gobernador controlaba el tráfico de opio y que en Sinaloa se encontraban los principales traficantes de ese producto, llamados localmente “gomeros”. Una nota periodística calificó al general Macías como el “rey de la adormidera”. Durante una semana no cesaron los ataques. La gente del gobernador señaló que detrás de esa campaña de prensa se encontraba el general Lázaro Cárdenas, expresidente de México (1934-1940) y exsecretario de Guerra y Marina (1932-1934 y 1942-1945), y su grupo político. El antecesor de Macías en el gobierno de Sinaloa, el coronel Rodolfo T. Loaiza, gente de Cárdenas, había sido asesinado en 1944. Los cardenistas sospechaban que Macías había sido el autor intelectual. Las investigaciones habían mostrado que el homicida había sido un pistolero de los terratenientes del sur de Sinaloa, enemigos políticos de Loaiza y los cardenistas. La campaña contra Macías cesó una vez que el presidente Miguel Alemán, aprovechando una oportuna gira de trabajo por el noroeste, platicó con él. El conflicto entre dos grupos políticos de la “familia revolucionaria” fue resuelto con la intervención presidencial, no a través del sistema de procuración de justicia formal. Fue la primera vez que un grupo político utilizó como arma la acusación por tráfico de drogas para descalificar a otro grupo del mismo partido gobernante. Los principales funcionarios federales encargados de anunciar la “gran campaña” contra la adormidera en la ciudad de Culiacán, capital de Sinaloa, se hospedaron en un hotel cuyo propietario era el principal traficante de opio en el estado, Roberto Domínguez o Manuel Macías, según las autoridades estadounidenses y la gente local.

Una cosa era cierta: Sinaloa era ya en los años cuarenta el principal productor de adormidera y el centro del negocio del opio en el país. El arribo de traficantes serranos a la capital del estado, quienes según la prensa tenían la costumbre de arreglar sus diferencias a balazos, le imprimió una dinámica distinta a la ciudad, o por lo menos a la colonia donde la mayoría de ellos se instaló. En los años cincuenta, debido a la frecuencia de enfrentamientos mortales entre traficantes, Culiacán fue bautizada por la prensa como un “Chicago con gángsters de huarache”. Las disputas no eran seguramente por el control de un mercado local o nacional para su mercancía, pues éste era insignificante, sino por lograr en un primer momento una mejor posición como mayoristas y obtener mejores precios. No hay que descartar otras razones más simples en esos años: las antipatías personales, exacerbadas o no por el alcohol, que entre gente armada derivaban algunas veces en homicidios que se cargaban automáticamente a la cuenta de los traficantes sin investigación de por medio.

La alta demanda de marihuana en el mercado estadounidense en los años sesenta sorprendió al propio Harry Anslinger, quien pensaba que el problema del consumo de substancias psicoactivas ilícitas y el negocio del tráfico de las mismas estaba relativamente controlado gracias a la política que él como ninguna otra persona había contribuido a implantar dentro y fuera de Estados Unidos. Desde la Ley Harrison, la preocupación principal había sido el opio y los opiáceos y la destrucción de cultivos de adormidera. El fenómeno de los años sesenta obligó a revalorizar y ampliar la estrategia de destrucción de cultivos. El principal abastecedor de la hierba era México, donde ya en el siglo XIX había noticias de su cultivo y de usos sociales más frecuentes y extendidos que los del opio y sus derivados, sobre todo en algunos grupos de las clases populares. Presiones constantes de grupos políticos y empresariales de California sobre las autoridades antidrogas estadounidenses y del Departamento de Estado, y sobre las mexicanas, iniciadas en los años cincuenta, se recrudecieron en los sesenta, pues afirmaban que Tijuana, en el lado mexicano, era un centro de vicio donde los jóvenes californianos y los militares de la base naval de San Diego adquirían drogas. El gobierno de Estados Unidos consideraba que el de México no hacía lo suficiente para destruir los cultivos ilícitos e impedir que la droga cruzara la frontera. El presidente Richard Nixon, de origen californiano, decidió entonces poner en marcha la llamada “Operación Intercepción” en 1969, una medida unilateral que consistía en realizar inspecciones minuciosas de vehículos y personas a todo lo largo de la frontera con México para detectar supuestamente el contrabando de drogas. La medida no tuvo repercusiones importantes en relación con ese objetivo. Más allá de las fricciones diplomáticas entre México y Estados Unidos debido a ese asunto, y de las críticas internas que lo acusaban de tensar sin necesidad la relación bilateral, Nixon logró poner en uno de los primeros lugares de la agenda política estadounidense un tema de perfil relativamente bajo durante varias décadas. Obligó también al gobierno mexicano a escuchar con mayor atención las demandas estadounidenses relacionadas con las drogas y a responder con mayor prontitud a las mismas.

Importantes cultivos de marihuana se localizaron en las mismas zonas donde se había concentrado el cultivo de adormidera desde el inicio de las prohibiciones, esto es el noroeste del país, aunque en otros estados las cosechas también se pesaban por toneladas. Entre los traficantes del noroeste destacaron particularmente los del estado de Sinaloa, por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial. Las campañas antidroga realizadas en Sonora –estado que comparte frontera con Estados Unidos– en los años treinta y cuarenta lograron disminuir la importancia de los cultivos en esa localidad durante algún tiempo, pero los plantíos se desplazaron y multiplicaron con mayor intensidad y en lugares más inaccesibles en el estado vecino, Sinaloa. El opio extraído de los cultivos de adormidera en las zonas serranas de Durango y Chihuahua salía hacia el mercado estadounidense por Sinaloa y de allí hacia la frontera con Arizona o California. También hacia Ciudad Juárez, vía Guadalajara o la ciudad de México. La demanda posterior de marihuana en Estados Unidos fue cubierta sin problemas por traficantes experimentados que se habían iniciado en el tráfico de opio y heroína y ya tenían varios años en el negocio, y que habían heredado el saber hacer de padres y abuelos. Informes de autoridades antidrogas de Estados Unidos señalan con mayor frecuencia el nexo entre poder político y tráfico de drogas en el estado de Sinaloa, más que en otros estados. Hay muchas probabilidades de que esa relación privilegiada haya contribuido para que los sinaloenses lograran una temprana ventaja comparativa sobre sus competidores en el campo del tráfico de drogas en México. Los “gomeros” incrementaron más rápidamente sus ingresos al diversificar sus actividades. Como era de esperarse, el crecimiento del negocio atrajo a más gente y provocó mayores y más visibles disputas entre traficantes y enfrentamientos con autoridades policíacas.

Durante la década de los sesenta hubo pocas menciones a la cocaína en la prensa. La que circulaba provenía de Europa, Buenos Aires, Panamá y principalmente Cuba, cuyos traficantes la adquirían en Perú. Entre los usuarios de la droga figuraban ricos y políticos, quienes frecuentaban los prostíbulos de lujo donde se vendía. El gramo de cocaína en el mercado ilícito en México costaba diez veces más que el precio autorizado para fines farmacéuticos. Un agente antidrogas de Estados Unidos que realizó investigaciones en México en 1959 de manera encubierta señaló que los principales proveedores de heroína y cocaína se encontraban entre los miembros de la comunidad árabe y entre los italomexicanos. Uno de los traficantes mexicanos de ascendencia árabe le confió que conseguía la cocaína a través de diplomáticos peruanos, quienes utilizaban las ventajas de la valija diplomática. Y que en ocasiones anteriores se la había comprado a un árabe radicado en La Habana. Un informe para el presidente de Estados Unidos, preparado por un comité especial encabezado por el titular del Departamento del Tesoro, mencionó que México era “ocasionalmente” lugar de tránsito para la cocaína procedente de Perú y Bolivia. La cocaína incinerada por las autoridades mexicanas entre 1965-1969 fue inferior a veinte kilos y poco menos de treinta kilos en los años 1960-1970.

En la década de los sesenta fueron destruidas casi 2,400 hectáreas sembradas de marihuana y se decomisaron poco menos de quinientas toneladas. Entre 1970 y 1976, esas cifras pasaron a más de 13,300 hectáreas y alrededor de 3,800 toneladas, respectivamente. Los decomisos de cocaína en este último periodo llegaron a 1,089 kilogramos. Y en los mismos años fueron destruidas aproximadamente 25,000 hectáreas de adormidera. En 1976 un colombiano es detenido en el aeropuerto de la ciudad de México al intentar introducir trece kilos de cocaína, la mayor cantidad decomisada a un individuo hasta entonces. En el mes de enero de 1977, el gobierno mexicano da inicio oficialmente a la llamada “Operación Cóndor” (en realidad había comenzado en noviembre de 1975), la mayor campaña antidrogas jamás realizada en el país en la que participaron más de diez mil soldados y encabezada por el general Jesús Hernández Toledo, quien tenía en su hoja de servicios haber participado al mando de tropas que se enfrentaron con estudiantes el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. El coordinador de la campaña antidrogas en el noroeste, de parte de la PGR, era Carlos Aguilar Garza, un funcionario que años más tarde, en 1984, fue detenido con seis kilos de heroína y cocaína en Tamaulipas. También fue detenido en Texas, donde fue acusado de tráfico de drogas, pero fue entregado a policías judiciales federales mexicanos. En 1993 terminó sus días asesinado. El operativo militar iba acompañado del uso del paraquat para fumigar los sembradíos de adormidera y marihuana. Con el apoyo de veinticuatro agentes de la DEA, la mayoría pilotos, se habían iniciado en noviembre de 1975 vuelos de reconocimiento y verificación de áreas fumigadas. Hubo éxodo masivo de campesinos serranos hacia las ciudades y se documentaron cientos de casos de tortura y violación de los derechos humanos. La campaña (noviembre de 1975 a marzo de 1978) tuvo un cierto éxito en lo que se refiere a la destrucción de cultivos ilícitos, lo cual provocó menor calidad de la heroína y la marihuana de origen mexicano en el mercado estadounidense, pero el costo social fue alto. Además, ningún líder importante del negocio fue detenido. La mayoría de las personas enviadas a prisión eran simples peones. Según un analista de la CIA, con la “Operación Cóndor” el gobierno había tratado de facto el asunto de las drogas como un tema de seguridad nacional. Años después, en 1986, el presidente Reagan decidiría que para Estados Unidos el tráfico de drogas debía ser considerado como un asunto de seguridad nacional. Varios países bajo su influencia adoptarían casi inmediatamente la misma tesis, con o sin fundamento, y sus consecuencias lógicas: la militarización de la lucha antidrogas.

En 1975 fue capturado por la policía judicial federal mexicana Alberto Sicilia Falcón, un traficante de origen cubano que operaba en el país, pionero en el contrabando de cocaína hacia Estados Unidos. Su socio, el químico hondureño Juan Ramón Matta Ballesteros, era el enlace con los colombianos, entre los cuales figuraba Pablo Escobar. Matta continuó el negocio al asociarse con el sinaloense Miguel Ángel Félix Gallardo, quien antes de convertirse en poderoso traficante había trabajado como policía judicial en su estado natal y como guardaespaldas de los hijos del gobernador de Sinaloa Leopoldo Sánchez Celis (1963-1968), quien fue su padrino de boda y protector político. A pesar de tener por lo menos catorce órdenes de arresto en su contra desde 1971, Félix Gallardo viajaba sin problemas por todo el país. En círculos políticos, económicos y sociales era conocido como empresario exitoso. Era accionista y cliente distinguido de un banco (Somex), cuyo director general entre 1976 y 1982 fue el conocido político del PRI Mario Ramón Beteta (exsecretario de Hacienda, exdirector general de PEMEX y exgobernador del Estado de México). Félix Gallardo tenía una vida social intensa. Fue padrino del hijo del exgobernador Sánchez Celis en su boda, en 1983. En 1985, inauguró un negocio de venta de autos de su ahijado y socio. Las fotos de esos eventos fueron publicadas en la sección de sociales de un periódico de Culiacán. Félix Gallardo tenía un poder mágico: se volvía invisible ante los ojos de las autoridades. Algunas estimaciones, que habría que tomar con reservas, señalan que a mediados de los años ochenta Félix Gallardo enviaba a la frontera alrededor de una tonelada y media de cocaína mensualmente a Pablo Acosta, quien vigilaba y aseguraba el contrabando de cinco toneladas mensuales a través de Ojinaga, en Chihuahua, cuando el consumo de esa substancia en Estados Unidos se calculaba en cien toneladas anuales.

A raíz de la «Operación Cóndor» los líderes más importantes del tráfico de drogas en Sinaloa se trasladaron a Guadalajara, capital del estado de Jalisco, una de las tres ciudades más grandes e industrializadas del país. Más que un castigo por haberlos sacado de su territorio de origen, el cambio de cuartel general implicó mayores beneficios en términos de infraestructura, posibilidades de inversión y de lavado de dinero. Lo que no modificaron los traficantes fueron sus hábitos culturales, el uso de la violencia y sus estrategias de corrupción. En poco tiempo los traficantes regresaron a Sinaloa, pero con la ventaja de haber extendido sus negocios a otras partes del país. El peor error que pudieron cometer fue haber secuestrado y asesinado en Guadalajara en 1985 al agente de la DEA, Enrique Camarena, y al piloto mexicano Alfredo Zavala. El traficante sinaloense Rafael Caro Quintero fue señalado como responsable. Las investigaciones de la DEA habían descubierto grandes plantíos de marihuana en varios estados del país, los cuales habían sido destruidos por las autoridades mexicanas. Caro Quintero había invertido y perdido mucho dinero en el negocio y estaba enojado. El gobierno de Estados Unidos presionó con fuerza al de México para resolver el homicidio de su agente. Para la DEA, los nexos entre la DFS y la Policía Judicial Federal (PJF) con los traficantes eran evidentes y tenían información al respecto. Sin embargo, sabían que el FBI y la CIA protegían a personajes importantes de esas corporaciones porque privilegiaban su cooperación para combatir a los enemigos políticos comunes, un objetivo de mayor trascendencia para esas agencias. Según un informante que la DEA consideraba confiable, la DFS era el verdadero cerebro de la reorganización de los grupos de traficantes en México y también funcionaba como brazo armado para eliminar a la competencia de los protegidos. Estados Unidos mantuvo la presión y el presidente Miguel de la Madrid decidió desaparecer la DFS. Algunos comandantes policíacos fueron encarcelados por haber recibido sobornos de los traficantes. Los miembros de la DFS encontraron trabajo en otras corporaciones policíacas o se dedicaron de tiempo completo a actividades criminales. En lo inmediato, el gobierno mexicano no creó ninguna otra institución con funciones y autoridad similares a las que había tenido la DFS durante casi cuatro décadas. Esto implicó un mayor grado de autonomía relativa de los grupos de traficantes respecto del poder político. La PJF concentró en su lugar mayor fuerza para mediar entre el campo político y el tráfico de drogas. Félix Gallardo fue detenido en Guadalajara en 1989 por su presunto compadre el comandante de la PJF Guillermo González Calderoni. Se le acusó de varios delitos contra la salud y de estar implicado en al caso Camarena. Recibió una sentencia de cuarenta años de prisión. Caderoni fue un operador clave del gobierno mexicano: dirigió el operativo donde murió Pablo Acosta en 1987, y arrestó en 1988 a los principales traficantes de heroína de Durango, que controlaban la ruta Durango-Chicago, Jaime Herrera Nevares y Jaime Herrera Herrera.

La captura de Félix Gallardo provocó la división de la organización. De allí surgieron los principales líderes sinaloenses que controlarían el tráfico de drogas en el país con nuevas organizaciones igual o más poderosas: Amado Carrillo, los hermanos Arellano Félix, el “Chapo” Guzmán y el “Güero Palma”, por ejemplo. La mayoría de origen rural, con la excepción de los Arellano, jóvenes de clase media de Culiacán con mayor capital escolar. El único grupo que no dependía de los sinaloenses era el que encabezaba Juan García Abrego, de Tamaulipas, a quien surtían de cocaína los traficantes de Cali. Según el informe de un agente encubierto del FBI, García Abrego contó con la protección de su amigo el comandante Calderoni, originario del mismo estado, por lo menos desde 1986. En la administración de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), el grupo de García Abrego fue el más poderoso. Se sospechaba que Raúl Salinas, hermano del presidente, lo protegía. Calderoni había realizado, entre otras cosas, espionaje político contra el PAN por encargo de Raúl, quien actualmente purga una condena de más de veinte años acusado de ser el autor intelectual del asesinato de su cuñado, José Francisco Ruiz Massieu, quien fuera presidente nacional del PRI. A Raúl se le descubrieron cuentas en Suiza bajo nombres falsos por más de cien millones de dólares. Calderoni fue acusado de “enriquecimiento inexplicable” en 1993, pero huyó a Estados Unidos antes de que lo pudieran capturar. Allí encontró refugio como testigo protegido de la DEA, se dijo. Murió asesinado en McAllen, Texas, luego de salir de la oficina de su abogado, el 5 de febrero de 2003. Las autoridades de Estados Unidos todavía no encuentran al homicida. García Abrego fue capturado en 1996 y extraditado a Estados Unidos. Los sinaloenses aprovecharon la coyuntura para incrementar su poderío. La organización de Amado Carrillo, “El Señor de los Cielos”, que según el extesorero del grupo de Cali Guillermo Palomari había iniciado negocios desde 1992 con Miguel Rodríguez Orejuela,28 se colocó a la cabeza de la estructura oligopólica liderada por sinaloenses. El trato era el siguiente: la mitad de Rodríguez y la otra para Carrillo. Éste se comprometía a pasar la droga del grupo de Cali a Estados Unidos. En los años ochenta, Amado Carrillo fue enviado a Ojinaga por Félix Gallardo para trabajar con Pablo Acosta y vigilar los envíos de cocaína. En 1993, los hermanos Arellano trataron de asesinarlo en un restaurante de la ciudad de México. Viajaba frecuentemente a Las Vegas, donde la DEA nunca lo vio. Tampoco el Mossad cuando estuvo en Jerusalén cargando una cruz por la Vía Dolorosa. Ni el servicio secreto cubano en las ocasiones que visitó la isla. En 1997, el titular del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD), el general Jesús Gutiérrez Rebollo, fue acusado de proteger a Carrillo. Perseguido desde entonces con mayor vigor, Carrillo propuso un trato al gobierno mexicano, según información de inteligencia militar. Quería la mitad de sus bienes, tranquilidad para su familia y libertad para realizar sus negocios a cambio de colaborar para controlar a los traficantes desorganizados, dejar de vender droga en México y enviarla toda a Estados Unidos y Europa, ayudar a la economía mexicana con sus dólares, no usar la violencia y actuar como empresario. Murió el 4 de julio de 1997 de complicaciones postoperatorias luego de una cirugía plástica en una clínica de la ciudad de México. Según la policía, quería controlar su negocio sin la mediación de los colombianos y expandirlo hacia Australia. Había hecho arreglos para instalarse en Chile. También había adquirido propiedades en Argentina.

En 1993, el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y su chofer fueron acribillados en el estacionamiento del aeropuerto de Guadalajara. Las autoridades señalaron que gatilleros de los hermanos Arellano habían confundido a Posadas con el “Chapo” Guzmán, a quien querían matar y quien se encontraba en ese momento en el aeropuerto con varios guardaespaldas. Guzmán escapó del atentado en medio de la balacera. Un mes después fue capturado y enviado a Almoloya, una prisión de alta seguridad. Por su parte, Ramón y Benjamín Arellano tuvieron reuniones con el representante del Vaticano en México, Girolamo Prigione, en su casa de la ciudad de México, en diciembre de 1993 y en enero de 1994. Le aseguraron que ellos no eran los culpables y le dieron una carta para el Papa. Prigione llamó al presidente Salinas, fue a la residencia oficial y se reunió con él, el procurador general de la República y el secretario de gobernación. Los Arellano se rendirían a cambio de un arreglo. El procurador le sugirió al presidente no aceptar ningún trato. No se hizo nada para detenerlos. Siguieron traficando drogas y ejerciendo la violencia contra adversarios y autoridades con la ayuda de sicarios reclutados entre los jóvenes de la clase alta de Tijuana y otros de origen popular del Barrio Logan de San Diego, California. Casi diez años después, en la administración de Fox, Ramón murió en un enfrentamiento con policías en Mazatlán, en febrero de 2002, y al mes siguiente Benjamín fue capturado en Puebla por un grupo especial de militares. Los demás hermanos siguen operando el negocio. A principios de septiembre de 2003 la DEA ofreció una recompensa de cinco millones de dólares por información que pueda llevar a su captura.

En un documento sobre el problema de las drogas elaborado de manera conjunta entre México y Estados Unidos en 1997 se afirmó acerca de México: “Los narcotraficantes no han logrado reflejar su poder económico en un poder político equivalente…no tienen la capacidad de enfrentarse abiertamente en venganza al Estado y a las instituciones responsables del control y la procuración de justicia. Si bien algunos acontecimientos pueden indicar lo contrario, tales como los homicidios selectivos, el énfasis debe hacerse en que no se trata de una respuesta sistemática y recurrente”.29

Colombia

El Código Penal colombiano de 1936 estableció penas y multas para las personas que de manera clandestina o fraudulenta elaboraran, distribuyeran, vendieran o suministraran sustancias narcóticas. La Ley 45 de 1946 prohibió el cultivo de la hoja de coca y consideraba como traficante ilegal a cualquier persona en posesión de morfina, cocaína, heroína o cualquier otra droga narcótica. En los años setenta el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), institución dependiente directamente del presidente de la República, como lo fue en sus inicios la DFS en México, tuvo la responsabilidad de perseguir el comercio de narcóticos. El director de esta institución en el gobierno de Pastrana (1970-1974), el general Jorge Ordóñez Valderrama, fue señalado varias veces como alguien relacionado con el tráfico de cocaína. Incluso la Policía Nacional acusó al DAS de tener nexos con ese negocio. En 1978, la autoridad del DAS en asuntos antidrogas fue transferida a la Policía Judicial, dependiente de la Procuraduría General de la República. Durante el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) el DAS, dirigido por el general Miguel Maza Márquez, jugó un papel más intenso en la lucha antidrogas, particularmente contra el grupo de Pablo Escobar.30

Uno de los efectos de la «Operación Cóndor» (OC) fue la reducción de la producción de adormidera y marihuana en México, país que hasta entonces había sido el principal abastecedor de esta última planta en el mercado estadounidense. El cultivo y tráfico de la hierba en Colombia no eran tan antiguos como en México –se dice que en Colombia se cultivaba desde los años cuarenta–; la mercancía colombiana tampoco significaba la parte más grande del mercado estadounidense. Sin embargo, en pocos años, los traficantes colombianos mostraron una agresiva capacidad empresarial y lograron colocarse en el primer lugar. En 1978 se estimaba que las tres cuartas partes de la marihuana vendida en Estados Unidos provenían de Colombia. Luego seguía México en orden de importancia con el 11%, y Jamaica y Estados Unidos con el 7% cada uno.31 Como consecuencia de la OC la marihuana colombiana ganó terreno en las preferencias de los consumidores de Estados Unidos. Colombia empezó a destacar en el negocio del tráfico de drogas hacia ese país como seis décadas después que México, pero en una época de cambios drásticos en el mercado. La demanda había crecido a una velocidad insospechada en pocos años. Varias generaciones de traficantes mexicanos habían acumulado ya un saber hacer y una experiencia en el contrabando de drogas, y habían desarrollado también varias rutas y redes. La existencia, por razones históricas y de vecindad geográfica, de un gran número de residentes de origen mexicano en Estados Unidos, era una ventaja adicional para introducir la droga a ese país. Esas características serían de gran utilidad posteriormente para los negocios de los traficantes mexicanos y colombianos.

A diferencia de México, el campo del tráfico de drogas en Colombia no nació en posición de dependencia del poder político local o central, ni necesitó de su protección para poder despegar. Surgió fuera de él y los traficantes se introdujeron en el campo político, en las corporaciones policíacas y en las fuerzas armadas a través de estrategias de corrupción de algunos de sus miembros. La débil o nula presencia del Estado colombiano en vastas zonas de su territorio implicó la posibilidad de una autonomía muy grande respecto del poder político desde el inicio del negocio. No parece haber habido controles muy estrictos sobre los cultivadores y traficantes de marihuana durante el gobierno de Alfonso López Michelsen (1974-1978). Tampoco una actitud de condena moral socialmente generalizada hacia las personas que se lanzaron a la aventura. El negocio era nuevo y el ingreso de divisas considerable; las únicas restricciones que parecen haber existido eran las autoimpuestas. La acumulación fue inmensa y rápida. Y muy evidente la tolerancia, la incapacidad institucional o el dejar hacer. Peter Bensinger, administrador de la DEA, sugirió al presidente López Michelsen la intervención de los militares en julio de 1978. Pero fue el presidente entrante, Julio César Turbay Ayala (1978-1982), quien anunció el envío de las fuerzas armadas a la Guajira, luego de haber declarado que la economía de la droga significaba “una amenaza para la seguridad nacional”. Tesis que el presidente Ronald Reagan se encargará de institucionalizar el 8 de abril de 1986, al firmar la National Security Decision Directive (número 221,“Narcotics and National Security), documento que afirmaba que el tráfico de drogas era una amenaza seria para la seguridad nacional, especialmente fuera de Estados Unidos; y la existencia de la cooperación estrecha de algunos grupos insurgentes y terroristas con traficantes de drogas y el aprovechamiento de ese nexo como fuente principal de financiamiento, entre otras cosas.32 La “Operación Fulminante” en Colombia, de noviembre de 1978 a marzo de 1980, movilizó a diez mil soldados, una cantidad de efectivos militares similar a la de la OC en México. Se planteó la posibilidad de usar defoliantes para destruir los cultivos. En poco menos de un año fueron destruidas más de diez mil hectáreas de marihuana y 3,500 toneladas decomisadas. Cantidad no muy lejana de lo destruido y decomisado en México en seis años, de 1970 a 1976. Hubo protestas de cultivadores y políticos de la región contra los excesos de los militares, casos de corrupción de estos e inconformidad al interior de las fuerzas armadas por emplear a sus miembros en actividades de corte policíaco.33 Por su parte, la DEA llevó a cabo a partir de diciembre de 1975 la llamada “Operation Stopgap”, que consistía en vuelos operados por agentes de esa oficina sobre la costa de la Guajira con el objetivo de reportar embarcaciones sospechosas que salían de allí y avisar a la Guardia Costera de Estados Unidos para detenerlas. Hacia 1978 las autoridades de la DEA calculaban que habían logrado reducir en un tercio el flujo de marihuana de Colombia a Estados Unidos.34 Turbay también negoció y concluyó un tratado de extradición con Estados Unidos.

Ante el “boom marimbero”35 y sus efectos en la economía y en la sociedad, a partir de 1977 la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), presidida por Ernesto Samper Pizano, elegido posteriormente presidente de Colombia para el periodo 1994-1998, empezó a proponer medidas acerca de la legalización de la producción y comercialización de la marihuana. En México, esto jamás sucedió. Nunca hubo organizaciones empresariales, políticas o civiles que se manifestaran en ese sentido. Posturas individuales de algunos intelectuales se manifestarían en ese país en los años noventa y posteriormente. En 1981 Samper declaró: “Si Colombia no legaliza la marihuana, la economía nacional se verá erosionada y desestabilizada, se consolidará la impunidad de las mafias de traficantes y se corromperán totalmente ante la tentación del dinero fácil la policía, los jueces y las fuerzas militares”.36 En México tampoco hubo algo similar a la “ventanilla siniestra”, abierta en la gestión de López Michelsen, ni amnistía económica, como la aprobada en 1983 en el gobierno de Betancur, que hizo posible la legitimación de fortunas de traficantes y les permitió participar en la política institucional.37 Las divisas del tráfico entraban a la economía mexicana sin necesidad de aprobar medidas institucionales particulares ni discutir de manera pública su importancia relativa. En las zonas productoras y de tráfico eran visibles las inversiones en consumo suntuario, bienes raíces, ranchos, hoteles, boutiques, etc. En política no participaban ni el partido de Estado se los permitía.

Aunque ya había indicios de una demanda importante de cocaína en el mercado de Estados Unidos en los años setenta, el gobierno de ese país estaba más preocupado por la marihuana, droga de consumo más extendido. Según la DEA, a mediados de esa década Miami se había convertido en la capital de la droga en el hemisferio occidental. Hacia 1979 el negocio de las drogas en Florida se calculaba en diez mil millones de dólares anuales. El más grande de ese estado de la unión americana. Los colombianos estaban presentes y se enfrentaban a tiros en territorio estadounidense entre ellos y contra los cubanos que los habían precedido en el tráfico de cocaína. El grupo de traficantes de Medellín (Pablo Escobar, Jorge Ochoa, Carlos Lehder, Rodríguez Gacha y otros) surgió como el más poderoso. Para combatir el tráfico a través de las rutas del Caribe, el gobierno de Ronald Reagan puso en marcha la llamada South Florida Task Force en 1982, bajo el mando del vicepresidente George Bush. Reagan señaló que estaba teniendo éxito en sus objetivos: los decomisos de marihuana se habían incrementado en 35%, los de cocaína en 56%, y en 27% los arrestos.38 Muy pronto esa estrategia tendría otro tipo de repercusiones en el uso más intensivo de las rutas existentes a través de México y en una asociación más estrecha entre traficantes mexicanos y colombianos.

El gobierno de Estados Unidos afirma que en la actualidad Colombia produce el 75% de la cocaína en el mundo y que un 65% de la misma pasa a través de México. Esto se da a pesar de las medidas puestas en práctica por los tres países para contener el tráfico. Dada esa situación, es de pensarse que los traficantes colombianos dependen tanto de los mexicanos como estos de aquellos para introducir la mercancía a territorio estadounidense. Son eslabones complementarios e interdependientes de una misma cadena. Hasta el momento no se han observado conflictos sangrientos que podrían derivarse del apetito de unos y otros para apoderarse de un mayor segmento del mercado. La violencia generada por las organizaciones de traficantes dentro de México y Colombia, que resulta de conflictos de intereses y la competencia, no se ha aplicado en los tratos internacionales.

No hay noticias de que los traficantes colombianos hayan querido operar directamente en territorio mexicano como lo hicieron en Estados Unidos, ni que hayan tratado de desplazar a balazos a sus socios mexicanos. Al contrario, establecieron relaciones de negocios pragmáticas para potenciar las respectivas ventajas comparativas, entre otras la larga frontera de México con el principal consumidor de drogas ilícitas en el mundo. Han existido y existen enlaces, intermediarios o representantes, mas no organizaciones colombianas o sucursales de las mismas que hayan intentado controlar directamente territorio, rutas y mercado. Hubo y hay también probablemente ciertas afinidades de carácter personal que han facilitado el éxito de la empresa conjunta.

En Sinaloa se dice que Gonzalo Rodríguez Gacha, alias “El Mexicano”, tuvo reuniones con Félix Gallardo en su casa de playa (Altata), a unos setenta kilómetros de Culiacán. Esa propiedad se encuentra a pocos metros de la casa de playa destinada al gobernador de Sinaloa. Según la DEA, otro de los socios de Sicilia Falcón en el sur de Sinaloa era Manuel Salcido Uzeta, alias “El Cochiloco”, también aliado de Félix Gallardo, un personaje con fama de sanguinario cuya base de operaciones se encontraba en el puerto de Mazatlán. Desde principios de los años setenta surgieron en el norte de México canciones populares, en la tradición del corrido, que hablaban de historias del tráfico de drogas, de traficantes y policías, con una visión distinta a la oficial y más cercana a las percepciones del fenómeno de los propios traficantes y de la gente común de las regiones productoras y de tráfico. Salcido era amante de este tipo de música. Pagaba para que le compusieran canciones en su honor. Es muy probable que en sus viajes a Sinaloa Rodríguez Gacha haya escuchado y desarrollado el gusto por esos corridos, con acompañamiento de música norteña o mariachi. Hay innumerables ejemplos de esa abundante producción musical y su éxito de tres décadas ha trascendido fronteras. Además de negocios, los traficantes mexicanos y colombianos han compartido expresiones culturales que han contribuido a la construcción de sus identidades. Han compartido afinidades éticas y estéticas. Algunas fincas de Rodríguez Gacha tenían nombres de ciudades mexicanas. Pablo Escobar se hizo fotografiar con sombrero de charro, sarape, cananas y una carabina, al estilo de lo que se percibe en el exterior como el estereotipo del revolucionario mexicano.

*

Estados Unidos ha insistido particularmente en tres componentes de la política antidrogas: la fumigación de los plantíos ilícitos, las extradiciones, y la militarización de la lucha antidrogas. Los distintos gobiernos colombianos, desde la administración Turbay, han reaccionado a esos temas impuestos por Estados Unidos más o menos de manera similar, aunque con algunas variantes y matices, pero finalmente en un sentido más acorde a la estrategia ajena, a veces compartida, y sin que el cultivo, tráfico y consumo de drogas haya disminuido o se vislumbre una solución razonable. Al contrario, los resultados han sido inversos a los objetivos perseguidos. Los datos de incremento de hectáreas cultivadas de hoja de coca y adormidera, por ejemplo, a pesar de poco más de dos décadas de fumigaciones de plantíos ilícitos son elocuentes. Otros países en situaciones similares han seguido desafortunadamente el mismo camino. En el caso de México se agrega como tema recurrente la solicitud para que los agentes de la DEA puedan portar armas en territorio nacional. Petición que se ha denegado cada vez que surge. Lo cual no significa necesariamente que la prohibición sea respetada.

Después de la OC, los militares mexicanos no volvieron a tener un papel protagónico similar. Continuaron apoyando a la PGR en la destrucción de cultivos, como lo venían haciendo desde los años treinta. A partir de 1995 varios militares son nombrados para ocupar puestos operativos en la PGR, pero son retirados posteriormente. En la administración Fox (2000-2006), que desplazó al partido que mantuvo el poder durante setenta y un años, un general es nombrado como titular de la PGR, y éste a su vez coloca en puestos operativos a sus colegas militares. Además, grupos de elite de las fuerzas armadas se ocupan de realizar operaciones de inteligencia y la captura de varios líderes de las organizaciones más importantes del tráfico de drogas en México. Esto significa un desplazamiento de facto de la autoridad de la PGR a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para operar la estrategia antidrogas, sin modificación del marco legal, sólo la aplicación de la voluntad presidencial basada en el artículo 89 de la Constitución, considerado superior al 129 del mismo texto.39

Pablo Escobar y Carlos Lehder participaron en la política de manera abierta. Escobar llegó a ser diputado suplente en 1982. En México, a los traficantes la política les estaba vedada. La clase gobernante del partido de Estado se encargó de mantenerlos fuera de ese campo. Jamás intentaron romper la barrera. Las estrategias de violencia extrema, terroristas, impulsadas y practicadas por Pablo Escobar y su gente para tratar de influir en las decisiones del gobierno colombiano en temas como la extradición dejaron un saldo sangriento que incluyó, entre muchos otros, a miembros prominentes de la clase política, como el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla en 1984. En comparación, sólo fueron tres las bombas que explotaron en México. Dos de ellas fueron detonadas frente a casas de colonias residenciales de Culiacán en mayo de 1992 (administración de Francisco Labastida, 1987-1992), con saldo de un velador muerto y destrozos a autos, puertas y ventanas de las casas vecinas; y la otra (junio de 1994) estalló entre las manos de quienes trataban de ponerla cerca del salón de fiestas de un hotel en Guadalajara donde se festejaba a una quinceañera, hija del presunto traficante sinaloense Luis Enrique Fernández Uriarte. Las bombas eran de manufactura casera. Fueron puestas por traficantes que se enfrentaron a grupos rivales, todos ellos sinaloenses. Entre los representantes del Estado, agentes y comandantes de la policía judicial federal, encargados de la persecución de traficantes, cayeron abatidos a tiros. No siempre por tratar de hacer cumplir la ley, sino por su doble juego y traiciones. No hubo una estrategia deliberada de guerra frontal contra el Estado y tampoco atacaron a ningún miembro del campo político. La violencia extrema no desbordó los límites tradicionales, es decir el propio campo del tráfico de drogas y las corporaciones policíacas. Posteriormente, en 2001, surgiría el caso aislado de dos jueces asesinados en Mazatlán. En cuanto a las extradiciones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha rechazado aquellas que por los cargos en Estados Unidos implican cadena perpetua o la pena de muerte para los traficantes, penalidades que las leyes mexicanas no incluyen.

Además de los traficantes, grupos guerrilleros y paramilitares en Colombia han recurrido al negocio de las drogas para financiar parte de sus actividades, y al terrorismo para ejercer presión sobre el Estado y la sociedad. Después del 11 de septiembre de 2001, en la visión de Estados Unidos el combate al terrorismo se convirtió en lo esencial; el tráfico de drogas se concibe como una de las estrategias posibles para financiar actividades de carácter político y de desestabilización. Pablo Escobar fue el paradigma del “narcoterrorista”. No faltará quien sea etiquetado como el paradigma del “terrotraficante” o “terronarco”. En el mundo hay varios casos de combinación de actividades e intereses entre terroristas y traficantes, pero también de la ausencia de nexos entre ambos grupos. En México, los grupos guerrilleros no han sido asociados con el tráfico de drogas. Ni el gobierno de Estados Unidos ni el de México han hablado de “narcoguerrilla” en el país. Sin embargo, luego de una reunión entre John Walters, titular de la ONDCP, y el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, en enero de 2002, éste mencionó por primera vez desde que fue nombrado en ese puesto que organizaciones terroristas estaban vinculadas al tráfico de drogas y al lavado de dinero. Volvió a mencionar el tema luego de la reaparición de los guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) en el estado de Guerrero, gran productor de adormidera, pero no se refirió a ningún caso particular comprobado en algún lugar del mundo. La tesis ya fue sembrada, pero habrá que vigilar que no sean creadas las condiciones para que se convierta en profecía autocumplida.

conclusiones

Hay por lo menos tres grandes momentos en la historia del campo del tráfico de fármacos ilícitos en México que permiten observar más claramente sus relaciones con el campo político y sus transformaciones: 1914-1947, 1947-1985, y 1985 a 2000. Otro momento parece iniciarse a partir del 2 de julio de 2000. El primero, caracterizado por el nacimiento del campo mismo, en posición subordinada al poder político y en particular a la figura política más importante en jerarquía en cada uno de los estados norteños productores o de tráfico. El segundo, en el cual se crean las mediaciones estructurales entre el poder político y los traficantes, representadas principalmente por corporaciones policíacas. Y el tercero, en el que el sistema político surgido de la revolución, con un monopolio del poder político por el partido de Estado, empieza a mostrar signos de incapacidad para controlar eficazmente a sus propias instituciones de mediación, las cuales, al igual que las organizaciones de traficantes, adquieren mayor autonomía relativa respecto del poder político. En esta misma etapa las presiones políticas de Estados Unidos se dejan sentir con mayor fuerza que en épocas anteriores. El cuarto momento se inicia con el desplazamiento del PRI del poder ejecutivo, su pérdida de la mayoría absoluta en las cámaras y el acceso de la oposición a los principales puestos de poder. Es un momento que apenas empieza a adquirir forma. En todas esas fases, las modificaciones en el Estado y desde éste tuvieron repercusiones en la reorganización de las relaciones entre el campo político y el del tráfico de drogas ilícitas.

En Colombia, las condiciones de posibilidad que facilitaron el desarrollo del tráfico de drogas están relacionadas con algunas características del Estado, de su relación con Estados Unidos, del sistema de partidos, y de la sociedad. Algunas de esas condiciones son la falta de capacidad del Estado para controlar el territorio e imponer la ley, incluso a través de las fuerzas armadas; la persistencia de una violencia derivada originalmente de luchas políticas a la cual se han ido agregando otras más relacionadas con conflictos sociales y actividades ilícitas; la incapacidad de los partidos políticos para canalizar los intereses de los diversos grupos sociales por las vías legales; una actitud social y política ambivalente y oscilante frente al negocio del tráfico de drogas y los traficantes; y una relación de dependencia creciente de Estados Unidos –el Plan Colombia es el último ejemplo–, país que ha impuesto su agenda en asuntos de drogas. La lista es evidentemente más larga. Francisco Thoumi40 ha destacado, entre otras, la brecha entre comportamientos de hecho y de derecho que implican una mayor tolerancia a actividades económicas ilegales; la experiencia en la exportación ilegal de productos legales; la experiencia en la exportación de esmeraldas a países desarrollados; la imposición de controles cambiarios durante sesenta años (1931-1991) que provocó el desarrollo de estrategias para lavar dinero; y la presencia de inmigrantes colombianos en Estados Unidos como la más importante de un país andino. Características históricas y estructurales distintas en Colombia y México han derivado en un crecimiento mayor de los grupos dedicados al tráfico de drogas en ambos países, de la producción de plantas ilícitas y del consumo de drogas. El impacto general del fenómeno ha sido sin duda más rápido, fuerte y desastroso en Colombia. Lo triste y trágico de esta historia es que ninguno de los dos países, o algún otro con problemas similares, puede encontrar soluciones viables mientras no se modifique el paradigma dominante que los ha llevado a ese callejón sin salida.

Panel 1

De alucinógenos, estimulantes y psicotrópicos a narcóticos

En las conferencias que hacen parte de este capítulo se busca generar una reflexión en torno a las distintas plantas y sustancias que hoy se agrupan bajo el nombre de narcóticos, cuál ha sido su presencia e importancia en la historia del país y cómo se dio el proceso de definición en virtud del cual ahora se las concibe como peligrosas y se las incluye dentro de un fenómeno de incidencia internacional, el narcotráfico. Participan antropólogos e indígenas para que hagan una mirada del tema del cultivo y la producción de sustancias psicoactivas desde una perspectiva más amplia, que explore los significados que han tenido y que aún conservan para diferentes culturas, así como las nuevas alternativas de uso.

Introducción

Myriam Jimeno / Moderadora

Todavía tenemos en la memoria las imágenes de hace unos meses, de mujeres indias desfilando en protesta por las calles de La Paz, con polleras coloridas y sombreros de fieltro. Se movilizaban contra la venta de gas a compañías extranjeras intentada por el entonces presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Losada. Sin embargo, se sabe que el conflicto se incubaba de tiempo atrás, debido a la persecución desatada por ese mandatario desde 1998 contra los cultivadores de coca. En ese año el gobierno anunció que erradicaría los cultivos de coca a través de un programa que tenía un alto componente militar financiado por los EE.UU. Estas imágenes, repetidas durante varios días por las cadenas mundiales de televisión, nos ponen de presente hasta dónde se tocan en la actualidad la tradición cultural, la reinvención de la tradición y la política internacional. En este contexto, la política replantea la cultura tanto como la cultura sirve de arma política. Decimos la cultura, pues para los quechua la coca hace parte de su cotidianeidad “desde mucho antes de que EE.UU. fuera país”, según declaraciones de la dirigente india Leonida Zurita.

Puede decirse, como lo argumentó en la discusión del panel De alucinógenos, estimulantes y psicotrópicos a narcóticos Francisco Thoumi –reconocido especialista en el tema–, que la coca de las selvas del Chapare no es la planta tradicional sino una variedad comercial que no tiene uso doméstico ni se emplea en rituales de tradición. Pero aun así, la discusión persiste, pues pese a que la nueva variedad de coca sirve ante todo para la extracción de su alcaloide, existe una amplia práctica ancestral de uso de la coca. En verdad, el contexto social de uso de la coca ha cambiado también para las poblaciones amerindias, puesto que las variedades más orientadas al comercio hacen menos clara su inscripción exclusiva en el campo de lo sagrado. Justamente, la distinción entre lo sagrado y lo profano propuesta en 1912 (Las formas elementales de la vida religiosa) por uno de los padres fundadores de la antropología, E. Durkheim, ya no obedece a las líneas conocidas. Durkheim plantea que las cualidades de lo sagrado no están en el objeto sagrado en sí mismo, sino en sus propiedades como símbolo y que es a través del vínculo simbólico como lo sagrado se conecta con el mundo cultural y con la estructura de una sociedad específica. Sostiene que lo sagrado es aquello que está colocado aparte y es reverenciado por la sociedad, y también, que su carácter de tal proviene de la sociedad misma, pues es una expresión de la solidaridad colectiva. Esta separación entre lo sagrado y lo profano es justamente la que se pone en entredicho por las interconexiones entre la coca y su consumo como sustancia prohibida.

Hoy día, las prácticas sagradas de estas sociedades están entrecruzadas de muchas formas por centurias de contacto y por el dominio cultural de otras sociedades. Pero no es sólo la “situación colonial”, para usar esta expresión, la que modifica las líneas divisorias entre lo sagrado y lo profano. Es específicamente que la coca está atrapada en las redes de los poderosos, sujeta a los intereses de mercaderes y de los estados y de ciertos grupos políticos con hegemonía mundial. Esa red ha convertido la política mundial contra las drogas, “en la dicotomía entre prohibición y cero tolerancia versus legalización y minimización del riesgo” (Fandiño et al., sobre “Diálogos ciudadanos entre consumidores y productores de drogas ilícitas”, documento de trabajo, Centro de Investigaciones para el Desarrollo CID, Universidad Nacional de Colombia, 2004). El auge de este modelo prohibicionista afecta de manera inevitable las prácticas tradicionales de uso de la coca y enlaza la defensa de estos usos sagrados con el debate general sobre la política antidrogas. El debate cultural se hace así parte de una discusión política global. Esto se hizo evidente en el panel.

Juan Álvaro Echeverri propone en su ponencia sobre el uso amazónico de la coca que ésta es parte de la educación moral y corporal y, al mismo tiempo, el vehículo y el modelo para las relaciones sociales. La coca hace parte de los espacios públicos, pero también “construye” el cuerpo del hombre, pues “mambear coca es, primero, una disciplina de conocimiento masculino”. Echeverri se detiene en la botánica de la planta de coca, en la distribución geográfica de su uso y en sus transformaciones históricas, para adentrarse en las dimensiones simbólicas y en el uso social de la coca. La coca tiene un lugar central en los mitos, de manera que hace parte de la construcción arquetípica de la sociedad nativa. Precisamente por ello, ningún indígena admitiría, dice Echeverri, la afirmación que él sustenta de que su uso fue adquirido de otros grupos en tiempos no muy remotos; por el contrario, para los uitoto, “la coca, junto con el tabaco, la yuca, la piña, los tubérculos y los frutales, está en la fundación misma de la sociedad y la identidad masculina y femenina de estos grupos”. La coca y el tabaco son “comida de hombre”, mientras que la yuca, el maní, la piña y otros frutos, construyen el cuerpo de la mujer. Pero la coca también enlaza los dos mundos, masculino y femenino, pues entre los uitoto, “la coca es una mujer que se recibe de otro hombre”. La coca también propicia el contacto entre los hombres del grupo mediante el encuentro en el mambeadero, al atardecer, y éste es el sitio para dialogar con los espíritus, para curar y planear actividades conjuntas. En breve, es un nodo social de la vida cotidiana y ceremonial amazónica.

Éste precisamente fue el sentido de la intervención de los ancianos uitoto Óscar Román y Alicia Sánchez, quienes presentaron su intervención en uiototo y en castellano, cada uno desde el punto de vista de su género. Intervención compleja de seguir para un público que desconozca la gramática cultural del grupo, aunque capaz de transmitir con eficacia el sentimiento de la delicadeza y profundidad cultural que tiene para ellos la coca.

Pero la tradición cultural de la coca en las sociedades amerindias ha experimentado un encuentro, o mejor, un desencuentro con otra tradición: la tradición construida sobre la oposición entre el placer corporal y una moral de la contención, que son las características de la sociedad contemporánea que desembocan en el combate contra el consumo de “drogas”. Este desencuentro ha llevado a que grupos amerindios tomen la senda de la reivindicación de sus prácticas culturales en oposición al prohibicionismo. En algunos casos, como en el ya comentado de Bolivia, esta afirmación da lugar a un conflicto social de amplias proporciones. Otra es la vía elegida por los nasa (o paeces) del Cauca colombiano. David Curtidor, como coordinador del proyecto Coca Nasa del resguardo de Calderas, expuso el propósito de ese grupo de comercializar té de coca y restarle así satanismo a ciertos usos de la planta. Los nasa hicieron los estudios sobre las normas que permiten la realización del proyecto y sobre las condiciones de mercado que lo hacen factible. Desean apostarle a conquistar un público no indígena y mediante esa estrategia, auspiciar la diferenciación entre las distintas formas de empleo de la coca, lo que, a su vez, afianzaría el respeto por su empleo en el contexto cultural indígena.

Andrés López muestra que entre los siglos XV y XVII ocurrió lo que él llama “la revolución psicoactiva”, que dio lugar a la expansión de la producción y el consumo de sustancias como el café, el tabaco y el alcohol destilado. Esta transformación se superpone, en el caso americano, con la pretensión de la Iglesia Católica de eliminar las drogas consumidas en los rituales indígenas. Con el tiempo, surgieron preocupaciones sanitarias, morales y religiosas, que llevaron a proscribir algunas, con todas sus consecuencias y costos sociales y políticos. Para López es necesario distinguir entre los efectos adversos de estas sustancias, por ejemplo, entre el alcohol, el tabaco y la coca. Este argumento –que a mi juicio todavía requiere de un suficiente sustento empírico sobre los efectos del consumo de estas distintas sustancias– lo enlaza con la idea de que de allí se derivarían elementos de juicio razonados, en vez del actual diálogo de sordos entre prohibicionistas y legalizadores. Se tendería, así, a una regulación que concilie la libertad del individuo, con el interés de la sociedad en cuidar a sus miembros.

Ismael Roldán, en cambio, se dirige más bien a discutir las implicaciones socioeconómicas del tráfico, que son, en verdad, el gran punto álgido para el país, mientras las implicaciones del consumo son hoy día relativamente circunscritas. Se detiene en el impacto del tráfico sobre varios aspectos de la sociedad colombiana y también discute los distintos modelos empleados para abordar la problemática del consumo: el ético jurídico, el psicosocial, el sanitario, el sociocultural, entre otros. Su propuesta se centra en la necesidad de que el Estado colombiano gane en legitimidad como medio de construir escenarios basados en la confianza ciudadana, como la mejor garantía contra las acciones de la criminalidad asociada al tráfico y dejar atrás las condiciones políticas que hicieron posible su expansión, tales como las redes de clientelismo.

La relación entre la coca y los pueblos indígenas no se puede ya pensar en términos de autenticidad y origen, pues perdería su historicidad. También para estos pueblos se plantea el desafío de sobrepasar los enfoques morales prohibicionistas sobre el consumo de drogas. Quienes abogan por una política razonada, sustentada en estudios y en evidencias empíricas, pueden encontrar en la reivindicación cultural indígena de la coca un aliado contemporáneo, que le infunde preocupaciones culturales al debate hacia una nueva política.

La coca en el Amazonas: una perspectiva botánica, cultural e histórica. “Mambear coca no es pintarse la boca de verde”.

Juan Álvaro Echeverri

La variedad ipadu de Erythroxylum coca, una de las especies cultivadas de la planta de coca, es utilizada por un número restringido de grupos de la región amazónica: grupos de filiación lingüística tukano oriental, arawak y makupuinave de la región del Gran Vaupés (alto Río Negro, Vaupés, Apaporis, Mirití) y grupos de filiación lingüística uitoto, bora y andoque del interfluvio Caquetá-Putumayo (estos dos ríos conocidos en Brasil como Japurá e Içá). Estos grupos consumen coca en forma de un pulverizado de hojas tostadas, mezcladas con cenizas de Cecropia sp. (imbauba en portugués, yarumo en español). El uso de la coca en estas dos regiones es muy singular en el conjunto de la Amazonia, y contrasta con el uso andino de la coca, en forma de hojas secas no pulverizadas que se combinan con un agente alcalino al momento de la ingestión, también encontrado entre algunos grupos amazónicos, principalmente los campa o ahaninka.

Existe mucha literatura sobre el uso andino de la coca, sobre todo en Perú y Bolivia, pero, en comparación, muy poco sobre su contraparte amazónica. Aquí nos enfocamos en el uso amazónico, con datos primarios provenientes de los grupos uitoto, muinane, nonuya y andoque, y datos secundarios de otros grupos de la misma región (miraña y otros grupos uitoto) y de grupos del Gran Vaupés. Nos proponemos explorar el sentido ritual y político de la expresión inserta en nuestro título (“mambear coca no es pintarse la boca de verde”), y ampliada en la cita que le sigue, que reflejan una ideología sobre el uso de esta planta que es común a toda esta región.

Mambear coca es, primero, una disciplina de conocimiento masculino (su uso está generalmente restringido para las mujeres en edad fértil), ligada a la educación corporal y moral (“está atento, se cuida, guarda dieta”) y, segundo, un vehículo de la vida social y política, expresado en su forma más clara en la “institución” del mambeadero (sitio de preparación y consumo del polvo de coca y sitio de diálogo). Ambas maneras –disciplinas del cuerpo y del espíritu, y diálogo social– tienen un sentido fundamentalmente religioso, y ambas maneras están también íntimamente ligadas al consumo de tabaco (tabaco en pasta o ambil en el Caquetá-Putumayo, tabaco en rapé en el Gran Vaupés). Ese sentido religioso del consumo de coca y tabaco lo manifiestan los indígenas cuando dicen que la coca “tiene espíritu”, que el tabaco “tiene espíritu”, y es por eso que mambear coca no es meramente “pintarse de verde la boca”, es decir, no es sólo el consumo de la sustancia o sus efectos levemente estimulantes41 los que importan, sino las disciplinas corporales y sociales que se derivan de las maneras como la planta de coca es entendida y manejada.

En lo que sigue, precisaremos, primero, algunos datos botánicos sobre la coca y sus variedades, los pueblos que la utilizan en Sudamérica y plantearemos que el uso amazónico de la coca es probablemente reciente y de distribución restringida. En segundo término, ubicaremos el significado de la coca amazónica entre los pueblos que actualmente la consumen, por medio de la lectura de algunos relatos míticos. Luego, discutiremos el procesamiento técnico de la coca pulverizada en el marco de una teoría corporal y moral, y por último, introduciremos el uso social de la coca en el ámbito del mambeadero.

La coca amazónica

Variedades de coca

El botánico Timothy Plowman, estudiante de R. E. Schultes, fue quien determinó que todas las cocas cultivadas en Sudamérica se derivan de dos especies diferenciadas genéticamente de la familia Erythroxylaceae, Erythroxylum coca Lam. Erythroxylum novogranatense (Morris) Hieron, y que cada una de estas especies tenía además una variedad distintiva, E. coca var. ipadu Plowman y E. novogranatense var. truxillense (Rusby) Plowman. Estas dos especies habían sido frecuentemente confundidas en el pasado como una sola especie. Plowman (1986) denomina entonces las cuatro variedades como:

Erythroxylum coca var. coca (“coca huanuco o boliviana”),

Erythroxylum coca var. ipadu (“coca amazónica”),

Erythroxylum novogranatense var. novogranatense (“coca colombiana”),

Erythroxylum novogranatense var. truxillense (“coca de Trujillo”).

Estas especies y variedades derivan en últimas de una sola especie, y su diferenciación refleja un proceso interno de selección humana y adaptación a diferentes ambientes ecológicos durante varios milenios.42 La variedad coca de E. coca (la coca huanuco o boliviana) “is now thought to be a naturally occurring wild species of the montaña, from which the other three cocas were derived as cultigens through human selection” (Plowman, 1986: 13). La distribución silvestre de esta especie original posiblemente fue en las laderas orientales de los Andes peruanos, en el área central del valle del río Huallaga.

Las cuatro variedades contienen el alcaloide cocaína, aunque difieren en el contenido de otros alcaloides y otros constituyentes, y cada una tiene su distribución geográfica, adaptación ecológica y usos particulares.43

Las evidencias botánicas presentadas por Plowman señalan que la coca boliviana (la var. coca de E. coca) sería la representante de una especie silvestre adaptada a ambientes húmedos, cuya distribución original estaría en las laderas orientales de los Andes. De allí se distribuyó a lo largo de la ladera oriental y pasó a otros ambientes ecológicos más secos como los de la costa peruana y ecuatoriana, donde la adaptación y manejo humano terminó generando otra especie: la E. novogranatense. La posterior difusión a los valles interandinos más al norte y, finalmente, a la costa Caribe terminaron dando origen a dos variedades distintivas: la coca de Trujillo, más antigua, y la coca colombiana, más reciente.

Esta especiación y diferenciación de la coca hacia el norte y sobre la cordillera de los Andes probablemente tuvo lugar mucho antes y tomó periodos de tiempo más largos que la difusión de la coca hacia las tierras bajas amazónicas, que se dio también a partir de la especie original de E. coca. La variedad ipadu, o “coca amazónica”, está más cercanamente relacionada con la variedad coca (“coca boliviana”) que con la coca colombiana o con la coca de Trujillo.

Plowman argumenta que “based on linguistic, ethnographic, historical and botanical evidence, this variety appears to be a relatively recent development. It surely evolved from stocks of E. coca var. coca introduced from the Andean foothills through selection for traits conducive to its cultivation in Amazonia” (Plowman, 1986: 16; cf. Plowman, 1981).44

Una de las principales diferencias de la coca amazónica es su bajo contenido de cocaína en comparación con las otras variedades: 0,25% en promedio, en comparación con los promedios para la coca boliviana (0,63%), la coca de Trujillo (0,72%) y la coca colombiana (0,77%) (cf. Plowman & Rivier, 1983). A pesar de su contenido más bajo, la coca amazónica el alcaloide es más fácil de extraer y cristalizar a partir de las variedades E. novogranatense. Por este motivo, los traficantes de coca en la década de los años 1970 y 1980 indujeron a indígenas a plantar y procesar base de coca por medios artesanales, lo cual se mantuvo hasta la introducción de semillas bolivianas que fueron plantadas en cultivos clandestinos en la planicie amazónica.45

La “mascada” y el “mambeo”

Estas especies cultivadas de coca46 son utilizadas por grupos nativos de Sudamérica en dos formas principales: (1) como hojas secas que son puestas en la boca y se les agrega un agente alcalino o “mambe”, y (2) como un pulverizado con adición de cenizas vegetales, que llamaremos coca en polvo que se ha vuelto frecuente llamar también “mambe”.

Las variedades de coca colombiana, coca boliviana y, en menor medida, coca de Trujillo son empleadas principalmente en la primera forma, que se conoce como “mascada de coca” –erróneamente porque en su ingestión no interviene propiamente el acto de mascar con los dientes–.47 En las regiones donde la coca se “masca”, se agrega una mezcla alcalina o “mambe” a las hojas. Según Anthony Henman, “the archaeological record would suggest that most of what is today highland Colombia always used limestone derivatives” (Antonil, 1978: 158), como agente alcalino para las hojas de coca. En la Sierra Nevada de Santa Marta, en el norte de Colombia, los kogui hacen su cal o mambe de conchas marinas (yotínwe). En Perú y Bolivia, algunos indígenas prefieren la cal o llipta, pero “by far the most popular alkaline reagent used in Peru... is the tocra de montaña”, hecho de cenizas de hojas de plátano o cáscaras de cacao, a menudo mezcladas con un poquito de cal blanca y unido todo con hojas secas pulverizadas mezcladas con agua. En el sur de Perú y Bolivia, los indígenas usan otro agente alcalino, conocido con el nombre genérico de lejía, que proviene de una mezcla de potasa y cal, derivados de las cenizas de los tallos de quinua (un cereal andino) y de otras fuentes vegetales, y mezclados con sustancias saborizantes (Antonil, 1978).

La variedad amazónica de coca, en cambio, es consumida en forma de un pulverizado fino obtenido por medio del tostado de las hojas de coca sobre un tiesto o lata colocados al fuego, la maceración o pilado en un mortero grande de madera, y el cernido de este pulverizado, mezclado con cenizas, valiéndose de una tela o corteza fina. La fuente más común de cenizas para mezclar con la coca son las hojas secas de Cecropia sciadophylla (yarumo o imbauba), aunque no son la única opción.48 El polvo fino resultante es colocado en los carrillos de la boca donde se humedece con la saliva. Los alcaloides son absorbidos por las mucosas bucales y el resto va pasando lentamente al tracto digestivo donde son absorbidos los otros nutrientes, minerales y vitaminas de la mezcla.

En ninguno de los dos casos se da la acción de mascar, por lo que preferimos utilizar el verbo “mambear” que específicamente describe esta acción de ingestión propia de la coca.

El uso de la coca en la forma de polvo está restringido a algunos grupos del oeste de la cuenca amazónica. Se conoce la práctica actual del “mambeo” de coca entre todos los grupos de la familia lingüística tucano oriental, entre grupos yucuna y matapí de la familia lingüística arawak, y entre todos los grupos de filiación lingüística uitoto, bora y andoque. Algunos de estos últimos han migrado al departamento de Loreto (Perú), al Trapecio Amazónico colombiano y tan al oriente como Teffé en Brasil, donde han conservado la costumbre del mambeo.

El territorio ancestral de estos grupos de “mambeadores” forma un continuo geográfico que se extiende desde las cabeceras del río Negro hasta el río Putumayo. Este conjunto de grupos aparece rodeado de grupos vecinos que en la actualidad no utilizan la coca, principalmente los grupos de filiación tucano occidental y quechua, al occidente, en dirección al piedemonte andino colombiano; los grupos cocama, ticuna y yagua, al sur, en el eje del río Amazonas; y los grupos de filiación arawak al oriente y norte, en el Alto río Negro y Orinoco.

Otros indígenas amazónicos que utilizan la coca son los campa o ashaninka, hablantes de una lengua de la familia arawak, que hoy ocupan una extensa área entre los 10 y 14 grados de latitud sur y los 72 y 76 grados de longitud occidente, en territorios de Brasil y Perú (Mendes, 2002: 161). Según Mendes (1991), los ashaninka cultivan la variedad ipadu de E. coca, pero la forma de consumo es similar a la utilizada en la zona andina, es decir, colocando la hojas de coca (llamadas koka), que han sido asadas dentro de una hoja de platanillo, dentro de la boca y adicionándoles un polvo extraído de una piedra como mezcla alcalina (ishiko).49

La expansión del ipadu

La palabra ipadu, adoptada por Plowman para nombrar la variedad de coca amazónica, pertenece a la lengua nheengatú, una lengua franca derivada de la lengua tupí, que fue hablada en todo el Amazonas brasilero y se extendió hasta el Ucayali.50 Los principales grupos de filiación lingüística tupí de esta área son los omagua, hoy en día casi extintos, y los cocama, aún numerosos. El hecho de existir una palabra para nombrar la coca en una lengua tupí indicaría que la coca en la zona del Alto Amazonas o bien tuvo alguna relevancia comercial o fue utilizada por alguno de los grupos de lengua tupí. Los cocama actualmente no utilizan la coca. Sin embargo, es probable que los omagua lo hayan hecho, como se revela en la información que obtuvo Tessmann (1999 [1930]: 30) de su informante omagua, a quien calificó como “el último de los omagua”, en los años 1920: “Coca = ipado, se cultivaba desde tiempos remotos. Se mascaban las hojas fumando simultáneamente un cigarrillo. [...] Se guardaba las hojas de la coca en una calabaza arbórea”. No queda muy claro de esta mención, si el uso de la coca era “mascado” a la manera andina, o eventualmente en polvo; tampoco hay mención de la cal. Sin embargo, el dato es importante porque nos indica que los omagua, cuyo territorio antiguo se extendía a lo largo de las islas del Amazonas hasta la desembocadura del Putumayo, cultivaban coca “desde tiempos remotos”.

Otro dato lingüístico que confirmaría esta idea es que las únicas otras dos palabras que encontramos iguales en estas siete lenguas son los términos para nombrar la gallina (variaciones de ataβa) y el bufeo o delfín de agua dulce (amana). El primero parece un préstamo del quechua, el segundo del tupí. Ambas palabras nombran especies animales que estos grupos conocieron en tiempos recientes (tal vez no más de tres siglos) y los dos como efecto del contacto con el “río grande” (el Putumayo o el Caquetá): la gallina, que vino con su nombre quechua de los Andes, tal vez adquirida en relaciones con grupos del Putumayo que estuvieron en contacto con misioneros franciscanos en el siglo XVIII o con comerciantes colombianos en el siglo XIX; el bufeo (delfín de agua dulce) es un mamífero que se encuentra en estos ríos grandes y no en las cabeceras de quebradas donde vivieron estos grupos hasta finales del siglo XIX, cuyos huesos, dientes y grasa son empleados hoy en día para la magia de amor y está asociado a los hombres blancos, los cosméticos, la prostitución y la locura. La coca es probablemente una adquisición contemporánea con la gallina y el bufeo, y con los contactos con el río grande, en este caso el Putumayo y, más allá, el Alto Amazonas.

Se sabe que la expansión de los uitoto sobrepasaba el sur del río Putumayo; por lo menos así parece indicarlo un vocabulario con vocablos reconociblemente uitotos recogido por Castelnau (1851) en Pebas (río Amazonas), en 1840 (ver Gasché, 1983). Esto indicaría un contacto con los grupos de la familia Peba-Yagua, de los cuales tenemos algunas referencias históricas de su utilización de la coca. Juan Magnín, misionero jesuita de la Provincia de Maynas, relata que “La coca, ojas de donoso arbolito, especie de thee, la cultivan los pebas” (Magnín, 1740: 481), y que entre los pebas “... coxe la madrina con los dedos un poco de coca molida y se la pone en la boca de la ahijada; pasa a hacer lo mismo con su Madre de la criatura; de ay uno por uno, a los demás combidados, acabándose essas funciones con lo ordinario de bevidas y danzas” (Ibid., 477). Parece ser un hecho que los yagua y pebas mambeaban coca en polvo a principios del siglo XIX,51 y esta costumbre pudo ser aprendida de otros grupos río arriba, probablemente omaguas, hablantes de una lengua de filiación tupí.

En la expedición de Spix y Martius de 1817 a 1820, Spix llegó hasta el fuerte de Tabatinga (actual frontera entre Colombia y Brasil) en el Alto Amazonas, y Martius llegó hasta los rápidos de Araracuara, en el río Caquetá. Ninguno de los dos menciona el uso de la coca. Spix, en el Alto Solimoes alcanzó a entrar en contacto con “Campevas, Tecunas, Culinos, Araicos, y Maxorunas” (cf. Spix y Martius: 197-198). Los actuales descendientes de estos grupos, a juzgar por sus nombres, no utilizan coca y en apariencia no la utilizaban en ese entonces. Martius, ascendiendo por el Caquetá, vivió y fue acompañado por un grupo de “Miranhas”, y colectó dos vocabularios que tituló “Miranha Carapaná Tapuia” y “Miranha Oira-acu Tapuia”. Como bien lo señaló Koch-Grünberg (1906), el primero tiene vocablos que lo emparentan a la familia lingüística uitoto y el segundo a la familia lingüística bora. Actuales grupos hablantes de lenguas uitoto y bora (uno de ellos conocido con el etnónimo “Miraña”) utilizan la coca y viven y reconocen como territorio ancestral la región que se extiende al sur del río Caquetá, pero en las observaciones de Martius de los años 1810 no aparece la coca: “Afora os trábalos de trançar, plantar mandioca, preparar farinha e beijus também cuidavam de pequenas roças de algodão […] As demais plantas que vi cultivadas aquí, eram o aipim, a banana e o urucu” (tomo 3, 234). Martius menciona incluso la preparación de sal vegetal (“que substitui o sal de cozinha” [Ibid.]), que actualmente se utiliza como mezcla alcalina de una pasta de tabaco (ambil) consumida junto con el polvo de coca.

El mambeo no es una práctica que pase fácilmente inadvertida, por tratarse de una planta cultivada, su preparación es pública y emplea instrumentos voluminosos y ruidosos, y al consumirla los cachetes revelan la bola de polvo en los carrillos y los labios y los dientes se pintan de verde. Que estos grupos no sembraran ni mambearan coca a principios del siglo XIX (en cambio, para la misma época, los yagua en el río Amazonas lo hacían) nos sugiere que la dispersión de la coca hacia el norte desde el río Amazonas pudo haber tenido lugar en el transcurso de ese siglo.

Todas las fuentes escritas sobre los grupos del Caquetá-Putumayo de la primera mitad del siglo XX, incluidos los misioneros capuchinos, atestiguan el uso generalizado de la coca.

El Alto Caquetá-Putumayo (al oeste de La Huitocia) parece ser la zona donde dos tradiciones botánicas y culturales de la coca llegaron casi a encontrarse. La tradición de coca amazónica, derivada de la coca boliviana, se difundió de sur a norte, transformando el proceso de preparación y la forma de consumo y adoptando un nombre tupí; para el siglo XVIII ya existe en el Alto Amazonas y para el siglo XX está bien establecida en el río Caquetá, donde casi se encuentra, pero no se confunde, con la otra tradición botánica y cultural de la coca colombiana que de los valles interandinos pasa al piedemonte en el Alto Caquetá-Putumayo.

El uso cotidiano de la coca aparece extensamente reportado en todos los grupos de filiación tucano oriental, desde los cubeo al norte hasta los tanimuka al sur. En estos grupos es frecuente nombrar la coca como kahi o kapi, el mismo nombre que se utiliza para el yagé o ayahuasca (Banisteriopsis caapi). El uso de la coca por estos grupos es muy similar al que hacen los uitoto, bora, andoque y otros grupos de la región del Caquetá. Putumayo, aunque hay algunas diferencias en cuanto a las técnicas de pulverizado (los grupos del Pirá-Paraná emplean un tronco cilíndrico con un palo largo para cernir el polvo, en contraste con las bolsas de tela o corteza empleadas más al sur), en las mezclas alcalinas que se agregan (al norte del Caquetá aparece el empleo de humo o incienso en la ceniza para darle sabor), en las costumbres relacionadas con su uso (por ejemplo, la costumbre de escupir la copa, o su empleo por las mujeres, que se dan al norte del Caquetá y no al sur), y en el uso ritual y significado del mambeadero, sobre lo cual regresaremos más adelante.

El uso reportado entre los yuhup del Bajo Apaporis (Dany Mahecha, comunicación personal) es reciente y fue adquirido de sus vecinos makuna, junto con la yuca y la costumbre de hacer chagras. Probablemente su uso entre los hupda (Fernándes, doc. Web), otro grupo de la familia lingüística Maku-Puinave, es también reciente y adquirido, como un resultado de su sedentarización y el cultivo de plantas. Según el informe de Fernández, para los hupda la planta de coca, que nombran patu, y la planta de carpi (Banisteriopsis caapi) son consideradas “profesores” y se dice que “emergieron juntas cuando el mundo fue creado” (Ibid.).

Los yucuna y matapí, hablantes de una lengua de la familia lingüística arawak, de los ríos Mirití y Caquetá, también utilizan coca de manera muy similar a sus vecinos tucano orientales. Como mencionamos arriba, la palabra yucuna (los matapí perdieron su lengua y hablan la misma lengua yucuna) para coca es hipatu, un préstamo del tupí. También utilizaban coca los resigaro, un grupo arawak ahora extinto, que vivía al sur del Caquetá en medio de los muinane, nonuya y ocaina (cf. Castellví y Delgado, 1944). Este uso de la coca entre los arawak amazónicos es más bien inusual. Los únicos otros grupos arawak que conocemos que utilizan la coca son los guajiros o wayúu de la península de la Guajira, en el norte de Colombia y Venezuela, y los ashaninka al sur, en la frontera peruano-brasilera, pero estos dos grupos la utilizan “mascada” a la manera andina y no en forma pulverizada. El uso de coca entre otros grupos arawak amazónicos no es conocido. En el relato de Koch-Grünberg sobre sus viajes a lo largo del río Negro hasta el Vaupés, el uso de coca en polvo sólo es reportado cuando entra en contacto con los grupos tucano orientales, y está ausente entre los baniwa y otros arawak del río Negro e Isana, que fundan sus actividades rituales alrededor del masato o “cerveza” de yuca.

Hasta aquí parece que llega la difusión del ipadu o coca amazónica. Algunos de los grupos que hemos mencionado, al emigrar a otras zonas han llevado consigo la costumbre de mambear coca en polvo. Es así que en Leticia, ciudad colombiana en el Alto Solimoes, los uitoto, bora y yucuna plantan y consumen coca en polvo, así como los uitoto, bora y ocaina en el departamento de Loreto. Incluso su uso se mantiene entre indígenas amazónicos que han ido a vivir a ciudades como Bogotá, en el altiplano andino, y se ha difundido recientemente en algunos núcleos urbanos.

Esta somera revisión nos lleva a confirmar la sospecha de que el uso de la coca por estos grupos amazónicos tal vez no sobrepase los dos siglos. Sin embargo, la coca es una sustancia cuyo consumo está perfectamente establecido en los grupos del Caquetá-Putumayo y Gran Vaupés, en la vida cotidiana, en la identidad de género, en el universo simbólico, en la mitología y –lo que aquí más nos interesa– en las concepciones de manejo corporal, ético y social.

En esta dirección continuamos nuestra exposición.

La coca en los mitos

Ningún indígena admitiría nuestra afirmación de que la coca y su forma de procesamiento hayan sido adquiridas de otros grupos en tiempos no muy remotos. Al contrario, la coca, junto con el tabaco, la yuca, la piña, los tubérculos y los frutales, están en la fundación misma de la sociedad y la identidad masculina y femenina de estos grupos.

Los mitos o relatos sobre la coca, más que revelarnos sus “orígenes” en términos comparables con los datos historiográficos, nos muestran cómo el uso y significado de esta planta han sido construidos en el conjunto de las prácticas agrícolas, técnicas, culinarias y sociales.

El hecho de que la coca tenga un “mito” no es prueba de su antigüedad, como Schultes argumentaba (cf. Schultes & Raffauf, 1991: 166). Los armamentos y herramientas de acero, el perro mismo, están también ahí en el mito. Son precisamente las cosas nuevas las que sirven a los mitos para con ellas contar historias, esas sí, eternas. Cosas deseables como hijas, armas, coca, sirven para contar historias sobre las relaciones con otros, sus riesgos y las razones para sus éxitos o fracasos –como en los relatos uitoto– o bien para afirmar la posesión por un linaje masculino de esa planta –coca– como en los relatos del norte del Caquetá (barasano y yucuna).

La comparación de algunos relatos míticos de los uitoto y muinane (del sur del río Caquetá) y de los yucuna y barasana (al norte del Caquetá) revelan modos diferentes de representar la coca. Al sur, la coca es representada como una mujer que debe ser seducida; al norte, la coca es el cuerpo de un hombre consanguíneo (hermano, tío). Los relatos míticos del norte del Caquetá enfatizan en la adquisición de la planta y su expresión visible en los campos de cultivo; por el contrario, al sur de este río, el énfasis recae en la adquisición de su proceso técnico de preparación.

En los relatos del norte del Caquetá, la posesión de la planta es enfatizada por la ideología de que cada clan debería tener su propia variedad distintiva de coca. El cuerpo del héroe (Nyake, Kanumá) queda además dibujado en la chagra y de allí saldría la disposición ideal de la plantas de coca entre los cultivos, siguiendo el trazado de las piernas, brazos y pecho del héroe tendido.

Esta historia no se escucha entre los grupos al sur del Caquetá. En los relatos uitoto, la chagra aparece como lugar de recolección de una coca que nació de las liendres del cabello de una mujer o que aparece bajo la forma de malezas y enredaderas, producto del artificio de su dueño.

En los relatos del norte del Caquetá, el desenlace se da en la chagra, y de ahí la señal visible en la disposición ideal de las plantas, recordando la historia; en los relatos uitoto, el desenlace se da en el mambeadero, no en la chagra, y la señal visible de la historia son los procesos técnicos para obtener la coca en polvo.

Más que de obtener la planta de coca, los relatos uitoto nos hablan de la obtención del conocimiento para procesarla.

Hacer coca

Hacer coca es un proceso de enfriamiento o “endulzamiento” de una sustancia potencialmente caliente y dañina. En este sentido la coca es muy parecida a la yuca brava, un tubérculo venenoso que necesita ser “procesado” para volverlo comida “humana” (monifue): sana, procesada, nutritiva. Si en algo la coca se ha incorporado en el mundo amazónico es en el dominio de las técnicas. Más que una variedad de coca (una variedad pobremente adaptada, cuyas semillas no son viables), la tradición de coca amazónica ha inventado un método de procesamiento más complejo que el que pueden requerir las tradiciones andinas de la coca. Probablemente estas innovaciones técnicas tuvieron lugar cuando la planta de coca se alejó de la cordillera andina hacia la planicie amazónica, donde ya no se encontraba piedra caliza, y donde el ambiente húmedo hacía más difícil la conservación de las hojas, además, las concentraciones más bajas del alcaloide de la coca cultivada en tierras bajas invitan a maximizar su aprovechamiento mediante el pulverizado de las hojas, que son ingeridas en su totalidad.

El procesamiento de la coca parece haber recurrido al modelo técnico del procesamiento de la yuca brava (Manihot esculenta), una verdadera tradición orinóquico-amazónica, que puede haberla antecedido en milenios. Las relaciones y simetrías, tanto técnicas como simbólicas, entre la coca y la yuca han sido señaladas por varios antropólogos, principalmente Jürg Gasché (1971) y Christine Hugh-Jones (1979) (cf. también S. Hugh-Jones, 1994, 1995; Karadimas, 2000).

La coca puede ser pensada como “la yuca” de los hombres, escribe Gasché (1971: 322-323) y señala estos paralelos y contrastes entre las dos plantas: (1) las dos son sembradas por estacas, no por semillas; (2) en contraste, de una (coca) se emplean la hojas y de otra (yuca) los tubérculos; (3) y finalmente ambos, tanto hojas como tubérculos, son macerados, tamizados y asados o tostados, pero en distinto orden y empleando instrumentos y movimientos contrastantes. Los tubérculos de yuca son macerados con movimientos laterales ejercidos por un machucador; luego, la masa es separada de su jugo venenoso por medio de un exprimidor vertical; la masa seca es cernida en un tamiz circular con movimientos horizontales, y, finalmente, el polvo tamizado es asado sobre un tiesto que compacta la torta. En contraste, las hojas de coca son primero puestas a asar y secar sobre un tiesto; las hojas secas son maceradas y reducidas a polvo en un pilón con movimientos verticales; las hojas en polvo son mezcladas con ceniza; para terminar, las hojas en polvo con cenizas son tamizadas en un saco o corteza. El proceso de la yuca es: macerar, des-combinar, tamizar, asar; el proceso de las hojas de coca es: asar, macerar, combinar, tamizar.52

Este juego de paralelos e inversiones nos sugiere que la tradición del procesamiento de la yuca brava pudo haber servido de modelo técnico al procesamiento de la coca en polvo. Si bien esto es cierto, la principal homología entre la yuca y la coca la encontramos en sus formas de inserción espacial, social y culinaria. Tanto la yuca como la coca son elaboradas cotidianamente en espacios públicos; la yuca es elaborada por mujeres en las horas diurnas, la coca es elaborada por hombres en horas de la tarde. Los instrumentos de ambos determinan los espacios masculinos y femeninos en las malocas o las casas.53 Los productos de ambos, al ser consumidos (para el caso de los grupos al sur del Caquetá), son acompañados de otra sustancia: el casabe es acompañado de ají y la coca es acompañada de ambil (pasta de tabaco).54

El tabaco (en su forma de ambil) y la coca en polvo son las sustancias básicas del mambeadero de los hombres, así como el casabe de yuca y la olla de ají son las sustancias básicas de la cocina de las mujeres. Pero además, en el mambeadero, el ambil de tabaco ocupa una posición más destacada que la coca; para los uitoto y muinane, la coca sirve para “sostener”, es alimento; el tabaco en contraste es el que “emborracha” (jifaide), es decir, el que inspira a hablar, el que da visiones. Con la coca no se obtienen visiones, porque la coca tiene un espíritu “dócil”, es decir, una fuerza que ayuda al consumidor en lo que quiera que emprenda (bien sea productivo o destructivo), por eso la coca hay que “dietarla” desde un principio para que ese espíritu no se desvíe y se convierta en “vicio”.

El polvo de coca jííbie tiene su sitio perfectamente establecido en el conjunto culinario. La coca y el tabaco son “comida de hombre” (iima guiye), como dicen los uitoto. Tabaco y coca construyen el cuerpo de un hombre, así como yuca, maní, piña y manicuera construyen el cuerpo de una mujer, pero una vez esas sustancias transformadas y endulzadas. Una vez endulzadas, esas sustancias tienen “palabra” (úai); pero no se trata de la palabra o pensamiento de un “espíritu” de una planta, sino de la palabra y pensamiento del mismo cuerpo de quien la ha procesado y consumido. La “palabra de coca” (jííbina úai) habla del trabajo de la chagra, del cuidado de las plantas, de la alimentación, de la reproducción.

La coca es una mujer que se recibe de otro hombre, y también una criatura que nace de esa unión, y la base de cuidar a esa mujer y a esa criatura es el cuidado del propio cuerpo, y el modelo de ese cuidado (palabra de coca) está inscrito en el procesamiento mismo del polvo de coca. Una manifestación de la palabra de coca son los “consejos” (yetárafue en uitoto, fagoji en muinane) para cuidar el cuerpo, particularmente el de un joven que comienza a mambear.

El yetárafue para comenzar a mambear son consejos para cuidar el propio cuerpo, cuidar a una mujer y cuidar a las criaturas que nacen de esa mujer. Cuando un joven comienza a mambear coca, idealmente la recibe de un adulto mambeador, su padre o tío paterno. Un joven puede comenzar a mambear coca, si lo desea, desde que es adolescente. Nunca un joven es obligado o presionado para que mambee; puede tomar la decisión de hacerlo a la edad que quiera. El joven que quiera mambear, antes de siquiera llegar a probarlo debe ayudar a su maestro en todos los trabajos (desyerbar las plantas, recoger leña, sacar yarumo y aprender a hacer solo todo el procesamiento). Luego, para poder decir que es un mambeador, deberá recibir un poco de semilla de coca, hacer chagra, sembrarla y así tener su propia coca.

En estas tareas se recibe el conocimiento sobre la “palabra de coca” que no es otra cosa que una ética de comportamiento cauteloso, respetuoso, laborioso. Esto es yetárafue, palabra de consejo. Mejor dicho, no se necesita mambear para tener “palabra de coca”.

Hermes Ortiz,55 un joven uitoto que ya mambea, narra un mito sobre el origen de la coca que sintetiza su actual proceso de aprendizaje. La coca es “la primera mujer” de un joven, su “primer amor”. Seducir ese conocimiento, que no es otra cosa que el conocimiento de su propio cuerpo, y de establecer relaciones fecundas con los demás, es el modelo de la carrera de un mambeador. Para aprender a tratar ese cuerpo-mujer-coca, el camino es aprender a tratar bien la planta de coca misma. El relato de Hermes pasa por todas las fases del proceso técnico de la coca; cada fase presenta un obstáculo o engaño que es prevenido mediante un comportamiento adecuado y resuelto mediante una “oración” (ji ira).”

Primero, la coca es la hija de Juma. Ahí está la hija, pero él ni la mira. Antes de tomar a la hija, debe desarmar a su dueño. El dueño lo envía a una chagra donde sólo hay matas de rastrojo, con un canasto que nunca se llena. Aunque él tenía un espíritu que le avisaba, fue a preguntar a su suegro qué hacía, porque ahí no había matas de coca. “Os que mais sabem, são os que mais investigam”, subraya Hermes,“há que perguntar”. Con la oración que Juma le enseña, él convierte la capoeira en mata de coca.

Pero él “raspaba” (sacaba las hojas halando, como en los cultivos comerciales de coca) y el canasto no se llenaba. Aquí, el yetárafue (consejo) de coca tiene varias enseñanzas: no se “raspa” (hala) al sacar las hojas de coca para que su conocimiento venga en orden;56 si arranca los cogollos de la planta, le va a doler la cabeza; se comienza a sacar hojas desde la base de la planta hacia arriba, para que así su conocimiento venga desde la base; antes de sacar hay que limpiar alrededor de la planta y retirar con cuidado todos los bejucos que estén enredados, éste es el principio de una oración para un niño que no camina rápido. Estos y muchos más consejos que tienen que ver con la adquisición de conocimientos de vida alrededor de cuidar la planta.

El canasto es el cuerpo mismo del mambeador, y llenar el canasto de hojas es como llenar su cuerpo-canasto de conocimiento ordenado.

Sigue ahora el yarumo, las hojas secas de Cecropia para obtener la ceniza, la mezcla. Estos son árboles de rastrojo, cuya única utilidad es la de sus hojas. De nuevo, el joven pregunta a su suegro y éste le da la oración para que dé unos palos donde hay gavilanes y águilas y caigan hojas secas de yarumo. Por esto es frecuente escuchar que dicen “Voy a matar gavilán” para indicar que se va ir a recoger hojas de yarumo para la ceniza.

La ceniza se obtiene de una planta silvestre. Su dueño es animal, el gavilán cuyas plumas son grises y negras por fuera y blancas y níveas por debajo. La ceniza es tratada dentro de la categoría general de las sales de monte, que tienen un sentido doble: son males y enfermedades (animales), por una parte, y son purísimas, por otra: semen, leche de seno, alimento puro. El tabaco, el otro alcaloide del mambeadero, también necesita una sal, extraída de las cenizas de diversas plantas, para activarse. Los consejos de la ceniza son muy similares a los consejos de la sal, y se centran en la pureza sexual y en el control de los esfínteres. La quemada del yarumo dura unos pocos minutos, y en su resultado se puede leer la pureza de quien colectó y quemó. Si la persona fue a orinar o defecar mientras recogía yarumo, o si ha tenido relaciones sexuales, en la ceniza quedarán partes oscuras y negras, o habrá profusión de chispas y la ceniza se dispersará por todas partes.57

Quemar yarumo parecería ser una tarea simple: poner a arder unas hojas secas. Sin embargo, un yarumo bien recogido y bien quemado es algo muy apreciado porque la ceniza (imue, que es diferente de cualquier otra ceniza) es la “compañera” (yainariya) de la coca, y de ahí viene su fuerza y su sabor. Sin la ceniza, la coca “emborracha” (jifaide). La expresión “yo quemé yarumo en tal maloca” quiere decir que esa persona sabe muchas cosas, porque tuvo muchas oportunidades de aprender al tener una conducta pura.

De ahí sigue la tostada de la coca. Hoy en día se utilizan cada vez más tostadores de metal (blandón) fabricados a partir de los tambores para envasar combustible. Para tostar también se usan una ollas de barro grandes (nogo) o un tiesto plano (zibe) similar a los empleados para asar casabe.

El tiesto de Juma era una boa, y él enseñó a Nuiomare la oración para convertirla en tiesto de barro. Al no tostar rápido, por falta de calor, el “espíritu” le enseña la oración de tostar rápido: y cuando se calentó mucho el tiesto, el espíritu le enseñó la oración más importante, la oración de enfriar.

El tiesto para tostar la hoja es nombrado en la oración como bikaño: “esta tierra, este Mundo, en él estamos nosotros”, dice Hermes, “si cae una hoja fuera, es como si cayera un ser humano”. Ese tiesto donde se asa la coca es concebido como un vientre que contiene toda la humanidad; la oración del tiesto es la misma oración de curar el vientre de una mujer que queda encinta. Su bebé es la coca tostada. Ese “barro” (tiesto, mundo, vientre) se nombra como jirue (“fresco, húmedo”), el nombre del barro que acaba de ser remojado por el agua; como naimeki (“dulce”), el nombre de una planta aromática usada para curar la fiebre de los niños; y como fareka (“yuca de manicuera”), nombre de una variedad de yuca brava que produce un jugo abundante y dulce ofrecido en los bailes para recibir a los invitados. De esta manera se nombra el tiesto, así como se nombra el cuerpo de una mujer. La hoja de coca es, de nuevo, nombrada como fareka (“sabrosa como manicuera”); luego como nimaira, nombre de la planta de la sabiduría; como jebuiyadi, reproducción, multiplicación; y como mooreidi: que tiene padre, es decir, que tiene un linaje.

La coca tiene entonces una madre que es el tiesto en el que se asa, y de ese vientre va naciendo la hoja de coca dulce, sabia y multiplicadora que tiene su padre y su linaje.

Tostar las hojas es la parte más decisiva y delicada de todo el proceso. Aquí puede echarse todo a perder si se queman las hojas por exceso de calor. Las hojas deben tostarse por parejo hasta hacerse quebradizas, pero conservando el color verde. El yetárafue de la tostada se enfoca en el manejo del calor y en el manejo de las hojas.“Lo dicen los Abuelos: / quien tuesta descubre su interior”, sintetiza Urbina (1992: 41).

Sobre la pilada de la coca, el relato de Hermes sólo menciona que “Juma comenzó a pilar”, es decir que esta parte del proceso no fue efectuado por Nuiomare. De los procesos de la coca, la pilada es tal vez el que tiene menos yetárafue, y así la coca puede ser pilada por cualquier persona, joven generalmente, porque es el que más energía demanda.

Al cernir, lo más importante es “probar” (fakade). El dueño o quien esté cerniendo debe probar la coca y escupirla de nuevo en el tarro antes de brindarla a los demás, para que la coca se haga humana y así sea repulsiva a los espíritus de los animales. Si no se prueba, la cernida no rinde y el polvo se va por el aire.

Una vez probada se puede brindar a los demás. Hermes anota aquí un punto importante: “Cuando está recién sacada, el espíritu de la planta va al encuentro de Moo Buinaima [el Padre Creador]. Ese es un momento peligroso, porque la coca no tiene espíritu. Cuando el anciano mambea, ahí vuelve el espíritu, que habla por la boca del anciano. Ahí se consigue la coca”. Juma le entregó a Nuiomare los conocimientos y enseñanzas sólo después de que éste completara todo el proceso: “Después que Juma mambeó, Nuiomare mambeó. Ahí sí Juma mostró su rafue (libro). Repitió todos sus conocimientos”, dice el relato de Hermes. Aquí está invertido el orden habitual (primero mambea quien cierne, luego los otros); al dar de mambear a Juma primero, lo coloca del lado de los animales, a quienes en efecto se les da la primera mambeada, pronunciada como culebra y lombriz podrida, al escupir en el tarro. En cambio, al dar de mambear al “abuelo” en el orden correcto, el espíritu de la coca –que está con Moo Buinaima– regresa y habla por sus palabras.

Hipólito Candre, anciano uitoto del río Igaraparaná, expresa bellamente este punto en la explicación de una oración para curar la fiebre de los niños (Candre y Echeverri, 1993):

Ñoráinuanona ja

Uno lame y

jíibizoma fuemo jutade.

después se echa un poquito de coca a la boca.

Jutádemo ua naimérede ua kaimárede

Al mambear uno siente la coca dulce y sabrosa,

ua komeki zuitade,

se le desata el corazón,

jiyode.

se sana.

Aki dinomo

En ese punto

ja ua

–en verdad–

ie jagiyi ua

su aliento

manaide, naimérede.

ya está frío y dulce.

Ja oni

Ya por aparte

ja jiirafuena

está la palabra

ja fakaye

para pensar esto

uaina ite.

como oración.

Diona manánaitaja ua jíibina manánaitaja jagiyi

El aliento de hacer enfriar el tabaco y hacer enfriar la coca

ja jiirafuena ja ua yiinoga

uno lo recibe como oración

komékimo,

en el corazón

diona jagiyi, jíibina jagiyi.

aliento de tabaco y aliento de coca.

Iedo jizákuru

Con ese aliento, si la criatura

ja ua uzínaia

tiene calentura,

afe jiirado ja jiika,

con esa oración se cura,

dirimabido fuuka.

soplada en un agua de la hierba dirimao.58

Uánona ja jizákuru nóoitaga ñúe,

Uno hace bañar bien la criatura con esa agua,

yezika jizákuru kaimarei nide.

con eso la criatura duerme bien.

Aki diona

Eso quedó

ja finódimie

en el corazón

komékimo ja ua

del hacedor de tabaco

jiirana ja fiébikaide.

como oración.

Manánaiya jiira,

Oración de enfriamiento,

kai komuiya jiira.

Oración de nuestra vida.

Y Ángel Ortiz (2001) resume con estas palabras de su “Canasto de sabiduría” lo que significa “hacer coca”:

ie jira erokai

kai yégonoga diona, kai faitaka jiibina

kai zedaka, raitika, rao ferinoia kai aiñoka.

ua akie izoi nana kai rigarue

riñegarue jiai daje izoi

daamie maijiaza

kai jitai raita naga raa erokai

jiibiroki dioroki kai zedaka

jai monaia dane fekagai kai kugaika

ua naie ifogina mamiaide kai tijika

diona daje izoi

ie ia faidoriñede: “Ua o iñeiye izoi kue ifogi tikonotio”

raiñedeza.

Benomo jai jiibina riadoga

diona jiai daje izoi

iemona jai baieze yinoga reiki

komuiyaiki, jebuiyaiki

ie duiya imuizai

akiemona naimekiiki

farekaiki, jaibikiaiki, dirimaiki, nozekoiki

kominiiki (jebuiyaiki), nimairaiki, mooraiki

monifue jafaiki

ua akie izoi baiba

Miren, lo que nosotros sembramos es tabaco y coca. Nosotros cuidamos, desherbamos, lo envuelvémos en bejuco, lo arrancamos, pues así todo lo que plantamos y lo que no plantamos. Todo es obra del mismo para que no nos falte nada. Miren, las plantas de tabaco y de coca, nosotros las cuidamos. Así, van desarrollando. Volvemos y arrancamos la rama, que representa el brazo. El cogollo representa la cabeza del tabaco que arrancamos. No nos maldicen. “Que te caigas muerto así como arrancaste mi cabeza”, no dicen. En ese momento, Buinaima dio a la coca el Espíritu de poder (como dicen los blancos, poder de articular, poder de legislar). Así también a la mata de tabaco. De ahí, ya se los nombra como candela, calor de vientre materno, calor de desarrollo. Para enfriarlo, se echa cenizas de yarumo. Por eso, es Espíritu de endulzar, dulce de manicuera, dulce de albaca, dulce de lancetilla común, nozekoiki, el lecho, Espíritu de la humanidad, Espíritu de sabiduría, Espíritu creador, Espíritu de armonía y de convivencia, y así sucesivamente. Así, habló Buinaima a nosotros.

Mambear coca

Hacer y mambear coca son actividades cotidianas que consumen buena parte de las horas de la tarde de los hombres. Por lo regular, se puede empezar a tostar coca hacia las cuatro o cinco de la tarde y terminar de mambear hacia la medianoche. No todos los días se hace coca, pero donde hay una maloca o vive un mambeador, todos los días un hombre “se sienta” a mambear en las noches. En el día también se mambea. Un mambeador que tiene su cocal y hace coca habitualmente, siempre tendrá su ración de coca preparada y empleará el mambe inmediatamente después del desayuno para realizar los trabajos del día. El uso de esta coca diurna no se hace “sentado”, sino como un coadyuvante del trabajo físico. Usada de esta manera puede convertirse fácilmente en un “vicio”. Los pescadores del río Caquetá, indígenas y no-indígenas, por ejemplo, utilizan el mambe de coca para permanecer despiertos durante la pesca nocturna, y compran el polvo de coca que consumen en grandes cantidades. Esto se llama “comer coca” (jííbie guiya). El yetárafue de la coca previene para que un mambeador no se vuelva vicioso: cuando comienza a mambear coca, mambea poco, vomita después de mambear, duerme poco, habla poco, come poco, se abstiene de relaciones sexuales, y así se hace un mambeador “dietado” (fimaika). Eso es “mambear coca” jííbie dua.

Para un mambeador la coca “de día”, para trabajar, tiene su base en el manejo de la coca “nocturna” que se mambea “sentado”. En la noche se preparan los trabajos y se “habla” (úúrite) lo que se va a “hacer amanecer” (monáitate) al día siguiente. Las palabras actúan y generan acciones: “palabra-obra”, como Fernando Urbina traduce el vocablo rafue con el que se nombra lo que se “habla” en el mambeadero, entre otras cosas. La Palabra59 rafue de la noche se vuelve acción en el día, ambas partes componen rafue.60

El “ritual” de la coca –es decir, hacer y mambear coca– no es una actividad especializada o restringida; por el contrario, aunque no tenemos cifras exactas, por nuestra experiencia de convivir en asentamientos de los ríos Caraparaná, Putumayo, Igaraparaná y Caquetá, la mayoría de los hombres en edad adulta, sino todos, tienen su cocal propio y hacen y mambean coca con sus propios implementos o los de sus familiares cercanos. Hacer coca y tener ambil son parte de lo que constituye ser una persona social, alguien que sabe “hablar”. Las cosas “serias” se hablan con tabaco y coca.

El consumo del polvo de coca no es considerado como una actividad recreativa, pero tampoco podría ser clasificado como “ritual”, calificativo que sí cabe bien en relación a los “bailes” (rafue) que hacen parte de la “carrera ceremonial” (un conjunto de bailes con una intención definida) de una maloca, en los cuales también se hace coca, entre muchas otras cosas. Pero la coca también se hace cotidianamente. Mambear coca puede entenderse como una práctica cotidiana y ritual de disciplina corporal y moral, que se ejercita por medio del cultivo, cuidado, preparación y consumo de una planta, la coca.

Un hombre “se sienta” a mambear y “habla” (cosas “serias”) para, por lo menos, tres asuntos (este catálogo de funciones del mambeadero no es exhaustivo, pero nos ayuda a entender en qué consiste este “ritual”): (1) proteger y cazar, (2) enfriar y curar, y (3) brindar y dialogar.

El hijo que Nuiomaroi tiene con la mujer-coca es un perro. En el relato de Hermes Ortiz, Juma dice: “Deste momento em diante, os filhos que virá a ter esta geração, os males (doenças) que façam os animais e as criaturas, o que vocês vão conquistar, o conquistará este filho”. La coca es un poder de cacería, un “armamento” que va dirigido contra los “animales y criaturas” que traen males y enfermedades a la humanidad.

El que mambea coca adopta una actitud de alerta, vigilancia y lucha, en primer término, contra los animales y espíritus que ocasionan las enfermedades. Los trabajos agrícolas, además, son concebidos como una actividad contra los dueños del monte y de los árboles que hay que dominar para abrir y plantar una chagra.

El tabaco es también un arma de cacería y un vigilante que releva al mambeador mientras duerme y le agudiza los sentidos. Así lo expresa Hipólito Candre (río Igaraparaná, 1989) hablando de la historia del tabaco:

El ambil puede tenerlo al lado suyo; lamea, echa poquito de coca en la boca, y dice: “Abuelo, usted no duerme, entonces usted va a estar de guardia, yo voy dormir”; usted duerme, él está despierto, como es espíritu. Entonces, ése es que no tiene pereza, nosotros decimos, el que trabaja, éste es el de cacería, el mismo. Pero menos el de la coca, pues. Entonces ese nosotros, nuestros abuelos, pero no éste, el tabaco, sino ese espíritu. Ahora de la coca, es lo mismo. Mambeamos, pero no el que estamos mambeando, ése es cuerpo de ellos, sino el espíritu.

El tabaco es un cazador y lo es en mayor medida que la coca, como lo expresa Hipólito: “pero menos el de la coca, pues”. Además, y coincidiendo con Óscar Román en la cita del principio, Hipólito insiste en que al lamer tabaco y mambear coca es el espíritu el que trabaja, no son el tabaco y la coca mismos, “ése es cuerpo de ellos”. Ese espíritu de coca y tabaco es un arma y una defensa dirigidas contra “el exterior” (jino), es decir, el monte y la “naturaleza”, de donde provienen las enfermedades. Contrapuesto a la naturaleza (jino) está el “aquí adentro” (jofo), que son los espacios humanos, prototípicamente los espacios quemados y transformados de la chagra y el mambeadero. La coca nace de la chagra y es transformada en el mambeadero.

El mambeadero

El mambeadero es, primero que todo, el sitio donde se prepara la coca: jííbie finuano, y de ahí nace su primer nombre en lengua uitoto: jiibibiri “patio de la coca”. Allí está el fogón irai con el tiesto de barro (zibe / nogo) o el blandón metálico para tostar, el pilón de madera (jííbiru) con su machucador jiibigi, y los implementos para cernir: la totuma meriko para mezclar la coca con la ceniza, la olla de recibir la coca cernida (jííbiko? jiibigoi?) y el talego de cernir (jííbikuiro, egokuiro). Pero más importante que todo lo anterior, en el mambeadero se encuentra el sitio de quemar las cenizas (imuizai jobáiyano) que es lo que define el centro del espacio del mambeadero. De allí proviene un segundo nombre del mambeadero en lengua uitoto y otras lenguas del Caquetá-Putumayo; el mambeadero es “el patio de las cenizas” imuibiri.

En las malocas, el sitio del mambeadero está definido por el quemadero de cenizas, el cual se prepara con greda azul (de la misma empleada para hacer cerámica), que no contiene arena de manera que la ceniza quede libre de impurezas del suelo.61 Las cenizas que sobran después de mezclar el pulverizado de hojas de coca permanecen en el centro y son frecuentemente ingeridas por los mambeadores. Pero las cenizas, como todas las sales, tienen un sentido doble, como ya lo anotamos: aunque son un agente activador, si se toman en exceso ocasionan “vejez”.

Como patio de las cenizas, el mambeadero es entonces una “mesa” en donde se comparte alimento, y la ceniza es como la sal de esa mesa. De ahí proviene un tercer nombre para el mambeadero en lengua uitoto: “patio de reunión” gairirabiri. Otro elemento que caracteriza un mambeadero es un conjunto de banquitos (rairabiki) en los cuales se sientan los mambeadores formando un círculo alrededor de las cenizas. El banquito tiene un significado como objeto de mambeadero en los grupos al norte del Caquetá; los banquitos son especialmente preparados y cada mambeador tiene su propio banco “curado” exclusivamente para él. Al sur del Caquetá, entre los uitoto y muinane, el banquito no tiene tal importancia, y a menudo es remplazado por cualquier pedazo de madera. Pero si el banquito como objeto no tiene ningún atributo especial, la posición de “estar sentado” (raiide) sí la tiene. Estar sentado en cuclillas es la posición de un mambeador. Esta posición se puede adquirir sin necesidad de banquito, apoyándose en la planta de los pies.

Un mambeadero puede estar situado en una maloca o en una casa de piso elevado. Cuando es en una maloca, el mambeadero por lo general se sitúa entre los dos postes frontales de la misma. Allí, los hombres del linaje de la maloca preparan su coca utilizando los mismos implementos y la consumen y distribuyen en común. Ocurre con frecuencia que o bien no hay maloca o que habiéndola los hombres prefieren hacer coca en su propia casa y con sus propios implementos. En estos casos el mambeadero se ubica, por lo general, debajo de la casa (si es lo suficientemente elevada)62 o en un cobertizo de hojas de palma preparado especialmente para este fin.

El mambeadero es un sitio de contienda y vigilancia. El tabaco y la coca son nombrados como “armas” (raa) y una persona que está sin tabaco ni coca puede decir: “ando de civil”, es decir, desarmado. Un hombre “sentado” mambea coca para “mezquinar su cuerpo”, traduciendo literalmente la expresión abi raruide (cf. cita de Óscar Román al principio), es decir, proteger su hogar, si es un hombre de familia, o un grupo completo si es un dueño de baile.

Tabaco y coca no sólo defienden o protegen; también son cazadores. Un hombre de familia puede hacer “cacería de tabaco” (diona jiie) para “limpiar” (rafode) el sitio donde va a vivir con su familia. Él tiene que cazar (jiide) los “animales” dueños del sitio, que pueden causar males y enfermedades si son dejados libres. Esto se hace de noche por medio del “diálogo” (úúriya) y “visión” (nikai / jifaiya) y se “hace amanecer” en el “día” (es decir, “en este espacio” bibénedo) en la forma de un animal.63 Un dueño de maloca practica esta misma cacería, pero en mayor escala, en el curso de la construcción de una maloca y en el desenvolvimiento de una carrera ceremonial. Toda la cacería llevada al baile, capturada por los invitados a quienes se les ha enviado tabaco (y no coca), es “cacería de tabaco”, que viene del poder cazador del dueño del tabaco mediado por los invitados que, idealmente, sólo tienen que ir a recoger lo que ya ha sido cazado en el diálogo de mambeadero.

En este sentido, el tabaco es mucho más poderoso que la coca. La coca, sin embargo, ayuda a dar resistencia física y disciplina corporal y moral para los trabajos de defensa y cacería.

Enfriar (manánaitate) y curar (jiide): estas dos palabras resumen la principal función del mambeadero. El mambe es cotidiano porque es la vida humana, en todos sus procesos, lo que constituye su preocupación principal; es decir, los procesos de reproducción, crecimiento, enfermedad, muerte de las plantas cultivadas y los seres humanos. La coca, además de ser un producto de la chagra y ser procesada como los alimentos, habla todo el tiempo sobre el trabajo de chagra y el procesamiento de alimentos. Estos no sólo son los “temas” del diálogo úúriya de coca, sino que son el modelo y el instrumento mismo de ese diálogo rafue. Los trabajos de socolar, tumbar, quemar, sembrar, desyerbar una chagra forman el ciclo anual agrícola y son, además, el modelo para entender el manejo de otras actividades de trabajo.

La base de esta palabra es la oración de enfriamiento, que vimos arriba utilizada para enfriar (curar) el tiesto para tostar coca. Veíamos que esa oración del tiesto es la misma curación del vientre de una mujer. El proceso técnico de la coca es el campo de entrenamiento de un joven mambeador para aprender a cuidar su cuerpo, el de una mujer, el de los niños que nazcan y el de toda una comunidad.

El diálogo cotidiano de un mambeador tiene que ver con enfriar y curar, comenzando por las plantas cultivadas, siguiendo con todos los utensilios (tiesto, pilón, herramientas, canastos, cargueros, ollas, fogón, etc.) y, por último, las personas (mujeres, jóvenes, niños) que son nombradas como plantas: tabaco y coca son hombres, yuca de manicuera, piña, maní, ají son mujeres. Después de enfriar todo enfría su cuerpo y “se sienta como Buinaima”, el “Creador”. En medio de este “diálogo” está revisando si hay enfermedades, accidentes, visitas, señales que requieran la atención de otro tipo de diálogo.

El diálogo de enfriar y curar se va haciendo “amanecer” (monaide) en los trabajos y las obras, y se demuestra con una chagra plantada con todos los frutales, tubérculos, maní, ají, tabaco y coca, y con los niños y nietos que han crecido de esos alimentos y cuidados. Éstas son las “insignias” (fijaiki) y el “collar de dientes” (izife) de un mambeador, como dice Óscar Román en la cita del principio:

aaki dugano aaki

Esto es lo que se llama mambear,

jííbie duano

mambear coca.

aaki nii izi duano

Esto es mambear con collar,

aaki nii ua fíjaiki duano

esto es mambear con insignia

Esto es lo que se brinda en el mambeadero, éstas son las insignias y collares que se muestran, la coca, el ambil, los alimentos, la palabra (rafue úúriya). Pero nótese que este rafue úúriya no es la “narración de mitos” (aunque los mitos pueden hacer parte del diálogo, a manera de ejemplos) sino discursos originales que tienen efectos inmediatos (como en la curación) o mediados por el trabajo o cacería, y que tienen por función cuidar y hacer prosperar el desarrollo de la vida.64

Brindar y dialogar son las funciones que corresponden a un mambeador maduro y en particular a los mambeaderos de maloca. El mambeadero es donde se recibe, se dialoga, se negocia, pero todo esto ocurre dentro de unos protocolos y un uso del lenguaje particulares que hacen que “dialogar” deba ser entendido de una manera diferente, como precisamos adelante.

En las funciones de cazar, defender, enfriar, curar, también se “dialoga”, pero más que todo con seres y entidades naturales y espirituales, con “socie-tura”, para utilizar esta expresión de Jürg Gasché con la que se refiere a ese complejo de naturaleza socializada y sociedad naturalizada.65 En esta tercera función, que identificamos como “brindar y dialogar”, se trata de dialogar con otros seres humanos, se trata de relaciones sociales. En enfriar/curar y defender/cazar, la palabra de coca habla del cuidado del cuerpo propio, el grupo familiar o todo el linaje; en brindar y dialogar, esas insignias y collares (alimentos, hijos) se brindan, se muestran y se intercambian. El mambeadero es un espacio social por excelencia, y en los últimos tiempos se ha vuelto también un espacio político para la organización interna (inter-étnica) y el manejo de las relaciones con no-indígenas.

La carrera ceremonial de una maloca implica el manejo de un circuito de intercambios y prestaciones mutuas que cobran su mayor intensidad durante la preparación y realización de los bailes. La dinámica de los rituales, que demandan grandes labores colectivas manejadas desde el mambeadero, y la inserción de la práctica del mambeo en todo el ciclo productivo y reproductivo cotidiano han creado una verdadera “cultura de mambeo”, con todo un sistema de usos del lenguaje, protocolos y comportamientos.

Estas reglas y protocolos apuntan a la regulación de este espacio de relación entre iguales, que es potencialmente peligroso y conflictivo. El prototipo de esta relación entre pares es la relación entre “aliados ceremoniales” o “contendores de baile” (yainani): dos hombres de linajes o tribus distintas, cada uno siguiendo una misma carrera ceremonial. Los contendores se tratan el uno al otro con extrema formalidad y protocolo y con profusión de prestaciones mutuas. Este tipo de relación formalizada marca y modela toda otra relación entre pares mediada por intercambios de tabaco y coca.

El diálogo de mambeadero es siempre entre dos personas (o entidades); aunque haya muchos presentes y todos puedan oír, el diálogo es entre dos, y con frecuencia puede haber varios diálogos simultáneos. Para dialogar se brinda: se hace lamer ambil (yera metátate) y se hace mambear coca (jííbie dutátate) al compañero. Cuando un hombre brinda su tabaco y su coca puede decir be kue komeki “aquí está mi corazón (pensamiento)”, be kue úai “aquí está mi palabra”.66 Ofrecer ambil y coca a otro en estos términos tiene al menos dos significados: (1) es mostrar una “insignia” que quiere decir que esas sustancias son producto de sus semillas y de su trabajo de chagra; y (2) que esas son sus “armas” (raa) y que no tiene otras. De esta manera se invita a mambear. El primero que brinda ambil y coca es el dueño del mambeadero; de esa manera brinda su pensamiento (de trabajo, o del asunto en que esté ocupado). Quien brinda es el dueño de la palabra; cuando un hombre recibe lo brindado por otro, o bien puede no reciprocar y no entablar diálogo (como cuando el dueño brinda su ambil y coca), o bien presenta los suyos y entabla un diálogo, cuyas características y nivel de formalidad están de acuerdo con las personas involucradas, el tipo de mambeadero (maloca, casa) y las actividades que se están desarrollando (trabajo agrícola, fiesta, curación, visita). Pero bien sea en un lenguaje ritual altamente elaborado o en una conversación en lenguaje ordinario, el diálogo de mambeadero, mediado por ambil y coca, es siempre una competencia (de saberes, de poderes). La etiqueta y el yetárafue de mambeadero mitigan los peligros derivados de esa competencia y por eso el mambeadero es un instrumento político muy potente.

Los diálogos de mambeadero la mayoría de las veces no consisten en un intercambio de ideas, opiniones ni debates. Estos “diálogos” son o bien la elocución de un discurso que es ratificado o complementado por el compañero, o es una medición de fuerzas entre iguales.

Un ejemplo un poco extremo de cómo puede tratarse un asunto en un mambeadero mediante un “diálogo”, lo brinda una situación que uno de nosotros atestiguó en el río Igaraparaná en 1992. Se trata de dos hombres, vecinos y cuñados entre sí; uno de ellos es un viejo que vive en el territorio de su linaje y conoce el manejo y las historias de los sitios de poder del lugar; el otro es un hombre que nació en otro río, también mambeador, quien vive con una hermana del viejo a unos tres kilómetros de distancia. El viejo se enteró de que su cuñado había barbasqueado67 un lago sin haber “hablado” (o bien con los dueños del lago, si sabe, o con alguno de los que sabe hablar, como el viejo), y el viejo estaba muy molesto por esto. Su cuñado lo visita y el viejo le brinda ambil y coca; su cuñado a su vez le brinda los suyos. De inmediato el viejo comienza a narrar un mito, un mito que no tiene nada que ver con el lago, pero que es parte del “canasto” kirigai del sitio (esto quiere decir que ese mito no es sólo una historia, sino que se usa para el manejo de los sitios). El relato del mito tomó casi dos horas. Cuando el viejo terminó, su cuñado tomó su ambil y su coca y se despidió sin decir más. Cuando se le preguntó al viejo que por qué había contado esa historia a su cuñado, él simplemente respondió: “Para asustarlo...”. El cuñado no pudo sostener el “diálogo” y salió derrotado. El viejo le estaba mostrando (más que argumentando) que él era un viviente y conocedor del lugar y por eso contaba una historia del canasto del sitio; al cuñado, aunque bien podía conocer todos los mitos del sitio (incluyendo el que le acababan de contar),68 ninguno le valía, y su única salida habría sido mostrar algo propio, un mito de su territorio de origen (de su “canasto”) que demostrara que él también tenía armas raa. Lo que demostró era que no tenía, y habiéndolo así colocado en su sitio quedó concluido el “diálogo” sobre el lago barbasqueado.

Estos tres grandes grupos de funciones del mambeadero que hemos identificado –defender/cazar, enfriar/curar, brindar/dialogar– tienen diferentes interlocutores y maneras de diálogo. En su función de defender y cazar, el diálogo del mambeador es con la atmósfera, los elementos, los animales, los espíritus. Usualmente estos diálogos, en los que no hay réplica, son consejos o regaños a esas entidades para alejarlas o para que no hagan daño. Un mambeador puede comenzar a hablarle a “la atmósfera” en voz alta para aconsejarla (yetade) o rechazarla (ruifíruite) durante una tempestad fuerte, por ejemplo. En este diálogo utiliza un lenguaje especializado, no sólo en el léxico sino también en las estrategias prosódicas y retóricas.

Este tipo de diálogo con los espíritus puede ser incluso rutinario, como en una maloca que uno de nosotros visitó, donde, después de retirarse la gente del mambeadero, el dueño se quedaba dialogando con su hijo (en tono de mambeadero, donde uno habla y el otro confirma), y luego de retirarse el hijo, el dueño solo seguía dialogando con la atmósfera en voz alta, de manera que todos los que estaban acostados podían perfectamente escuchar.

El diálogo de enfriar y curar es la parte central del diálogo de mambeadero. Esto incluye toda la preparación y realización de los trabajos del ciclo agrícola, la curación de los niños, el consejo, en los mambeaderos de hogar; y los diálogos más formalizados durante la preparación y celebración de los bailes y el manejo de las relaciones con los aliados ceremoniales, en los mambeaderos de maloca. Los fragmentos que hemos incluido al inicio del artículo y al final de la sección anterior son ejemplos de diálogos de mambeadero, en este caso de hombres de hogar, que aunque no están expresamente dirigidos a la celebración de bailes, involucran el manejo de relaciones “sociales” con entidades naturales y espirituales.69

Conclusiones y otras observaciones

Al hablar del mambeadero y del mambeo de coca no se trata tanto de la sustancia o sus efectos (“pintar de verde la boca”) sino de todo el sistema técnico, verbal y ético en el que se soporta el elaborar y compartir esta “comida de hombre”.

A propósito de todo el sesgo masculino de la coca, una palabra sobre la coca amazónica y las mujeres. En los mitos, la coca o bien es una mujer, o una mujer es su dueña, o la coca es adquirida a través de una mujer. En los grupos del sur del Caquetá, o sea los grupos que usan ambil, las mujeres no mambean, o mejor “lo tienen prohibido”. Así lo afirma Plácido Firoratofe, uitoto del río Igaraparaná: “Las mujeres de parte nuestra tienen prohibido mambear, pero si pueden lamer ambil. La fuerza del hombre está en la coca y la de la mujer en el maní, los frutales, el ají”. Al norte del Caquetá, algunas mujeres mambean: “coca is eaten by all adult men and by a few of the older women”, afirma Stephen Hugh-Jones (1995: 51; cf. Hugh-Jones, 1994: 536) refiriéndose a los barasana del río Pirá-Paraná.70 Aunque la mujer tiene su propio “tabaco” (ají) y su propia “coca” (yuca), la exclusión de la mujer del mambeadero ha tenido como efecto su poca participación en los nuevos espacios políticos y organizativos.

De todas maneras el mambeo de coca amazónica es una institución histórica. La coca ipadu es una variedad de la coca peruana o boliviana que, según los indicios que presentamos en la primera sección, sólo se estableció al norte del río Putumayo hasta el siglo XIX. El proceso de hacer coca en polvo, una innovación amazónica, sí tuvo lugar antes, probablemente en la región del Alto Amazonas, con la introducción de procesos e instrumentos utilizados en la elaboración de las tortas de casabe de yuca venenosa.

Si bien su uso puede ser reciente, la coca se ha incorporado en los mitos, en la vida cotidiana y en el universo ceremonial y simbólico de los grupos que actualmente la utilizan. El uso de la coca ipadu consumida en polvo en la cuenca amazónica parece hoy en día limitarse a estas dos regiones que hemos llamado del Gran Vaupés (cuencas de los ríos Vaupés, Apaporis y Mirití, hasta el río Caquetá) y Caquetá-Putumayo (el interfluvio en la parte oriental colombiana), con algunas extensiones al sur y al este, derivadas de migraciones de estos grupos.

Tres mitos uitoto sobre el origen de la coca, comparados con un mito barasano y otro yucuna, muestran un contraste entre el tema uitoto de que la coca es una mujer que hay que seducir, y las versiones del norte del Caquetá (barasano, yucuna), donde la coca nace del cuerpo de un hombre. En el norte del Caquetá el énfasis del mito está en la chagra donde nace la planta. En los relatos uitoto, en cambio, el énfasis está en el mambeadero donde es procesada. Existen otros contrastes en el uso de la coca en estas dos grandes regiones, como por ejemplo que al norte del Caquetá algunas mujeres sí mambean, y la ausencia de ambil al norte del Caquetá, donde es substituido por tabaco en polvo o rapé.

Estos contrastes los hemos dejado apenas indicados o esbozados, porque nuestra discusión sobre lo que significa hacer coca y mambear coca la hemos basado enteramente en nuestras experiencias de primera mano con uitotos y muinanes, de la región del Caquetá-Putumayo.

La elaboración de coca en polvo está asociada a un conjunto de normas de conducta, denominado “consejos” en español, y en uitoto yetárafue (en muinane fagoji). El yetárafue de la coca y su procesamiento –que son la base de la formación de un mambeador– instruyen sobre el cuidado de su propio cuerpo, el cuidado del cuerpo de una mujer y el cuidado de un bebé. La coca y el tabaco son “el primer amor” de un joven. Aprendiendo a tratar y procesar la planta, aprende a cuidarse y a cuidar una familia. Plácido Firoratofe expresa, en términos sencillos, en lo que consiste la formación de un mambeador:

Cuando un joven va a comenzar a mambear debe hacer una dieta especial. No puede comer carne de ningún animal que muerda (como danta, puerco, algunos peces como piraña y otros) durante un mes. El día que recibe la coca por primera vez el padre le sopla la coca y le hace varias advertencias al muchacho. Le dice “no va a ser perezoso, no va a ser rabioso, no va a hacer mal a las personas”. Desde la tarde se sienta al muchacho en el mambeadero, luego a las cuatro de la mañana se lleva al río a bañar y a trabajar. Si él no cumple la dieta “se le forma una bola en el estómago” y eso daña a él. La coca no es juego, se mambea con un propósito. La fuerza que la coca da al hombre le sirve para trabajar, ver por la familia, usándola bien; pero también para hacer mal. Es muy importante la forma en que comience a ser mambeador, debe estar bien orientado. Hay gente que la usa para hacer mal a otras personas.

Cuando un hombre mambea, tiene familia y tiene chagras, ya es una persona social y ya brinda su coca en el mambeadero o, según su capacidad y conocimiento, erige maloca para celebrar los bailes. En el mambeadero se protege a la familia y al grupo, y se da cacería a los males y enfermedades; se enfría el mundo y se curan las plantas, las mujeres y los niños; y se brinda de mambear a otros para entablar diálogos. En el mambeadero el hombre “se sienta” (raiide) y “habla” (úúrite) con los espíritus o con las personas humanas. La práctica cotidiana y generalizada del mambeo y su función central en el sistema ceremonial han dado lugar a lo que podría llamarse una “cultura de mambeo”, con un uso del lenguaje, comportamientos y etiqueta particulares.

Esa cultura de mambeadero es depositaria de una rica y compleja tradición de géneros verbales, con características prosódicas y retóricas elaboradas, que van desde el saludo hasta las invocaciones cantadas. Estos asuntos apenas los hemos tocado en este artículo, pero hemos incluido fragmentos de algunos diálogos de mambeadero a lo largo del texto.

El mambeo de coca amazónica sigue vigente hoy en día como esa disciplina corporal y moral y esa institución nativa de sentarse, brindar y hablar con tabaco y coca, a las que nos hemos referido aquí. Los bailes se mantienen y en varias partes incluso se han reanudado carreras ceremoniales que se habían dejado de lado. El mambeo de coca se ha adaptado a otras esferas sociales y políticas por fuera de los ámbitos del hogar y la maloca.

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La coca: su importancia tradicional dentro de la etnia uitoto

Óscar Román Jitdutjaaño

jae mooma buinaima binie naniemo jibieñana bíjikaide

El Padre Creador antes en esta tierra clavó la mata de coca.

yonera jibieña uakaide

La coca de consejo soltó la palabra,

fidimai jibieña uibirai jibieña

es coca de conocimiento, coca de pensamiento.

meita mooma buinaima uibiriode

Entonces el Padre Creador estaba pensando.

finode iya dieze kai uitoto Amazonas nagini jibieñana komuidikai

Creó todo lo que existe en la tierra de Amazonas de nosotros los uitoto, allí nacimos como mata de coca.

komo birui iñedikai

Nosotros no existimos desde ahora no más,

jae kai afe mairiena kazidikai zairidikai komuidikai

desde mucho antes con esa fuerza despertamos, crecimos, nacimos.

meita mooma buinaima uaido uuritikai

Entonces invocamos igual que el Creador.

afe izoi kai mooroma kaina yofuete eiño yofuete

De esa manera nuestro abuelo nos enseñó, la Madre nos enseñó.

izoide rafue fimaiñena jibieroki uai fimaiñede namaki jagagi uruki nikaibina faidobina buikibina

Así mismo, la gente mitológica que no guardó la palabra de esta coca fue acabada, maldecida, destruida.

aki dinómona bie yetara rafue uai komuide

Desde ahí nació esta palabra de la Ley.

fimaiñenia kakáñenia kueieñe

Si no guarda, si no escucha, no es con uno.

kai komedikai

Nosotros somos humanos,

dami beda uai mooma buinaima daa

pero esa palabra es del Padre Creador.

nieita fimairi onoiri kairi fia daide

A nosotros no más nos dijo: “guarden, entiendan”.

kai raa iimadikai rainana jatamo mairie rafuena iinano

Nosotros como hombres nos sentamos en el hacha, ese es el poder que nos dieron.

aki daiitade rafue birui jifanodoina yaguedoina

De esa manera, hoy en día esa palabra la tomaron como juego, como burlándose.

meita kai, kaiñe, yetara uai uaitatemo eroide

¿Acaso somos nosotros? Nosotros no, esa palabra está contra el que se burla.

ie mei kai jibie dutikai

Entonces, nosotros mambeamos coca,

afe uaido uruena yotikai jitokomena yofuetikai

con esa palabra enseñamos a los niños y a los jóvenes,

rairuidikai finodotikai jiirana ikoriyana

aconsejamos, instruimos, sanamos, curamos.

iyaima uai nimairama uai

Esa palabra de capitán, palabra de sabio,

jae manotofe uruki fuitakaide

acabó con los seres mitológicos.

ia bie fuiñede jiibiroki uai komuiyano kioñena

Esa palabra no se acaba y su principio no se ve.

moomana uria mooma buinaimana fimairi daide

Ellos envidian al Padre, por eso dice: “hay que guardar, dietar”.

fimaiñenia daama komedino figo iiri daide

Si no guarda, es asunto suyo. Tiene que estar alerta, dice.

mooma buinaima eifoki

La huella del Padre Creador,

mooma buinaima iogobe

el camino del Padre Creador,

kai makayena ite

está para nosotros caminar.

afe io anamo raiafo iñede

En ese camino no existe la sepultura.

fui komuite monifue uruki makaye iogobe daide

Por ese camino caminará la futura generación de vida, dice.

jakinide egi iñede idi uai fuiñe

No es miedoso, no hay espina, esa palabra no se acaba,

nii jiroka monoibi jibieña jofokafai taijide raarite

es como tomar leche del seno, esa coca es como construir vivienda, como tumbar monte para hacer chagra.

jae kai afedo taijie nibai okuidikai yiiidikai

Nosotros con eso mandamos a trabajar, sostenemos, manejamos,

urukina yotikai rafuena uidanotikai

enseñamos a la gente y la guiamos.

afe Colombia uai

Esa es palabra de Colombia,

meita antropologo dute ñuea

entonces el antropólogo mambea,

benomo Bogotamo ja maloca ite

ya aquí en Bogotá hay maloca,

afe kai yainanimo fekaitikai

y asimismo a los socios vamos a repartir esa costumbre.

Alicia Sánchez

ringo mairie diona

El tabaco es el símbolo de mujer

jaedi ringo komuiya

Cuando la mujer fue creada,

eiño yiinoga rafue mairie

la Madre recibió el poder,

eiño rainana nanomona tiafairi

la Madre se sentó en el rallador de yuca.

e riado fiokie yaroka

Ese es su poder, virtud, valor.

ie eiño fimaide iyuire komuide

Eso es lo que la Madre guardó, y así nació con toda potencia y sabiduría.

nii jibieña nabaina komuide

Él creó la compañera de coca [el tabaco].

buuka daama komuide

¿Quién nació solo?

nabaire mameki diona

La coca nació con su compañera que se llama tabaco.

fimairi daide

“Hay que guardar”, dice.

kai abimo ite onoñedikai

Esa herramienta está en nuestro cuerpo y no nos damos cuenta.

meita afe diji joverikaiyari ibábite

Entonces en ese flujo de menstruación cayeron,

buikidaite urukina komuiñei daide

fueron destruidos; esa palabra persigue a los que no dejan crecer a la gente,

uaimo eroide zaireñei daidemo eroide

a los que dicen que no vamos a aumentar.

izoide rafue eiño kiotaina eiño jiruidoina jeire ote

Entonces, la madre aceptó la seducción,

iadi duiko daidikai

pero nosotros por no entender decimos que es enfermedad (nocivo).

aki bidu ringo rafue rakino uai fimaiadi ñuera

Ahora, si a esta mujer humana la guardamos, es bueno.

akie izoide eiño mooma buinaima uai fimaide

La Madre guardó la palabra del Padre Creador.

nagane jiirana ite

Es oración de curación,

mozira uai yiira uai

palabra de frenar, palabra de recibir.

eiño muaida fitoimo ite aifoi

El sexo de la Madre es venenoso,

eiño fitoimo omoki jaibirai eima ite

en el sexo de la Madre hay conga, serpientes, majiña,

eiño fitoi muaidamo iaizai ite

en el sexo de la Madre hay sal (de amor y de destrucción).

akie rakino fimaidikai jibieña diona

Esa ciencia de coca y tabaco la guardamos.

dinori buudi kaina ruifiruiñe

De ahí, entonces, nadie nos está rechazando,

akie yetara uai ruifiruitiaioi

es a esta palabra de consejo que están ellos rechazando.

buudi kuena ruifiruiñe

Nadie me rechaza.

dionana eiño jiirana komuide

La oración de la madre nació del tabaco,

naimere komuide

nació dulce,

eiño tirakaiño eiño chapenuiño eiño farekaiño

madre de tiraka, madre de chapenui, madre de fareka,

uai farede fikaka izoide

su palabra es amorosa, bien sazonada.

eiño monimagiza rakino rafue

Es como la historia de la Madre de los cultivos (la mamá de Jitoma),

biniri rainade nibainino

en este suelo se asentó invencible,

uai jagiyi naimere fuuriode

dulcemente sopló (suspiró) ese aroma.

kue daide namaki kuena ruifiruiñe

Los que son orgullosos a mí no me despreciaron.

fimaiñena namakimo fienino diona jayede

Este aroma de tabaco le cae mal a los que no guardaron.

birui jae kai komuiñenia ite

No es de hoy en día, desde mucho antes está esa palabra,

iadi birui itikai tiiñedikai

sin embargo, hoy existimos, y no morimos,

bie monamona bati onoñedikai

y de esta fecha para adelante no conocemos.

Socialización de la hoja de coca

David Curtidor

Resguardo indígena de Calderas, Tierradentro, Cauca.

La coca no es delito ni pecado. Foto tomada durante la posesión del gobernador Floro Alberto Tunubalá, durante la cual se hizo un brindis con bebida aromática de coca

Antecedentes

A partir del año 2000, comuneros del Resguardo de Calderas en Tierradentro, Cauca, iniciaron el proyecto de socialización de la hoja de coca entre la población colombiana. Se trataba de recuperar el uso generalizado de esta planta, como sucedía hasta hace pocos años, antes de que la llamada lucha contra las drogas generalizara el concepto de equiparar la hoja de coca con la sustancia clorhidrato de cocaína, que es un alcaloide que se extrae después de un complejo proceso químico a partir de hojas de coca y otras sustancias.

La venta informal de tisanas para la preparación de aromática o té de coca tuvo una extraordinaria acogida y poco a poco ganó terreno en el mercado informal del territorio colombiano. Al mismo tiempo, se iniciaban las gestiones legales para demostrar la viabilidad de la venta de las aromáticas como parte de una tradición de los pueblos indígenas, quienes utilizan la hoja de coca como elemento fundamental de comercio al interior de las comunidades y en su relación con la sociedad mayor.

El proyecto, que lleva al menos cuatro años, no pretende extrapolar el uso que de la planta hacen las comunidades indígenas, pues ella reviste para las comunidades un carácter ritual y sagrado, que en un contexto diferente al de la comunidad pierde, en buena medida, su razón de ser. Por esto, aprovechando las enormes bondades de la hoja de coca y estudiando las diferentes aplicaciones terapéuticas sobre las cuales existe una cantidad importante de bibliografía, se decidió que una buena manera de hacerla conocer era empacándola de tal forma que se pudieran preparar infusiones para tratar diversos problemas y usarla como bebida, al igual que se hace en otros países del sur de América.

A finales del 2002, se obtuvo por fin la autorización legal para la venta de este producto y a partir de esa fecha inició una nueva etapa en la consolidación de esta empresa que ha logrado varios de los objetivos políticos y comerciales que se trazó inicialmente, como son:

Lograr la reivindicación de la planta de coca como un recurso natural, diferenciándolo del alcaloide clorhidrato de cocaína.

Crear un mercado en el territorio colombiano para el consumo de alimentos a base de hoja de coca, habiendo empezado con las tisanas.

Demostrar a las autoridades públicas su aceptación y alcanzar la posibilidad de explotación económica de la hoja de coca por los pueblos indígenas.

Haber desarrollado principios constitucionales no aplicados anteriormente para obtener autonomía política y administrativa en los territorios indígenas en cabeza de sus autoridades y en su relación con otras autoridades públicas.

Se consolidó una empresa autónoma potencialmente sostenible, sin la intervención de recursos o apoyos de ningún tipo, ajenos a la propia comunidad.

Se generó un espacio de resistencia económica ante la intervención de actividades ilícitas en el territorio de Tierradentro.

La coca en Tierradentro

Para la mayoría de los habitantes de Tierradentro, los nasa, la coca es una planta fundamental en la parcela o en la huerta casera. En la tradición de esta cultura la coca es vital, pues es básica en los trabajos tradicionales guiados por los sabios de la comunidad, es alimento y alivio espiritual que nutre a los nasa a partir de los ocho años, que es el momento en el cual los niños asisten a las faenas agrícolas con los padres. La coca es moneda de intercambio, planta medicinal para aliviar diversos tipos de dolencias y símbolo de hermandad y fraternidad, no se puede prescindir de ella en el Nasa Tül, pues es indispensable para la fertilidad de la tierra y para lograr buenas cosechas.

Además del uso de las hojas para ser masticadas directamente como se describe atrás, también se preparan infusiones para aliviar estados diarréicos, dolores locales, cólicos menstruales y estomacales y otras dolencias.

En resumen, la coca ha sido para los nasa la base de la alimentación, de la cultura por la importancia ritual, y de la terapéutica propia, por ello se cultiva y se mantiene cerca de la casa, en el Nasa Tül.

Se utiliza el concepto del Nasa Tül para referirse al lugar de donde proceden los principales productos de pan coger de la dieta y en él se encuentran tanto los árboles frutales como las hortalizas y los productos que están destinados a la venta para la obtención de ingresos monetarios como el café. Es en este espacio en el cual se encuentran las plantas de coca.

En Tierradentro, en el territorio de los resguardos indígenas, no existen grandes plantaciones de coca como tales, existen plantas de coca, ubicadas físicamente en el Nasa Tül, espacio de producción y explotación agrícola. Estas plantas juegan un papel fundamental en el pueblo Nasa y en la interacción social de su gente. Sin la coca no sería posible el trabajo de los Të Wálas, baluartes fundamentales de la cultura, como tampoco se podrían concebir las duras faenas agrícolas, cuya rudeza es soportada con la práctica tradicional del mambeo.71

Debe anotarse, de manera especial, que la producción de tisanas requiere que una vez se ha recolectado la hoja de coca, ésta sea sometida a deshidratación mediante secamiento con los mismos métodos tradicionales, pero con un mejor manejo de las condiciones de salubridad. Esto último impide que las hojas se puedan usar en la producción del clorhidrato de cocaína, por ello necesariamente este proyecto compite en la compra de los excedentes no usados culturalmente y que de alguna manera son una extensión de la práctica tradicional.

ubicación del proyecto

Se denomina Tierradentro a la zona nororiental del departamento del Cauca, conformada por los municipios de Páez e Inzá, sitio en el cual se encuentran asentados los indígenas nasa. El territorio de Tierradentro tiene una extensión de 2.695 kilómetros cuadrados, de los cuales aproximadamente 1.509 kilómetros son territorio indígena, es decir resguardos y asentamientos indígenas que tienen un tratamiento jurídico especial tanto en la forma de propiedad, que es colectivo e inalienable, como el régimen mediante el cual se ejerce la autoridad por las formas tradicionales de los nasa.

El territorio indígena se concentra en veinticuatro resguardos y asentamientos, estos últimos son espacios geográficos que a pesar de que no están constituidos legalmente como resguardos, están en proceso o ya han sido declarados propiedades colectivas en los términos de ley.

La población de estos dos municipios es cercana a los cincuenta y cinco mil habitantes, de los cuales el 70% es nasa con la presencia minoritaria de guambianos y afrocolombianos, los primeros ubicados en las zonas altas del Páramo de Moras y la población afrocolombiana en las zonas de antiguas minas de sal en el municipio de Páez.

erradicación o prevención

La iniciativa del Resguardo de Calderas en producir aromáticas de coca, surgió en un momento político muy especial, pues por aquel entonces se anunciaba la puesta en marcha de una serie de experimentos realizados por laboratorios privados de Estados Unidos y por imposición del gobierno de ese país, para la introducción del llamado hongo Fusarium Oxisporum, que tenía como consecuencia directa la supuesta destrucción de todas las plantas de coca en el territorio de Colombia.

Es necesario entonces resaltar las implicaciones políticas de recuperar el uso generalizado de la hoja de coca en medio de lo que se ha denominado la “Guerra contra las drogas”, que es el nuevo nombre adoptado para la intervención política y militar de los Estados Unidos en Colombia y que con torpeza propone simplemente destruir un valioso y sagrado recurso natural, que es por supuesto un legado de los pueblos indígenas de los Andes y la Amazonia a la humanidad.

No es posible erradicar la coca de las comunidades indígenas por tres condiciones fundamentales:

Razones de índole cultural. Éste es quizá el argumento de mayor peso que explica por qué no es posible que se erradique la coca, pues esta planta es fundamental en la cultura Nasa, tanto por su importancia ritual, que juega un papel preponderante en la cosmovisión por permitir entre otras cosas, ser puente de comunicación de los Të W’alas (sabios tradicionales) con las fuerzas de la naturaleza, como por los usos y aplicaciones terapéuticas que tiene.

Razones jurídicas. El Estatuto de Estupefacientes previó en su articulado, en particular el 7º, que le es permitido a los indígenas rebasar en términos de cultivos lo que se denomina plantación.72 De esta manera la ley permite el cultivo; en consecuencia, resultaría un contrasentido y violaría la normatividad vigente la erradicación de las plantas de coca en zonas indígenas. El Ministerio de Salud ha expedido una importante legislación que estimula y promueve la utilización de medicinas tradicionales y terapias alternativas para el cumplimiento de los preceptos constitucionales que obligan al Estado colombiano a la protección de la diversidad étnica y cultural de la nación.73

Por otra parte, el corpus normativo que se desprende de la vigencia de la Constitución de 1991, va mucho más allá e incorpora tratados internacionales, como el Convenio 169 de la OIt sobre pueblos indígenas y tribales, que reconoce y permite la promoción de las prácticas curativas propias de estas culturas, entre otros principios y el parágrafo 2º del artículo 14 de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, aprobada por la Conferencia en su sexta sesión plenaria, celebrada el 19 de diciembre de 1988 en Viena, Austria.

Razones económicas. Aunque es una verdad de Perogrullo, no es posible erradicar cultivos ilícitos sin que a la par se puedan generar productos o iniciativas económicas que sustituyan, en igual o mayor proporción, los ingresos que dejan esas actividades, de tal manera que la erradicación forzosa o concertada, está destinada al fracaso de no solucionar este aspecto. Para el caso particular de Tierradentro la propuesta de eliminar cultivos de coca no tendría sentido alguno si se atiende a que son el pilar del sistema económico y social propio del pueblo nasa y que sólo por excepción hay una pequeña producción de productores de ilícitos y, por lo general, localizados fuera de los territorios de los resguardos indígenas.

elaboración de aromáticas de coca y otras plantas

La elaboración de aromáticas de coca es fundamentalmente un ejercicio que permite mostrar que es posible que las comunidades se apropien de los plusvalores generados en la explotación de un recurso propio, participando en toda la cadena de producción y comercialización.

La generación de un mercado de aromáticas de coca ha abierto la posibilidad de explotar otro tipo de recursos provenientes de Tierradentro, como son otras plantas medicinales o aromáticas, frutas, que bien se pueden comercializar en combinación con las aromáticas de coca o de manera individual. Existe también la posibilidad de generar extractos de las plantas propias, en asocio con instituciones de investigación, que permitan otras posibilidades comerciales que a su vez exigen mayor elaboración y capacidad técnica, esto contando previamente con los permisos de las autoridades propias, quienes definirán en conjunto con los médicos tradicionales si es o no conveniente la explotación de algunas de esas plantas o frutos.

Iniciar un proceso de eliminación de cualquier posibilidad de producción de narcóticos a partir de los excedentes de hoja de coca no consumidos por la comunidad, con la compra de la hoja, a un precio levemente mayor del que pagarían los productores de bazuco o clorohidrato de cocaína, y de esta manera generar ingreso rentable a las comunidades.

Montar plantas de secado de productos vegetales que permitan comprar, en grandes cantidades, plantas, hortalizas y frutos diversos producidos por las comunidades beneficiadas con el proyecto. La comercialización de las aromáticas está garantizada dado el canal de producción con el que se cuenta en la actualidad. Las plantas secadoras pueden ser utilizadas también en el proceso de elaboración de extractos de otros productos vegetales.

Población beneficiada

Son los habitantes de los municipios de la zona de Tierradentro que se encuentran en los resguardos en los cuales se cultiva la planta de coca:

Costos de la cadena productiva

Cosecha: la coca es un arbusto que alcanza alturas hasta de dos metros; se cosecha exclusivamente su hoja cada tres meses, y la forma cuidadosa como se obtienen sus hojas permite que la planta alcance edades superiores a los diez años y produzca cosechas abundantes.

La mano de obra necesaria para mantener en un año un cultivo menor de la extensión que tienen los comuneros de las parcialidades indígenas es el siguiente: El costo de venta de ciento cincuenta plantas, que producen 17,2 arrobas por año, es de $722.400, a razón de $42.000 por arroba, que significan de $3.000 a $4.000 adicionales por encima del valor de compra de los usos ilícitos:

De conformidad con lo anterior la siembra y cosecha anual de ciento cincuenta plantas puede arrojar una utilidad de $324.400. Esta utilidad puede variar positivamente en la medida en que el precio se incremente por la demanda del presente proyecto.

Acopio y deshidratación del producto: en esta fase del proceso se requiere un tratamiento a la hoja inmediatamente se cosecha con el fin de que produzca el sabor característico de la variedad de Tierradentro y evitar que la hoja se pudra. Se insiste en recordar que la hoja una vez deshidratada queda inutilizada para la producción de cualquier base de la que se puedan obtener alcaloides.

En este ítem se considera el transporte del material deshidratado y procesado a la planta de envasado en la ciudad de Bogotá.

El cuadro de costos es el siguiente por cada 6 arrobas de hojas:

Empaque y distribución de las aromáticas: en razón de que la comunidad no contaba con la experiencia que se requería para cubrir esta parte del proceso, fue necesario acudir a una empresa especializada en el empaque de este tipo de productos, con esto se solucionaron entre otros los siguientes problemas:

Se resolvió la dificultad de ingresar en un mercado competitivo en este tipo de productos.

Se ganó la experiencia que ya posee el empacador.

Se evitaron los costos que implica el montaje de una planta nueva.

Se garantizó calidad de producto por las buenas prácticas de manufactura certificadas por las autoridades sanitarias.

Se evitaron los costos de mantenimiento de equipos.

No se requirió del montaje de infraestructura altamente costosa.

Se pagó por producto terminado.

Los costos en que se incurre por cada mil cajas:

Resumen de costos por cada mil cajas. El valor final al distribuidor por cada caja se ha establecido en $1.800, lo cual significa que para mil cajas el valor de ventas es de $ 1’800.000:

Conforme a lo anterior se estima que la utilidad bruta por cada mil cajas del producto es de $560.000. De esto se requiere descontar los costos de administración y la amortización de las inversiones realizadas hasta el momento por los iniciadores del proyecto.

Legalización de la aromática de coca

A continuación se presenta el sustento normativo que permitió la expedición de la Resolución 01 de 2002 de la Asociación de Cabildos Indígenas Juan Tama. Esta resolución se elaboró a partir de un acuerdo verbal con la Dirección Nacional de Estupefacientes y la Consejería para la Seguridad Nacional durante la presidencia de Andrés Pastrana Arango.

Constitución Política

Artículo 2º. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Artículo 7º. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana.

Artículo 330º. De conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades y ejercerán las siguientes funciones:

Velar por la aplicación de las normas legales sobre usos del suelo y poblamiento de sus territorios.

Diseñar las políticas y los planes y programas de desarrollo económico y social dentro de su territorio, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo.

Promover las inversiones públicas en sus territorios y velar por su debida ejecución.

Percibir y distribuir sus recursos.

Velar por la preservación de los recursos naturales.

Sentencias

La sentencia C-139 del 9 de abril de 1996, de la Corte Constitucional, precisó en torno a la jurisdicción especial indígena, entre otros aspectos, los siguientes:

... El reconocimiento constitucional de la jurisdicción indígena.

El proceso participativo y pluralista que llevó a la expedición de la Constitución de 1991, en el que intervinieron directamente representantes de las comunidades indígenas, dio lugar al reconocimiento expreso de la diversidad étnica y cultural y a su protección efectiva mediante la creación de una jurisdicción especial indígena. En efecto, el artículo 1 de la Carta consagra el pluralismo como uno de los pilares axiológicos del Estado social de derecho colombiano, mientras que el artículo 7 afirma que “el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana.

El Artículo 246 de la Constitución Política, por su parte, establece la jurisdicción indígena:

El análisis de esta norma muestra los cuatro elementos centrales de la jurisdicción indígena en nuestro ordenamiento constitucional: la posibilidad de que existan autoridades judiciales propias de los pueblos indígenas, la potestad de estos de establecer normas y procedimientos propios, la sujeción de dicha jurisdicción y normas a la Constitución y a la ley, y la competencia del legislador para señalar la forma de coordinación de la jurisdicción indígena con el sistema judicial nacional. Los dos primeros elementos conforman el núcleo de autonomía otorgado a las comunidades indígenas –que se extiende no sólo al ámbito jurisdiccional sino también al legislativo, en cuanto incluye la posibilidad de creación de ‘normas y procedimientos’–, mientras que los dos segundos constituyen los mecanismos de integración de los ordenamientos jurídicos indígenas dentro del contexto del ordenamiento nacional....

En relación con la vigencia de la mencionada jurisdicción la Corte dijo en la misma sentencia:

No es cierto, entonces, como lo afirman los demandantes, que la vigencia de la jurisdicción indígena esté en suspenso hasta que se expida la ley de coordinación con el sistema judicial nacional. La Constitución tiene efectos normativos directos, como lo ha afirmado esta Corte reiteradamente, de tal manera que si bien es de competencia del legislador coordinar el funcionamiento de la jurisdicción indígena y la jurisdicción nacional, el funcionamiento mismo de ésta no depende de dicho acto legislativo.

Sentencia nº C-176/94

No se pueden colocar en el mismo plano la planta de coca y los usos lícitos y legítimos que de ella se han hecho y se pueden hacer, y la utilización de la misma como materia prima para la producción de cocaína. Esta diferenciación entre la hoja de coca y la cocaína es necesaria puesto que numerosos estudios han demostrado no sólo que la hoja de coca podría tener formas de comercio alternativo legal que precisamente podrían evitar la extensión del narcotráfico, sino además que el ancestral consumo de coca en nuestras comunidades indígenas no tiene efectos negativos.

Leyes

Ley 21 de 1991: Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76ª reunión de la Conferencia General de la OIt, Ginebra, 1989.

Artículo 7º. 1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.

Ley 30 de 1986: Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes y se dictan otras disposiciones.

Artículo 7º. El Consejo Nacional de Estupefacientes reglamentará los cultivos de plantas de las cuales se produzcan sustancias estupefacientes y el consumo de éstas, por parte de las poblaciones indígenas, de acuerdo con los usos y prácticas derivadas de su tradición y cultura.

Ley 67 de 1993: Por medio de la cual se aprueba el Convenio de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas. Suscrito en Viena, diciembre de 1988.

Artículo 14º. Medidas para erradicar el cultivo ilícito de plantas de las que se extraen estupefacientes y para eliminar la demanda ilícita de estupefacientes y sustancias sicotrópicas: (...)

Cada una de las partes adoptará medidas adecuadas para evitar el cultivo ilícito de las plantas que contengan estupefacientes o sustancias sicotrópicas, tales como las plantas de adormidera, los arbustos de coca y las plantas de cannabis, así como para erradicar aquellas que se cultiven ilícitamente en su territorio. Las medidas que se adopten deberán respetar los derechos humanos fundamentales y tendrán debidamente en cuenta los usos tradicionales lícitos, donde al respecto exista la evidencia histórica, así como la protección del medio ambiente.

Ley 691: Mediante la cual se reglamenta la participación de los grupos étnicos en el Sistema General de Seguridad Social en Colombia.

Artículo 4°. Autoridades. Además de las autoridades competentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud, serán para la presente ley, instancias, organismos e instituciones, las autoridades tradicionales de los diversos pueblos indígenas en sus territorios, para lo cual siempre se tendrá en cuenta su especial naturaleza jurídica y organizativa.

Decretos

Decreto 1088 de 1993: Por el cual se regula la creación de las asociaciones de cabildos y/o autoridades tradicionales indígenas.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 56 transitorio de la Constitución Política, y considerando:

Que la Constitución Política en su Artículo 56 transitorio facultó al gobierno para dictar normas relativas al funcionamiento de los territorios indígenas mientras se expide la ley a que se refiere el Artículo 329 de la Carta;

Que el nuevo ordenamiento constitucional ha establecido una especial protección para las comunidades indígenas;

Que la Ley 89 de 1890 facultó a los cabildos indígenas para administrar lo relativo al gobierno económico de las parcialidades;

Que las nuevas condiciones de las comunidades indígenas en el país exigen un estatuto legal que las faculte para asociarse, de tal manera que posibilite su participación y permita fortalecer su desarrollo económico, social y cultural.

Artículo 3°. Objeto. Las asociaciones que regula este Decreto tienen por objeto el desarrollo integral de las comunidades indígenas.

Para el cumplimiento de este objeto podrán desarrollar las siguientes acciones:

Adelantar actividades de carácter industrial y comercial, bien sea en forma directa, o mediante convenios celebrados con personas naturales o jurídicas;

Fomentar en sus comunidades proyectos de salud, educación y vivienda en coordinación con las respectivas autoridades nacionales, regionales o locales y con sujeción a las normas legales pertinentes.

Diario Oficial nº 45.029

Resolución 001 29/06/2002

La Asociación de Cabildos “Juan Tama”, en uso de las facultades que la Constitución Política y las leyes de la República de Colombia le conceden y atendiendo la solicitud presentada por el Resguardo de Calderas en la zona de Tierradentro, Cauca, para permitir la comercialización del producto aromática a base de hoja de coca, y considerando:

Que en diferentes momentos, las comunidades indígenas del Cauca reunidas en congresos, que son la máxima instancia de dirección, se han pronunciado en defensa de la hoja de coca y la necesidad de mantener el consumo tradicional de esta planta.

Que la persecución indebida e ilegal del cultivo de las plantas de coca que con fines tradicionales tienen los comuneros indígenas en sus territorios, ha propiciado que poco a poco se haya ido perdiendo la sana costumbre del mambeo y, en general, del uso tradicional de esta planta sagrada.

Que las leyes de la República de Colombia reconocen el uso legal y tradicional de la hoja de coca por los pueblos indígenas y el derecho a cultivar la planta, en especial el Artículo 7° de la Ley 30 de 1986 y el Artículo 14 de la Ley 67 de 1993, que su consumo es generalizado en la población colombiana y que existen posibilidades enormes de industrialización con fines benéficos.

Que corresponde a las autoridades tradicionales indígenas la defensa y preservación de los recursos naturales en sus territorios de conformidad con lo establecido en la Constitución Política, especialmente el numeral 5 del Artículo 330 y que la explotación de dichos recursos no atente contra la integridad sociocultural y económica de nuestros pueblos.

Que el trabajo que adelanta el Resguardo de Calderas recuperando el uso generalizado por la población colombiana de la hoja de coca con la producción de aromáticas, no violenta normas del derecho propio o del ordenamiento jurídico colombiano o los pronunciamientos de nuestras máximas instancias y autoridades y que por el contrario recuerda una costumbre generalizada del uso adecuado de esta planta.

Que la Constitución Política de Colombia en su Artículo 330, la Ley 21 de 1991 en particular el Artículo 7°, el Decreto 1.088 de 1993 en su Artículo 3° y la Ley 691 de 2001 en especial su Artículo 4°, facultan a las autoridades propias para resolver la solicitud presentada por el Resguardo de Calderas.

Que los estatutos de la Asociación de Cabildos Juan Tama, en los literales b) y f) del Artículo 3° la facultan para propiciar empresas que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las comunidades asociadas entre ellas las del Resguardo de Calderas, con programas de protección de recursos naturales y medio ambiente.

Que el Resguardo de Calderas presenta documentos donde consta el apego a la ley de las plantas cultivadas en territorio indígena, sobre la inocuidad del consumo de hoja de coca y la favorabilidad que dan a esta iniciativa diferentes autoridades de la República como la Defensoría del Pueblo y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, certificaciones de reconocidos científicos e instituciones, que avalan el uso legítimo de esta planta. Y que en el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional en diversos fallos y en especial la sentencia 176 de 1994.

Que se hace necesario encontrar alternativas de comercio a la hoja de coca que sean rentables en la medida que las diversas organizaciones y comunidades han ejecutado acciones tendientes a desalojar de los territorios indígenas a personas y grupos al margen de la ley que usan la hoja de coca como insumo para la producción de sustancias estupefacientes y que la comercialización de las aromáticas cumple adecuadamente con el papel de reemplazar los ingresos ilícitos por ingresos lícitos.

Que la producción y comercialización de aromáticas con base de hoja de coca no violenta ninguna práctica cultural de la comunidad Nasa de Tierradentro y por el contrario recupera uno de los usos ancestrales de la planta tanto en nuestras comunidades como en el resto de la población colombiana.

Por todo lo anterior,

resuelve:

Otorgar al Resguardo de Calderas en la zona de Tierradentro, Cauca, el permiso para la utilización de la hoja de coca producida en los territorios indígenas, para la producción de aromáticas de acuerdo con la solicitud presentada por el gobernador del Resguardo.

Solicitar a las autoridades sanitarias nacionales y del departamento del Cauca la verificación del cumplimiento de las normas fitosanitarias en la producción de las aromáticas de acuerdo con las facultades que corresponden a esas entidades, sin detrimento de la presente autorización.

La presente resolución faculta a la comunidad de Calderas para la compra, transporte y comercialización de la hoja de coca que proceda de cultivos en territorio indígena, respetando las restricciones legales, en especial la Ley 30 de 1986 y la Ley 67 de 1993 sobre cultivo de plantas de coca.

La presente resolución rige a partir de su expedición.

Alcohol, coca y prohibición en la historia de Colombia

Andrés López Restrepo

El término narcotráfico designa el conjunto de actividades ilegales relacionadas con la producción y el transporte de ciertas sustancias psicoactivas cuyo consumo ha sido prohibido. Como el narcotráfico tiene su origen en la prohibición, la desaparición de ésta provocaría que también el narcotráfico dejase de existir. Por esta razón, y dados los males producidos por el narcotráfico en términos de criminalidad, del daño al medio ambiente y del debilitamiento de las instituciones democráticas, muchos han defendido el fin de la prohibición como la vía más expedita para acabar con los males que genera el narcotráfico.

Sin embargo, es necesario reconocer que la prohibición también tiene argumentos que la apoyan y una historia mucho más larga de lo que se suele considerar. El régimen de prohibición global de las drogas fue establecido a principios del siglo XX, pero el anhelo de controlar, restringir o prohibir el consumo de determinadas sustancias es casi tan viejo como la civilización. La mayor parte de las culturas han tendido a limitar el uso de las sustancias psicoactivas a sus aplicaciones médicas o a determinados contextos rituales. La razón de tal restricción es que las sustancias psicoactivas proporcionan significados simbólicos y experiencias compartidas que pueden dar lugar a la formación de comunidades minoritarias disidentes. El consumo por fuera de los usos aprobados era objeto de una condena social muy fuerte en las culturas tradicionales.74

Tales culturas intentan forzar a los individuos a conformarse con la conducta sancionada socialmente. No son liberales, entendiendo que el liberalismo se basa en la tolerancia frente a las formas alternativas de vida y, por tanto, valora la existencia de subculturas que se rigen por normas diferentes a las de la cultura dominante. Una sociedad liberal no puede coartar a los individuos el consumo de sustancias por temor a que conformen comunidades disidentes. Ni tampoco, como dice John Stuart Mill, porque considere que la abstención del consumo sea prudente o benéfica para el individuo, pues como dijo en Sobre la libertad, “cada cual es el mejor guardián de su propia salud, sea física, mental o espiritual”.

La única razón para restringir a una persona racional el consumo de una sustancia determinada desde una perspectiva liberal –al menos como la entiende Mill– es la necesidad de impedirle que perjudique a otros. Esto justifica determinadas restricciones, como la de fumar en sitios públicos por el daño que se hace a otros con el humo de segunda mano. No existen otras razones para restringir o prohibir el consumo de sustancias, incluso cuando son nocivas, a los individuos racionales. Pero aquí surge una complicación: una persona racional es libre de actuar de forma que se haga daño a sí misma, pero el presupuesto es que sea racional, que esté en pleno uso de sus facultades y que pueda decidir de manera bien fundada si desea hacerse daño. Éste no es el caso de los menores de edad, ni probablemente tampoco el de los adictos, al menos en determinadas circunstancias.75

El prohibicionismo actual surgió en un momento, a principios del siglo XX, en el cual el liberalismo estaba luchando por imponerse en las sociedades desarrolladas. Por esta razón, el régimen prohibicionista está fundado sobre elementos tanto liberales como no liberales. Así, el prohibicionismo combina tanto la preocupación por la situación del adicto y por los efectos en la salud del consumo de drogas, típica de la perspectiva liberal, como los prejuicios y el rechazo al consumo por fuera del marco dominante, propios de una perspectiva no liberal.

Ambas perspectivas, la liberal y la no liberal, también están presentes en las políticas prohibicionistas adoptadas en Colombia. Sin embargo, la perspectiva liberal es contemporánea, mientras que en el pasado el prohibicionismo fue dominado por elementos no liberales. El dominio de esos elementos no liberales está presente en la prohibición de dos drogas en momentos históricos diferentes: el alcohol durante la Colonia y la hoja de coca durante la primera mitad del siglo XX. Pero antes de examinar los casos específicos del alcohol y la coca se hará una presentación general de los orígenes del prohibicionismo internacional y de su adopción en Colombia.

Revolución psicoactiva y prohibición

Las sociedades tradicionales o pre-modernas –entendiendo por tales las anteriores al siglo XVI– conocieron diversas plantas con propiedades psicoactivas que el hombre obtenía mediante su consumo directo o luego de alguna transformación, como los procesos de fermentación o destilación que las convierten en alcohol. Por lo general, el consumo estaba regulado, ritualizado o incluso prohibido –como ocurría con el alcohol entre los musulmanes–. El reducido tamaño de las comunidades pre-modernas y la estrechez de los lazos entre sus integrantes hacían posible que las sociedades regularan el consumo por parte de sus miembros. No obstante, siempre existía la posibilidad del abuso. El caso más conocido es el vino: a partir de los griegos y la Biblia se multiplican las advertencias en contra de su abuso. Pero ni el exceso ni la adicción eran problemas sociales generalizados. Quienes pese a los controles sociales se excedían habitualmente eran objeto del rechazo social, castigo por demás grave en comunidades pequeñas.

En la era moderna se debilitaron los controles sociales sobre el consumo de sustancias psicoactivas y los problemas del abuso y la adicción se hicieron notorios debido a dos procesos históricos sucesivos. El primero de esos procesos fue la revolución psicoactiva de los siglos XVI a XVIII, durante la cual tuvo lugar una gran expansión de la producción y el consumo de determinadas sustancias, en particular del tabaco, el café y el alcohol destilado.76 En América, durante este periodo, una bebida destilada, el aguardiente, reemplazó a otras bebidas alcohólicas fermentadas menos potentes: la chicha y el guarapo. La mayor parte de las drogas que fueron favorecidas por la revolución psicoactiva procedían del viejo mundo, con algunas excepciones, como el cacao y, sobre todo, el tabaco. Por diversas razones otras sustancias, como la hoja de coca y la marihuana, no tuvieron éxito y los europeos que impulsaron la revolución no adoptaron su consumo ni promovieron su producción.

La revolución psicoactiva fue un proceso que no estuvo exento de contradicciones. En el caso de las colonias hispanoamericanas, se enfrentó a la pretensión de la Iglesia de eliminar las drogas consumidas en ritos indígenas. Estas drogas fueron objeto de una controversia particularmente fuerte durante la primera mitad del siglo XVI, el siglo en que se originó la revolución psicoactiva. En general, los europeos sospechaban de los atajos químicos para alterar la conciencia, y se sentían particularmente mortificados por las drogas alucinógenas asociadas a los rituales amerindios, las cuales consideraban instrumentos del diablo y obstáculos para la conversión al catolicismo. La única droga americana que la población nativa usó en contextos rituales y que estuvo libre de la persecución fue el tabaco, que al menos en su variedad más común no produce alucinaciones. Sin embargo, a finales del siglo XVII los esfuerzos de supresión habían sido reemplazados casi universalmente por el cobro de impuestos, muy necesarios en el periodo de formación de los estados nacionales.

El segundo proceso histórico que dio lugar al debilitamiento de los controles sociales sobre el consumo de drogas tuvo lugar en el siglo XIX, cuando nuevas técnicas de producción y distribución permitieron disponer de otras drogas y abaratar su producción, estimulando el consumo. En particular, la revolución farmacológica de entonces permitió aislar los alcaloides de determinadas plantas; los más conocidos fueron, por orden de descubrimiento, la morfina, la cocaína y la heroína. Esos principios activos podían ser administrados en dosis precisas, pero eran mucho más potentes. La invención de la jeringa hipodérmica permitió la aplicación de esos alcaloides directamente sobre el torrente sanguíneo, permitiendo que su potencial psicoactivo afectara el cerebro de manera más rápida y severa. Al mismo tiempo, las tasas de morbilidad y muerte provocadas por enfermedades infecciosas declinaron rápidamente desde la segunda mitad del siglo XIX, lo que redujo la necesidad del consumo de drogas, en particular de los narcóticos, y diversos desarrollos farmacéuticos, médicos y de salud pública redujeron las aplicaciones oficialmente reconocidas de las drogas embriagantes y aumentaron los temores sobre sus peligros latentes.

En la segunda mitad del siglo XIX el mundo estaba en un proceso de modernización acelerada; las ciudades se expandieron como nunca antes. La creciente anomia acabó con la eficacia de los controles sociales tradicionales sobre el consumo de drogas. Pero la transformación del trabajo fruto de la industrialización aumentó las exigencias sobre los trabajadores. Cuando se dedicaban a la agricultura, cuyas labores eran típicamente rutinarias, los individuos, para pasar el tiempo, consumían drogas, principalmente alcohol. Los trabajos industriales, con sus exigencias de precisión y manejo de maquinarias complejas, no permitían el empleo de personas semiembriagadas que podían causar graves accidentes en las plantas. Así, con el apoyo de trabajadores y líderes sindicales que veían con preocupación los problemas que ocasionaba el consumo excesivo de alcohol entre los miembros de las clases obreras, los empresarios promovieron la abstención, o al menos la moderación. La movilización de estos empresarios y trabajadores fue decisiva para contrarrestar la influencia de aquellos grupos que se lucraban del comercio de drogas.

Todo esto hizo posible la aparición de la adicción a fines del siglo XIX, como un nuevo problema social de múltiples dimensiones: era un problema sanitario en la medida en que afectaba la salud del consumidor, y a la vez económico, porque iba en contra de las exigencias de la industrialización. Pero era, además, un problema moral y religioso. Moral porque muchas concepciones del hombre rechazaban el hecho de que el individuo estuviera bajo el control de una sustancia psicoactiva; y religioso porque los principales credos son contrarios a la embriaguez inducida artificialmente por considerar que si bien las drogas remedan la sensación de una verdadera experiencia mística, la conciencia debe ser transformada con métodos más exigentes como la oración, el ayuno, la meditación y el ejercicio. Había otro problema religioso específico de la época: a fines del siglo XIX y principios del XX había surgido en China una gran resistencia a los esfuerzos de cristianización que hacían los misioneros occidentales, por entender los ciudadanos del país asiático que esos misioneros provenían de las mismas naciones que los forzaban a aceptar las importaciones de opio para fumar. Por ello, las Iglesias cristianas favorecieron los esfuerzos dirigidos a regular el comercio y consumo de la droga.

Entre mediados del siglo XVII y fines del siglo XIX, la política de los gobiernos de todo el mundo frente a las drogas prácticamente se redujo a obtener la mayor cantidad posible de recursos fiscales. Esta situación cambió desde fines del siglo XIX, cuando los mismos gobiernos se empezaron a preocupar por el creciente comercio de drogas y su abuso. Finalmente, a principios del siglo XX, los gobiernos decidieron crear un régimen de control internacional cuyo objeto era contener la próspera industria de la fabricación de psicoactivos, regulando cada una de sus etapas, desde que las materias primas entraban a la fábrica hasta su entrega a los consumidores. El prohibicionismo supuso el triunfo de las preocupaciones sanitarias, morales y religiosas sobre los intereses económicos.77 El prohibicionismo produjo un problema inmediato: la pérdida de importantes recursos fiscales. Sin embargo, éste se reveló de poca monta al lado del que creció lentamente, pero que al cabo del tiempo sería peor: la prohibición dio origen a un mercado negro de las drogas reguladas y prohibidas, que produjo múltiples costos sociales en forma de problemas de salud pública generados por un consumo de drogas sin ningún control de calidad, así como de criminalidad y de debilitamiento institucional.

Los prejuicios hacia determinados grupos sociales pueden contaminar los fundamentos de una política pública, con más razón cuando las consideraciones morales y religiosas han sido tan importantes. El éxito del prohibicionismo de las drogas a principios del siglo XX se debió, en parte, a la asociación de determinadas drogas con grupos desviados o despreciados. La historia de Estados Unidos es rica en dichos casos: el alcohol fue asociado con inmigrantes católicos de clase baja, el opio para fumar con trabajadores manuales chinos, la heroína con delincuentes urbanos y la cocaína con los negros del sur. Entre menos numerosa y más marginal la población afectada, más fácil es aprobarla y mantenerla. Como se verá también en el caso colombiano con la chicha y la coca, el prejuicio fue uno de los factores importantes en el establecimiento de la prohibición.

Los impulsores del régimen prohibicionista comprendieron muy pronto que su éxito dependía de que todos los países del mundo compartieran y aplicaran las mismas medidas restrictivas, y por tanto desde un principio se planteó que el régimen fuese global. Pero este régimen global dependía para su aplicación de la legislación interna aprobada por cada país, por lo que la forma particular que tomó el conjunto de las diversas medidas que hacían parte del régimen prohibicionista fue distinto para cada país. En Colombia, el régimen prohibicionista global afectó de distinta manera a las drogas que eran cubiertas por ese régimen. Esto fue evidente en el caso de la hoja de coca: como se verá más adelante, cuando la coca aún no había sido afectada por el prohibicionismo internacional, en Colombia se realizó una campaña agresiva, aunque fracasada, para su erradicación.

Alcohol y prohibición en la Colonia

A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con México, las fuentes documentales no permiten llegar a afirmaciones concluyentes sobre el consumo de sustancias psicoactivas por parte de la población indígena que habitaba antes de la conquista española el territorio de la actual Colombia. En los casos de la chicha y la coca, es claro que las dos eran consumidas por los muiscas en contextos rituales. Ambas tenían además aplicaciones cotidianas, pero parece que el consumo de la coca estaba limitado a la elite muisca. Sobre la chicha no hay claridad, pero tal vez no es aventurado suponer que cumplía una función similar a la de las bebidas fermentadas en otras sociedades, como ocurría con el pulque entre los aztecas: era una bebida consumida habitualmente por sus propiedades hidratantes, refrescantes y alimenticias, pero el exceso era permitido únicamente en las festividades públicas y quien se excedía en otros contextos era mal visto por los demás.78

Las regulaciones comunitarias frente al consumo de alcohol desaparecieron tras la conquista, y las diversas fuentes históricas insisten en la propensión a la bebida de los indígenas americanos. Pudiera pensarse que tales descripciones corresponden a exageraciones propias de fuentes que, como los cronistas, los funcionarios y los curas españoles, eran hostiles a la población nativa. Pero esta esperanza se estrella contra el cúmulo de descripciones sobre el alcance de la bebida entre los indígenas, por parte incluso de comentaristas que en todo lo demás simpatizan con ellos. Además, no es difícil entender que la destrucción de sus sociedades haya llevado a muchos indígenas a refugiarse en el alcohol. Como dice un historiador estadounidense refiriéndose a los aztecas: “La civilización se vio invadida de rasgos españoles en muchos puntos, pero conservó su particular carácter indígena en parte por convicción, en parte porque fue reducida a una categoría social tan baja que no tuvo ocasión de cambiar. Una de las primeras reacciones individuales y más persistentes fue el darse a la bebida. Si hemos de creer en nuestras fuentes, pocos pueblos se inclinaron tanto a la bebida como los indígenas de la colonia española en el curso de la historia”79.

La Corona y el clero españoles reaccionaron frente a esta situación, y mientras aquélla promulgó leyes que prohibían la venta de licor a los indígenas y castigaban su ebriedad, los clérigos predicaron contra la bebida e incluso amenazaron con la excomunión. Sin embargo, las tentativas prohibicionistas se estrellaron con dos fenómenos mencionados en el capítulo anterior, los cuales al final determinaron la adopción de una política más liberal frente al alcohol y la embriaguez. El primer factor fue la incontenible revolución psicoactiva, que supuso el reemplazo en la preferencia popular de las bebidas fermentadas por las destiladas, y el segundo fue el triunfo de los intereses fiscales sobre la preocupación por el consumo excesivo de alcohol entre los indígenas.

De entre las bebidas alcohólicas que fueron ampliamente consumidas en la Colonia, la chicha era la única de origen precolombino. La chicha era producida a partir de maíz masticado por mujeres que luego era puesto a fermentar, lo cual resultaba ofensivo a ojos españoles y evidentemente era una práctica poco higiénica que contribuía a la transmisión de enfermedades. Entre las enfermedades que se le atribuían estaban la lepra, el coto y los gálicos. Además, se decía que debido a la chicha los indios descuidaban el trabajo y la familia, e incumplían sus deberes tributarios y con Dios.80 Los europeos trajeron la caña de azúcar, de la cual provienen el guarapo y el aguardiente. La Recopilación de Leyes de 1681 permitió la plantación de uva siempre que fuese para su consumo directo, y no se la usase para producir vino, aguardiente o pasas.81 Durante la Colonia, la chicha y el guarapo fueron las bebidas habituales de los sectores populares: la chicha de los indígenas, y el guarapo de los mestizos y blancos pobres. Por su parte, la elite consumía licores extranjeros como vino y aguardiente de uva y ron. El aguardiente local era usado por todos los grupos sociales –al menos cuando podían pagarlo–.

A mediados del siglo XVII, la Real Audiencia de Santa Fe presentó informes que atribuían diversos males al consumo de la chicha y el guarapo, tales como desidia en el cumplimiento de los deberes tributarios y religiosos, e incluso el descenso de la población nativa. Finalmente, hacia 1658, el presidente de la Real Audiencia, Dionisio Pérez Manrique, expidió un auto en el que prohibía la chicha porque quienes se embriagaban con ella perdían la salud y cometían “muchos, muy graves y enormes pecados y ofensas contra la Majestad de Dios, así de deshonestidades como de muertes y alevosías y otros excesos”. Las penas establecidas para quienes hacían, vendían o tomaban la chicha fueron azotes y multas hasta de 200 pesos. Poco después el visitador Juan Cornejo arraigó al presidente Pérez y suspendió los efectos del decreto sobre la chicha, el cual nunca se cumplió.82 Décadas después, en 1694, el arzobispo de Santa Fe fray Ignacio de Urbina declaró en un edicto que incurrían en excomunión mayor “las personas que fabricasen, vendiesen, comprasen la chicha de miel”. No obstante la gravedad del castigo, la venta de chicha continuó igual que antes, pero para no establecer un mal precedente el arzobispo no quiso modificar su decisión, lo cual ponía por fuera de la religión a buena parte de la población del Arzobispado. Con el fin de sacarlo del problema, el Cabildo eclesiástico le pidió que revocase el edicto atendiendo a que la chicha era el principal alimento de la clase pobre. El prelado revocó entonces la prohibición, “contentándose con reprender el exceso en la bebida y recomendar la templanza”.83

La revolución psicoactiva hizo sentir sus efectos en la segunda mitad del siglo XVII, cuando empezó a extenderse el consumo del aguardiente, que por ser destilado tenía una concentración más alta de alcohol que la chicha o el guarapo. En una carta dirigida por el rey a los oidores de la Audiencia el 26 de diciembre de 1676 decía que en la Nueva Granada “se empezó a introducir otra (bebida) sin comparación más perjudicial con nombre de aguardiente sacada de la misma materia que la antecedente (el guarapo) que es del zumo de caña dulce”.84 La generalización del consumo de aguardiente preocupó a las autoridades, que lo prohibieron a través de una serie de órdenes y Reales Cédulas entre 1693 y 1697. La prohibición no tuvo éxito: el consumo continuó extendiéndose y los productores satisficieron la demanda incentivados por las grandes ganancias que obtenían. Se dijo incluso que el aguardiente “se fabricaba en los trapiches o ingenios de azúcar que están en la gente más poderosa y válida del Reyno”.85

En esta situación se planteó la creación del estanco del aguardiente. En contra estaban los que se preocupaban por los males que conllevaba su consumo y quienes se dedicaban a comerciar con el aguardiente producido en España y las islas del Caribe; a favor estaban los que creían en las bondades del aguardiente, quienes deseaban mayores ingresos para el fisco, y quienes decían que la elevación de los precios de la bebida disminuiría su abuso. Finalmente, la Corona, plegándose ante el fracaso de la prohibición, mandó estancar el aguardiente de caña mediante real cédula del 23 de septiembre de 1700.86 El estanco sería administrado por el sistema de arrendamiento, en el cual una persona obtenía en remate el derecho de otorgar permisos de fabricación de la bebida a cambio de una suma de dinero. La renta fue arrendada en sitios como Santa Fe y Pamplona, pero en los primeros años los ingresos fiscales fueron escasos, llegando a un máximo en 1715, cuanto se obtuvieron poco más de 10 mil pesos.87

Esta primera legalización del aguardiente fue poco duradera. Unas cédulas reales de 1707 y 1710 prohibieron la producción de aguardiente de caña en las provincias de Cartagena y Santa Fe, e incluso el arzobispo de Bogotá, Francisco de Cossio y Otero, promulgó en diciembre de 1709 un edicto que declaraba que incurrían en excomunión “quienes destilaran aguardiente”.88 Estas medidas tampoco fueron efectivas, por lo que se expidieron otras más: una real cédula de 1712 prohibió la destilación de aguardiente en la provincia de Cartagena, otra del 10 de agosto de 1714 reiteró la prohibición de la venta y consumo del aguardiente de caña decretada en 1693, y de nuevo en 1717 se prohibió la fabricación y consumo de aguardiente en todo el territorio de la Nueva Granada.89

La política de erradicación de la chicha también fracasó. Quienes defendían la chicha lo hacían por diferentes razones. Había quienes afirmaban que “la chicha es el ordinario alimento de toda la gente plebeya que con corta cantidad de dinero tienen la suficiente para su manutención”.90 Una particularidad de la chicha es que era fabricada por mujeres, por lo que se decía que la reducción de chicherías dejaría a muchas mujeres sin fuentes de subsistencia, lo cual las lanzaría a la prostitución.91 Por tanto, se concluyó que la chicha no debía ser prohibida pero sí regulada y gravada. En los núcleos urbanos se establecieron horas de expendio y formas de producción, y se dispuso que las chicherías vendiesen no más de tres o cuatro totumas diarias a cada indígena.

Un real acuerdo de la Audiencia de julio de 1717 limitó a 120 el número de chicherías en la ciudad de Santa Fe, correspondió al Cabildo el fijar su distribución por los distintos barrios, y se impuso a cada una el pago de 6 pesos, pero como la decisión del Cabildo no se apoyaba en un real acuerdo el impuesto no pudo hacerse efectivo y en la práctica se limitó al pago de un real “para ayuda de los gastos de la ciudad”. El acuerdo ordenaba, además, la reducción a sus respectivos pueblos de los indígenas que se habían establecido fraudulentamente en la ciudad al amparo de las chicherías.92 Sólo en 1739 fue confirmado el gravamen de 6 pesos por chichería. En 1748, el arzobispo de Santa Fe, Pedro Felipe de Azúa, ordenó que se prohibiese la venta de chicha los días de fiesta, y en 1752, por petición del mismo prelado, el rey Fernando VII expidió una real cédula en la que ordenó al virrey que tomase las medidas necesarias para impedir los abusos de la chicha y evitar su adulteración, y que estudiase la conveniencia de prohibir del todo la chicha en Santa Fe.93 El Cabildo dispuso repetidas veces que las chicherías fuesen localizadas en lugares apartados de las calles principales y prohibió que los locales ubicados en las calles principales de Bogotá fuesen arrendados para chicherías. Pero la política de restricción fracasó, y las chicherías siguieron aumentando por toda Santa Fe y se encontraban en toda la ciudad, pese a los esfuerzos por sacarlas del centro de la ciudad.94 El virrey Manuel A. Flórez (1776-1782) también quiso reducirlas en los barrios, y también falló.95

Entre tanto, la nueva prohibición no contuvo la expansión del aguardiente. En 1719, el Cabildo de Santa Fe pidió que se le otorgase el estanco de aguardiente, pero el virrey Antonio de la Pedrosa y Guerrero, el primero que tuvo la Nueva Granada, negó tal pretensión mediante auto de julio de ese mismo año, en el cual manifestaba que el aguardiente era “sumamente perjudicial”, que “Su Majestad se ha servido expedir repetidas Reales órdenes, prohibiendo rigurosa y estrechísimamente esta bebida”, y que en todo caso el producto de los estancos debía pertenecer única y exclusivamente a la Real Hacienda.96 La oposición a la prohibición fue particularmente intensa en la provincia de Cartagena. El gobernador, Gerónimo Vadillo, envió a la Audiencia de Santa Fe autos en que defendía el consumo del aguardiente, junto con declaraciones de médicos y teólogos que decían “no ser esta bebida perjudicial a la salud pública, sino antes bien, útil, y necesaria en ese clima”. El aguardiente era además “muy conveniente para varios accidentes, que dificultosamente se consiguiera su curación sin el referido aguardiente de cañas”.97

En una real cédula del 25 de septiembre de 1721 se hacía constar que el virrey Jorge de Villalonga (1719-1723) había escrito cartas poniendo de manifiesto los daños que resultaban de la prohibición y negando que fuese cierto que la población indígena disminuyera por el exceso de esta bebida, pues la predilección por el aguardiente era exclusiva de españoles y mestizos. A juicio de Villalonga, lo procedente era “estancar la venta de esta bebida con beneficio positivo para la Real Hacienda y sin daño para el comercio de España, por no apreciarse la que lleva (de España) y quererse más la del país por su suavidad, y no hacerse nada con las órdenes de prohibición pues se hace con libertad y se vende entre las mismas Religiones que son las más viciadas, y si algún particular la hace, aunque se le castigue no se remedia el daño”. No obstante los argumentos del virrey, la real cédula ordenó que se mantuviese la prohibición en tanto llegasen a la Corte los autos instructivos pedidos a la Audiencia con motivo de la denuncia formulada por el gobernador de Cartagena.98

El presidente Antonio Manso Maldonado (1725-1731), aunque era partidario de la supresión del aguardiente, propuso la creación del estanco dado que ni las reales cédulas, ni las excomuniones,“ni las continuas diligencias que por espacio de más de treinta años han hecho los ministros de Vuestra Majestad para celarlo”, habían conseguido acabar con el contrabando y el consumo ilegal de la bebida.99 Finalmente, el 16 de junio de 1726 la Audiencia envió al Consejo de Indias los autos instructivos pedidos años antes, junto con una carta en la cual expresaba que el estanco del aguardiente aumentaría los ingresos fiscales y desalentaría el exceso por el incremento en los precios. Apenas diez años después se tomó la decisión definitiva. La real cédula del 14 de septiembre de 1736, tras considerar que habían sido acreditadas la utilidad y necesidad del aguardiente de caña, autorizó su producción y consumo en toda la Audiencia de Santa Fe, y ordenó que su renta fuese manejada por el sistema de asiento, con el cual un particular obtendría el derecho de producir el aguardiente a cambio de un impuesto por botija de aguardiente producida.100

Para defender la renta del aguardiente, las autoridades coloniales quisieron prohibir la producción de las bebidas alcohólicas locales, es decir, la chicha y el guarapo, y también intentaron restringir la introducción de las importadas, básicamente el vino de uva y los rones, exceptuando los usos religiosos y medicinales de los llamados vinos castellanos, que en realidad provenían de Andalucía. Fue imposible impedir la producción de las bebidas locales. Hubo más éxito con los licores extranjeros, porque sus altos precios constituían suficiente protección para el aguardiente, aunque no en la costa Atlántica: por ejemplo, en Cartagena, en la década de 1740, los estanqueros no compraban el aguardiente local porque el extranjero era más favorable.101 Algunos lugares como Cartago y las Provincias del Chocó protestaron contra el estanco del aguardiente y pidieron libertad para su elaboración y venta, alegando la extraordinaria pobreza de sus habitantes y ser ésa la única industria a que podían dedicarse, pero no se accedió a sus demandas.

La introducción del estanco fue lenta, pero a diferencia de lo ocurrido a principios de siglo, no hubo ya vuelta atrás, pese a la oposición de algunos religiosos, como el cura de Tausa, que amenazó con excomunión al asentista del Real Estanco, y el de Turmequé, quien consiguió que la Audiencia prohibiese la venta de aguardiente en su parroquia para evitar la embriaguez de los indios.102 Sin embargo, la real cédula del 19 de mayo de 1751 ordenó que no se impidiese la venta de aguardiente en Turmequé.103 El remate del arriendo del estanco fue convocado mediante bandos y pregones en los días de mayor concurrencia en todas las ciudades, villas y parroquias de la Audiencia. El privilegio de fabricar y comerciar aguardiente en determinada jurisdicción era otorgado al postulante que se comprometía a vender una cantidad mayor de aguardiente y, por tanto, a pagar más impuestos.

El estanco aún no funcionaba adecuadamente,104 por lo cual una de las principales instrucciones que recibió el virrey José Alfonso Pizarro (1749-1753) fue su organización. Con el fin de aumentar la renta, el virrey dispuso un cálculo previo del nivel de consumo en cada región donde el estanco iba a ser rematado; con esta información, el gobierno establecía un precio mínimo del remate. La persona encargada de implantar esta reforma por encargo del virrey Pizarro fue el comisario regio José Ignacio de Plaza. Aunque los ingresos no crecieron de manera significativa, la institución del estanco se consolidó durante estos años.105

En los años siguientes la Corona quiso aumentar su participación en la renta mediante su administración directa, eliminando la intervención de los asentistas. El sistema de administración directa empezó a implantarse bajo el virrey José Solís (1753-1761), quien designó funcionarios encargados de la producción y distribución de la bebida. El problema de mantener la elaboración y consumo de aguardiente o prohibirlo volvió a plantearse con una real cédula de abril de 1772, que ordenó al arzobispo de Santa Fe, Agustín Camacho y Rojas, que informase “sobre si la composición del aguardiente de caña es perjudicial a la salud espiritual de los habitantes”. El arzobispo recogió diversas opiniones de religiosos, algunas negativas y otras que consideraban que el problema era el exceso o la mala calidad del aguardiente. Entre estas últimas destacaba la opinión de los canónigos de la iglesia Catedral, quienes dictaminaron que el aguardiente de caña, “según examen, no es nocivo sino en casos de exceso”, y no creían conveniente prohibir su uso pues los cañaverales eran “las únicas viñas de Indias”.106 El estatus del aguardiente no se vio afectado.

El virrey Manuel Antonio Flores (1776-1782) y el visitador general Juan Gutiérrez de Piñeres extendieron aun más el sistema de administración directa, disponiendo el establecimiento de administraciones generales dependientes de la Real Hacienda, cada una de las cuales tenía su propia fábrica y un estanco principal y otros estancos dependientes, desde los cuales abastecían las áreas de su jurisdicción, y se les encargó de la vigilancia para prevenir su destilación y tráfico clandestinos. Sin embargo, se admitió la posibilidad de mantener o crear estancos arrendados a particulares en lugares de difícil acceso o muy distantes de las cabeceras de las administraciones generales. El establecimiento del monopolio directo se dio de forma gradual, y entre tanto se permitió la coexistencia de los métodos anteriores, el de arrendamiento y el de asiento por remate del estanco de aguardiente.

Las diversas reformas de la renta del aguardiente fueron exitosas, pues permitieron un aumento continuo de los ingresos fiscales entre 1760 y la década de 1790, y la convirtieron en la principal fuente de recursos junto con el tabaco. El pleno florecimiento de la renta estimuló el crecimiento de las haciendas cañeras y de los trapiches.107 En su relación de gobierno de 1772 decía el virrey Pedro Messía de la Zerda: “De las rentas la más útil y pingüe es la de aguardiente de caña”.108 Una expresión muy similar se encuentra en las relaciones presentadas en 1776 por su sucesor, el virrey Manuel Guirior, y en 1789 por el virrey Francisco Gil y Lemos.109 Pero desde 1780 la renta empezó a perder importancia en el total de ingresos, y disminuyó en términos absolutos después de 1790, produciendo la decadencia de la renta del aguardiente y de los productores de caña y anís.

El inicio de la crisis se debió a la ley de libre comercio de 1778, que permitió la importación de aguardiente de España y de Cuba. La real orden del 14 de octubre de 1779 prohibió la exportación de aguardiente de uva hacia la Nueva Granada, con excepción del “que se condujera en frasqueras para remedios o regalos”,110 pero el daño estaba hecho: la disminución de la renta en los siguientes años muestra que esta prohibición no pudo contener el avance de las importaciones. La real orden del 26 de enero de 1789 permitió el libre comercio del aguardiente importado de España.111 El virrey Gil y Lemos afirmó en ese mismo año que las importaciones de aguardiente de uva estaban afectando la producción de caña y los ingresos del estanco, y propuso que se prohibiese de nuevo la introducción del aguardiente peninsular. En respuesta se prohibió la importación del aguardiente de caña procedente de Cuba, pero no el de uva español.112 Una real cédula del 21 de julio de 1802 estableció que los virreyes no podrían autorizar la fabricación de vinos y aguardientes de uva, y que toda solicitud en ese sentido debía dirigirse al síndico general del pueblo, a los ministros reales, al Consulado y a los fiscales de lo civil y Real Hacienda, quienes debían considerar la necesidad de vino y aguardiente en el Virreinato, y si la licencia pedida perjudicaba o no a los productores de España.113

Entre tanto continuaron los conflictos por la presencia de chicherías en Santa Fe. En 1791 los vecinos plantearon nuevamente su reducción a un número fijo y que se instalaran por fuera de las calles principales, para evitar así los desórdenes y suciedad que las caracterizaban. En 1798 se estableció pena de multa a quien vendiera a un indio tres o cuatro reales de chicha para el consumo en la chichería. Todas estas medidas fracasaron. En 1802, el corregidor y asentista de aguardiente de Tenza y Guateque propuso el estancamiento de la chicha,114 la reducción del número de chicherías y de sus horas de operación, y limitaciones a las cantidades que podían adquirir los indios. Pero los vecinos consideraban que los indios no consumían chicha por vicio sino por ser una bebida de “primera necesidad y a la que no pueden renunciar sin despojarse de las fuerzas corporales y de la utilidad pecuniaria que les produce su comercio”.115 Finalmente, la propuesta del corregidor fue rechazada.

A medida que llegaba a su fin el siglo XVIII, la embriaguez empezó a figurar de manera prominente en las descripciones de los crecientes desórdenes y manifestaciones de protesta que empiezan a extenderse por todo el país. Era más cómodo para los funcionarios atribuir al aguardiente y a la chicha esas protestas, en lugar de afrontar la creciente contradicción que se vivía entre la política borbónica y los habitantes de las colonias españolas. En Charalá hubo un amotinamiento el 9 de julio de 1796, durante el cual las gentes “ociosas y chicheras” recorrieron las calles burlándose de los alcaldes por su política de controlar la producción de chicha. Los desórdenes que ocurrieron por entonces en Chiquinquirá fueron atribuidos a “la embriaguez del licor de chichas soberbias, misturadas con la baba del mascar y otros fines e infames que acostumbran”. Se estipuló entonces que “nadie proceda a fabricar en su casa, ni en la ajena este licor para venta sin nuestro permiso”, y que después de las seis de la tarde no se podría vender chicha ni andar borracho por la calle.116

El periodo de la Colonia en Hispanoamérica coincidió de forma exacta con la revolución psicoactiva. Como se ha visto en las páginas anteriores, las características propias de esa revolución tuvieron efectivo cumplimiento en la Nueva Granada. La producción y el consumo de sustancias psicoactivas tuvo un gran incremento debido a la relajación de los controles tradicionales establecidos por las comunidades indígenas. Además, el incremento de la producción y consumo favoreció principalmente al aguardiente, una bebida mucho más potente que la chicha. El aumento en el consumo no estuvo exento de contradicciones, y como se ha visto los funcionarios civiles y religiosos manifestaron repetidas veces su preocupación por los excesos ocasionados por el alcohol. Sin embargo, unos y otros vieron que los medios de que disponían eran claramente insuficientes para garantizar la aplicación efectiva de la prohibición, y por ello cambiaron de opinión. Así, a principios del siglo XVIII dejaron de favorecer la prohibición y empezaron a favorecer la creación de regulaciones que buscaban encauzar y controlar, al menos en parte, el consumo de bebidas alcohólicas. Esta nueva política de control permitió además aumentar el ingreso de recursos a las arcas públicas, lo cual era esencial para las pretensiones de revitalización del poder español de los nuevos monarcas borbónicos, y promovió el desarrollo industrial y agrícola.

La segunda prohibición de la coca

En el presente, el estatus legal de la hoja de coca es controvertido debido a su carácter de materia prima para la elaboración de cocaína. Pero la coca fue prohibida en el pasado por razones bien diferentes.117 En tiempos precolombinos, la coca era cultivada en amplias regiones del país, pero su consumo estaba restringido a las elites. Los españoles promovieron su cultivo debido a que apreciaban la mayor resistencia para el trabajo que confería a sus consumidores, y las ganancias que obtenían con la producción y la comercialización de la hoja. Sin embargo, la Iglesia católica veía con malos ojos el uso de la hoja con fines rituales por parte de la población indígena. Por ello, en los dos primeros concilios provinciales efectuados en 1552 y 1557-1558 en la ciudad de Lima se escucharon diversas voces pidiendo la proscripción del consumo de la hoja y la destrucción de los arbustos. Dado que la diócesis de Popayán fue sufragánea de ese arzobispado hasta 1568, cuando se estableció el arzobispado de Santa Fe de Bogotá, los efectos de ese debate se extendían a una zona de Colombia donde el consumo de hoja era bien importante. La disputa llegó a su fin con la Cédula Real expedida por Felipe II el 18 de octubre de 1569, la cual decía que si bien la fuerza y el vigor conferidos por la hoja eran,“de acuerdo con los que la han probado, una ilusión del demonio…, no deseamos privar a los indios de este alivio en su trabajo, incluso si está en su imaginación”. Sin embargo, a renglón seguido el monarca español exigía que los curas impidieran su uso en “idolatrías, ceremonias y hechicerías”. Los sucesos ocurridos entonces constituyen la primera prohibición de la coca. Esa prohibición tuvo efectos dramáticos: de los setecientos sesenta y siete reos que fueron penitenciados por el Tribunal del Santo Oficio de Cartagena de Indias entre 1610 y 1825, siete, todos ellos mujeres, lo fueron por consumo de hoja de coca.

En los siglos siguientes el consumo y el cultivo de hoja de coca perdieron importancia. Ello se debió, por una parte, a que la costumbre de mascar coca nunca adquirió verdadero arraigo entre las elites española y criolla. El fracaso relativo de la hoja de coca se debió, en buena medida, a que su principal alcaloide, la cocaína, se descomponía en los largos viajes trasatlánticos anteriores a la invención de la navegación a vapor. Probablemente también tuvo que ver el modo de consumo de la coca, puesto que ésta requiere ser mezclada con cal y masticada durante horas para que tenga lugar la liberación de sus alcaloides. Ninguna de estas condiciones parece amoldarse a las formas de consumo aceptadas en Occidente. Lo cierto es que, a medida que avanzó el proceso de mestizaje, la costumbre de mascar coca perdió importancia. En las primeras décadas del siglo XX, la hoja de coca era consumida en pocos lugares del país, y tenía real importancia social y económica sólo entre los indígenas de la parte meridional, en particular en el Cauca y en el occidente y el sur del Huila.

La segunda prohibición de la hoja de coca tuvo lugar durante las décadas de 1930 y 1940, cuando por iniciativa de los médicos que se ocupaban de la higiene pública se quiso prohibir su cultivo con base en argumentos en parte científicos, en parte preñados de desprecio hacia la población indígena que la consumía. Los higienistas culpaban a la hoja del deficiente desarrollo físico y mental de los indígenas, y afirmaban que estos dejarían de ser una carga para la nación y empezarían a contribuir a su desarrollo sólo en tanto se eliminase de sus costumbres el hábito de mascar la hoja. Pero la coca era un importante elemento de la economía del sur del Cauca porque los terratenientes solían pagar con ella parte del salario de sus terrazgueros y jornaleros –por lo general la mitad–; la coca era ampliamente cultivada y había propietarios que tenían plantaciones extensas; y además el consumo de la hoja permitía a los indígenas trabajar jornadas más largas sin detenerse apenas a comer.

La primera medida que el gobierno nacional adoptó en contra de la hoja de coca fue la Resolución 95 del 11 de febrero de 1938 de la Dirección Nacional de Higiene, la cual estableció que las hojas de coca sólo podrían venderse en droguerías y farmacias, con la presentación de fórmula médica. Esta medida desconocía los modos de producción y circulación de la coca y, por tanto, no tuvo aplicación alguna. Posteriormente, la Resolución 578 del 19 de septiembre de 1941 del Ministerio de Trabajo, Higiene y Previsión Social ordenó levantar un censo de las plantaciones de coca existentes y prohibió el establecimiento de otras nuevas. Esta resolución causó inconformidad entre los terratenientes payaneses, e incluso la Asamblea del Cauca se manifestó en su contra. Posteriormente, la Ley 6ª de 1945, en su artículo 5º, prohibió el pago de salarios en mercancías, lo cual incluía, sin mencionarla, la hoja de coca.

El prohibicionismo en materia de coca llegó a su clímax con el Decreto presidencial 896 del 11 de marzo de 1947, el cual prohibió el cultivo y comercio de la coca y la marihuana, ordenó la destrucción de las plantaciones existentes y el decomiso de las hojas, a menos que se encontraran en poder de farmacias autorizadas, y prohibió expresamente “el pago de salarios y cualquier clase de emolumentos total o parcialmente en bebidas alcohólicas o en hojas de coca”. Este decreto causó inconformidad general entre los terratenientes del departamento del Cauca, acostumbrados a pagar parte de los salarios de los jornaleros en hoja de coca. Los afectados exigieron el pago de una indemnización previa a la destrucción de los cultivos, y alguno sugirió “ir sustituyendo los cocales, en forma lenta y técnica, por otros cultivos, con la ayuda y bajo la inmediata vigilancia del Estado”.

Ante las protestas de los productores de la coca, quienes estaban asesorados por el representante a la Cámara y futuro ex presidente Víctor Mosquera, fue necesario que viajara a Popayán el secretario general del Ministerio de Higiene. En el memorando entregado al secretario por los productores, estos pidieron la derogación del Decreto 896 “por considerarlo inconstitucional, ya que ordena la destrucción de las plantaciones de coca sin previa indemnización”, o su aplazamiento por “dos a tres años”, caso en el cual los cultivadores se comprometían a eliminar la coca voluntariamente y sin reclamar indemnización alguna. Eso sí, decían que, de no accederse a sus peticiones, “se creará un problema social gravísimo pues los dueños defenderán a capa y espada la planta”.

Finalmente, y tras mes y medio de protestas, el gobierno, mediante el Decreto presidencial 1.472 del 30 de abril de 1947, aplazó por un año la vigencia del Decreto 896, en la parte relativa a la destrucción de los arbustos de coca y el decomiso de las hojas. El Decreto 1.472 también insistió en lo dispuesto por la Resolución 578 de 1941, es decir, en la realización del censo de las plantaciones de coca y en la prohibición de establecer nuevos cultivos de la hoja, dejando así en evidencia su incumplimiento. Pese a que el plazo para la destrucción de las plantaciones y el decomiso de su producto llegó a su fin el 30 de abril de 1948, el Ministerio de Higiene no insistió en su cumplimiento. Probablemente no pareció adecuado crear una nueva fuente de inconformidad social en las semanas posteriores al 9 de abril.

En los años siguientes, hubo algunos intentos esporádicos por revivir la campaña en contra de la coca. En 1956, Jaime Arboleda Gruesso, director departamental de Salud Pública del Cauca, informaba que las campañas contra la coca en aquel departamento habían logrado una significativa disminución del consumo, “pero también han producido un alto precio para el artículo (hasta $500 la arroba), lo que ha determinado que los contrabandistas se ingenien las más diversas maneras para burlar el control”.

La hoja de coca era uno de los productos cubiertos por el régimen prohibicionista internacional de las drogas, pero durante las décadas de 1930 y 1940 la atención del régimen estaba concentrada en el tema del opio. Las pocas ocasiones en que se manifestaba alguna preocupación por la hoja de coca se hacía con referencia a Perú y Bolivia, países que por demás consiguieron capotear con éxito y por décadas las presiones externas conducentes a establecer limitaciones a la producción de la hoja. No existía entonces presión internacional sobre Colombia para eliminar la hoja de coca. No obstante, Colombia sugirió de su cuenta la adopción de medidas internacionales más estrictas en contra de la hoja. Así, un informe enviado en 1939 a la Sociedad de Naciones, dice:

El gobierno cree que debe plantearse una acción internacional para facilitar la eliminación de este mal [la masticación de la hoja de coca]. El gobierno quiere sugerir que la Sociedad de Naciones, a través de sus organismos técnicos, debe considerar la posibilidad de preparar una convención internacional similar a la que se ha planteado en relación con el opio, la cual limitaría el cultivo de la coca exclusivamente a fines médicos en el mundo. Si esta sugerencia es aceptada, Colombia estaría agradecida y su colaboración se garantiza de antemano.

Es necesario concluir que la campaña de erradicación tenía raíces locales, las cuales se fundaban en parte en la preocupación que causaba la hoja de coca por enmascarar el hambre, propiciando así la desnutrición, pero también por los prejuicios y desprecio hacia la población indígena.

Consideraciones finales

Es común escuchar que el prohibicionismo ha sido impuesto por países más poderosos como Estados Unidos, sobre otros países más débiles como Colombia. Pero como se ha visto en las páginas anteriores, el prohibicionismo en Colombia tiene raíces muy antiguas. Antes de la llegada de los españoles, los pueblos indígenas regulaban de forma estricta el consumo de psicoactivos. Durante la Colonia, los funcionarios civiles y eclesiásticos manifestaron repetidamente su preocupación por el daño que producía el consumo de alcohol en la población, y aceptaron la producción y venta de aguardiente y de coca a regañadientes, por razones ante todo económicas. Durante las primeras décadas del siglo XX, se prohibió el cultivo y el consumo de la hoja de coca, aunque esta prohibición no tuvo éxito debido a la oposición de los terratenientes caucanos.

Una característica común a todas estas prohibiciones es el paternalismo. El aguardiente, la chicha y la coca fueron prohibidas porque el Estado quería proteger a la población de las consecuencias negativas que traía el consumo de esas sustancias psicoactivas. El Estado pretendía saber mejor que los ciudadanos qué era lo que les convenía. Esto es inadmisible bajo una sociedad liberal como la actual. En una sociedad liberal, el individuo debe ser libre de hacer lo que quiere siempre y cuando no haga daño a otros. Por tanto, el miembro de esa sociedad debe escoger cómo vivir y qué quiere consumir, incluso si su forma de vida y sus hábitos de consumo son dañinos para su integridad física.

Por tanto, los fundamentos y justificaciones de las prohibiciones examinadas aquí perdieron toda razón de ser. Ningún Estado contemporáneo puede prohibir el consumo de sustancias psicoactivas por las mismas razones que las sociedades indígenas precolombinas, el Estado colonial español o el Estado colombiano de las décadas de 1930 y 1940. Sin embargo, esto no quiere decir que han desaparecido por completo las razones para regular o prohibir el consumo de determinadas sustancias psicoactivas. En particular, es necesario considerar cuáles son las acciones que el Estado debe tomar para proteger a quienes no pueden hacer uso pleno de su libertad en materia de consumo de drogas porque no tienen plena conciencia de sus riesgos, a saber, los menores y los adictos. Por ello, cualquier política alternativa al prohibicionismo imperante debe tener ideas claras sobre cómo proteger a los miembros de esos grupos. Una política liberal sobre las drogas no puede ser ni completamente prohibicionista ni tampoco puede legalizar las drogas sin restricción alguna. Una política liberal debe fundarse en una regulación razonable que concilie la libertad individual con el reconocimiento del interés de la sociedad en cuidar a sus miembros más débiles.

Panel 2

Ciclos de producción y territorio

Los textos que conforman este capítulo estudian las dinámicas de los territorios y las rutas a través de las cuales se lleva a cabo el cultivo, la producción, el procesamiento y la comercialización de la coca, la amapola y la marihuana. También se trabaja en torno a las dinámicas sociales, en algunos casos conflictivas, que se originan a partir de la ocupación y uso del territorio, generalmente en zonas de poca presencia estatal.

Sobre territorios y paradojas del narcotráfico en Colombia

Carlos Ariel Ruiz Sánchez / Moderador

Cada vez que tengo la oportunidad de hablar de los cultivos de uso ilícito y, en general, del narcotráfico, no resisto la tentación de narrar una antigua leyenda pakistaní recogida por A. Behr que, a mi juicio, resume toda la paradoja de este fenómeno de una forma casi que poética.

Cuenta que un hombre cualquiera un buen día decidió renunciar a todas las veleidades propias de la mundanal vida, para alcanzar así la perfección espiritual. Se propuso, entonces, vivir con lo mínimo necesario, no fuera que se distrajera de su sublime propósito.

Solo una pequeña, huraña e inofensiva rata le proporcionaba todos los días algo de alimento: una miga de pan, un grano de maíz, un poco de agua,...; hasta que al fin (el hombre) alcanzó el mayor de los conocimientos y se pudo comunicar con ella y todos los animales.

Entonces la rata le suplicó de todas las formas posibles que a cambio de tan menudos favores la convirtiera en gato, porque no soportaba los sustos y sobresaltos propios de un animal tan pequeño.

El sabio accedió, al fin de cuentas era un asunto de gratitud.

Pasado un tiempo, la rata hecha gato volvió solicitando que por favor la convirtiera en perro, porque no soportaba los temores y sobresaltos propios de un animal como el gato;... y así pasó a convertirse en chacal y luego en tigre.

Cuando era este último advirtió que la máxima condición, es decir, aquella en la que temores y sobresaltos eran aparentemente conjurados, era ser elefante del rey. Entonces volvió donde el sabio a implorarle una última transformación.

Éste, agobiado pero de todas formas comprometido, accedió nuevamente. No obstante, la rata que entonces era el elefante del rey, constató una posición más privilegiada: ser esposa del rey, y cayó presa de la misma zozobra.

El sabio no tuvo de otra y anunciando que era en definitiva el último favor convirtió al elefante, o sea a la rata, en bella doncella.

Ella se valió de todas las argucias para conquistar al príncipe. Hasta le dijo que había sido raptada desde niña por un viejo anacoreta y que había perdido cualquier rastro de su noble familia.

Con los días se casaron.

Cuando ya tenía todo lo soñado un rayo de luna se proyectó por la ventana de su cuarto y le anunció que su corta vida de rata había terminado. La princesa desesperada hizo inútiles esfuerzos por esconderse, pero al otro día la encontraron muerta en el jardín del palacio.

El príncipe, atormentado, fue donde el santo para encontrar consuelo y éste le recomendó: “Echa el cadáver en una fuente y cúbrelo con tierra. De él nacerá una flor que al mismo tiempo será consuelo, veneno y bendición”.

Así nació la amapola o adormidera. La misma papaverácea que conocieron y respetaron los romanos y los griegos; la misma que bajo distintas fórmulas fue ofrecida a los obreros durante la Revolución Industrial para mitigar el hambre de tres comidas por el precio de una, o para calmar el llanto de los niños; la misma que se propagó en lo que hoy es Europa siguiendo las rutas del cristianismo, y en Asia siguiendo la ruta del Islam; la misma que entre 1875 y 1898 significó entre el 34% y el 21,3% de los ingresos de la Corona Británica; la misma que desde mediados de los años 80 llegó a los Andes y serranías colombianas.

Por extensión, la característica de ser “consuelo, veneno y bendición” puede aplicarse a todas las drogas de origen vegetal.

“Consuelo”, porque el uso compulsivo de las mismas es, al parecer, exclusivo de la modernidad118 no solo por los avances de la industria farmacéutica, sino por la pérdida del carácter sagrado y las disposiciones existenciales que ésta ha inaugurado en términos de sensaciones de desprendimiento, nociones agobiantes de responsabilidad individual, tedio secular, etcétera, que los efectos eufóricos o depresivos de las drogas acuden a tramitar bajo una lógica de lo efímero, similar a la que describe Lipovetsky hablando de las sociedades posmodernas.

“Veneno”, porque desde la perspectiva puritana y sanitaria, que consagra una especie de asepsia con el cuerpo, las drogas contaminan, alienan y alteran esas formas disciplinadas y sensatas de pensar.

“Bendición”, porque nos guste o no, la producción y tráfico de drogas a muchos sectores otorgan poder, ayudan a paliar crisis económicas, permiten vincularse a las dinámicas del mercado aunque sea mediante un consumo irracional y exhibicionista, etcétera.

Sin embargo, habría que añadir que también son una “maldición”, porque a la luz de distintos discursos hegemónicos se opera una suerte de satanización, por ejemplo: de las plantas al asignárseles atributos de corte moral y jurídico;119 de determinados ecosistemas como el trópico;120 de determinados sectores sociales como los indígenas, campesinos y colonos de quienes se presume una perversidad ingénita; y en general, de múltiples territorios por considerar que allí el diablo anda suelto, que la barbarie aún gobierna, que la cultura está pendiente, que la civilización aún se debe, como claramente lo demuestra María Clemencia Ramírez en su artículo sobre la Amazonia.

A propósito de los territorios...

Entendiendo que todo territorio121 es una construcción social e histórica, producto de las múltiples, variadas y, a veces, inestables relaciones humanoambientales, la construcción de territorialidad y de regiones no es un fenómeno espontáneo y, a nuestro juicio, en Colombia está fuertemente condicionado por los siguientes factores:

Las condiciones de marginalidad y pobreza que han creado los modelos de desarrollo capitalista. Modelos que, entre otras cosas, se han caracterizado por agenciar desequilibrios regionales, procesos caóticos de urbanización y aglomeración poblacional, concentración de la riqueza, degradación del medio ambiente. En este orden de ideas, es lícito hablar de que muchas regiones son producto de la exclusión, el abandono y la desintegración nacional.

La emergencia de movimientos sociales, que si bien nacen de sentimientos compartidos de agravio y, por lo mismo, con unos propósitos reactivos y reivindicativos, han trascendido hasta plantearse la pertinencia de construir o fortalecer autonomías territoriales.

El pluralismo étnico y cultural, que de suyo se inspira en formas de organización distintas a las promovidas por la cultura hegemónica y, en el concierto de la modernidad, han madurado y hecho valer su autonomía por la vía de la resistencia, la búsqueda de reconocimiento, etcétera.

El conflicto armado, que en la medida que compromete fronteras estratégicas para la guerra, ampliamente disputadas o controladas por los actores armados, también ha ocasionado que las comunidades y organizaciones de la llamada sociedad civil lideren procesos alternos de negociación y paz, con claras implicaciones territoriales.

La globalización y los fenómenos de apertura económica, que así como implican la estandarización de patrones de conducta, también han estado acompañados por la proliferación de proyectos territoriales distintos al Estado-nación, en parte como una reacción política y autonómica de las comunidades, pero también porque dentro de un mismo país las regiones no son afectadas de igual manera. Algunas suelen ser más competitivas que otras o poseer ciertos patrimonios estratégicos (como los recursos energéticos, genéticos y demás) para empresas trasnacionales, de tal suerte que a la misma globalización le resulta conveniente romper las talanqueras que a veces imponen algunos estados y entrar a relacionarse directamente con los actores regionales.

Señalamos esto porque si intentáramos una cartografía para cada fenómeno y lo superpusiéramos con el mapa de las rutas y los ciclos de la producción y el tráfico de drogas en Colombia, muy probablemente encontraríamos unas correlaciones tan fuertes que fácilmente habilitarían varias hipótesis orientadas a demostrar que no es casualidad, sino que por el contrario hay unas solidaridades de orden estructural en las que las causas y los efectos se confunden permanentemente.

De hecho, podríamos entender por qué los cultivos de amapola han prosperado fundamentalmente en territorios indígenas alto andinos; por qué las plantaciones de coca se corresponden casi milimétricamente con las fronteras de colonización; por qué las rutas terrestres y marítimas cruzan buena parte de los territorios de las comunidades afrodescendientes; por qué muchas trochas por donde se lleva la “mercancía” coinciden con los caminos precolombinos y coloniales; por qué la ubicación de los laboratorios y puntos de embarque tienden a corresponder con aquellas fronteras donde el capital, subterráneo y legal, se ha reproducido históricamente; por qué los eslabones de la cadena donde el valor agregado de la producción y tráfico de drogas es mayor, tienden a ubicarse en las áreas donde el capital financiero tiene mayores redes de captura.

Para hacer más didáctica esta complejidad, proponemos el siguiente ejercicio mental: supongamos que un buen día todas aquellas regiones y localidades involucradas en la producción de drogas de origen vegetal amanecieran sin una sola planta, ¿qué sucedería?

Muy probablemente distintas economías familiares y regionales se deprimirían, a niveles quizá desesperantes.

Renglones de la economía tendrían el mismo comportamiento, especialmente los vinculados a ciertos tipos de consumo.

La presión de la demanda se desplazaría a otros hemisferios y, con ello, los cultivos mismos y la oferta.122

Le sucedería otro tipo de “bonanza”, tal y como ha ocurrido en la Amazonia con la bonanza del caucho, la madera, el petróleo y hasta de almas.123

Ciertas fronteras desaparecerían de las hoy agendas estratégicas del gobierno y de la cooperación internacional.

Los grupos armados diversificarían las fuentes de financiamiento o sencillamente intensificarían su accionar en modalidades como el secuestro, la extorsión, el control de las regalías, entre otras.

Colombia perdería uno de los factores que hoy la hacen importante para la política internacional norteamericana.

La frontera agrícola vía colonización y depredación del medio ambiente probablemente se intensificaría también.

Incluso podría suceder que crisis económicas como las vividas en otros países latinoamericanos, al fin se den en Colombia en razón a la pérdida del “efecto colchón” que proporciona la circulación de dinero y las oportunidades de ingreso económico que tienen numerosos sectores excluidos de las oportunidades que ofrece el sistema.

Luego, las plantaciones no son necesariamente la matriz del problema, pues no se explican a sí mismas. Desde esta perspectiva, los cultivos de uso ilícito evidencian problemas sin resolver del desarrollo tales como abandono institucional, precariedad ingénita del proyecto de Estado-nación, débil constitución de proyectos colectivos y sociales de vida.

El narcotráfico y sus efectos en la modernidad colombiana

alrededor del tema del narcotráfico se ha tejido una serie de representaciones que al fin y al cabo lo único que logra es aumentar los niveles de incertidumbre. Se le ha considerado como la causa última de las crisis nacionales, y la percepción generalizada es que sus distintos componentes responden unívocamente a una perversidad demoniaca, ingénita y deliberada, cuyo proyecto se sospecha aunque nadie lo logre precisar.

Como imaginario el narcotráfico tiene, entonces, unos réditos políticos sui generis tales como, primero, construir formas de legitimidad a favor de una lógica represiva que en otros espacios ha sido reemplazada por lo persuasivo, lo consensual y el dejar hacer; segundo, habilita un tipo de relaciones globales permisivo con la violación de las autonomías nacionales por parte de intereses imperiales; y tercero descentra los análisis de las crisis al reducirlos a unas variables inaprehensibles por una vía distinta al monopolio del Estado.

No obstante estos sesgos especiales, el narcotráfico es una realidad incuestionable que en nuestro país logra una especificidad por demás reveladora. Aunque los niveles de consumo interno de drogas han aumentado en los últimos años, su peso específico en el mercado mundial está determinado por la capacidad productora, el potencial organizativo de los narcotraficantes, el control de la casi totalidad del tráfico de cocaína que estos últimos han tenido, el volumen de lavado de activos, la enorme amplitud de las redes del narcotráfico, que alcanzan a comprometer de manera diferencial a los cultivadores indígenas, los periodistas, los políticos. Adicionalmente, se le ha atribuido una gran responsabilidad en el comportamiento macroeconómico del país.

Este poder de atravesarlo todo de manera secular ha hecho que combatirlo per se nos asome periódicamente a una inestabilidad en todos los órdenes.

Nos interesa subrayar aquí las implicaciones entre el narcotráfico y la experiencia de modernidad en Colombia, conscientes de que hasta ahora las distintas solidaridades entre ambas son un rasgo distintivo de tal experiencia. Para tal propósito sólo nos limitaremos a describir los principales efectos económicos y políticos del primero.

Desde el punto de vista teórico, a la economía capitalista se le ha asignado la función de integrar las sociedades por vía del mercado, promover una disciplina particular hacia el trabajo, liberar recursos económicos de estructuras pre-modernas que dificulten los procesos de acumulación, y generar los excedentes necesarios para el bienestar social, bien sea mediante el mercado mismo o la intervención del Estado. El supuesto básico es que las variables de la economía son susceptibles de ser planificadas o controladas bajo ideales de sociedad y bienestar, lo cual rivaliza abiertamente con la persistencia de economías especulativas y subterráneas.

Pues bien, en Colombia este modelo se ha resuelto de una manera por demás contradictoria: las riquezas generadas por las economías formales se inscriben en una espiral de proceso de acumulación, informalidad, pobreza, autoritarismo y violencia, que en primera instancia reduce las posibilidades de gobernabilidad efectiva y, por el otro, concede espacios estratégicos a tales economías proscritas. Veamos sólo algunos indicadores relacionados con el narcotráfico.

Aunque es una problemática de nunca acabar, análisis juiciosos como el de Eduardo Sarmiento muestran que en los años 80 los ingresos reales provenientes de este fenómeno estaban entre los US$900 millones y los US$1.300 millones, mientras que en 1995 ascendieron a US$2.535 millones, equivalentes al 3,5% del PIB nacional; la política monetaria del país y la evolución del tipo de cambio han estado seriamente condicionados por el flujo de capitales asociados a los narcos; miles de personas participan directa e indirectamente del negocio impidiendo que el desempleo aumente en demasía; los ingresos netos en vez de estimular procesos de capitalización incentivan el consumo suntuario muchas veces con efectos inflacionarios; distintas fuentes consideran que los narcos han llegado a controlar hasta el 5% de las tierras cultivables del país; la lucha nacional contra las drogas en 1995 significó una erogación del presupuesto nacional de US$1.000 millones, cantidad cercana al 2% del PIB. Los cultivos de coca se encuentran distribuidos en dieciséis departamentos y los de amapola en veinte departamentos y ciento veinte municipios, de la cordillera central en especial, es decir, que una franja importante del país está seriamente afectada por la economía de la producción y el tráfico de drogas. En artículos de prensa, que citan fuentes oficiales, se estima que hay trescientos mil pequeños productores cultivando plantas ilícitas en doscientos doce municipios.

En el campo político la dimensión alcanzada por el narcotráfico es igualmente abrumadora.

El centro de la legitimidad política de los gobiernos se ha desplazado sistemáticamente al asunto de las drogas y, más exactamente, a la capacidad de represión y control que muestran; por eso no es casual que las cifras se hayan convertido en un escenario más de confrontaciones discursivas e ideológicas y que a la hora de mostrar resultados sean los cultivos ilícitos el patrón básico de medida, a sabiendas que en virtud de su comportamiento elástico las áreas fumigadas o erradicadas son, de algún modo, sustituidas por otros.

La connotación moralista que se le ha dado al asunto de las drogas, sumada a la ampliamente demostrada relación de la clase política tradicional con los narcotraficantes ha contribuido a incrementar el valor de la opinión en los debates electorales y, por lo tanto, a relativizar las estructuras de sujeción clientelista que históricamente han existido. De hecho sirven como excusa para iniciar campañas de saneamiento político proclives a un tipo de alianzas suprapartidistas y supraideológicas.

Las también demostradas relaciones de un sector del movimiento guerrillero con el narcotráfico han tenido una doble implicación: la confrontación militar pierde estatus político en la medida que se adopta un lenguaje ambiguo refractario a cualquier tipo de negociación, y la lucha contra las drogas cada vez se institucionaliza como una política de seguridad nacional, enorme y compleja, que termina por comprometer a todo el Estado. Adicionalmente, algunos teóricos como Donald J. Mabry intuyen una mutación particular de la guerra de poca intensidad en los Andes por parte de los Estados Unidos tomando como excusa el tema del narcotráfico.

El fenómeno generalizado de la corrupción de agentes del Estado erosiona el monopolio de las decisiones políticas y, por supuesto, la capacidad de ejecutarlas debido al “socavamiento de la lealtad institucional de las fuerzas de seguridad, la administración pública y los tribunales de justicia que ejerce el narcotráfico”. La percepción social del Estado se desvirtúa aún más, retrasando un sentido de lo público y de la política vertebral en las sociedades modernas:

El narcotráfico contribuye a la neutralización parcial del poder y de las funciones del Estado en algunas regiones, al impedir una presencia permanente de la policía y de las fuerzas armadas, la normal celebración de elecciones o incluso la presentación de servicios públicos básicos y la realización de unos proyectos de desarrollo (Pampillón, Rafael y Verna, Gérard. “Ley del mercado y narcotráfico: el caso colombiano” en http://www.Fsa.Vlaval.Ca/personnel/vernag/pub/ narcol-Ehtml).

Vistas las cosas de esta manera, consideramos que los enfoques judiciales y economicistas ponen el énfasis en el síntoma y no en la enfermedad, porque lo que está en juego es un proyecto de Sociedad que no termina de nacer y que, además, acumula enormes deudas históricas.

A manera de corolario…

Creo que con el tema del narcotráfico estamos procediendo como los siete sabios ciegos cuando cada uno palpaba una parte específica de un elefante y se imaginaba, “sabiamente”, el resto.

Clemencia, César y Henry son de esos sabios.

Para María Clemencia hay subyacente una particular configuración territorial signada por la marginalidad y por formas hegemónicas de representación de aquellos territorios donde ha prosperado el narcotráfico.

Normalmente los cultivos de uso ilícito se explican por la crisis del sector agropecuario, la expulsión de sectores rurales de determinadas áreas que se ven obligados a colonizar y resistir, la existencia de condiciones ambientales y geográficas favorables, la ubicación estratégica del país; pero en su ponencia hay una idea bastante sugestiva: que los cultivos se corresponden con territorios vistos históricamente desde el centro como espacios vacíos, de penumbra, salvajes, que claramente han habilitado desde siempre acciones civilizatorias, pacificadoras, colonizadoras, valiéndose de la violencia en muchos casos, la evangelización, en otros, y hoy, de acciones de modernización económica y de interdicción.

Para César y Henry hay subyacente un complejo problema sin resolver del desarrollo que, precisamente, consagra como principio de solución ponerse al día con la deuda histórica, garantizar una mejor y mayor presencia del Estado, corregir las políticas mismas de desarrollo, revertir ciertos impactos estructurales, etc.

De sus ponencias hay varios enigmas por considerar:

¿Por qué los cultivos de uso ilícito han crecido en una proporción aparentemente igual al esfuerzo por erradicarlos?

¿Por qué el comportamiento tan elástico y autonomizado de los cultivos y de las redes del narcotráfico, en el que no es tan fácil advertir un proyecto conspiratorio?, prueba de ello es la terca reproducción de los cultivos en una y otra frontera.

Así mismo queda claro que los cultivos de uso ilícito no se explican, pero el enfoque estructural, al que casi siempre le asiste la razón por sus notables aportes analíticos, tiene un efecto desmovilizador, porque prácticamente antepone como condición la superación de la pobreza y, en general, un mejoramiento significativo de todos los indicadores socioeconómicos.

A su manera todos los ponentes discuten con aquellos enfoques economicistas y judiciales. Con el primero por presumir que las alternativas son de estricta racionalidad económica; y con el segundo por presumir la existencia de una perversidad ingénita de todos o casi todos los actores involucrados.

No obstante, nos quedamos debiendo un análisis desde la perspectiva territorial o de los territorios, es decir, un análisis a la luz de la superposición de las territorialidades con las dinámicas espaciales de la producción y tráfico de drogas, e incluso un análisis de las territorialidades que el mismo narcotráfico ha configurado de la mano con los grupos armados, los delincuentes urbanos, entre otros.

Pero también nos seguimos debiendo la incidencia del narcotráfico en dinámicas territoriales de larga duración, como la de los indígenas, afrocolombianos, el mercado y del mismo Estado en la medida que se compromete la soberanía nacional.

Si continuamos explorando la correspondencia entre los territorios del narcotráfico y las otras territorialidades, con seguridad terminaremos dando cuenta de un proyecto inconcluso de nación; franjas acentuadas de marginalidad; sociedades fragmentadas, geografías de procesos de resistencia…, es decir, la paradoja de la rata y el sabio.

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Colonización, coca y movimiento social: el caso del Putumayo

María Clemencia Ramírez

Esta ponencia124 la enmarco en el objetivo central de esta VIII Cátedra “Ernesto Restrepo Tirado”, que es el de realizar un análisis histórico del narcotráfico en Colombia y para el caso de este panel, sobre ciclos de producción y territorio. En consecuencia, tomaré como eje de análisis los procesos históricos de construcción del territorio amazónico, a partir de la colonización y de los diferentes ciclos de extracción económica ligados a ésta, así como la adscripción y asunción de identidades asociadas a ciertos lugares que dichos procesos conllevan, y que han generado manifestaciones de resistencia por parte de los campesinos colonos que habitan esta región. Se trata de la emergencia de terrenos de resistencia, tal como lo concibe Routledge (1993:35-36), es decir, referidos a la dialéctica que se establece entre dominación y resistencia a partir de movimientos sociales que toman lugar dentro de un espacio y tiempo determinados.

Parto de que la construcción de la marginalidad de la región amazónica es definitivamente una estructura de larga duración que explica y legitima las políticas que se dictan desde el gobierno central para esta región. La relación que se establece entre el centro del país y esta región marginal se constituye así en un eje de análisis, desde la perspectiva de la representación que se hace de una región desde la otra. La exclusión del otro (en este caso los habitantes de la región amazónica) y la percepción o asunción de esta exclusión por parte de los mismos es una relación fundamental que debe examinarse, así como las interpretaciones que hacen los marginados de su situación con respecto al Estado local y nacional, y los discursos que se generan desde el centro sobre integración y desarrollo regional.

Me referiré en especial al caso del Putumayo, aun cuando haré referencias a Caquetá y Guaviare en ciertos momentos por cuanto estos departamentos han compartido los mismos procesos históricos, pero presentan diferencias en cuanto a su desenvolvimiento.

La construcción de un territorio vacío y receptor de población

El gobierno central ha representado la región amazónica como un territorio baldío, no sólo negando la existencia de grupos indígenas sino adscribiéndole la función de región receptora de población desplazada. Comaroff y Comaroff (1988) han demostrado cómo la representación de territorios desolados corresponde a la idea de que se encuentran vacíos de huellas humanas, hecho que los europeos asociaban con cultura; de esta forma la colonización era legitimada.

Como lo señala Taussig (1987:72) para el caso del Putumayo, “es la visión colonial de la selva la que provee los medios para representar y tratar de dar sentido a la situación colonial”. En el caso del Putumayo, el horror construido en la selva, el salvajismo y canibalismo y su imaginería occidental implícita, hicieron que durante el boom del caucho los colonizadores construyeran también un espacio de muerte, terror y crueldad. En el análisis de Taussig son evidentes la ausencia o la débil presencia del Estado en la región amazónica durante ese periodo, así como su marginalidad. Para permitir y justificar la violencia se acuerdan derechos y reglas fuera de las leyes estatales. Hoy, los habitantes del Putumayo se remiten a este periodo histórico para explicar el por qué de la “barbarie” que según sus dirigentes, caracteriza la violencia en el departamento (Plan de Desarrollo para el Putumayo, 1998-2000).

La política del tiempo y el espacio: desplazamiento y colonización de la Amazonia colombiana

La Amazonia colombiana125 ha sido colonizada desde finales del siglo diecinueve y a lo largo de todo el veinte, principalmente por parte de la población proveniente de la región andina. Por consiguiente, dicha colonización debe analizarse como un proceso que se ha desarrollado a lo largo de un amplio periodo de tiempo, guiado por el ánimo de incorporar las zonas de frontera dentro de la esfera económica del Estado central, para resolver problemas estructurales de tenencia de tierra así como de violencia, que suceden en el centro del país. La región amazónica ha sido vista tanto como una solución a las presiones de tierra de otros lugares del país, como una zona de amortiguación para la seguridad nacional y la preservación de la soberanía en el sur del país.

La Amazonia occidental, que comprende los departamentos de Putumayo, Caquetá, Guaviare y el suroccidente del Meta, ha recibido la mayoría de esta población. Como resultado, en la actualidad tiene hoy una gran población de colonos, que son culturalmente dominantes. 86,3% de la población amazónica está concentrada en esta área, con una densidad de 2,5 habitantes por kilómetro cuadrado.126 En contraste, la Amazonia oriental, que comprende los departamentos del Amazonas, Vaupés y Guainía, se caracteriza por su baja densidad demográfica, la predominancia de la población indígena y una alta concentración de colonos en sus pequeñas ciudades. Su densidad127 es de 0,1 hb/km2 (Domínguez, 1990). Es importante señalar que el cultivo de coca y las actividades de la insurgencia se desarrollan predominantemente en la Amazonia occidental.

A continuación se traza una somera historia de la colonización del Putumayo, con algunas referencias al Caquetá y Guaviare. Podemos diferenciar los siguientes periodos de colonización:

1900-1946: cauchería, misiones y conflicto limítrofe

El impacto de la explotación del caucho fue decisivo en la recomposición territorial y étnica de la región, sobre todo para los pueblos indígenas. La cauchería en sí no generó procesos consolidados de colonización, pero sí la reubicación y destrucción de los pueblos indígenas así como la iniciación de la ampliación de la frontera agropecuaria.

En el Caquetá, a comienzos del siglo XX, los pueblos de Puerto Rico, Tres Esquinas y San Vicente eran los asentamientos más importantes de la zona del piedemonte. Relativamente perdidos en la selva, su importancia era ante todo de tipo comercial, como agencias de abastecimiento o compra de productos extractivos, como la quina y el caucho. Con la caída del mercado del caucho estos primeros poblados se mantuvieron aislados hasta entrada la década de los cuarenta, en que empiezan a adquirir importancia como centros de colonización. Por su parte Florencia, desde su fundación en 1902, se constituyó en uno de los epicentros más importantes para el avance de la colonización en el piedemonte noroccidental. En sus inicios fue una agencia de bodegaje y transbordo que recibía productos de extracción provenientes de los centros de explotación de quina, caucho o pieles y, a su vez, artículos de primera necesidad desde el interior del país, indispensables para abastecer las agencias y los centros de explotación. Con la depresión del auge extractivo, Florencia y su área de influencia experimentaron una decaída, de la cual volvieron a emerger a partir de la construcción de la carretera a Altamira, extendida para articular el interior del país con la Amazonia por la necesidad creada a partir del conflicto contra el Perú en 1932.

Durante este periodo Florencia se fue consolidando como el centro urbano más importante de la región, puerta de entrada de la mayor parte de los pobladores que desde las primeras décadas de este siglo se volcaron sobre las selvas del Caquetá y Putumayo. Alrededor de los años treinta (Brucher, 1968) se conformaron grandes haciendas en el piedemonte caqueteño, fundado por un monje capuchino en 1917, que tuvieron como eje de expansión la hoy carretera Marginal de la Selva en el área de Florencia a Belén de los Andaquíes. Los pobladores se fueron desplazando por todo el piedemonte y desviándose por los afluentes pequeños del río Orteguaza (Brucher, 1968). Durante el periodo se consolidó en estas zonas un modelo de economía basado en la ganadería que caracterizó el desarrollo posterior de toda el área del piedemonte caqueteño.

Un factor importante para el poblamiento del Putumayo en las primeras décadas de este siglo, lo constituyó la llegada de los misioneros capuchinos, quienes centraron su trabajo en la reducción y conversión de los indígenas de la región, amparados en el convenio entre el gobierno y la Misión firmado en 1887. Después, en 1904, se creó la Prefectura Apostólica del Caquetá y Putumayo, y fray Fidel de Montclar fue designado para estar al frente de ella. En 1953, se constituyó el Vicariato de Sibundoy. Ya desde finales del siglo XIX, los capuchinos habían emprendido expediciones desde Pasto y Mocoa hacia las tierras bajas del Caquetá y Putumayo, con el fin de ampliar la jurisdicción eclesiástica en la región y crear poblaciones que sirvieran de puntal para la evangelización y la nucleación de los grupos indígenas dispersos. Hacia 1904 la Misión inició la apropiación de las tierras del valle de Sibundoy, convirtiéndose poco a poco en terratenientes (Bonilla, 1969). A pesar de los litigios que interpusieron los indígenas despojados de sus tierras, los capuchinos establecieron una hegemonía eclesiástica de casi un siglo, dominando la región desde 1893 hasta 1986, año en el cual se vieron obligados a salir a causa de las irregularidades encontradas por la División de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno, a su llegada al valle de Sibundoy.

Las grandes dificultades de acceso al valle de Sibundoy desde Pasto, pues atravesar la cordillera constituía una empresa titánica para misioneros y colonizadores, hicieron que las acciones iniciales de la Misión se dirigieran a la construcción del camino que comunicaría al valle de Sibundoy con Pasto, vía que se convertiría en el eje para la colonización de las tierras bajas. Las obras se iniciaron en 1906, bajo el gobierno de Rafael Reyes; se paralizaron en 1908, se retomaron al año siguiente, y se terminaron a raíz del conflicto colombo-peruano. Como consecuencia de esta guerra se construyeron las carreteras para la “defensa nacional” que comunicaban Pasto con Mocoa y Neiva con Algeciras y Florencia. En lo que respecta a las tierras bajas del Putumayo, el 3 de mayo de 1912 la Misión Capuchina fundó la colonia de Puerto Asís, con el fin de vigilar y defender la soberanía colombiana sobre el río Putumayo, y de promover su colonización (Misión Capuchina, 1913); en 1924 se convirtió en base militar.

En 1931, y bajo la dirección de los misioneros, se unió Pasto con Puerto Asís a través de una carretera, abriendo paso definitivo a la colonización en esta zona, lo cual significó un cerco territorial para los indígenas. Con el fin de transportar equipos para la contienda bélica se reforzaron los tramos Mocoa, Puerto Umbría, San Pedro y Puerto Asís. La otra carretera, la más importante militarmente en este conflicto, fue la construida en el bajo Putumayo sobre La Tagua, puerto sobre el río Caquetá y el antiguo Caucayá. La colonización continuó después del conflicto colombo-peruano (1932) cuando los militares iniciaron esfuerzos para colonizar esta parte de la Amazonia con el fin de ejercer su soberanía sobre esta área de frontera.

1947-1962: la colonización de la violencia

Durante este periodo se registró uno de los procesos migratorios más importantes hacia la Amazonia occidental, que transformó radicalmente la estructura regional y determinó en gran medida su desarrollo posterior. La ocupación de la zona del piedemonte durante las décadas anteriores había registrado una dinámica relativamente estable, determinada por el vaivén de las actividades extractivas o por las políticas de articulación de la región a partir de la defensa de la soberanía nacional. Las causas de este cambio se encuentran en el proceso conocido como la Violencia, que obligó al desplazamiento de miles de campesinos de la región interandina a través de la cordillera Oriental, huyendo de la guerra civil y en busca de reconstruir sus vidas en la región amazónica. Este flujo de población significó un salto gigantesco en las cifras de población de la región. Entre 1938 y 1951 el crecimiento llegó a más del 122%. Entre 1958 y 1966, el flujo migratorio aumentó al punto de ser reconocido como el de mayor importancia en el crecimiento poblacional (Artunduaga, 1990).

Para el caso del Caquetá, el conflicto se convirtió en el eje de las relaciones con el Estado desde esta época. En 1949, en la región del Tolima, el Partido Comunista organizó grupos armados de autodefensa conformados por campesinos que se convirtieron en guerrillas móviles conocidas como columnas de marcha, con el fin de defenderse de la persecución de los conservadores.128 Las columnas de marcha reaparecieron como resultado de la persecución militar de la dictadura del general Rojas Pinilla.129 Es así como en 1954 una columna de marcha compuesta por miles de campesinos desplazados y protegidos por grupos guerrilleros llegó a La Uribe (Meta) proveniente del Tolima. Una vez fue depuesto el gobierno militar, las columnas de marcha restablecieron grupos campesinos de autodefensa, ubicados en seis lugares principalmente: Marquetalia, Riochiquito, Alto Sumapaz-Duda, Ariari y Guayabero, en el Guaviare, y El Pato en el Caquetá (González, 1992). Este tipo de proceso de colonización ha sido llamado “colonización armada”.130 Estos colonizadores armados eran campesinos que habían sido expulsados de sus tierras de origen y debido a su afiliación al Partido Comunista habían sido excluidos por la elite política de los partidos tradicionales y perseguidos por los militares. En síntesis, se vieron forzados a armarse para defender sus vidas y sus familias. La guerra sucia se convirtió en el escenario donde se desarrollaba la vida cotidiana en estas regiones. En lugar de facilitar la incorporación de estos territorios al Estado-nación, el gobierno central etiquetó estas áreas como peligrosas “repúblicas independientes” comunistas, continuando el proceso de marginalización.

Al revisar la historia, se hace evidente en los documentos que los líderes comunistas siempre manifestaron su deseo de participar como partido en el gobierno. Sin embargo, este interés manifiesto no fue apoyado y mucho menos reconocido por el gobierno. Al contrario, entre 1962 y 1965 el gobierno declaró la guerra a estas “repúblicas independientes”. En 1964 la Operación Marquetalia131 se inició y la región fue tomada por los militares. Como consecuencia, se sostuvo la primera Conferencia Guerrillera del Frente del Sur. En 1965, después de esta Conferencia y de los avances de Riochiquito y El Pato, se crearon las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Los grupos de autodefensa se volvieron nuevamente guerrillas móviles que intentaban constituir un ejército revolucionario (González, 1992: 67).

Para esta época, en el Putumayo la red vial se había fortalecido por motivos estratégicos y de soberanía nacional. En 1957, cuando se concluyó la vía Mocoa-Puerto Asís, dicha red sirvió de ruta de migración, lo cual llevó a que se conformara una franja de poblamiento a lo largo de la carretera, la más ocupada del departamento en la actualidad.

En esta misma época, una nueva colonización se abrió paso hacia el Putumayo, ajena a las pasiones extractivas. Se trataba de familias campesinas nariñenses que, al tener limitado acceso a la tierra por el crecimiento del latifundio, se vieron obligadas a migrar, ampliando así la frontera agrícola. Así mismo, el proceso de disolución de resguardos en Nariño a partir del Decreto Ley de 1940, resultó en la migración de indígenas al Putumayo. A partir de la década de los cincuenta, la explotación maderera se convirtió en una de las actividades importantes en el Putumayo y en la década de los sesenta el comercio de pieles fue otra bonanza que tuvo lugar en la región.

En el Guaviare fue mucho menos denso el poblamiento que realmente comenzó a principios de los años cincuenta con el proceso de amnistía política por la Violencia. Especialmente a San José del Guaviare y a las vegas del río Guaviare llegaron los colonos buscando tierra para establecer la colonización armada por el Ariari y el Guayabero y la colonización campesina espontánea. La gente que llegó al Guaviare procedía también de otros lugares de la zona andina central como Tolima, Boyacá, Santander y Cundinamarca.

1963-1976: en el Putumayo, toma lugar la llamada “fiebre petrolera”

Se descubren en 1963 zonas petroleras en Orito, La Hormiga, Acaé y San Miguel en el Valle del Guamues. La Texas Petroleum Company construyó las principales carreteras que existen actualmente en esa zona y los migrantes llegaron a conseguir trabajo, y luego algunos se quedaron a colonizar nuevas tierras.

En 1964, se inicia el Proyecto Putumayo 1 del Incora (alto Putumayo), como proyecto de colonización dirigida. En el Caquetá la colonización dirigida marcó la pauta de poblamiento. El proyecto Caquetá I, financiado por el Banco Mundial, dotó de carreteras, escuelas, acueductos y algunos puestos de salud, y estableció zonas de crédito en casi todos los municipios del Caquetá, en su parte occidental, cercana al piedemonte. Aunque el Incora no atendió todas las necesidades de los colonos, propició la llegada de muchas personas que se establecieron en baldíos para conseguir la titulación de sus tierras.

En el Guaviare comenzó hacia 1968 un proceso de colonización orientado por un locutor de radio que animó a los pobladores urbanos a colonizar ese territorio que hasta el momento contaba con muy poca población blanca (Molano, 1987). El Incora apoyó la titulación de predios y la sustracción de la reserva forestal en la zona de El Retorno, entre San José y Calamar.  1977-1987: esta época está marcada por la introducción del cultivo de la coca

Esto se traduce en un nuevo auge de la colonización del Caquetá, Putumayo y Guaviare. Gente procedente de todo el país llegó, entre otras, a las riberas del Caguán, al medio y bajo Orteguaza, al medio Caquetá, al Valle del Guamues, al municipio de Puerto Asís, a las orillas del Piñuña Blanco, al río Guaviare y al corregimiento de Calamar.

El cultivo de coca se expande rápidamente; el primer boom se presenta en 1981 y se sostiene hasta 1987. En 1984, el Frente 32 de las FARC llegó al Putumayo.132 En 1987 llega a la región del Putumayo Rodríguez Gacha y con él los primeros paramilitares, como resultado de la represión en el Magdalena medio. Gacha es expulsado en 1991 por la población de Puerto Asís en asocio con las FARC, evento que marcó un hito histórico en la memoria de la gente.

1988-presente: colonización reciente, alrededor del petróleo, la madera y la coca

En este periodo se marcan los actuales frentes o puntas de colonización en todos los departamentos. Entre 1988 y 1990 decaen los precios de la coca, se intensifica la lucha contra el narcotráfico y matan al candidato presidencial Luis Carlos Galán. En 1990 desaparece, debido a las plagas, la variedad de coca inicial conocida como caucana y se inicia el cultivo de tingo maría, variedad del Perú, y la variedad boliviana, aumentándose y estabilizándose la producción. Un considerable número de personas llega a la región en 1994 (provenientes de los departamentos del Huila, Cauca, Valle, Nariño, así como de la región cafetera y del Ecuador). Desde entonces la migración de población atraída por las oportunidades de la economía de la coca ha continuado de una manera menos intensiva.

Una encuesta realizada por el Incora en 1991 permite establecer con algún nivel de detalle, la procedencia y tiempo de vinculación de los habitantes del Putumayo y Caquetá (ver cuadro “Procedencia de colonos).

Para el caso del departamento del Putumayo, de las cifras que presenta esta muestra deben resaltarse tres aspectos: en primer lugar, la predominancia de colonización nariñense en el Putumayo, lo cual va a incidir tanto en los procesos organizativos de la población como en su percepción del Estado. Se trata de campesinos minifundistas que buscan hacerse a un pedazo de tierra propio y mantienen, por lo tanto, su condición como pequeños cultivadores. En segundo lugar, aunque el porcentaje mayor de llegada a la región se presenta durante el boom de la coca (37,6%), debe señalarse que durante el periodo de la Violencia, otro alto porcentaje llegó a la zona, el cual, sumado al de la población que llegó como producto de la explotación petrolera, representa el 42,4% de la muestra.

En tercer lugar, como resultado de este proceso de colonización, tres generaciones de campesinos han habitado el departamento del Putumayo. Los primeros colonos criaron a sus hijos en la región amazónica y vivían allí cuando llegó la coca. Es importante destacar que la gente se desplazó en diferentes periodos de tiempo y que la coca no ha sido la única razón ni la principal, para explicar la migración a la región amazónica, como muestran los porcentajes de la encuesta del Incora.

Para el Caquetá, los departamentos de origen son Caquetá, Huila y Tolima, lo cual ratifica los procesos migratorios antes descritos, pero también señala el predominio de una migración interna, es decir, de las personas nacidas en el mismo departamento, rasgo distintivo del Caquetá en comparación con el Putumayo. Es así como en la parte baja de la Bota Caucana, la colonización ha provenido principalmente del Caquetá, desde finales de la década de los sesenta, durante los setenta y ochenta y toma como vía de acceso el río Caquetá y el río Fragua. Se trata de lo que podemos llamar colonización secundaria en cuanto a que es la población colona del Caquetá como tal, la que continúa el proceso colonizador ya no solo dentro del departamento sino hacia la Baja Bota Caucana buscando nuevas tierras así como la expansión del cultivo de coca. La coca aparece en la Baja Bota Caucana durante la primera bonanza (1978-1982) y se generaliza cuando se inicia la segunda bonanza (1984-1987) debido a la existencia de baldíos y al aislamiento geográfico que facilita el cultivo.

En cuanto al periodo de vinculación al Caquetá, el 68% llegó a la región en la época de la Violencia y entre 1968-1977, cuando se realizaron los proyectos de colonización dirigida Caquetá I y Caquetá II. Le sigue en importancia el periodo de auge de la explotación cocalera, lo cual ratifica lo dicho para el Putumayo en cuanto a que el motivo principal de colonización de esta región de la Amazonia occidental no es el cultivo de la coca.

Colonización y Estado en la región amazónica

Como regla general, el Estado limita su presencia en la región al establecimiento de servicios básicos para los colonos localizados cerca de los centros urbanos. En el resto de la región crecen los servicios básicos adecuados tales como vías, acueductos, electricidad, salud y educación. Los programas de desarrollo impulsados por el Estado han beneficiado principalmente a los terratenientes, quienes han consolidado grandes extensiones de tierra y han actuado como agentes para la integración o expulsión de los colonos, sobre todo para el caso del Caquetá.133 Por otra parte, muchos colonos se han visto forzados a vender sus mejoras como resultado de las deudas bancarias que van de la mano de dichos programas de desarrollo. Los colonos experimentan la pérdida de sus tierras como algo injusto, que no se castiga, es decir, un acto de violencia institucionalizada (Molano, 1988: 109-110). Este resentimiento frente a las consecuencias de las políticas del Estado ha legitimado a la guerrilla que históricamente ha defendido los intereses de los colonos.

Si el Estado se hubiera preocupado por subsidiar el salto del colono hacia el régimen empresarial, abaratando el costo del dinero y proscribiendo la concentración de tierras, mientras mejoraba los servicios, controlaba los precios y abría vías de comunicación el sino de la colonización habría cambiado. Pero no lo hizo y quizás no lo podía hacer puesto que los colonos no tenían injerencia política en el Estado y los representantes políticos de aquellos eran personeros de intereses contrarios y aun antagónicos a los suyos (Molano, 1988: 32).

Por consiguiente, ese Estado, que ha fallado en proveer de servicios básicos a los colonos, es percibido como el principal responsable de la expansión del cultivo de coca en estas áreas. Un colono del Putumayo argumenta:

[D]Onde el Gobierno se hubiera planteado en forma adecuada, varonil y estricta la coca hacía mucho tiempo que la hubiéramos acabado los campesinos (…) Nosotros mismos la habríamos acabado. Lo que pasa es que el Gobierno tiene que ver mucho en esto, porque siendo gobierno debía meterse a la selva, llamar a la gente y decirle “no es este el cultivo que van a llevar señores, van a poner es un cultivo digno, vamos a erradicar esto para siempre”. Pero no. Los funcionarios del Gobierno no vienen por aquí. Los funcionarios que vienen a la región se ubican en las cabeceras de los municipios, ellos no salen de allá (Testimonio en Raigambre, 1991: 41. Énfasis de la autora).

En este testimonio no sólo se culpa al Estado de la expansión del cultivo de coca, sino que se le representa como débil, “femenino”, carente de características varoniles, tales como autoridad. En la región la gente siente emocionalmente la ausencia del Estado y se critica a los funcionarios oficiales, a quienes se les señala como pegados a sus escritorios. El Estado se convierte así en un mito, “una expresión de la emoción (…) una emoción convertida en imagen” (Cassirer, 1946: 43), algo que existe lejos de ellos, al que se le adscriben ciertas obligaciones que nunca se cumplen y por lo cual los habitantes de la región se resienten. La gente que vive en la Amazonia es invisible para el Estado y poco a poco, los colonos interiorizan esta invisibilidad. El resultado es la reconfiguración de la construcción histórica del territorio baldío:

Aquí no necesitamos sino la ayuda del Gobierno. ¡Yo le digo al señor gobierno que ésta es Colombia! que nos reconozcan, que nos hagan unos préstamos, pero no con ese carapalo de la Caja Agraria que sólo presta si uno tiene 20 cabezas de ganado (…) Pedimos que el señor gobierno mire por aquí y vea que la gente quiere trabajar y que nos tiene que tener en cuenta, que ésta es también Colombia. Uno trabajar con las meras uñas es cosa muy dura (Testimonio en Raigambre, 1991: 42. Énfasis de la autora).

Identidades adscritas al territorio y resistencia

Herbst (1994) señala cómo los grupos marginales “son oprimidos por una población central que mantiene impresiones estereotipadas y peligrosas acerca de ellos”. A partir de la construcción histórica del territorio amazónico por parte de las elites dominantes, como un espacio marginal y vacío, receptor de población, los colonos han sido definidos como población contingente, es decir, migrantes que entran y salen del Amazonas dependiendo de las actividades extractivas que se desarrollen coyunturalmente –caucho, pieles, oro, coca–134. Esta construcción implica el presupuesto de la falta de identidad y cultura de la población migrante, puesto que no es nativa de esta región amazónica y su único interés es extraer riqueza.

Para la elite dominante, la coincidencia de coca, narcotráfico y guerrilla lleva implícita como presupuesto indiscutible la generación de violencia y de acciones ilegales, lo cual legitima y prevé la implementación de medidas represivas por parte del Estado. Estamos frente a prácticas que moldean la formación de identidades y de lugares, en este caso, mediadas por la violencia. La estigmatización de esta región marginal y periférica, ha generado la emergencia de protestas y manifestaciones de resistencia por parte de la población señalada no sólo como delincuente, por dedicarse a los cultivos ilícitos, sino además como auxiliar de la guerrilla. El movimiento social de los campesinos cocaleros que se evidenció en las marchas de junio de 1996, es un evento que permite ahondar en la discusión de estos temas.

Las localidades del Putumayo, donde emerge el movimiento social de los cocaleros, han sido construidas histórica y culturalmente no sólo por sus habitantes, sino por percepciones que se tienen de ellas central, regional y localmente, mediadas por relaciones jerárquicas de poder localizadas en el espacio. Estas construcciones socio-culturales de la región no son fijas ni están dadas de antemano sino que cambian en el tiempo, aun cuando presentan continuidades estructurales. Por tanto, para entender cómo se les adscriben a los espacios y territorios identidades, convirtiéndolos en lugares con significados, debe tenerse en cuenta la historia de la colonización antes mencionada. En estos lugares y fuera de ellos, hay enfrentamientos y luchas de poder entre diversos actores que buscan la definición o la negociación de identidades. Tal como lo han señalado Gupta y Ferguson (1997: 13):

Por consiguiente, identidades y alteridades se producen simultáneamente en la formación de localidad y comunidad. Comunidad no significa sólo el reconocimiento de una similaridad cultural o de una contigüidad social, sino una identidad categórica que se fundamenta en varias formas de exclusión y de construcción del otro (…); los sujetos colectivos e individuales se forman por medio de procesos de exclusión y de construcción del otro. De la misma manera, con respecto a localidad, no está en discusión la localización de un sujeto en cierto lugar, sino también que este lugar particular se establezca aparte de y en oposición a otros.

A la vez que el centro del país se contrapone a esta región marginal amazónica como una unidad homogénea, “la otra Colombia”, o en palabras de las FARC, “la Nueva Colombia”, atravesada por intereses transnacionales que giran alrededor del narcotráfico, es importante entender la complejidad espacial dentro de la Amazonia occidental y del departamento del Putumayo. Un mismo evento, como fueron las marchas cocaleras de 1996, se sucede, se desarrolla y finaliza de manera distinta en el Putumayo, Caquetá y Guaviare, de acuerdo con los diferentes procesos organizativos anteriores y las contradicciones internas entre lugares con identidades políticas contrapuestas, entre otras causas.135 Parto entonces, de que espacios y lugares se encuentran jerárquicamente interconectados, antes que naturalmente desconectados, y las diferencias y las transformaciones se dan como resultado de esta interconexión. Es así como se habla del Alto Putumayo en relación y en contraposición con el Bajo Putumayo, en cuanto a su historia y la predominancia o no de la violencia. Más aún, se contraponen como la región civilizada y la región bárbara o salvaje.

En el Alto Putumayo se encuentran los municipios de Santiago, Colón, San Francisco y Sibundoy, localizados en el Valle de Sibundoy, donde la actividad económica principal es la ganadería y la venta y procesamiento de leche. Históricamente, como se señaló, se ha caracterizado por haber sido centro de residencia de los misioneros capuchinos, uno de cuyos legados es la existencia de colegios de primaria y secundaria que hacen del Valle de Sibundoy uno de los lugares con mayor nivel educativo del departamento y, por lo tanto, “civilizado”. Los habitantes del Valle de Sibundoy se consideran ajenos a la violencia que caracteriza al Bajo Putumayo tanto por no ser un territorio donde se asientan los guerrilleros, aunque sí transitan, como por no cultivar coca, lo cual se cumple para Mocoa, capital administrativa del departamento.

En el Medio Putumayo se localizan Mocoa, Villagarzón y Orito, municipios que se definen también como lugares diferenciados en cuanto a su historia y representación de aquellos municipios que se identifican como cocaleros, violentos y por qué no, bárbaros. Mocoa, fundada en 1780, fue centro misionero desde donde los franciscanos iniciaron sus incursiones a la selva amazónica y su historia permite a sus habitantes trazar su ascendencia a los tiempos de la colonia y así considerarse nativos del departamento en contraposición a los habitantes del Bajo Putumayo, representados como migrantes sin arraigo. Villagarzón y Orito presentan cultivos de coca, pero históricamente Villagarzón comparte con Mocoa su historia colonial y Orito, centro petrolero y sede administrativa de la Compañía Colombiana de Petróleo-Ecopetrol, es definida como ciudad petrolera antes que cocalera y es así como en el imaginario regional, son municipios definidos como no violentos o “civilizados”, esta vez por su historia colonial y por la presencia de profesionales y técnicos en petróleo.

Por su parte, los municipios del Valle del Guamues (La Hormiga), Puerto Asís, Orito, Puerto Caicedo, San Miguel (La Dorada) y Puerto Guzmán, localizados en el Bajo Putumayo son los municipios definidos como cocaleros y sede de los frentes 48 y 32 de las FARC. Dentro de ellos son Puerto Asís, el Valle del Guamues (La Hormiga) y San Miguel (La Dorada), los que han sido estigmatizados como violentos por la predominancia de la economía de la coca. Esta estigmatización no es coincidente con el número de hectáreas en coca que se cultivan, ya que para principios del año 2000 Orito presentaba un total de hectáreas (10.000) superior al de Puerto Asís (5.000).

El Valle del Guamues, es la zona considerada más violenta, donde la “barbarie” es predominante. Históricamente fue el sitio donde llegaron los primeros narcotraficantes en la década de los ochenta, tuvieron su base de operaciones, el lugar donde se conformó el primer grupo de justicia privada que adelantó acciones en la zona, como se señaló. Aun cuando el índice de cultivos de coca es superior al de otros municipios (20.000 hectáreas, incluidas las de San Miguel), sobre este lugar se han tejido historias de violencia ligadas a la economía de la coca que no sólo pesan en la memoria social de los habitantes del departamento y moldean la identidad de los pobladores, sino que esconden la violencia política que se ha intensificado en la zona desde 1998.

Esta contraposición regional se refleja también en la competencia que establecen Mocoa y Puerto Asís, la primera como capital administrativa y centro de la gobernación del departamento, y la otra como capital comercial de la economía de la coca en el Bajo Putumayo. Otras localidades se alían, a través de sus alcaldes, como forma de resistencia frente a la estigmatización de que son objeto por la predominancia del cultivo de coca, como es el caso de Puerto Asís, Orito, Puerto Guzmán, Valle del Guamues (La Hormiga) y San Miguel (La Dorada). Aliados contestan su señalamiento, tanto del Estado central como regional, de ser lugares violentos, buscando transformar este significado, y convertir estos lugares en un espacio de ciudadanía, democracia y libertad (los llamados Territorios de Paz).136

Por último, dentro de los municipios del Bajo Putumayo vale la pena diferenciar a Puerto Leguízamo donde se encuentra una base militar y una población indígena sobresaliente, dentro de un contexto cultural amazónico donde las relaciones intergrupales son más distensionadas, compartiendo características propias de la Amazonia oriental. Los otros municipios del Bajo Putumayo asocian la base militar con la entrada de los paramilitares a la zona. El cultivo de coca tampoco es predominante por cuanto la cercanía de la base militar no ha permitido su consolidación.137

Por su parte, la Baja Bota Caucana, debido a su situación geográfica, puede considerarse el estereotipo de una frontera marginal en Colombia y específicamente en la región amazónica. A pesar de esta condición, sus habitantes han luchado por hacerse visibles como habitantes de la Baja Bota Caucana, y por medio de la lucha para la creación del municipio de Piamonte, durante el movimiento cocalero de 1996, demostraron su búsqueda de reconocimiento como parte del Estado-nación colombiano. Se puede concluir, entonces, que un aspecto central en estos territorios marginales es la búsqueda de su redefinición tal como lo señala Pile (1997: 29-30):

Los territorios no necesariamente son espacios de exclusión donde la gente definida como marginal o fuera de los valores dominantes es denigrada, rechazada y perseguida (ver Sibley, 1995). Por el contrario, la resistencia de la gente puede reterritorializar el espacio de varias maneras con miras a trasformar sus significados, cuestionar el territorio como una fuente natural de poder, y permite que el territorio se convierta en un espacio de ciudadanía, democracia y libertad –dentro de ciertos límites. Los territorios comprenden localización, fronteras y movimiento– y por lo tanto se sobreponen, son discontinuos y cambiantes en la medida que la gente busca formas alternativas de vida y de conexión con el mundo.

El por qué de la expansión del cultivo de coca

La producción de coca con propósitos comerciales comenzó en la región oriental del país alrededor de 1975, promovida por comerciantes de esmeraldas, que desde antes de que terminara el boom de la marihuana,138 ya habían establecido lazos con el negocio de la coca, que para ese tiempo estaba apenas empezando en Perú y Bolivia. De su experiencia con la marihuana, los comerciantes de esmeraldas conocían los canales de comercialización para la cocaína. Inicialmente, el centro de producción se encontraba en Iquitos (Perú), desde donde la pasta de coca era exportada a los Llanos Orientales colombianos donde era transformada en cocaína. La coca era cultivada por los peruanos, transformada en cocaína por los colombianos y comercializada por los estadounidenses. Al final de los años setenta, los narcotraficantes colombianos decidieron cultivar su propia coca (Ramírez C., 1998: 14-15).

La coca se podía adaptar fácilmente en las selvas húmedas, donde los indígenas la conocían y cultivaban desde tiempos prehispánicos. Los cultivos comerciales se extendieron desde la región del Vaupés hacia el occidente, siguiendo la vertiente del río Vaupés, hasta llegar a Miraflores en el departamento del Guaviare; los cultivos familiares y comerciales de coca se expandieron por todas las zonas de colonización de la vertiente amazónica, Meta, Caquetá, Putumayo y San Miguel, y en algunas extensiones de economía campesina del Cauca y Nariño (Alomía et al., 1997: 7). La cantidad de coca cultivada en cada uno de estos departamentos varía de acuerdo con el tipo de tenencia de la tierra que sus habitantes tenían cuando llegó la coca, resultado de los distintos procesos de colonización que se dieron en la región amazónica durante el siglo XX. En Putumayo ha predominado el cultivo de coca en pequeñas parcelas, mientras que en Caquetá y Guaviare se encuentra un número considerable de parcelas medianas y grandes. En 1980, la producción de coca con fines comerciales se hizo por primera vez en Calamar, en el departamento de Guaviare, y en el departamento de Putumayo.

Las plantaciones industriales (hasta de trescientas hectáreas), dirigidas por narcotraficantes, fueron establecidas en el departamento de Guaviare en los años noventa. En diciembre de 1994, el coronel Gallego, jefe del Departamento de Antinarcóticos, afirmó: “el Guaviare es un mar de coca” (Semana, nº 659, 20 de diciembre de 1994: 23) y reportó 26.300 hectáreas sembradas hacia el occidente de Miraflores, representando dos terceras partes del total de plantaciones de coca de todo el país y un 13% de la producción mundial. En este mismo informe la Policía Antinarcóticos reportó un total de 43.000 hectáreas cultivadas en Colombia, de las cuales 11.700 fueron producidas en Caquetá y 5.000 en Putumayo. En 1996, Guaviare aumentó su producción a 38.600 hectáreas, Caquetá a 21.600 y Putumayo a 7.000. La producción total nacional aumentó a 67.200 (Dirección Nacional de Estupefacientes, 1997). Como resultado, el gobierno estadounidense descertificó139 a Colombia dos años seguidos (1996 y 1997), argumentando que los esfuerzos por combatir la producción y tráfico ilegal de droga no eran suficientemente vigorosos.

Un artículo de la revista Semana afirma: “a pesar de que se ha logrado un récord en la erradicación de cultivos ilícitos en Colombia, las áreas cultivadas continúan aumentando” (Semana, nº 821, 26 de enero de 1998: 34). En este mismo artículo, el coronel Gallego de la Policía Nacional Antinarcóticos reportó que 48.000 hectáreas habían sido fumigadas en 1997 y manifestó que “ningún otro país involucrado en la lucha antinarcóticos podía mostrarle al mundo unas cantidades tan convincentes”.

Al mismo tiempo, el gobierno de los Estados Unidos anunció que los cultivos de coca en Colombia habían aumentado 6.920 hectáreas durante el mismo año (Semana, nº 821, 26 de enero de 1998). Mientras la policía antinarcóticos había centrado sus actividades de fumigación en el Caquetá y Guaviare, la producción de coca se había intensificado en otros lugares de la región amazónica, como el Putumayo, y también en otras zonas del país, como el departamento de Bolívar (Serranía de San Lucas, con 3.000 hectáreas), la costa Atlántica y el departamento de Norte de Santander (La Gabarra, con 5.000 hectáreas) en el noreste del país (Semana, nº 821, 26 de enero de 1998: 35). De 1998 a 1999, la producción colombiana de coca aumentó en un 28%, llegando a representar el 53% de la producción mundial (El Espectador, 9 de febrero de 1999). Colombia se había convertido en “el productor más grande de cocaína a nivel mundial por mucho” (Johnson, Miami Herald, 15 de marzo de 1999).

La coincidencia de marginalidad e ilegalidad explica el por qué el cultivo de coca se propaga y por qué las FARC pudieron entrar a regular la producción, procesamiento y mercadeo de la hoja de coca. Aun más, el rol de autoridad de las FARC que se traduce en la imposición de disciplina, normas y leyes, sirvió para legitimar el sistema económico de la coca.

El cultivo de coca es, además, una respuesta evidente a los fallidos planes dee desarrollo llevados a cabo por el gobierno en la región amazónica para la población colona. Aun más, a la política agraria que el gobierno colombiano ha venido implementando desde 1990 de acuerdo con la liberalización de la economía,140 lo cual ha llevado a la instauración del capitalismo salvaje,141 de manera que cultivos tradicionales como arroz y maíz, que no son subsidiados por el Estado, no pueden competir con los mismos productos importados. Por otra parte, en el caso de la región amazónica, para lograr su integración al mercado y la competitividad de estos cultivos, se hace necesaria la infraestructura vial que ha faltado por décadas.

El cultivo de coca ha sido dominante en la región amazónica de Colombia durante los últimos veinticinco años. A diferencia de otras actividades económicas orientadas hacia la extracción y exportación que se han llevado a cabo en la región, como la extracción de quina, caucho y la minería, la inversión de parte de las ganancias de la coca mejoró considerablemente la calidad de vida de los colonos. Por este motivo, no podemos seguir considerando el cultivo de coca como una economía de ciclo corto. Estoy de acuerdo con el punto de vista de Tovar (1993), quien considera que la coca se ha convertido en una fuente alternativa de capital para una comunidad marginal que busca superar, tanto su condición marginal como la exclusión de la que ha sido víctima por parte de las clases dominantes tradicionales: “Una economía de retaguardia capaz de evitar el hundimiento de esta frontera entre el simple autoabastecimiento y el autoconsumo” (Tovar, 1993: 23). La economía de la coca ha dado estabilidad económica a los campesinos quienes han sido capaces de competir en la economía de mercado por primera vez.142 Como Ferro (1999) anota, una generación entera ha crecido en la región amazónica sabiendo sólo cómo cultivar coca. Adicionalmente, el cultivo de coca ofrece trabajo para no productores en el momento de la cosecha (raspachines), en su transporte, procesamiento y comercialización.

Para concluir, es importante subrayar que en este mercado, determinado por la ilegalidad de la coca (ilegalidad que implica riesgos que aumentan el valor del producto final), los campesinos obtienen una parte muy pequeña del precio final de venta, debido a que su trabajo corre un riesgo menor al de su comercialización.

Emergencia del movimiento cocalero, un caso de recomposición de identidades

La declaratoria de Estados Unidos de descertificación del gobierno colombiano el 1º de marzo de 1996, llevó a la intensificación de la política antidrogas durante el gobierno del presidente Ernesto Samper (1994-1998), quien incrementó las fumigaciones aéreas de las plantaciones de coca en la región amazónica, así como el control de la venta de cemento y gasolina, insumos necesarios para el procesamiento de la pasta de coca. En respuesta, durante los meses de julio, agosto y septiembre de 1996, alrededor de 200.000 campesinos del Putumayo, Caquetá y Guaviare –incluidos colonos, mujeres, niños y población indígena– marcharon desde sus predios rurales hacia los pueblos más cercanos y hacia las capitales departamentales, manifestándose en contra de la aplicación y el cumplimiento de las leyes que combaten los cultivos ilícitos, su principal fuente de subsistencia.

Se pone en evidencia cómo el Estado a partir de su representación de la Amazonia occidental como una región habitada por gente desarraigada, dedicada a actividades ilegales, ya sea por relacionarse con las FARC o con el narcotráfico, y a través de la aplicación de políticas de represión acordes con esta percepción, incide en la emergencia de un movimiento social que asume su identidad colectiva como cultivadores de coca o cocaleros, que busca resignificar este rótulo que no sólo los estigmatiza y los criminaliza sino que los invisibiliza. Quiero subrayar la importancia que tiene el asumir esta identidad como pequeños campesinos cultivadores de coca en la configuración del movimiento social, pues es la discusión abierta de su condición de cultivadores de coca la que les permite entrar a negociar con representantes del Estado, pero sobre todo, proponer alternativas para la región más allá de erradicar la coca, pues ellos buscan su reconocimiento como interlocutores válidos para la discusión de las políticas y programas que se dirijan a la misma.

Es así como el objetivo central del movimiento social es hacerse visibles como grupo social autónomo frente a la guerrilla y a los narcotraficantes y, sobre todo, ser reconocidos como ciudadanos putumayenses, de manera que se trata de un movimiento social que no puede entenderse como tal, sin entrar en interlocución o en contestación con las políticas del Estado para la región amazónica, así como de la política internacional de lucha contra la droga.

El poder del movimiento deriva así, de la oposición sistemática del Estado a través de la fumigación indiscriminada de los cultivos de coca, una política represiva promocionada por Estados Unidos, que implícitamente desconoce las necesidades primarias de los habitantes de la región fumigada y sus reiteradas demandas de una solución alterna. Como cultivadores de coca se constituyen en la parte inicial y más débil de la cadena global del narcotráfico, pero localmente el cultivo de coca es simplemente un cultivo más que no cambia en forma sustancial las condiciones de vida de los cultivadores. Molano (1994) ha señalado además, que la coca no sólo ha traído represión del ejército sino que también ha fortalecido al campesino colono, puesto que el gobierno se ha visto forzado a negociar directamente con los colonos y tomar en cuenta con seriedad sus intereses, lo cual se evidenció en la mesa de negociación de agosto de 1996.

Argumento que las identidades colectivas en la Amazonia occidental están moldeadas por los sentimientos de exclusión y abandono por parte del Estado central y la clase política hegemónica, y como resultado, las identidades políticas emergen como una protesta contra la exclusión (Brown, 1995) y el reconocimiento distorsionado (misrecognition).143 El discurso de un Estado ausente que permea todos los estamentos de la región se internaliza como un desafecto, se vuelve constitutivo de la identidad de los sujetos y más aun de su sujeción. En este contexto de exclusión y reconocimiento distorsionado de los habitantes de la región amazónica por parte del Estado (migrantes, sin arraigo en busca de dinero fácil), se establece una relación de espejo en la cual toma lugar una “identificación” en los términos de Lacan (1977), lo cual se traduce en la asunción de esta exclusión, por parte de los habitantes de la Amazonia, con la consecuente transformación que toma lugar en el sujeto cuando asume esta imagen de abandono, desconocimiento y, aun más, de invisibilidad frente al Estado. Se entra así al campo de lo subjetivo, donde se vuelve evidente que “la verdadera comunidad es la que yo siento, la experiencia subjetiva” (Gianni, 1997: 134). Frente a la imposibilidad de lograr su verdadera realización como individuos, surge el antagonismo, que puede tornarse violento, contra los “otros”, aquéllos que les impiden realizarse totalmente. Esta relación de antagonismo “emerge no de totalidades completas, sino de la imposibilidad de su constitución como tales” (Laclau and Mouffe, 1985: 125). Tal como lo ha señalado Nugent para el caso del Brasil, donde los campesinos son tratados como contingentes e incompletos, definidos por lo que no son.144

Estas identidades colectivas politizadas, que emergen en este contexto, son las que dan vida al movimiento social cocalero, en respuesta a ese Estado que cuando se hace presente en la zona en vez de ejercer su paternidad recompensando a quienes sufren por su ausencia, los representa como delincuentes, los reprende con violencia y reitera a los habitantes del Putumayo su condición de marginalidad. El campesino colono no puede constituirse como un ciudadano con derechos, debido a que el Estado no lo deja ser, no lo reconoce como “actor social” y lo mantiene en la marginalidad como ciudadano de “quinta categoría” o como un “mal ciudadano”.145 La exclusión que sienten los habitantes de la región amazónica ha significado para ellos la negación de su ciudadanía y el reclamarla se vuelve un acto político con significado cultural e identitario, de reconocimiento de pertenencia a una región, la cual buscan sea incluida en el Estado-nación.

La movilización de los cocaleros permanece en la memoria de los habitantes de la Amazonia occidental como un referente histórico apropiado culturalmente como símbolo político, tanto de su identidad como campesinos colonos de la Amazonia, como del poder que pueden desplegar al organizarse para demandar sus derechos como ciudadanos, en el marco de la democracia participativa privilegiada por la Constitución de 1991, lo cual se ha convertido en la lucha emancipatoria contra el abandono, la estigmatización y el marginamiento.

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Los cultivos ilícitos en Colombia: evolución histórica y territorio

César Enrique Ortiz

El primer cofre, que es de oro, lleva esta inscripción: quien me escoja ganará lo que muchos desean. El segundo, de plata, ofrece esta promesa: quien me escoja obtendrá tanto como merece. El tercero, de plomo vil, con esta inscripción tan vulgar como su metal: quien me escoja debe dar y aventurar todo lo que tiene. ¿Cómo sabré si elijo bien?

William Shakespeare

El mercader de Venecia, escena VII

En los últimos veinticinco años la sociedad colombiana, a través de la política pública de lucha contra las drogas, ha estado haciendo grandes esfuerzos presupuestales y técnicos para propiciar la superación del problema de los cultivos ilícitos. El énfasis cada vez mayor en la interdicción y la destrucción de los cultivos mediante la fumigación, con un costo de miles de millones de pesos, ha tenido un impacto contrario sobre los cultivos, la producción y el tráfico de cocaína. Estos esfuerzos, en consecuencia, sólo han logrado empeorar el problema. Los instrumentos de política seleccionados para su tratamiento han generado efectos colaterales imprevistos que se reflejan finalmente en el crecimiento y dispersión de los cultivos de coca y amapola por todo el país. La elección, como en el problema planteado por Porcia en El mercader de Venecia, requiere de algo más que fijarse en las apariencias externas del asunto. Es necesario entonces, revisar tanto la estructura multicausal, sus efectos e interacciones que configuran el problema, como la óptica de análisis y la lógica que subyace a la política pública, al igual que las dinámicas de la estructura institucional vigente que la operacionaliza, para que encontremos una respuesta más apropiada al complejo problema que nos plantean los cultivos ilícitos en Colombia.

Se parte de plantear que aunque el desarrollo de los cultivos ilícitos involucra factores externos, el fenómeno no se reduce a un problema de demanda externa, es mucho más complejo que esto e incluye problemas estructurales, de coyuntura y de política pública del ámbito nacional. La relación oferta-demanda en materia de drogas permite explicar el proceso comercial, pero no aclara la racionalidad socioeconómica intrínseca ni la sostenibilidad del fenómeno. Existen, por lo tanto, circunstancias internas, que se manifiestan en un entramado complejo de factores generadores, efectos e interacciones entre ellos. Una primera aproximación a su interpretación y modelación se ofrece en este documento.

Aquí se tratan inicialmente las principales dimensiones que conforman este entramado y sus crisis, que forman parte del contexto nacional y territorial146 de los cultivos ilícitos y que explican su posicionamiento y sostenibilidad; esta revisión se enmarca con un análisis de la evolución de los cultivos de coca y la fumigación, y un recuento de los giros de la política de desarrollo alternativo. En una segunda parte, se ofrece una revisión complementaria desde la visión directa de cultivadores, raspachines y líderes comunitarios, utilizando para tal fin los métodos de diagnóstico rural participativo de línea histórica, diagrama de niveles y diagramas causales, los cuales permiten verificar la hipótesis de la multidimensionalidad de los cultivos ilícitos al comportarse estos como un sistema complejo adaptativo, e ilustrar su funcionamiento desde los modelos mentales de los involucrados principales.

La referencia empírica de este documento es un trabajo de investigación actualmente en curso y financiado por Colciencias y la Pontificia Universidad Javeriana, titulado “La multidimensionalidad de los cultivos ilícitos. Los casos de Puerto Asís, Putumayo y Santa Rosa del Sur, Bolívar”.

Factores generadores de la problemática

En esta primera parte se presenta una revisión de los factores estructurales que se han convertido paulatinamente en los generadores y son a la vez las principales causas que explican la sostenibilidad del fenómeno. Se exploran aspectos centrales de la estructura agraria, algunos indicadores socioeconómicos rurales y las particularidades de la evolución de la agricultura durante la década del noventa, que se complementan con una breve relación de la evolución de los cultivos ilícitos en nuestro país y de los contenidos actuales de la política pública diseñada para superar la problemática. Se busca ilustrar las diversas crisis que forman parte del contexto de la problemática y que configuran los elementos estructurales que explican su vigencia y que propician su sostenibilidad.

Estructura agraria

Aspectos demográficos

Al contrario de lo sucedido en los países industrializados, el proceso de industrialización y urbanización colombiano no contribuyó a resolver los problemas económicos de la población rural. El desarrollo de la industria en las ciudades colombianas ha sido insuficiente para absorber la mano de obra expulsada del campo por razones económicas o de violencia. La actual población rural sigue siendo muy significativa, pues constituye el 27,8% de la población total. Si se tiene en cuenta que los municipios con menos de 10.000 habitantes son rurales, el porcentaje de población rural puede llegar a cerca del 40% del total.

Los censos de población del DANE permiten apreciar que, en 1951, había en el sector rural 7 millones de personas, en 1981 eran 10 millones y terminando el siglo 11,7 millones, lo que indica un crecimiento absoluto a pesar de las migraciones a las áreas urbanas y los desplazamientos forzosos. Sin embargo, si se mantiene el ritmo que ha tomado el desplazamiento forzado de personas con vínculos rurales se podría presentar, por primera vez en la historia, una disminución absoluta de la población rural colombiana.

Concentración de la propiedad

En un reciente informe de la Contraloría General de la República, se recoge que más del 40% de las tierras fértiles del país han sido adquiridas con recursos provenientes del narcotráfico y mediante la coerción armada. Entre 1984 y 1996, las fincas con áreas superiores a las 500 hectáreas duplicaron su superficie de 11 a 22,6 millones de hectáreas, mientras que sus propietarios no son más de 12.000,147 en tanto que las menores de 5 hectáreas se redujeron sensiblemente, de 3,4 millones en 1985 a 2,2 millones de hectáreas en el 2001.

Esta concentración de la tierra en propietarios de fincas grandes, como se aprecia en el cuadro 1, es una tendencia constante. La concentración de la tierra es uno de los problemas estructurales no resueltos más sensibles para el país. Fajardo (2002) considera que la tendencia a la concentración de la tierra en Colombia es un fenómeno vigente y que se afianza durante el periodo 1984-1996, al pasar del 65,7% de los pequeños propietarios que controlan el 5% de los predios, al 66,8%, pero ya con el control del 4,3% de los predios. Para el 2001 IGAC y Corpoica reportan que el 57,3% de los propietarios poseen fincas menores a 3 hectáreas que en conjunto no superan el 1,7% de la superficie. Mientras tanto, las mismas fuentes señalan que en el mismo periodo los grandes propietarios con fincas mayores a 500 hectáreas pasaron de poseer el 0,5% de los predios controlando el 32,7% de la superficie, al 0,4% de los propietarios que controlan el 44,6% de la superficie, mientras que en el 2001 este número de propietarios se mantenía pero ya con el control del 61,2% de la superficie.

Las vías utilizadas para propiciar esta concentración son diversas y entre ellas resaltan: la compra directa, la expropiación como resultado de la crisis de la agricultura, el desplazamiento de la población por actores armados y el lavado de activos por parte del narcotráfico. Estas cifras respaldan el relativo consenso en relación con el fracaso de la política de reforma agraria en Colombia. Según los datos del propio Incora sólo se ha afectado el 0,4% de la propiedad en el interior de la frontera agrícola. Desde que se inició el programa se han adjudicado 1.711.086 hectáreas a 103.084 familias sin disminuir el proceso de concentración.148 Esta situación estaría mostrando la perpetuación y agravamiento del modelo bimodal de la estructura agraria colombiana de expansión de la gran propiedad y de mayor atomización de la pequeña.

Hoy en día el índice de Gini para la distribución de la tierra en los países del Asia y del sudeste asiático (Japón, Taiwán, Corea del Sur, Malasia y otros) es de 0,33, mientras en América Latina es de 0,70.149 Nótese la tendencia decreciente del índice de Gini en el área andina, y la tendencia contraria para el caso colombiano.

Un factor que ha contribuido en los últimos diez años al aumento de la concentración de la tierra en Colombia, es el fenómeno de abandono de tierras por parte de los desplazados. En los últimos cuatro años esta área asciende a 3.678.031 has.

Por otra parte, como lo muestra el cuadro 4, puede decirse que cada vez es mayor el vínculo rural de los desplazados, de un 67,8% en 1995 se pasó a 83,5% en 2000.

Otro factor que explica la tendencia hacia la concentración es el avance de la inversión por parte de narcotraficantes en tierras, pues se calcula que estos han adquirido una cifra superior a las cuatro millones de hectáreas.150

En síntesis, las políticas de reforma agraria han fracasado al no resolver el problema de acceso y uso de la propiedad rural. Todavía sigue pesando mucho el factor especulativo y de acumulación de rentas en la determinación del precio de la tierra. El mercado de tierras no se ha dinamizado, sigue segmentado y no se han creado los mecanismos para que opere, a saber: reglas de juego claras, transparencia en la determinación de los precios, sistemas de información amplios para oferentes y demandantes, realización de transacciones entre grandes y pequeños, disposición de líneas de crédito para compra de tierras adicionales a las que operan para el mercado subsidiado de tierras y que se orienten a la pequeña y mediana propiedad empresarial, así como estímulos y regulación del mercado de alquiler y arriendo de las tierras.

El restringido acceso a la tierra en zonas fértiles generado por los aspectos antes revisados, propicia la migración hacia las zonas de cultivos ilícitos.

Uso del suelo

A la preocupante concentración de la tierra y el desalojo de miles de familias campesinas e indígenas de sus predios, se les suma su errónea utilización.

Sólo un área cercana al 7% de las tierras utilizadas de manera apropiada se destina a la agricultura, mientras que el monocultivo de pastos asciende a casi 42 millones de hectáreas.

Este efecto se ve generado por la utilización de la tierra como un medio de lavado de dineros provenientes del narcotráfico y de acumulación de riqueza, mientras que el sistema de catastro e impuesto predial de los municipios se caracteriza por un recaudo ineficiente, que produce una situación de inviabilidad económica en muchos municipios al no aprovecharse una fuente importante de ingresos locales que, a la vez, lleva a una situación permisiva de la concentración de la tierra y paradójicamente hace que sea la economía campesina la que más aporte al erario municipal.

En el cuadro 5 sobre uso del suelo logra apreciarse que la agricultura está muy por debajo de su potencial, al contrario de lo que sucede con la ganadería. El uso potencial de la tierra en agricultura sólo alcanza el 24%, mientras que el uso potencial de la tierraapta para ganadería se supera en más del 140%. Esto, adicionalmente, significa que la superficie total dedicada a la ganadería supera en nueve veces las áreas dedicadas a la agricultura.151

Los conflictos por el uso del suelo, reflejados al utilizar tierras aptas para agricultura en ganadería, o tierras de uso forestal en ganadería, hacen visible así un proceso de ganaderización y potrerización en el sector. En concreto, en algunas regiones como el Magdalena Medio, la Mojana y el Meta, el avance del latifundio ganadero ha llevado a los campesinos a ubicarse en zonas de cultivos ilícitos como es el caso del sur de Bolívar, el Nudo de Paramillo y la Macarena, respectivamente.

Colonización y conflicto armado

El conflicto armado en Colombia tiene raíces históricas profundas y totalmente ligadas al problema agrario. En su desenvolvimiento, la población rural ha sido la más afectada, mientras que en la última década el narcotráfico y su relación con los distintos actores armados le han adicionado un factor más de complejidad al fenómeno.

De los setenta y tres municipios con alta tasa de crecimiento de población entre 1985 y 1993 se sabe de cultivos ilegales en sesenta, todos en zonas de colonización. En el 90% de los municipios de colonización hay cultivos ilícitos y la casi totalidad de los municipios de alto crecimiento de población donde no los hay no son de colonización. Si bien en la mayoría de los casos el origen de la colonización no ha sido el cultivo de coca o amapola, sí ha sido su destino en la medida que las relaciones de poder lo permiten.152

Los cultivos ilícitos se han desarrollado también como resultado de las estrategias políticas y militares de los actores armados en algunas zonas, al darles protección, establecer reglas y ofrecer garantías para el desarrollo de esas economías, con el fin de garantizar recursos estratégicos para el desarrollo de sus propósitos militares. El control de la economía de la coca por parte de la guerrilla y los paramilitares se convirtió en un instrumento fundamental para el control territorial, y para el control social y económico de la población que vive en estas zonas. Tales controles definen la correlación de las fuerzas político-militares de estos actores.

En el caso de las FARC, las relaciones comerciales con el narcotráfico han permitido ingresos económicos considerables para el sostenimiento y crecimiento material de esa organización. No obstante, las consecuencias han sido alimentar simultáneamente los objetivos sociales y económicos e incluso políticos del narcotráfico. Prueba de ello es el riesgo que existe de que los carteles que han trabajado con las FARC, frente al crecimiento de las fuerzas paramilitares en la región, decidan apoyarse en éstas para sus propósitos comerciales por la mayor identidad política que tienen. Los narcotraficantes son actores sociales muy interesados en la continuidad del conflicto armado en la medida en que tanto guerrilla como paramilitares se han convertido en “socios” indirectos del negocio de la droga en Colombia. La terminación del conflicto con victoria de cualquiera de los bandos necesariamente se traduce en un Estado más fuerte y con mayor capacidad para controlar el negocio de los ilícitos.

El combate al narcotráfico y la estrategia de minar la base social de la guerrilla mediante las fumigaciones tiene varios efectos, incluso contradictorios, sobre la población que vive de los cultivos ilícitos. Uno, es el abandono de estas zonas y el desplazamiento de los cultivos a nuevas regiones. Dos, es el desplazamiento de población a otras zonas rurales o a ciudades intermedias y capitales. Y, finalmente, un sector, sobre todo dentro de la juventud, que se vincula directamente con la organización armada insurgente. La ayuda del gobierno americano para la realización del llamado Plan Colombia, inicialmente presentada como una colaboración para la lucha contra el narcotráfico, es una muestra de la estrecha relación que existe entre el combate al narcotráfico, a los cultivos ilícitos y a las FARC. El interés del gobierno norteamericano con esta ayuda es apoyar la lucha contrainsurgente del Estado colombiano con el fin de debilitar militarmente a la guerrilla y por lo tanto su capacidad de negociación.153

Indicadores socioeconómicos rurales

Empleo y desempleo rural

Una de las tendencias más significativas ha sido la terciarización del empleo rural, que va aparejado, en el caso de Colombia, con una caída del PIB agropecuario. Las actividades estrictamente agropecuarias absorbían el 61,2% del empleo rural en 1988; para 1997 la cifra había bajado al 56,1%. En contraste el sector terciario ganó casi seis puntos pasando del 26,4% al 32,3%; el peso del sector secundario no varió en esos años.154

Las crisis económicas afectan en primera instancia a la población con menores niveles educativos en la medida en que esto dificulta sus posibilidades de acceso a fuentes de empleo, crédito y mayores niveles de educación. De esta manera, se asocia un punto de crecimiento en el PIB con una caída de 0,56% en el desempleo y 0,46% en la pobreza (Rocha y Martínez, 2003).

Otro fenómeno notorio es el aumento del desempleo rural del 5,6% en 1996 al 11,1% en 1999, siendo más alto en la región Central y Pacífica.

Entre los factores que explican este aumento del desempleo rural se deben considerar agentes endógenos, asociados a la existencia de diferenciales de productividad entre el sector rural y urbano, y algunos factores que están detrás de dicha tendencia, entre los que se pueden mencionar la violencia rural y las condiciones de inseguridad en el campo. Igualmente, es necesario considerar la responsabilidad que le cabe a la política económica (y específicamente a la política agropecuaria) en este proceso. Para el periodo 1991-97 se calcula que se perdieron 228.500 puestos de trabajo en el sector agropecuario (DNP, 1999), mientras que el equipo de empalme del actual gobierno encabezado por Fabio Echeverri y Rudolf Hommes, señaló que la crisis es particularmente grave en la zona rural en donde la tasa de desempleo subió en más del 50 por ciento en el último año.155 Si tenemos en cuenta que el DANE en su página web reporta para el año 2000 una tasa de desempleo rural del 10%, este dato del equipo de empalme estaría indicando que la tasa de desempleo para ese sector en el 2001 se acercó al 15%.

En la actualidad el Ministerio de Agricultura presenta cifras bastante optimistas que plantean un aumento de 311.000 empleos solamente en el primer semestre del 2003, como resultado del incremento en la seguridad rural y la colocación de crédito que permitió implementar 141.700 hectáreas sembradas.156 Sin embargo, esta información contrasta con las recientes recomendaciones del Banco Mundial respecto a FINAGRO,157 las zonas en las cuales se registra este crecimiento coinciden con áreas en las que se registran las mayores concentraciones de tierra y los cultivos, con cargo a los cuales se registra el crecimiento que son fundamentalmente maíz mecanizado y palma africana.

Por otra parte, Garay (2002) reporta que los 2.000 mayores deudores participan con más del 75% del crédito comercial formal, lo cual significa que sólo 2.000 personas naturales y jurídicas usan la mayoría del crédito comercial (que participa con más del 60% de todo el crédito irrigado en la economía). La concentración de la riqueza, reflejada en la concentración accionaria y de capitales en el país es mayor que en la década pasada, todo esto propiciado por el proceso de apertura y competencia.

Mientras tanto, los pequeños productores campesinos que logran acceder al crédito lo hacen fundamentalmente a través del Banco Agrario, hoy privatizado, y no representan más del 20% del total. El resto se financia por fuera del sistema, bajo condiciones no reguladas, altas tasas de interés y costos iguales o mayores que los del mercado. El Fondo Agropecuario de Garantías fue abierto al acceso de pequeños, medianos y grandes productores, perdiéndose así para los pequeños productores la exclusividad en su acceso y propiciándose de nuevo esquemas inequitativos de acceso a este tipo de servicios.

Pobreza rural y NBI

Garay (2002), reporta que en Colombia el 20% de los hogares más ricos concentra el 52% de los ingresos y la quinta parte con mayores ingresos devenga 26,3 veces más que la quinta parte más pobre. Mientras tanto, el 1,1% de los propietarios de la tierra en el país tiene más del 55% del territorio explotable y cultivable. Esto es aún más grave puesto que cerca de un 30% de ese territorio estaría ligado a propietarios relacionados con actividades ilícitas. En la actualidad, más del 60% de la población es pobre y dentro de ésta alrededor de 11 millones de colombianos se encuentran bajo la línea de indigencia (menos de un dólar diario para alimentación y nutrición). De la población rural el 80% es pobre y cerca del 60% del total es indigente.

Por otra parte, el 60% de la PEA no ha ingresado a la economía formal; es decir, que a más de la mitad de esta población se le dificulta desarrollar sus potencialidades y establecer una base económica para mejorar su nivel de vida en el futuro.

Según Gómez (1999), “Colombia está catalogado como uno de los países latinoamericanos con niveles de pobreza más altos debido a que más de la mitad de la población, es decir, 19,7 millones de personas no alcanzaban en 1995 a comprar con su ingreso una canasta con los requerimientos mínimos para satisfacer sus necesidades”.158 Como lo muestra el cuadro 7, la situación de pobreza de la población rural es altamente preocupante, si consideramos que los datos van hasta 1995, poco antes del inicio de la recesión de la economía colombiana. La disminución porcentual de la población bajo la línea de pobreza en el 78-88 es revertida en el periodo 88-95, y en términos absolutos implicó un aumento de 1 millón de personas pobres. Según la Contraloría, actualmente, cerca del 79,7% de la población rural no posee los ingresos suficientes para comprar una canasta de satisfactores mínimos, es decir, que las 4/5 partes de la población rural están por debajo de la línea de pobreza, con el agravante de que cerca del 46% de esa población pobre se encuentra bajo la categoría de indigente o de pobreza extrema.159

Aunque hay una reducción general del índice de necesidades básicas insatisfechas ésta obedece más a la drástica reducción sucedida en las zonas urbanas, que pasaron de 58,9% en 1973 a 20,6% en 1993, que a la reducción en las zonas rurales que pasaron de 88,4% a 58,9% para el mismo periodo. Esta última disminución se explica por la reducción en la inasistencia escolar y en la dependencia económica. La conclusión preocupante es el aumento de la brecha rural-urbana como lo muestra la distancia entre las barras del cuadro 8.

Por otro lado, se resaltan los grandes costos que ha implicado la violencia sobre los índices de desarrollo humano de los colombianos: la población adulta joven masculina ha disminuido su esperanza de vida entre tres y cuatro años y, por ende, el índice de desarrollo humano ha sido más bajo de lo que habría sido en un escenario sin violencia.

Educación rural

Es así como, por ejemplo, en la actualidad más de 3 millones de niños y jóvenes no tienen acceso a la educación y más del 30% de las familias colombianas tiene una mujer cabeza de familia que desempeña sus funciones con condiciones de ingresos precarios (Garay, 2002).

El analfabetismo en la población mayor de dieciocho años en el sector rural es del 21% frente al 5,89% del sector urbano. Mientras en la ciudad tres de cada cinco jóvenes van a la escuela, en el campo sólo dos de cada cinco asiste a ella. La diferencia en los años de escolaridad de los jefes ocupados del sector rural frente al urbano es significativa . Según el Ministerio de Educación160 en 1995, las tasas netas de escolaridad para el país eran: para preescolar (3-5 años de edad) 26,09% o sea que sólo uno de cuatro niños asiste a preescolar; para primaria (7-11 años de edad) un 83,06%, cuatro de cada cinco niños van a primaria; y para secundaria (12-17 años de edad) un 46,50%.

En educación superior la brecha también es muy alta. Sólo el 0,76% de la población rural ha alcanzado un nivel universitario frente a un 9,49% que accede a un nivel superior en las zonas urbanas.161

Persistencia de la bimodalidad

El análisis sobre la vía del desarrollo agropecuario en Colombia y de la estructura agraria en general involucra una discusión central, sus características como sistema bimodal o como sistema integrado. Diversos autores162 señalan su carácter dual, que se manifiesta en una tendencia divergente de crecimiento entre la concentración de la gran propiedad y el minifundio. Para Machado (1998), el periodo 1984-1996, se caracteriza por el crecimiento de la gran propiedad, el deterioro de la mediana y la persistente fragmentación de la pequeña propiedad, en un contexto de violencia, desplazamiento y masacres.

A pesar de plantearse la necesidad de integrar al sector rural mediante una política que provea las condiciones necesarias de competitividad, equidad y sostenibilidad,163 el polémico y ya olvidado Plan de Desarrollo de la pasada administración, no logró, como la mayoría de los anteriores, avances significativos en cuanto a esta problemática. Por el contrario, las estrategias de tratamiento del sector agrícola durante la década164 continuaron concentrando la inversión, la investigación y los servicios a la agricultura en general, en la agricultura empresarial, excluyendo paulatinamente a los pequeños productores y fundamentalmente a los localizados en áreas marginales. La persistencia del problema de la bimodalidad es en Colombia el principal telón de fondo que debe reconocerse y tratarse como uno de los obstáculos a vencer como requisito indispensable para superar el complejo fenómeno de los cultivos ilícitos.

De esta manera, mientras que en el país se consolida durante la década una agricultura lícita localizada en zonas con ventajas comparativas en cuanto a recursos naturales, articulación a los mercados y facilidad de acceso a los instrumentos de la política pública, continúa el deterioro de otra clase de agricultura, también lícita, pero en condiciones de desigualdad e inequidad por su dificultad de acceso a los principales factores de producción, marginalidad territorial y de acceso a los mercados, dificultades para la gestión de apoyos de la política pública, clientelismo, altos costos de transacción, etc., que se localiza y avanza en las zonas marginales y de frontera agrícola.

Es en esta estructura bimodal que se insertan y crecen los cultivos ilícitos, mientras que los gobiernos de turno orientan sus esfuerzos a mantener las exigentes condiciones para la estabilidad macroeconómica; a responder a las presiones para la reducción del rol y tamaño del Estado; y a desregularizar la economía. Paradójicamente, entonces, a medida que se avanza en el modelo de globalización de la economía, se afianzan las condiciones favorables para los cultivos ilícitos, al consolidar y profundizar la estructura bimodal en Colombia.

Este proceso evolutivo de la agricultura en Colombia durante la década del 90 se vio fuertemente influenciado por el marco del comercio internacional acorde con los lineamientos de la OMC; la persistencia de los subsidios a la producción agropecuaria por parte de los países industrializados y por la tendencia generalizada a la baja de los precios de los productos agrícolas. En la actualidad el país asiste con preocupación a dos nuevos procesos, la entrada en vigencia del ALCA en el 2005165 y la reciente aprobación de la nueva Ley Agrícola de Estados Unidos que incrementa los subsidios que reconocen a sus productores166 y que regirán durante los próximos seis años.

Esta crisis se refleja en procesos como los siguientes: i) al transformarse la actividad agrícola empresarial y entrar en crisis la pequeña agricultura, disminuye su capacidad de absorción de mano de obra,167 la cual ante la ausencia de mejores oportunidades se estaría trasladando a las zonas de cultivos ilícitos; ii) la crisis de la década del noventa afectó fuertemente a la agricultura tradicional y se convirtió en uno de los principales factores para la articulación de cultivos ilícitos; iii) la dinamización de mecanismos comerciales como el ATPA e inclusive acuerdos bilaterales de comercio solamente beneficiarán a la agricultura empresarial, puesto que sus mejores condiciones les permiten aprovechar de una manera mucho más eficiente las ventajas ofrecidas por este acuerdo;168 iv) por su parte, los nuevos acuerdos de comercio internacional y sobre todo los efectos que generará el ALCA, incidirán nuevamente en la misma dirección, mayor fortalecimiento de la agricultura empresarial y mayor marginalización de la agricultura tradicional, si no se generan correctivos a través de instrumentos de política que permitan articular a la pequeña agricultura, v) la vigencia de los altos niveles de subsidios en los países industrializados y la tendencia histórica de disminución de los precios agrícolas, probablemente mantendrá la tendencia de balanzas comerciales negativas en nuestro país.

Como consecuencia, la vigencia del problema de la bimodalidad, la concentración de la tierra, el desempleo, la violencia, las dificultades que enfrenta la agricultura tradicional, y los demás factores analizados en este aparte, se conjugan y potencian en una crisis económica, ambiental y social muy fuerte del ámbito rural colombiano. Estos aspectos explican en muy buena parte las dinámicas migratorias hacia las ciudades y la sostenibilidad de procesos de colonización hacia las zonas de bosques húmedos tropicales y hacia las zonas de clima frío y páramos. De igual manera, la población que fluye hacia estos territorios marginales y alejados de los mercados, encuentra allí una primera y muchas veces única oportunidad en los cultivos de coca y amapola. En consecuencia, estos factores se convierten en las causas principales que han permitido consolidar la producción de cultivos ilícitos y generar una sostenibilidad del fenómeno que ya se prolonga por más de veinticinco años.

Evolución de los cultivos ilícitos

El SIMCI169 reporta en la actualidad una disminución del 30% aproximadamente de los cultivos de coca en Colombia. Según el censo realizado por esta institución se pasó de 144.807 has. en noviembre de 2001, a 102.071 has. en diciembre de 2002, lo cual significa una disminución total de 46.736 has. de cultivos de coca.

Al revisar el área total nacional y su composición, puede apreciarse que el 90,7% de los lotes de coca no supera las 3 hectáreas y corresponde al 62,4% del área total nacional de cultivos de coca (Ortiz, 2003). En consecuencia, la producción de coca en Colombia y por ende en estos territorios, está en manos de pequeños productores.

La actividad ilícita en Colombia, entonces, se desarrolla en pequeñas áreas, aunque la aplicación de capital, tecnología y mano de obra es altamente intensiva.

En la actualidad se registran las mayores concentraciones de cultivos de coca en los departamentos de Nariño y Guaviare, lo que muestra la dispersión del cultivo de coca hacia otras zonas en la medida en que se adelantaron drásticas acciones de fumigación en el Putumayo; a este desplazamiento de áreas se le ha denominado el fenómeno interno de la gota de mercurio, que en nuestro país se ha acompañado de una dispersión del cultivo por casi toda la geografía nacional. En la actualidad ya se registran hectáreas nuevas de cultivos de coca en departamentos como Amazonas (784 has.), Arauca (2.214 has.) y la zona cafetera (n.d.).

En el cuadro 9, se observa cómo por primera vez en la historia de la fumigación en Colombia se quiebra la tendencia del crecimiento simultáneo de la fumigación y el cultivo de ilícitos. Esto no significa que el decrecimiento del área sea sinónimo de disminución de la productividad de los cultivos. Por el contrario, se observa un paulatino crecimiento en innovación tecnológica, densidades por área y mejoras en el procesamiento. Esto sugiere el uso de variedades de alta productividad,170 que generan más rendimiento de hoja y alcaloide por hectárea, seguido de un mayor impacto ambiental.

De igual manera, este proceso estimula el desplazamiento de los cultivos hacia países vecinos. En la actualidad, mientras que disminuye el área en Colombia, se reportan por primera vez cultivos de coca en Ecuador y Venezuela en la zona fronteriza con Colombia, y de coca y amapola en la zona cafetera. Bolivia y Perú presentan nuevamente un crecimiento en áreas (ONDCP, 2003).

En las regiones estudiadas, la incidencia del cultivo es importante. En los mapas 2 y 3 pueden apreciarse las áreas de localización de los cultivos ilícitos. A diciembre de 2002, se registraba un área total de 2.735 has. en Bolívar, mientras que en Putumayo se informaba de 13.725 has, lo cual significa una reducción de 43% y 71%, respectivamente.

La política actual de desarrollo alternativo

El actual gobierno establece el contenido de la política antidrogas tanto en el Plan Nacional de Desarrollo PND, como en el Documento CONPES 3.218 del 3 marzo de 2003. Estos documentos determinan que el Programa de Desarrollo Alternativo, PDA, buscará consolidar la erradicación de los cultivos ilícitos y prevenir su expansión mediante la oferta de “alternativas estables de ingreso, empleo y valorización patrimonial; promover procesos de desarrollo institucional y de legitimación del Estado y apoyar el fortalecimiento del capital social, estimulando la organización, participación y el control comunitario”. Mientras que la estrategia de combate a las drogas ilícitas se orienta a fortalecer la interdicción.

La cobertura de la política se restringe exclusivamente a las zonas donde ya se hayan erradicado los cultivos ilícitos. Los documentos plantean un énfasis en la sustracción de la mano de obra de las actividades ilegales mediante la generación de empleo productivo, primordialmente alrededor de proyectos productivos al interior de la frontera agrícola y en torno al apoyo económico para la recuperación y conservación de ecosistemas, siempre y cuando se cumpla con el prerrequisito de la erradicación para poder acceder al programa.

En consecuencia, se fortalece la fórmula tradicional de tratamiento del problema, interdicción y desarrollo alternativo, la única diferencia consiste en que el énfasis del desarrollo alternativo se hará en el interior de la frontera agrícola. Se define adicionalmente un marco más estricto de criminalización de la actividad. Se excluye, entonces, al pequeño productor como actor central de la problemática y se profundiza el alejamiento del gobierno en la búsqueda de una salida conjunta con las comunidades rurales, al imponer una posición de fuerza ante el diálogo y la búsqueda de salidas estructuradas con la sociedad rural.

Como componentes se definen: i) la implementación de proyectos productivos y de generación de ingreso bajo la visión agroexportadora y de articulación de cadenas promovida desde el anterior gobierno y contando con los instrumentos de la política agropecuaria existentes y principalmente en torno a la promoción de cultivos permanentes;171 ii) la recuperación y conservación de ecosistemas mediante la figura de las familias guardabosques que obtendrían un apoyo monetario bajo la condición de no sembrar ni resembrar cultivos ilícitos; y iii) fortalecimiento institucional, desarrollo social y monitoreo, orientado a intentar superar de nuevo el viejo problema de la descoordinación institucional.

Puede apreciarse entonces que: i) las particularidades sociales y económicas de los principales involucrados pasan a un segundo plano; ii) se imposibilita cada vez más la participación directa de los principales afectados en el diseño y operacionalización de la política pública; iii) se da continuidad a un esquema de intervención basado en una concepción lineal y rígida de la problemática que se sustenta en un modelo mental simple de oferta-demanda; iv) prevalece, entonces, la acción de la política sobre los efectos y manifestaciones del problema.

De esta primera parte debe resaltarse, en primera instancia, la inestabilidad del contexto económico, social y político en Colombia, que aunado a la exclusión social, la pobreza y la violencia, generan una situación en la cual la inversión, el ahorro y el crecimiento económico en general se dificultan (Rocha y Martínez, 2003).

Por lo tanto, se desprende que en el país existe una estructura agraria y unos indicadores socioeconómicos rurales propicios para el desarrollo de los cultivos ilícitos. En nuestros trabajos de campo constatamos que la gran mayoría de la población cultivadora o de raspachines es gente que ha sido desplazada por la violencia; no tiene acceso a tierras productivas; no encuentra empleo digno ni en las ciudades ni en la agricultura empresarial ni en las haciendas ganaderas. Son sujetos portadores de una compleja problemática pero a la vez portadores de un proyecto de vida que depende de la incierta esperanza de los cultivos ilícitos.

De manera complementaria, al conflicto social que genera la concentración de la propiedad de la tierra, se le suma la crisis de la agricultura y el inequitativo acceso a los demás factores de producción, en particular el crédito y la tecnología, como elementos que propician la profundización del proceso de concentración de la propiedad rural y se convierten en un factor de expulsión de población hacia zonas de frontera agrícola, en donde el único medio expedito de articulación a una nueva actividad económica está representado en la explotación de la coca.

Las condiciones sociales y económicas de la población más vulnerable, reflejan en la práctica un proceso de exclusión social que se ha agudizado como resultado de la aplicación de las reformas neoliberales y la apertura económica. Muchos habitantes rurales y urbanos, encuentran en los cultivos ilícitos una vía de escape a las condiciones de pobreza y marginalidad en que se encuentran, un medio de subsistencia y alcance de condiciones de vida más dignas, y una fuente de financiación para garantizar a sus familias condiciones básicas de salud y educación.

Para comprender esto, es necesario aproximarse a la visión de los principales involucrados, lo cual puede hacerse intentando recrear sus modelos mentales interpretativos sobre esta problemática, que refleja otro punto de vista, aún más complejo, sobre las dinámicas de causas y efectos de los cultivos ilícitos y de la influencia del inestable entorno político, económico y social revisado arriba.

Visión y modelos mentales de los habitantes rurales sobre el problema de los cultivos ilícitos

En este aparte se presenta inicialmente la evolución histórica de la problemática en el medio Putumayo y el sur de Bolívar, y se analiza su estructura institucional, que se complementa con diagramas causales construidos por habitantes de estos territorios, para ofrecer una primera aproximación sobre el estado de la estructura del sistema, los ciclos de mayor énfasis actual y la débil pertinencia del modelo mental que subyace a la política pública.

Evolución histórica del problema. Un análisis en torno al método de la línea histórica

En este aparte, se muestra el proceso histórico de consolidación de los cultivos ilícitos en los territorios del medio Putumayo y sur de Bolívar, desde una visión local, con la participación de productores, raspachines y líderes comunitarios, utilizando para tal fin el método de la línea histórica (Retolaza y Ojeda, 1999). La perspectiva en el tiempo del tema de las drogas y el análisis de los hechos del pasado, permiten apreciar la vigencia de sus efectos.

Puede apreciarse cómo la confrontación por el control del territorio se inicia en el Putumayo desde hace más de veinte años, mientras que en el sur de Bolívar la violencia en torno a este proceso se inicia a finales de los ochenta. De igual manera, la presencia directa del narcotráfico en ambas regiones, es entendida como un elemento definitivo que impulsa el desarrollo del cultivo de coca: Rodríguez Gacha en el Putumayo hacia comienzos de los noventa y Pablo Escobar a finales de los ochenta en el sur de Bolívar.

Se considera que en 1985 se da el punto de quiebre en ambas regiones con el que se consolida la producción de coca, lo cual coincide con el inicio de una marcada crisis de la agricultura y grandes dificultades para la comercialización.

A su vez, la presencia de los grupos paramilitares y el inicio de la disputa por el control de la producción y comercialización de coca con los grupos guerrilleros son más tempranos en el sur de Bolívar, en donde se registra la entrada de los paramilitares y la primera masacre en Pozo Azul en 1988. Mientras tanto, en el Putumayo estos eventos sólo se registran de manera casi simultánea a las marchas campesinas de 1996.

En el sur de Bolívar las FARC intervienen el territorio y establecen un control conjunto con el ELN hacia 1998, acción que ya realizaban directamente en el Putumayo desde 1988. A partir de 1990, la crisis de la agricultura se consolida y la producción de coca se esparce en ambas regiones.

El conflicto por el control del territorio, la producción y comercialización de coca, entre la guerrilla y los paramilitares, se incentiva en ambas regiones a finales de los noventa. Como resultado, en el Putumayo los paramilitares controlan los cascos urbanos principalmente, mientras que la guerrilla controla las áreas rurales. En el sur de Bolívar la guerrilla controla las estribaciones de la serranía de San Lucas y los paramilitares controlan las áreas bajas aledañas al río Magdalena. Esta situación rompe las dinámicas urbanas-rurales de los campesinos y dificulta aún más los procesos comerciales lícitos o el avance de los programas de desarrollo por parte de instituciones gubernamentales y ONGS.

Entre el 2000 y el 2001 se realizan las primeras fumigaciones con glifosato, lo cual conduce a los campesinos a desarrollar diversas estrategias de oposición a este instrumento como la migración hacia otras regiones y la dispersión de los cultivos.

En la actualidad, la fumigación sólo ha mostrado efectos coyunturales; los programas de desarrollo alternativo con énfasis en actividades agropecuarias han generado mayores dificultades sin lograr consolidar procesos claros de superación del problema. De manera paralela, las condiciones del entorno no han cambiado, por el contrario, los problemas de desempleo, pobreza, marginalidad, crisis económica, violencia y desplazamiento se mantienen. En opinión de los campesinos, “estos territorios están como partidos”, afirmación que refleja las enormes dificultades cotidianas que enfrentan las familias rurales y urbanas para mantener un nivel de vida digno, los complejos obstáculos que deben enfrentar diariamente y la cruda violencia generada desde el gobierno, la guerrilla y los paramilitares, mientras que la única fuente segura de ingresos permanece inmutable, la coca.

Este breve recuento ilustra los principales eventos del proceso histórico de consolidación del cultivo de coca en los territorios analizados. De igual manera, ofrece una panorámica desde la población, que tiene algunas imprecisiones, pero que permite apreciar la intención central de este documento, la multiplicidad de causas que generan la aparición y sostenibilidad del cultivo de coca, su complejidad y, fundamentalmente, las múltiples dinámicas que forman parte de su proceso evolutivo.

Esta complejidad se ve incrementada por los procesos paralelos como el tráfico de armas y precursores químicos, la pluriactividad de los sistemas de producción campesinos a pesar de la mayor importancia otorgada a los cultivos de coca, la problemática ambiental y socioeconómica generada por la fumigación y las dinámicas institucionales públicas y privadas que giran alrededor de esta problemática, a pesar de las cuales los habitantes de estos territorios continúan apropiándose de ellos y transformándolos.

Institucionalidad territorial y descentralización: descripción alrededor del método del diagrama de niveles

Con el fin de continuar con la construcción de una visión sistémica e identificar las interrelaciones entre las diferentes instituciones y niveles, al igual que identificar algunos efectos del proceso de descentralización sobre los servicios de apoyo al sector agropecuario, se construyeron con los campesinos diagramas de niveles en varios municipios de las regiones analizadas. En los diagramas 1 y 2 pueden observarse ejemplos de los resultados de estos ejercicios.172 Los diagramas reflejan fundamentalmente la institucionalidad de la cual los participantes están recibiendo servicios, en los niveles local, regional, departamental y nacional; al igual que sus interacciones y conflictos.

Como puede apreciarse, las instituciones son múltiples y en los dos casos abundan en el orden municipal, en especial las instituciones comunitarias y organizaciones de productores. Sin embargo, su coordinación y el grado de concertación para el adelanto de acciones conjuntas en torno a la superación del problema de la coca son muy bajos. La comunicación e intercambios frente a estrategias de desarrollo o cooperación en materia de superación de problemas comunes son prácticamente inexistentes.

Por su parte, la presencia local de instituciones nacionales es muy pobre. Igualmente son notorias la debilidad del apoyo y la presencia del nivel departamental en los dos casos. Estos aspectos, refrendados por las dificultades de acceso a servicios básicos de salud, educación y de apoyo al sector agropecuario, refrendan lo que sus habitantes han denominado como abandono estatal.

Conflictos en el ámbito institucional

Tanto el medio Putumayo como el sur de Bolívar presentan una desarticulación muy marcada con sus capitales departamentales y con el nivel nacional. Las dinámicas comerciales y de servicios se realizan de manera más dinámica con el departamento de Santander en el caso del sur de Bolívar y con los departamentos de Nariño y Huila y algunas ciudades del Ecuador, en el caso del medio Putumayo. Esta situación genera sobrecostos importantes a la estructura de costos de la producción agropecuaria local y de prestación de servicios en general, dificultando el acceso de los habitantes urbanos y rurales a servicios clave como el crédito, la tecnología y la información de precios y mercados. Es claro que las estrategias para el desarrollo rural y específicamente para el sector agropecuario en ambas regiones se abordan desde las localidades, no cuentan con un alcance regional y no se han transformado a la misma velocidad de los cambios ocurridos en el nivel nacional.

Las ciudades de Mocoa y Cartagena, como capitales departamentales y centros de poder político, son lejanas no solamente desde el punto de vista geográfico y de costos de transporte, sino de igual manera en términos de su capacidad e interés político de articulación de estas regiones a los procesos de planificación y desarrollo departamental. La gobernación, como nivel intermedio, de igual forma no es considerada por los programas nacionales de desarrollo alternativo, quienes operan directamente en estas regiones sin la creación de vínculos ni apalancamientos con este nivel. En consecuencia, es claro en los diagramas presentados, el vacío del nivel departamental y nacional que representa en términos políticos, administrativos y económicos un alto grado de marginalidad territorial y de acceso a mercados.

De igual manera, la capacidad presupuestal y administrativa de los gobiernos departamentales para incidir en los problemas de estas regiones es muy limitado. Veamos a continuación una caracterización general de la situación de estas instituciones en las regiones analizadas, que surge de los talleres mencionados.

Intervención de las instituciones nacionales

Las instituciones nacionales tienen algunos programas específicos para estas regiones, como CONIF con el Programa Bosques y Maderas en el Putumayo, y la Presidencia de la República con el Programa Familias Guardabosques y los programas de la Red de Solidaridad Social en las dos regiones. Sin embargo, su acción es directa y la articulación con los niveles regional y local es prácticamente inexistente a pesar de existir disposiciones al respecto. No existe una visión compartida por la institucionalidad nacional sobre estas regiones y, por lo tanto, no hay una coordinación permanente de acciones entre ellas.

El caso del medio Putumayo fue objeto de un esfuerzo importante durante la administración de Andrés Pastrana que fue denominado el Plan Putumayo, enmarcado dentro del Plan Colombia. Este ejercicio alcanzó un nivel de coordinación de la institucionalidad nacional importante, aunque no logró involucrar en los ejercicios a la institucionalidad local y, finalmente, terminó articulando instituciones foráneas a la región para la ejecución de los proyectos.

La presencia de las organizaciones privadas es también fraccionada y descoordinada. Ésta se restringe a algunas acciones de Fenalce y Fedepalma en materia de transferencia de tecnología, fundamentalmente para el caso del sur de Bolívar.

En el caso del medio Putumayo, la presencia institucional nacional pública es más visible que en el sur de Bolívar. La Red de Solidaridad Social, Conif y Corpoica cuentan con oficinas para la región.

Intervención de las instituciones regionales y departamentales

A excepción de la CAR y el PDPMM,173 como instituciones diseñadas para incidir en el desarrollo de la macrorregión del Magdalena medio y con capítulos municipales en el sur de Bolívar, no existen otras instituciones que hayan sido pensadas para apalancar el desarrollo regional ni en el sur de Bolívar, ni en el medio Putumayo.

En materia de desarrollo alternativo, en la actualidad las instituciones más reconocidas son Fundaempresa y Raíz por Raíz174 con acciones en el medio Putumayo y FUPAD y el programa PDPMM para el caso del Magdalena medio, las cuales operan con recursos de cooperación técnica internacional y recursos gubernamentales.

En materia ambiental, a pesar de confluir dos corporaciones autónomas regionales, CAR, en el territorio del sur de Bolívar, ninguna de ellas cuenta con presencia activa, sus acciones se centran en la reglamentación del uso de los recursos naturales. En el medio Putumayo la acción de Corpoamazonia es más visible y adelanta diversos proyectos en cooperación con las administraciones municipales. Los grupos armados en las dos regiones ejercen un control importante, sobre todo en materia de tala de bosques, caza y pesca, fundamentalmente de tipo restrictivo.

La institucionalidad gubernamental departamental como secretarías de agricultura departamentales, URPAS y CONSEA, no son reconocidas, no cuentan con propuestas de manejo unificado del territorio, ni desarrollan acciones coordinadas con las administraciones municipales en materia de desarrollo rural. Desde el nivel departamental la generación de información sobre estas regiones es limitada. Ninguna de estas instituciones adelanta acciones de intervención sobre la problemática de la coca.

En las dos regiones hay programas de formación intermedia ofrecidos por algunas universidades de departamentos vecinos, aunque no disponen de sedes propias.

El sector privado empresarial a nivel regional es incipiente y está representado fundamentalmente por ganaderos en ambas regiones y palmicultores en el sur de Bolívar. A excepción de las asociaciones de productores, ninguna institución privada adelanta o ha previsto acciones de intervención frente a la problemática de los cultivos ilícitos.

En el sur de Bolívar, resaltan la acción y el reconocimiento del PDPMM que, entre otras dinámicas, adelanta una serie de ejercicios muy valiosos sobre la consolidación de la figura de los “núcleos de pobladores” como espacios de planificación regional, toma de decisiones y formación de líderes, en donde se adelantan discusiones permanentes alrededor del desarrollo regional y el problema de la coca de manera particular.

Situación de las instituciones municipales

Las administraciones municipales son débiles en cuanto a su capacidad de planificación y administración del territorio. La situación fiscal de estos municipios, tal vez a excepción de Santa Rosa y San Pablo en Bolívar, y Puerto Asís en Putumayo, hacen que su dependencia de las transferencias nacionales y por regalías por petróleo y oro, sea bastante elevada. La administración de tierras, como una de las principales oportunidades para crear una base fiscal sólida, aún no es aprovechada.

Las Umata, los consejos municipales de desarrollo rural, concejos municipales de planeación y concejos municipales, tienen una limitada capacidad técnica, administrativa y financiera. Los niveles de concertación con la población rural y urbana son limitados y, de acuerdo con la opinión de los habitantes rurales, con un alto nivel de influencia del clientelismo. Esta situación genera muy bajos niveles de confianza y legitimidad de estas instituciones frente a la población, al igual que un bajo reconocimiento que se aprecia en su ausencia en los diagramas construidos.

Cada uno de los municipios tiene una visión distinta del territorio, que se traduce en propuestas fraccionadas, no coordinadas y de baja capacidad para generar condiciones de sostenibilidad, aspecto que se refleja con claridad en los planes de desarrollo municipal.

Las organizaciones privadas y de carácter comunitario, si bien son numerosas, son débiles en su capacidad de formular propuestas técnicas y económicas, así como para manejar eficazmente recursos. El nivel de comunicación y articulación entre estas organizaciones, sobre todo las que tienen áreas de interés comunes, es prácticamente inexistente, hasta el punto de no conocerse mutuamente. Estas organizaciones, tanto de hombres como de mujeres, en su mayoría han sido fruto de la exigencia de “base organizada” para la ejecución de programas y proyectos de inversión, o subsidio oficiales, sin embargo, los apoyos recibidos del Estado no consultan sus necesidades ni sus visiones.

En el caso de Santa Rosa resalta la existencia de la asociación de erradicadores voluntarios de cultivos ilícitos de las veredas San Francisco y San Isidro. Esta organización, junto con la iniciativa fallida de los pactos de erradicación voluntaria propuestos por las juntas de acción comunal del Putumayo, son casos que demuestran la permanente voluntad de los campesinos para desarticular los cultivos de coca de sus sistemas de producción a cambio de alternativas sólidas de desarrollo socioeconómico.

Las asociaciones de productores y en general el nivel organizativo están más consolidados en el sur de Bolívar, en donde resaltan Asocalima, Apalsa, Palmas del Sur, entre otras. En el Putumayo resalta la asociación de productores de palmito, Agroamazonia.

En general, es común en las administraciones municipales de estos territorios ver el problema de la coca como un conflicto entre los habitantes rurales y el gobierno central. El tema es usado generalmente como argumento político o para la gestión de recursos de inversión. Sin embargo, la intervención decidida sobre la problemática es limitada.

Análisis desde los efectos del proceso de descentralización

Esta situación de las instituciones se ha visto reforzada por el proceso de descentralización, que ha debilitado en las dos regiones la estructura institucional para el desarrollo rural, pues gran parte de las entidades que atienden el sector se han replegado a la capital de la república o a las capitales de los departamentos, mientras que muchas de ellas han cesado en sus funciones, dificultando considerablemente el acceso a los servicios de apoyo para los habitantes de estas dos regiones que dependen fundamentalmente de la producción agropecuaria.

El ajuste fiscal, la reducción del tamaño del Estado y la privatización, han generado un fuerte impacto sobre el sector rural y agropecuario de estas regiones, en donde se ha sentido, con mayor fuerza, el peso de las medidas del modelo de desarrollo aplicado desde la década del noventa. Se han suprimido sedes locales de entidades del sector agropecuario, han desaparecido los servicios bancarios con subsidio, se han cerrado los programas de crédito para pequeños propietarios, la investigación para el sector prácticamente se privatizó, desaparecieron los programas de transferencia de tecnología y la asistencia técnica a los pequeños productores quedó en manos de los municipios con el establecimiento de las Umata, pero carentes de asignación presupuestal diferente al pago de salarios de los técnicos, en gran parte de los municipios.

Los recursos asignados por participación, según la ley, no tienen un claro destino hacia el sector, sino que están dentro de un bloque denominado “propósito general”, dejando así al arbitrio de las autoridades municipales la distribución de estos recursos. La mayoría de los municipios que componen el medio Putumayo y el sur de Bolívar no cuentan con recursos suficientes para adelantar procesos sostenidos de desarrollo y registran una alta incidencia de pequeños productores en precarias condiciones, quienes han visto disminuir sus posibilidades de desarrollo en este contexto de la descentralización.

En consecuencia, la disminución del tamaño del Estado y las políticas de ajuste fiscal explican la práctica desaparición, en gran parte de los municipios de estas regiones y de la presencia e intervención de las entidades del orden nacional. No es clara, ni para el gobierno central ni para los entes regionales y locales, la importancia estratégica del sector rural, lo cual se evidencia en la mínima asignación de recursos presupuestales para este sector. La acción de las ONGS, aunque no de manera permanente, se ha constituido en la actualidad en la única fuente de recursos para el desarrollo rural.

Adicionalmente, una parte importante del presupuesto nacional se asigna para financiar la fumigación de los cultivos de coca, lo cual disminuye en forma considerable los recursos para inversión en desarrollo alternativo, que permita a los municipios iniciar o mantener actividades orientadas a la superación del problema de la coca y prevenir su expansión.

Cada vez se desdibuja más el papel del nivel departamental en la administración de los servicios del sector agropecuario en el nivel municipal, mientras que su rol en materia de desarrollo alternativo e intervención en la problemática de los cultivos de coca es prácticamente nulo. Las administraciones locales no tienen capacidad de generar suficientes recursos propios para desarrollar iniciativas, orientadas hacia el desarrollo alternativo, por lo cual han cesado sus acciones en esta materia y esperan que sean las instituciones del orden nacional y las ONGS, las que intervengan en su tratamiento.

Debe resaltarse la poca claridad de las relaciones interinstitucionales en todos los niveles en materia de articulación frente a las iniciativas gubernamentales para la intervención sobre el problema de la coca. Esta situación se ve complejizada por cuanto las nuevas disposiciones y reformas de las leyes, sobre descentralización, se realizan sin considerar las particularidades de los problemas de desarrollo rural que enfrentan los municipios de estas regiones.

En estas regiones se verifica que el proceso de descentralización se ha caracterizado por la adopción de medidas en el nivel nacional, que deben ser aplicadas en los otros niveles de gobierno sin mecanismos claros de interacción que posibiliten ajustes en relación con sus particularidades socioeconómicas (Farah, Pérez y Ortiz, 2003).

Las interrelaciones entre factores generadores y efectos: descripción alrededor del método de diagramas causales

Definición de los cultivos ilícitos como un sistema complejo adaptativo

Los cultivos ilícitos175 evolucionan históricamente como resultado de las condiciones cambiantes del entorno político, económico y social revisadas en la primera parte de este texto. La interacción permanente de diversos ciclos de refuerzo y balance particularizan el sistema como emergente, mientras que su enorme flexibilidad le permite adaptarse a acciones externas drásticas como la fumigación, al igual que a condiciones internas poco flexibles de tipo biofísico y económico.

A la vez, el esquema de la política pública no reconoce la enorme capacidad de adaptación de este sistema, lo cual hace que sus formas de intervención sean rígidas y no se adapten con éxito a las condiciones del problema, profundizando algunos de los ciclos que lo conforman y agudizando los conflictos sociales que se encuentran en su base. Esta situación motiva una resistencia generalizada al modelo de política vigente.

Por otra parte, los ciclos de retroalimentación que conforman este sistema no son lineales, como puede apreciarse en los gráficos 1 y 2 por lo cual la creencia básica de que el ciclo central está compuesto por un proceso lineal de demanda-oferta, no se verifica, por el contrario, la complejidad, la diversidad y las formas de interacción entre estos ciclos hacen que las causas generen diversos efectos que a su vez retroalimentan las causas originales transformándolas en una espiral evolutiva.

En consecuencia, las relaciones entre causas y efectos igualmente no son lineales, mientras que la temporalidad de la manifestación de los efectos y la retroalimentación sucesiva sobre las causas originales no siempre suceden en lapsos temporales cortos ni inmediatos, como se refleja en las complejas relaciones que ilustra el gráfico general, por lo cual el modelo mental estatal vigente no sólo es limitado, sino sobre todo, obsoleto e inapropiado para el tratamiento de este complejo sistema.

Los diagramas causales

El análisis económico sobre el narcotráfico ha avanzado más que el reconocimiento de las diversas causas y efectos que posibilitan la sostenibilidad de los cultivos de coca y amapola. La definición de Carrizosa (2003) refleja bien este estado del arte: “el narcotráfico prospera en medios institucionales débiles y laxos... oferta relativamente elástica, demanda asimétrica, relativamente inelástica hacia arriba, relativamente elástica cuando bajan los precios, buenas posibilidades de encadenamiento transnacional productivo y distributivo, mercado cautivo de altos ingresos sostenible en el mediano plazo. Tiene alta mortalidad empresarial e implica alto impacto ambiental, económico, ecológico y social”.

Sin embargo, no se ha profundizado suficientemente en la visión de la sociedad rural sobre el problema, para alcanzar una comprensión más clara e integral. La política pública solamente ha introducido correctivos obedeciendo a pautas económicas o de fuerza, que responden más a una política externa, por lo cual el problema social alrededor de los cultivos ilícitos se seguirá incrementando y los programas diseñados continuarán siendo decepcionantes, si no alcanzamos un mayor grado de comprensión pública del problema de los cultivos ilícitos como un sistema complejo, que evoluciona a la par del desarrollo histórico de los territorios y que se adapta en forma permanente a las condiciones sociales, económicas y políticas de su entorno.

Por su parte, históricamente las decisiones de política pública que se han tomado en el marco de la discusión sobre las drogas psicotrópicas no han sido claras, sus efectos no han sido analizados suficientemente y con frecuencia las soluciones que se han intentado no han sido las mejores. De manera general se ha atacado la oferta mediante dos vías, la interdicción, que incluye la fumigación con glifosato, como medio de control social176 y el desarrollo alternativo como un instrumento de intervención en la problemática social y económica del fenómeno.

Esta primera aproximación al análisis sistémico de los cultivos de coca, se orienta a definir los ciclos de interrelaciones entre causas y efectos, y a establecer algunos elementos que ayuden a la definición de un marco de intervención más eficiente en la problemática de los cultivos ilícitos. De igual manera, la continuidad del ejercicio que se presenta en este aparte, puede permitir ayudar a aclarar las creencias y convicciones en las cuales se basa actualmente la política pública y las decisiones de los campesinos afectados por el fenómeno, de tal manera que el debate sobre las mismas sea más transparente y abierto.

El gráfico nº 4 es el resultado del análisis general, la sistematización de ideas y visiones obtenidas a través de talleres con campesinos cultivadores de coca, raspachines y líderes comunitarios de los municipios de Santa Rosa y San Pablo. Los análisis que pueden hacerse a partir de este gráfico general son múltiples y su construcción debe continuarse, por lo cual en este aparte particularizaremos la discusión sobre los gráficos 1 a 3, extractados del gráfico general, con el fin de revisar el ciclo de refuerzo de la problemática generado por la violencia y la pobreza, el ciclo de refuerzo propiciado por factores macroeconómicos relacionados con la apertura comercial y las interrelaciones generadas por el abandono estatal.

En los gráficos, las relaciones causa-efecto positivas (las dos variables relacionadas cambian en la misma dirección, o aumentan o disminuyen simultáneamente) están representadas en color rojo; mientras que el color azul representa relaciones negativas (las dos variables relacionadas cambian en direcciones opuestas).

Los campesinos consideran que los cultivos de coca incrementan la violencia en la región como producto de la articulación de grupos armados que aprovechan parte de los ingresos, mediante el cobro de diversos impuestos y el control de la comercialización, para su fortalecimiento. La confrontación entre grupos armados por el control territorial y el dominio del comercio de la cocaína incrementa igualmente los niveles de confrontación armada en la región. El gráfico nº 1 muestra cómo este fenómeno repercute en los niveles de pobreza que sufre la región, como resultado del desplazamiento forzoso de sus habitantes, la imposibilidad de consolidar otras oportunidades de desarrollo y el poco atractivo que una región en conflicto tiene para las inversiones en emprendimientos agropecuarios y no agropecuarios. Esta situación propicia la toma de decisiones de los campesinos respecto de la continuidad del cultivo de coca como fuente principal de ingresos. De esta manera, los cultivos de coca, la violencia y la pobreza presentan una interrelación de causa efecto que refuerza el ciclo y lo potencia.

En el gráfico nº 2 puede apreciarse una clara visión sobre la crisis de la agricultura y la apertura económica. El fríjol como principal producto agrícola de la serranía de San Lucas, ha enfrentado bajos precios como resultado de las importaciones desde otros países como China y Estados Unidos. Esto refuerza la toma de decisiones de los agricultores hacia el incremento del cultivo de coca. De igual manera, la mano de obra que requiere el cultivo de coca paulatinamente crece y genera un crecimiento del precio del jornal en la zona177 e incrementa los costos de producción de cualquier producto agrícola. Esta situación hace que la agricultura sea poco atractiva y propicia la sostenibilidad de la producción de coca en un ciclo de refuerzo permanente.

A su vez, el gráfico 3 muestra una visión de interrelación entre la presencia estatal y la prestación de servicios de apoyo al sector agropecuario y el cultivo de coca, mediada por la generación de un vacío de oportunidades al imposibilitarse la consolidación de emprendimientos de otra naturaleza. Se esperaría una disminución de los cultivos a mayor presencia estatal en torno a procesos de desarrollo sostenido. Esta visión se ve reforzada con el análisis de los diagramas de niveles presentados anteriormente. Mientras tanto, los ciclos representados en los gráficos 2 y 3, refuerzan la pérdida de sustentabilidad de la ocupación agropecuaria tradicional, por la vía de la disminución de la generación de ingresos y empleo suficientes para la reproducción familiar y de los sistemas de producción, lo cual de nuevo conduce al fortalecimiento de los cultivos de coca.

El gráfico nº 4, muestra una panorámica general del sistema de producción de cultivos ilícitos. Adicionalmente como varios de los efectos creados por el cultivo de coca causan una influencia que se refleja en los factores que generan el cultivo. De igual manera, el cultivo de coca en sí mismo dinamiza algunos de los factores que la generan, como por ejemplo la comercialización abierta de insumos y precursores químicos. Los ingresos permanentes como vía de superación de la pobreza, el desempleo, las migraciones de jóvenes desde otras regiones en búsqueda de oportunidades o desplazados por la violencia y las fumigaciones, la falta de oportunidades y la búsqueda de la subsistencia frente a niveles dignos de condiciones de vida, se encuentran dentro de este mosaico de causas que se interrelacionan y potencian entre sí.

De este gráfico general, vale la pena resaltar adicionalmente cómo el cultivo de coca ha sido un vehículo para visibilizar las regiones y atraer la presencia de programas gubernamentales que de otra manera no estarían desarrollando sus acciones en la zona. Programas institucionales como los adelantados por FUPAD y algunos programas del Plan Colombia se adelantan allí como iniciativas de desarrollo alternativo que infortunadamente no recogen a cabalidad la visión de la población sobre la problemática.

De igual manera, a la par del crecimiento de los cultivos de coca, ha crecido el valor que los campesinos le asignan a la unión familiar y los sistemas de producción, al igual que se incrementa el reconocimiento de los efectos negativos del cultivo en la familia, la juventud y la economía local, entre otras.

Este ejercicio permite apreciar el gran obstáculo que la política pública contra las drogas ha venido consolidando al no posibilitar la participación ciudadana en la toma de decisiones. Esta visión compleja y sistémica sobre la problemática de las drogas, refleja el modelo mental de los involucrados directamente y, en consecuencia, debe ser el sustrato para el rediseño de la política pública. Esta participación en la arena de la política pública del control al fenómeno de las drogas es la única vía para agilizar la superación del fenómeno y salir de un círculo vicioso que ya supera un cuarto de siglo, al igual que se constituye en una vía expedita para la potenciación de los recursos públicos en torno al desarrollo rural, tan necesario para territorios como los aquí analizados.

Del gráfico nº 4 igualmente resalta su comportamiento evolutivo, a medida que las condiciones políticas, económicas y sociales del entorno han evolucionado, los ciclos del sistema interactúan y se posicionan de manera diferente, lo cual dificulta la interpretación de su comportamiento y reduce la efectividad de las intervenciones de la política pública. La complejidad del sistema aquí ilustrado, surge de las permanentes interacciones dentro de los componentes del sistema, no de la complejidad de los componentes en sí mismos; mientras que la complejidad dinámica surge aquí de las interacciones entre los agentes a través del tiempo.

Meadows y Robinson (citados por Stave, 2002), consideran que en la actualidad las decisiones de política social están basadas en modelos mentales comunicados de manera incompleta. Efectivamente, la política contra las drogas se ha construido sobre un modelo mental que responde más a intereses externos que a la sociedad rural afectada directamente por el problema. La lógica que condujo al diseño actual de la política antidroga, no recogió la complejidad del sistema que sustenta este conflicto, por lo cual es rechazada por las personas afectadas por la política, quienes sienten de manera mucho más compleja sus causas, efectos e interrelaciones.

En consecuencia, en la lógica que subyace a esta política persiste una visión economicista y externa, lo cual enfatiza la necesidad de construir una política pública más verificable y participativa en la toma de decisiones. La urgencia de su rediseño es palpable. En estos tiempos es generalizada la práctica de acopiar visiones de los interesados mediante foros y reuniones, después de lo cual se incorpora a puerta cerrada información técnica. Estas acciones permiten utilizar los intereses de los afectados para la construcción de balances e intercambios, orientados a la construcción de escenarios que pueden ser más abordables desde la restricción técnica o financiera de los programas institucionales. Por esta vía, la integralidad que requiere la respuesta se hace inalcanzable y la insatisfacción de los interesados frente a la respuesta institucional, se hace manifiesta tarde o temprano.178

Las decisiones en el marco de la política antidrogas colombiana no reconocen que el problema de los cultivos de coca se mueve en un escenario tan complejo como el antes ilustrado, que involucra una amplia gama de actores, conflictos de valor, dinámicas de diversos ecosistemas, dinámicas políticas, económicas y sociales, por lo cual, la toma de decisiones en este campo configura un reto particular. Como ya se mencionó, el dogma de la dinámica comercial, muy propio del modelo actual de desarrollo, ha impuesto su impronta facilista a la solución, buscando que la fuerza y la violencia ejercidas a través de la fumigación y la judicialización, como medio de castigo a la sociedad rural, ejerzan un control que está lejos de ser eficiente y, por el contrario, se convierte en un factor adicional de sostenibilidad.

Un elemento importante de esta discusión, que surge del contraste de los gráficos sistémicos y el diagrama de niveles, consiste en que las decisiones que se toman en el marco de la política pública contra las drogas son operativizadas por tres niveles institucionales diferentes, no todos los cuales se ven envueltos en la discusión. Estos ejecutores, tanto para el caso del desarrollo alternativo como el de la interdicción, son instituciones gubernamentales, organizaciones de productores, empresas privadas, comerciantes locales y regionales, empresas mixtas con participación del Estado, administraciones municipales, ONGS nacionales e internacionales, etc. Este conjunto institucional es un nivel medio en el proceso de toma de decisiones.

Por su parte, el Consejo Nacional de Estupefacientes, integrado por la DNE y el Ministerio de Justicia como actores centrales, la Embajada de Estados Unidos en Colombia y la USAID, conforman el nivel superior de la institucionalidad que se interrelaciona con los acuerdos internacionales de lucha contra las drogas. A partir de allí, el nivel medio recibe las decisiones y se encarga de operarlas en un proceso que no permite vincular al nivel micro, los campesinos, indígenas e institucionalidad local y regional, quienes reciben, en consecuencia, unilateralmente los efectos del problema de las drogas y de la política pública diseñada para superar este conflicto.

Esta es una estructura de tipo piramidal que no explica el por qué de la exclusión de los principales interesados en el marco de toma de decisiones. Como tampoco explica el por qué no se viabiliza esta posibilidad a través de las instituciones que conforman el nivel medio. La construcción de mecanismos que posibiliten este acercamiento es indispensable como un instrumento de aproximación a la realidad compleja de la problemática y la construcción de soluciones desde lo local.

La sostenibilidad de los cultivos ilícitos se explica, en consecuencia, desde las interrelaciones existentes entre los factores generadores y sus efectos, al igual que desde la debilidad de la estructura institucional que atiende el problema y el débil posicionamiento que se ha dado a los ejecutores de política pública. El problema, entonces, no radica en disminuir el área de cultivos de coca en estos territorios, sino que se centra en responder a una población que durante procesos históricos de apropiación del territorio donde habitan han consolidado características especiales, diferentes necesidades, valores, cultura, instituciones, etc., y que necesitan de un conjunto de recursos básicos para su sobrevivencia y mantenimiento de una vida digna.

Notas para continuar la discusión

Los efectos negativos de la fumigación sobre la agricultura y el medio ambiente y la ausencia de instrumentos de política que incidan sobre la complejidad del problema han generado un conjunto de dinámicas inesperadas que se consolidan en la resistencia de los campesinos, cada vez más generalizada, hacia la política pública contra las drogas. El análisis detenido de las interacciones entre causas y efectos de los cultivos ilícitos, permiten ver su multidimensionalidad, las dinámicas que lo conforman y su permanente cambio y evolución. Éstas no son estáticas, unidimensionales, ni homogéneas. Las dinámicas evolutivas que configuran el complejo sistema de los cultivos de coca le plantean un complejo reto a las instituciones gubernamentales y ONGS internacionales que intervienen sobre la problemática. Las prácticas y creencias que han guiado el diseño de la política pública nacional e internacional contra las drogas deben revisarse.

La política pública diseñada fundamentalmente para responder a un esquema unilineal de relación oferta-demanda, con una estructura institucional operativa de tipo piramidal, considera que este esquema de causa efecto es simple y está ligado, de manera cercana, en tiempo y espacio y no permite apreciar la complejidad de las interacciones que operan en el sistema. Esta visión unidimensional genera diversos efectos colaterales, en la medida en que profundiza los ciclos de refuerzo y propicia la sostenibilidad del fenómeno. Estas interacciones han conducido a resultados inesperados y ha neutralizado el efecto de la política.

El sistema de producción y comercialización de subproductos de coca y amapola, no puede comprenderse a cabalidad desde el dogma mercantilista de la oferta y la demanda. La complejidad de este sistema igualmente no podrá ser superada a través del autoritarismo, la violencia estructural generada por la fumigación y la judicialización de los campesinos e indígenas que dependen de su cultivo. El narcotráfico como estrategia exportadora es altamente competitiva y rentable y se sustenta en las particularidades adversas de carácter institucional, social, económico y ecológico, que configuran paradójicamente las ventajas comparativas para su desarrollo y sostenibilidad. Su producción se adelanta en las regiones en donde la agricultura no ha podido consolidarse como una respuesta a las necesidades de la sociedad rural, o atraviesa por profundas crisis, y en donde la ausencia de otras oportunidades se ve restringida por la marginalidad, la pobreza y el abandono estatal.

Este dogma mercantilista y competitivo al cual se ve cada vez más sometida la vida económica y social colombiana ha conducido al fortalecimiento de complejos conflictos en el país como la profundización de la bimodalidad, la pobreza, la crisis de la agricultura tradicional y la exclusión social, que debe reconsiderarse para que el papel hoy asignado a la agricultura regional cambie, la postura de nuestros gobiernos ante las negociaciones comerciales agrícolas tenga contenidos diferentes y el futuro del sector agropecuario y de las sociedades rurales sea otro, diferente al yugo de la violencia y los cultivos ilícitos.

Es necesario transformar no sólo la política pública colombiana para responder de manera más apropiada al fenómeno de los cultivos de coca, sino de igual manera rediseñar el marco internacional de lucha contra las drogas. Los principios de corresponsabilidad, legalización bajo un estricto control estatal y descriminalización de productores y consumidores, forman parte de la temática que debe involucrar un nuevo pacto entre países productores y consumidores. En este sentido son alentadoras las conclusiones del reciente Informe de Desarrollo Humano para Colombia y las declaraciones de los representantes de la ONU.

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Conflicto agrario y expansión de los cultivos ilícitos en Colombia

Henry Salgado Ruiz

Para comprender sociológica y políticamente las condiciones estructurales que obligaron a los campesinos, indígenas y afrodescendientes colombianos a involucrarse con la producción de cultivos de uso ilícito, es necesario reconocer que los problemas socio-económicos y políticos que enfrentan las regiones productoras de amapola y hoja de coca son la expresión y resultado del modelo de desarrollo agrario, caracterizado, en primer lugar, por privilegiar la concentración –en un reducido número de propietarios– de grandes unidades de producción ubicadas en la costa Atlántica, los Llanos Orientales, las zonas centrales de las cordilleras y los valles interandinos. En segundo lugar, por expulsar de manera permanente grandes contingentes de campesinos hacia las grandes ciudades en condiciones de alta marginalidad socio-económica o hacia zonas de colonización, ubicadas fuera de la frontera agraria activa y en ecosistemas frágiles que no soportan las dinámicas agropecuarias exigidas por el mercado. Estamos pensando en regiones como el Chocó biogeográfico, la Orinoquia y la Amazonia; y en tercer lugar, por implementar de manera progresiva políticas de ajuste estructural que han estado desmantelando los instrumentos tradicionales de la política agrícola y negando las posibilidades de un desarrollo rural altamente participativo, sostenible e integral.179

Para demostrar el vínculo existente entre la expansión de los cultivos de uso ilícito y el modelo de desarrollo agrario colombiano, en primer lugar me detendré en un análisis histórico de las políticas agrarias que se han implementado en Colombia desde finales del siglo XIX. En este punto me interesa demostrar que el Estado colombiano ha implementado un conjunto de políticas agrarias encaminadas al fortalecimiento de medianas y grandes unidades agropecuarias y a la expulsión de campesinos de las tierras más fértiles y productivas. En segundo lugar, me interesa mostrar el comportamiento que han tenido los cultivos de uso ilícito en Colombia, haciendo mención a la marihuana, a la coca y a la amapola. En este punto profundizo en la crisis agraria actual y planteo que ésta contribuyó de manera significativa a la distribución de los cultivos de uso ilícito por todo el agro colombiano. Como punto final, planteo algunas propuestas que permitirían sustraer la mano de obra campesina de la producción ilegal de drogas y de la guerra.

Políticas agrarias y exclusión campesina

Desde finales del siglo XIX, el Estado colombiano ha implementado una serie de políticas agrarias encaminadas tanto al fortalecimiento de medianas y grandes unidades agropecuarias con orientación capitalista, como a la anulación y desviación de la presión campesina sobre las tierras fértiles y productivas ubicadas en las zonas centrales de las cordilleras y los valles interandinos.

En el siglo XIX las políticas de baldíos buscaron la ampliación de la frontera agraria con el objetivo de generar un proceso de valorización de tierras que, siendo profundamente fértiles y potencialmente productivas, se encontraban internadas en la selva. En la medida en que la inserción de Colombia al capitalismo comercial estaba basada, en esencia, en la exportación de materias primas y productos agrícolas, la burguesía decimonónica desarrolló una intensa política de apertura de nuevas fronteras territoriales que le permitieron ensanchar su base productiva. Como señala LeGrand, este proceso de integración de nuevos territorios y ampliación de la frontera agraria se basó fundamentalmente en la expropiación de las 180 En una dinámica de tú desmontas y yo ocupo, la burguesía agraria del siglo XIX esperaba que el campesino desmontara la selva y la valorizara con su trabajo y sus productos, para proceder a expropiarla. Argumentando derechos legales a través de documentos sellados otorgados por la corona española en los siglos XVI y XVII, estos traficantes de tierras se apropiaban de la tierra que el campesino con su propio trabajo había adquirido.

A pesar de que la Ley 61 de 1874 y la Ley 48 de 1882 introducían el criterio según el cual la propiedad se adquiría a través del cultivo, independientemente de la extensión, cuando los campesinos querían tramitar el título de propiedad, se encontraban con obstáculos administrativos y financieros que imposibilitaban dicha gestión. Las clases media y alta, al tener control de las estructuras jurídico-políticas y de los recursos económicos, tenían mayores facilidades para obtener los títulos de propiedad de las tierras baldías.

Los hacendados de finales del siglo XIX y comienzos del XX utilizaron como mecanismos de expropiación de tierras campesinas, tanto los mecanismos “legales” ya señalados, como la amenaza, la extorsión y el cercamiento de grandes extensiones ya valorizadas por el trabajo campesino. Además, recurrieron al sistema de aparcerías, en un esfuerzo de retener parte de la mano de obra campesina, que incentivada por las leyes agrarias de la época, estaba migrando hacia nuevos territorios. Establecían con el campesino un contrato de arrendamiento mediante el cual se le adjudicaba la posesión de un pedazo de tierra ubicado dentro de los predios de la hacienda. Sin embargo, estas relaciones sociales precapitalistas estructuradas en el interior de las haciendas, en poco tiempo desataron fuertes conflictos. En los años veinte los campesinos empezaron a presionar para que se les dejara cultivar productos comerciales en sus parcelas y luego, en una radicalización de sus exigencias, en los años treinta comenzaron a disputarse la propiedad de las mismas. Al respecto anotaba Jesús A. Bejarano (1979): “En la década de los veinte las luchas campesinas se orientaban sólo a lograr mejores condiciones de trabajo y no a cuestionar la legitimidad de la propiedad terrateniente o a reivindicar el derecho de propiedad. Sin embargo, eran apenas el preludio de más agudos conflictos, que se desatarían pocos años después”.181

El gobierno colombiano en respuesta a estas crecientes exigencias campesinas y en función del modelo de sustitución de importaciones, diseñó en los años treinta y cuarenta leyes agrarias (inicialmente la Ley 200 de 1936 y luego la Ley 100 de 1944) encaminadas a frenar las reivindicaciones campesinas y a presionar a los hacendados-latifundistas a una orientación empresarial de sus predios.182 Con estas medidas estatales muchos campesinos aparceros fueron expulsados y obligados a emigrar o bien hacia las ciudades, en donde se adelantaban significativas obras de infraestructura, o hacia nuevas zonas de colonización.

Este modelo agrario de modernización capitalista y concentración territorial y la expulsión de importantes sectores campesinos hacia nuevos territorios, fue acompañado de profundos conflictos socio-políticos en los años cincuenta. Frente al deterioro social que provocó la violencia de estos años y como respuesta a las presiones del gobierno norteamericano para contrarrestar las influencias de la Revolución Cubana, el gobierno colombiano expidió la Ley 135 de 1961 mediante la cual reglamentó una “Reforma Social Agraria”, que acogía la idea de crear unidades de producción familiar sin descartar las grandes unidades empresariales. Mientras los grandes terratenientes, en respuesta a la amenaza de expropiación que representaba la Ley 135, empezaron a modernizar la explotación de sus grandes territorios y a expulsar a los últimos remanentes de aparceros, las economías campesinas veían cada vez más cerradas las puertas de crédito para la producción agraria, viéndose obligadas a acelerar los flujos migratorios campo-ciudad y a intensificar la ocupación de nuevos territorios.

Machado indica que el grado de concentración de la propiedad aumentó entre 1960 y 1970 a pesar de la prolija legislación agraria promulgada alrededor de la Ley 135 de 1961, que fue en realidad una reforma legal sin aplicación real. Las explotaciones menores de 10 hectáreas disminuyeron en número y superficie, las unidades medias se mantuvieron perdiendo importancia en el total, mientras el estrato medio-alto (20-50 hectáreas) y el alto (mayores de 50 hectáreas) aumentaron en número y superficie, siendo más notorios los aumentos de este último. El desarrollo vía la gran propiedad seguía imponiéndose y las relaciones precapitalistas alcanzaban una pequeña relevancia en el panorama agrario.183 Con el ánimo de exigir una mayor celeridad en los procesos de conversión capitalista del agro, el gobierno emitió la Ley 1ª de 1968. Esta ley enfatizó la afectación de los predios “inadecuadamente explotados”184 y estimuló la organización campesina.

Este escenario agrario, de presiones gubernamentales dirigidas a fortalecer la explotación capitalista de las grandes y medianas extensiones, de organización campesina y de amenazas de redistribución del agro, fue frenado por los partidos tradicionales y los terratenientes a través del Acuerdo de Chicoral (1972). Con este acuerdo se puso fin a las amenazas de reforma agraria redistributiva. Suárez anota que en Chicoral se gestó un pacto entre el gobierno y los grandes inversionistas del campo para impulsar una estrategia desarrollista que destruyó el marco legislativo que daba piso a la distribución de tierras y logró, mediante la segregación de una línea gobiernista de la ANUC (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos), dividir el movimiento campesino. Las leyes 4ª y 5ª de 1973, que formalizaron los acuerdos pactados en Chicoral, no sólo inmunizaron muchos predios ante la posibilidad de afectación del Incora, y garantizaron una buena indemnización en caso contrario, sino que establecieron mecanismos para incentivar su producción.185

El modelo agrario colombiano, entonces, se apoyó en un marco legal que creó las condiciones políticas y económicas para afianzar las grandes empresas agrícolas e incorporar al proceso productivo tierras no explotadas, contando dentro de éstas a los nuevos frentes de colonización generados por el proceso de concentración de la propiedad y la expulsión campesina de tierras fértiles y productivas: la región del Darién antioqueño, el bajo Cauca, el macizo andino del nudo del Paramillo, la serranía de San Lucas y el valle del río Magdalena, la región de Tunebia/Sarare, la baja vertiente septentrional del río Magdalena, los llanos del Casanare y la región amazónica, entre las más importantes.

De la “reforma agraria” al mercado de tierras

Luego de que el marco legal agrario había logrado promover e impulsar la explotación capitalista de las medianas y grandes extensiones ubicadas en las cordilleras y valles interandinos e integrar a la frontera agraria nuevos territorios, las nuevas medidas agrarias posteriores a las leyes 4ª y 5ª de 1973, se orientaron fundamentalmente a la regulación de los nuevos frentes de colonización. Para este efecto, se diseñaron programas gubernamentales como el Plan Nacional de Rehabilitación (PNR) o los planes de sustitución y erradicación de “cultivos ilícitos”, orientados a mitigar los problemas que aparecieron en los nuevos territorios, relativos a la violencia social y política, a la desordenada ocupación de la frontera agraria y a la adopción campesina de cultivos de uso ilícito (marihuana y coca durante los años setenta y ochenta).

Los peligros de posibles reformas agrarias redistributivas para el bienestar de la burguesía terrateniente, habían sido superados por el gobierno colombiano a través de actos legislativos. En los años ochenta, las nuevas legislaciones agrarias estuvieron a tono con los nuevos idearios neoliberales que desde el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional se empezaron a promover e imponer en América Latina. La Ley 35 de 1982 y la Ley 30 de 1987 incorporaron la figura de reforma agraria por la vía del mercado de tierras. Con estas leyes los terratenientes se vieron motivados a vender tierras de baja rentabilidad y productividad al Incora. Estas leyes no sólo ofrecieron la posibilidad a muchos terratenientes para deshacerse de tierras poco fértiles, sino que resultaron ser menos conflictivas para las elites regionales y la clase política. Este nuevo concepto de reforma agraria fue incorporado de manera explícita en la Ley 160 de 1994.186

Con esta Ley el Estado se despreocupó del problema de la estructura de la propiedad territorial y entregó al mercado la solución del problema campesino de la tierra. Luego de garantizar por la vía de la legislación agraria la acumulación y concentración de grandes extensiones de la tierra en manos de pocos terratenientes, el Estado terminó por desatender las demandas campesinas por tierra y ofrecer programas de poco impacto real en las zonas de colonización.

Balcázar (2001), en un estudio reciente elaborado para la CEPAL, realizó un balance de los alcances logrados por la reforma agraria en Colombia, tomando como referencia la Ley 135 de 1961.187 En este estudio Balcázar plantea que en los últimos cuarenta años no se logró un cambio ni siquiera marginal en la estructura de la propiedad ni en la dinámica de la pobreza y marginalidad rural. Sintetiza los precarios resultados en cuarenta años de la siguiente manera: “Por compra y, casi en forma marginal, por expropiación, se han distribuido apenas 1,5 millones de hectáreas. Adicionalmente se titularon 15 millones de hectáreas de tierras baldías y se delimitaron 30 millones de hectáreas para resguardos indígenas”.188

Pero en rigor estos pobres resultados eran de esperarse si tenemos presente que las políticas agrarias implementadas por el Estado colombiano, mal llamadas de reforma agraria, han estado orientadas fundamentalmente a facilitar el proceso de acumulación territorial en pocos propietarios. Los índices del coeficiente de Gini, calculados por expertos del Banco Mundial y confirmados por la Encuesta Agropecuaria de 1995, han demostrado que existe una tendencia creciente a la concentración de la propiedad: los estudios señalan que entre 1960 y 1988 el coeficiente de Gini tuvo un pequeño desplazamiento de 0,86 a 0,84 y que para el periodo 1984-1996 se incrementó de 0,85 a 0,88. En términos de la estructura de la propiedad territorial, cabe anotar que en el 2001, según los datos del IGAC y Corpoica, el 0,4% de los propietarios de fincas de más de 500 hectáreas, poseían el 61,2% del área predial rural, es decir, de los 3,2 millones de propietarios censados en 1996, sólo 11.570 propietarios controlaban 31,03 millones de hectáreas, mientras que 1,6 millones de campesinos propietarios de predios menores de tres hectáreas (57,3% de propietarios) poseían sólo el 1,7% del área predial rural, es decir, 861.993 hectáreas.

Para continuar con este espinoso tema de las estadísticas, es importante subrayar, además de las cifras ya mencionadas, que en Colombia no sólo existe un modelo agrario centrado en la gran y mediana propiedad, sino que además se tiene un uso inadecuado del suelo. Dice el IGAC que en Colombia hay nueve millones de hectáreas aptas para la agricultura, pero se utilizan para este fin únicamente cinco millones. En cambio, para la ganadería hay diecinueve millones de hectáreas aptas y se utilizan cuarenta millones para este fin, de las cuales sólo cinco millones tienen pastos mejorados, mientras que el resto, treinta y cinco millones, se explotan de manera extensiva.189

Como se puede observar, entonces, las “reformas agrarias” implementadas por el Estado colombiano, más que buscar resolver el problema de la tierra a los campesinos, han estado orientadas a presionar a la burguesía terrateniente para que implemente una explotación capitalista de sus tierras y a favorecer la acumulación territorial. Con estas “reformas” un significativo sector del campesinado fue despojado de sus tierras y obligado a emprender procesos migratorios hacia nuevos territorios inhóspitos en donde la lógica de capital agrario no ha estado ausente. En estos territorios la lógica del tú desmontas y yo ocupo también jugó su rol. En las zonas de colonización de los años sesenta y setenta se impulsaron también procesos de expropiación de la tierra y del trabajo campesino. Al igual que en los años cincuenta, en estos territorios los conflictos socio-políticos y militares se agudizaron y provocaron nuevos desplazamientos forzados de campesinos. Cuando el campesino creyó haber solucionado en parte el problema de la tierra en los nuevos territorios, de nuevo se enfrentó con la lógica de una guerra que parece hecha para despojarlos de las tierras valorizadas con su trabajo.

A este escenario de reformas agrarias de papel y de procesos de concentración de la propiedad, es necesario sumarle la grave crisis que empezó a enfrentar el agro colombiano a partir de la década de los años noventa con las políticas de ajuste estructural. Este ajuste, con su programa de integración a la economía internacional y austeridad del sector público, ha reducido en Colombia y toda la región latinoamericana las posibilidades de crecimiento equitativo y la satisfacción de las necesidades sociales. Cada día es más evidente que la integración del país a la economía mundial no ha podido resolver el tema de la integración social. Por el contrario, en las ciudades y campos se visualiza mayor pobreza, mayores niveles de injusticia social y de exclusión política. Y quienes más duro han sentido este golpe propinado por el ajuste estructural han sido las poblaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes.

Expansión de los cultivos de uso ilícito

La expansión de cultivos de uso ilícito ha tenido lugar en un contexto agrario de exclusión campesina, de expulsión de grandes contingentes de hombres y mujeres hacia zonas de colonización –caracterizadas por estar alejadas de los centros de comercialización, sin vías de comunicación, sin centros de acopio y a donde llegan irrisorios créditos– y de niveles de competitividad para población rural cada vez más reducidos en relación con la importación de productos agrícolas.

El cultivo de la marihuana

Como es conocido, el primer cultivo de uso ilícito que empezó a proliferar en la geografía colombiana fue el cultivo de la marihuana. Si bien existen reportes oficiales que hablan de la marihuana en Colombia desde 1925, sólo hasta la década de los setenta se constituyó en “un problema nacional”, luego de que Colombia se convirtiera en el principal exportador de marihuana a los Estados Unidos. Se sabe que Colombia cultivaba un porcentaje importante de marihuana en la década de los sesenta, pero su auge coincide con una fuerte persecución a los narcotraficantes mexicanos, quienes tenían controlado el comercio exterior de marihuana, por lo menos hasta principios de los años setenta.

La región colombiana de mayores índices de producción fue la Sierra Nevada de Santa Marta, ubicada en los departamentos de Guajira, Magdalena y Cesar. En esta región, según los estimativos de Ruiz, se sembraba para finales de los años setenta el 60% de la marihuana nacional. El otro 40% estaba repartido en cuatro regiones, a saber:

La región del Atlántico, exceptuando la parte de la Sierra Nevada, es decir, partes de los departamentos de Atlántico, Bolívar, Córdoba (Valle del río Sinú), Antioquia en el área cercana al mar (Golfo de Urabá y valle del río Atrato), Chocó (valle del río Atrato y Serranía del Darién).

La región de los Llanos Orientales, con énfasis en Arauca y Vichada.

La región Andina, sobre todo en los Santanderes, Cundinamarca y Tolima, la región cafetera y partes del Cauca, Huila y Nariño.

La región de la Amazonia, en especial el Vaupés.190

La población que se dedicó al cultivo de la marihuana era sobre todo campesina. Si bien existía lo que se denominó en la época del boom de la marihuana “el marimbero físico”, que era aquel cultivador ocasional que recogía una cosecha y abandonaba la siembra, el que predominó fue el conocido en la Sierra Nevada como el “marimbero agricultor” que correspondía al colono ya radicado en su tierra, al pequeño agricultor, al campesino, quien además de sembrar y cultivar la marihuana como producto agrícola, sembraba cultivos de pancoger.191

Según Ruiz, la producción nacional de marihuana para finales de los años setenta ascendía a 15.000 toneladas por año, en una extensión total de 30.000 hectáreas. Para tener una idea de la producción de marihuana colombiana durante la década de los setenta, es necesario señalar que de las 12.8 mil toneladas de marihuana consumidas por los norteamericanos durante el periodo 1977-1980, Colombia participó con el 66%.

Para el primer quinquenio de los años ochenta, no obstante, el cultivo de marihuana empezó a sufrir una tendencia decreciente. Según Gómez, para 1985 de un total de 8.5 mil toneladas anuales consumidas en Norteamérica, Colombia participó con el 22%.192 Esta caída de la producción puede ser explicada por la creciente demanda estadounidense de cocaína, por una producción creciente de este cultivo en los Estados Unidos y, además, por la erradicación forzada aérea de cultivos de marihuana (con el herbicida Paraquat) en la Sierra Nevada de Santa Marta, emprendida durante la administración de Turbay Ayala (1978-1982).

De manera concomitante con la disminución de los cultivos de marihuana en el país, empezó el incremento sostenido de los cultivos de hoja de coca. Lo que quedó de marihuana en el país para la década de los noventa fue muy poco. En el estudio elaborado por Uribe, se reporta para 1994 un total de 6.112 hectáreas de marihuana distribuidas en nueve regiones del país: Sierra Nevada de Santa Marta con el 49%; Serranía del Perijá con 32,7%; Serranía del San Lucas con 10,3%; Nariño con 3,7%; Cauca con 3,3% y los departamentos del Valle del Cauca, Huila, Caquetá y Tolima con 0,5%, 0,3%, 0,1% y 0,09% respectivamente.193

El cultivo de la hoja de coca

El cultivo de la hoja de coca en Colombia es milenario y hace parte incluso de los mitos de creación de distintos grupos indígenas, pero su expansión como cultivo comercial ligado al narcotráfico arrancó a finales de la década de los años setenta. Tuvo un crecimiento lento en los ochenta y se incrementó de manera sensible durante los noventa.

Las primeras áreas en donde empezó la coca a crecer de manera significativa como cultivo comercial ligado al narcotráfico fueron, fundamentalmente, los departamentos de Caquetá, Guaviare y Putumayo (región occidental de la Amazonia colombiana). Se trata, en esencia, de departamentos originados en dinámicas de colonización a donde llegaron, en los años cincuenta, sesenta y setenta, campesinos que fueron expulsados de sus lugares de origen por los procesos de reestructuración agraria impulsados por el Estado, por la alta presión sobre la propiedad de la tierra, por la constitución de grandes unidades agropecuarias, por la incapacidad del minifundio de reproducirse, por los conflictos socio-políticos que han azotado a Colombia y/o por los fracasos de colonizaciones dirigidas por el Estado.

Los campesinos que arribaron a estos departamentos trataron de replicar en las selvas húmedas de la Amazonia las prácticas productivas aprendidas en sus lugares de procedencia. Pero fueron muchos los apremios que enfrentaron y muy pocas las posibilidades que ofrecía la región para su integración favorable a la dinámica económica nacional. La carencia de títulos, la ausencia de vías de comunicación en buen estado que los vinculara con los centros de consumo del interior del país, el deficitario estado de las vías intermunicipales y el elevado costo del transporte, la gran distancia y lentitud del transporte fluvial, la ausencia de instalaciones para el acopio y almacenamiento apropiado de los productos, entre otros, fueron factores que se ofrecieron como verdaderos obstáculos para el desarrollo municipal y regional. Estos factores determinaron, por una parte, la pérdida del entusiasmo de muchos campesinos-agricultores que veían una vez más frustrados sus propósitos de hacer finca y quedarse en la región y, por otra parte, la adopción –para finales de los setenta y comienzos de los ochenta– de “economías de retaguardia”194 como la marihuana195 y la coca (Erythroxylum coca) respectivamente.

Arribar a los confines de la frontera agraria luego de haber tenido un pedazo de tierra e intentado una o más veces asentarse no fue nada fácil. A los sentimientos cotidianos de frustración se unieron el rencor y la inconformidad. Pese a conocer las consecuencias negativas de salud que genera el consumo de drogas alucinógenas y los discursos jurídicos que prometían duros castigos a quienes se vincularan a la narcoeconomía, los campesinos terminaron articulados a dicha economía; para ellos los cultivos de uso ilícito se constituyeron en su única esperanza.

No fue fácil, desde luego, ni individual ni colectivamente, superar los problemas morales, religiosos e intrafamiliares que trajeron tras de sí estos cultivos. En los hogares de los colonos las disputas y los argumentos en contra o a favor de la narcoagricultura no se hicieron esperar. Sin embargo, el argumento más contundente y que subordinaba los más temidos sentimientos morales y religiosos fue el que nació del apremio y el desespero: “¡Si no es con la coca, entonces de qué vamos a vivir!”. Este fue el principal argumento que empezó a legitimar los primeros pasos hacia la cocalización del agro en los departamentos del Caquetá, Guaviare y Putumayo. La coca llegó a los colonos de la Amazonia occidental como una estrategia de sobrevivencia. Pese a conocer sus impactos negativos en la salud humana, en la juventud y en la estructura misma de las sociedades, los colonos no tuvieron otro recurso, estos cultivos fueron su única opción.

Aunque carecemos de datos estadísticos departamentales para la década de los ochenta, la información nacional sobre la superficie de hoja de coca nos da una idea de la magnitud inicial con que estas regiones de colonización se vincularon a la narco-producción y la manera como este cultivo comenzó su expansión acelerada. Como se puede observar en la gráfica nº2, la superficie de producción creció de manera progresiva. Para 1981 se reportaron a nivel nacional un total de 4.000 hectáreas y para 1988 se tenía un total de 30.000 hectáreas.196 Es decir, el total de cultivos creció 7.5 veces en siete años, con un promedio anual aproximado de 93%.

Es importante señalar que si bien es significativa la creciente cocalización del agro que se dio en los años ochenta, hay que anotar que Colombia sólo participaba con el 10% de la producción total de hoja de coca, frente a Bolivia (35%) y Perú (55%), que eran los principales proveedores de hoja de coca197 para los narcotraficantes colombianos, quienes estaban centrados en la refinación final del clorhidrato de cocaína.

La coca y su impacto en los campesinos del occidente amazónico colombiano (años ochenta)198

En los ochenta la coca impactó de manera significativa a muchas de las familias que habían llegado a la región con el propósito de consolidar economías campesinas articuladas de manera efectiva a las dinámicas económicas regionales y nacionales. Estas familias sufrieron notables alteraciones en el interior de su estructura. Mientras la mujer se dedicó a elaborar los alimentos para los miembros de su familia y los jornaleros vinculados al cultivo de coca y procesamiento de pasta básica de cocaína, los hijos una vez estuvieron en edad de trabajar, se integraron en calidad de asalariados a las labores del campo, bien sea en la unidad agropecuaria de su familia199 o en las de sus vecinos cercanos. Los niños se dedicaron a recoger las hojas de coca que los “raspadores” dejaban regadas en la parcela. De esta manera, las nuevas generaciones de campesinos empezaron a interiorizar nuevos referentes simbólicos y normativos altamente asociados a la economía de mercado.

Es importante resaltar que en la nueva dinámica familiar que resultó de la monetización de las economías campesinas, la mujer, en la gran mayoría de los casos, fue el único miembro de la familia que no ingresó a las nuevas relaciones salariales. Si bien las actividades domésticas de la mujer aumentaron como consecuencia del incremento del número de comensales, ello no significó que empezara a devengar dinero. El jefe de la familia (predominantemente hombre) establecía el contrato oral con los jornaleros y continuaba encargado de la economía del hogar. El dinero, los adornos de oro y los vestidos que recibía la mujer de parte del jefe del hogar, eran asumidos como algo propio de la esfera “afectiva” y de las responsabilidades conyugales. Las relaciones hombre-mujer no se modificaron y siguieron predominando las tradicionales relaciones de dominación y desigualdad.

Con la incorporación de cultivos de uso ilícito al agro amazónico, las familias campesinas que se encontraban más retiradas de las redes de transporte y físicamente distantes de los centros de mercado empezaron a obtener altas tasas de rentabilidad. Este fenómeno, que contradice las teorías convencionales de la geografía económica, ha sido característico en las zonas cocaleras. Bedoya, quien analiza el fenómeno de expansión de la coca en el Alto Huallaga (Perú), señala que con la coca los más ricos eran quienes estaban más retirados de las carreteras y los más pobres eran los que permanecían dentro de una agricultura comercial legal o agricultura de subsistencia.200

El exceso de liquidez originado por el narco-cultivo y la dependencia del mercado externo para el aprovisionamiento de alimentos que surgió como consecuencia de la reasignación de los factores de producción campesinos (tierra, tecnología, fuerza de trabajo familiar y producción agrícola) hacia la coca generaron una significativa inflación en productos de primera necesidad, licores, artículos suntuarios e insumos agrícolas. El tradicional reclutamiento de fuerza de trabajo familiar o por reciprocidad, propio de las economías campesinas, fue rápidamente absorbido por una economía en donde la mano de obra pasó a ser básicamente asalariada. Los cultivos de uso ilícito y los altos ingresos devengados en esta actividad, además, estimularon a los jornaleros a exigir altos salarios por su trabajo.

El proceso de mercantilización de la mano de obra, al tiempo que deterioró los niveles de solidaridad entre los campesinos y desestructuró las relaciones de parentesco y compadrazgo que habían surgido en el desarrollo de los primeros asentamientos, se constituyó en un serio obstáculo para los procesos organizativos que, ya sea a nivel veredal o municipal, los campesinos estaban impulsando. En la medida en que el cultivo de coca permitía a cada familia campesina resolver sus necesidades de reproducción social y biológica de manera exitosa, los problemas colectivos referidos a la carencia de vías de comunicación, crédito, asistencia técnica, servicios de agua y luz, entre otros, pasaron a un segundo plano dentro del rango de necesidades por solucionar. Para ejemplificar lo anotado, cabe destacar que la coca –concretamente la pasta básica de cocaína– al ser un producto liviano que no requiere transporte pesado ni pago de fletes, trajo como consecuencia que la ausencia de vías de comunicación pasara a ser un problema menor. Sencillamente a lomo de mula, a pie o en canoa con motor fuera de borda, el campesino se desplazaba al sitio local donde la transacción comercial tenía lugar.

Algunos campesinos de la región señalan que con el cultivo de coca muchos hombres de la región abandonaron el machete y sus actividades agropecuarias tradicionales para dedicarse a raspar hoja (recolectar hoja de coca) y procesar la pasta básica de cocaína. Si bien muchos conservaron algunas hectáreas en productos de subsistencia, hubo quienes funcionalizaron todos sus factores de producción hacia la coca. Los colonos que, atrapados por el deseo de enriquecerse de manera rápida, reasignaron todos sus factores de producción hacia la coca fueron los más golpeados por la crisis de la producción coquera que vivieron los departamentos de Caquetá, Putumayo y Guaviare durante el año de 1983 y mitad de 1984. Muchos colonos emigraron, el comercio se retiró y muchas fincas fueron abandonadas. Quienes lograron sobrevivir fueron aquellos que sembrando coca o no, mantuvieron sus productos agrícolas legales de auto-consumo y comercialización.

La lógica económica campesina de producir para consumir ha funcionado en la Amazonia occidental con fuerza durante la economía coquera. Aunque existen casos en que la rentabilidad obtenida con los cultivos de uso ilícito se constituyó en la fuente del bienestar para muchas familias campesinas que invirtieron sus ganancias en ganadería y en la compra de nuevas tierras rurales y urbanas, un significativo número de colonos orientó los flujos de dinero a la ampliación de la capacidad de consumo. Estos fuertes flujos de dinero, lejos de constituirse en capital, funcionaron predominantemente como dinero atesorado que se consumía en bares, prostíbulos y artículos suntuarios.

Es necesario señalar que en la región occidental de la Amazonia colombiana la cocalización del agro no dio lugar a una “dolarización de la economía regional”, tal como sucedió en el Alto Huallaga (Perú) y en el Chapare (Bolivia). Las transacciones comerciales que se hacían con dólares eran pocas y no generaron un impacto significativo en la estructura social amazónica. Recibir dólares por la pasta básica de cocaína significaba para los campesinos empezar una nueva transacción comercial –vender dólares por pesos colombianos– que por lo general les reportaba pérdidas.201

Presos de la necesidad y arrinconados por la pobreza, los campesinos que arribaron a la región de la Amazonia occidental en los años sesenta y setenta terminaron convertidos en narco-agricultores. Sin embargo, este nuevo estatus social y el imaginario que en torno a él se ha elaborado, ha sido rechazado de manera permanente por los mismos campesinos de la región. Desde comienzos de los años ochenta, los campesinos amazónicos a través de sus diferentes organizaciones –sindicatos, cooperativas y juntas de acción comunal– le han presentado al gobierno nacional alternativas a los cultivos de uso ilícito y ofrecido soluciones posibles a los múltiples problemas que enfrentan las regiones de colonización, aunque las reivindicaciones campesinas han sido respondidas por el Estado colombiano con tímidas inversiones socio-económicas y grandes apoyos financieros para las campañas de fumigación y militarización de la sociedad amazónica. Se le ha dado tratamiento militar a una problemática eminentemente social.

Expansión de los cultivos de hoja de coca (años noventa)

A comienzos de los años noventa, como consecuencia del proceso de ajuste estructural y apertura económica, se implementaron cambios significativos en las políticas macroeconómicas, en el Estado y en la dinámica del mercado. Anota Machado que para estos años en Colombia se adoptó una apertura económica que se centró en la modificación de los precios relativos a través de la baja de los aranceles; dio una mayor libertad a los movimientos de capital y redefinió el papel del Estado para otorgarle un juego mayor a las fuerzas del mercado en la asignación de los recursos.202 La implementación de estas políticas se tradujo en las siguientes medidas básicas para el sector agrario:

El paso a régimen de libre importación de casi todas las posiciones arancelarias de los productos agropecuarios;

La eliminación de los precios de sustentación que se sustituyeron por precios mínimos de garantía;

La reducción de la intervención del Estado a lo mínimo en la compra de cosechas;

El establecimiento de franjas de precios como mecanismos de estabilización frente a las fluctuaciones abruptas de precios internacionales;

El apartar al Idema del monopolio en la importación de productos agrícolas, y la reducción paulatina de los subsidios a las tasas de interés para la agricultura.203

Este manejo macroeconómico y la radical desprotección al mercado nacional de alimentos, produjo una acentuación de la crisis agraria, que aunada a la significativa concentración de la propiedad, profundizó la pobreza rural y con ello un mayor marginamiento de las poblaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes.

Según Fajardo, la crisis de los años noventa se evidenció en (1) la reducción en las áreas en productos, no concomitante con aumentos de la productividad; (2) la disminución de la producción y (3) la pérdida de empleos en la agricultura.204 En contraste, dice este analista agrario, se produjo un vertiginoso incremento de importaciones de productos agrícolas:

En 1997 se sembraron 3,1 millones de hectáreas (de cultivos semestrales y permanentes), frente a los 3,7 millones de 1990.

Los cultivos semestrales pasaron de 2,5 millones de hectáreas en 1990 a 1,6 millones en 1997.

La reducción de las áreas sembradas en cultivos semestrales condujo a la pérdida de 119.600 empleos.

Las importaciones crecieron a un ritmo anual de 26,8%: pasaron de ser el 5,5% del PIB en 1990 a ser el 46,9% en 1997; en tanto las exportaciones sólo crecieron a un ritmo anual de 7,4%.

La producción tuvo un descenso sin antecedentes: de las 130 mil toneladas de algodón exportadas por Colombia en 1975, se descendió a 4.707 en 1996 y a 427 en 1997.

En junio del año 2000 el país estaba importando seis millones de toneladas de alimentos, ocho veces más que en 1990.205

Este crítico panorama agrario de los años noventa creó las condiciones para que los cultivos de coca no sólo crecieran significativamente en las tradicionales áreas de colonización, sino que estos empezaron a expandirse y ocupar los espacios agrarios de zonas que tenían economías campesinas relativamente consolidadas. Es decir, si en los ochenta los cultivos de hoja de coca se concentraban fundamentalmente en regiones de colonización, en los noventa se distribuyeron por todo el agro colombiano, incluyendo para estos años la siembra de cultivos de amapola para abastecer el mercado internacional de opiáceos (heroína, morfina y codeína).

En lo que se refiere a los cultivos de hoja de coca, los datos de producción dan cuenta de este fenómeno de crecimiento y expansión que estamos mencionando. Según el documento CONPES de octubre de 1994 sobre desarrollo alternativo,206 en Colombia dieciséis departamentos tenían cultivos de hoja de coca. Aunque las cifras estimadas por esta fuente difieren de las cifras presentadas por UNODC (United Nations Office Drugs and Crime), lo que nos interesa señalar es que para esa época existen reportes oficiales que dan cuenta de producción de coca en departamentos en donde las economías campesinas estaban relativamente integradas al mercado, entre ellos, Antioquia, Nariño, Cauca y Tolima.

En términos de cifras globales, según la UNODC207 en 1990 en Colombia teníamos una producción de coca de 40.100 hectáreas y para el 2002 se reportó un total de 102.000 hectáreas (ver gráfico nº 2). Pero aquí es importante detenernos en las cifras arrojadas para 1999 y 2002. Para 1999 la Dirección Nacional de Estupefacientes reportó un total de 160.119 hectáreas, distribuidas en doce departamentos (ver gráfico nº 3) y para el 2002, según la misma fuente, se habla de un total de 102.071 hectáreas distribuidas en veintiún departamentos(208ver gráficos nº 4 y 5).

Durante la década de los noventa y los principios del 2000, el Estado colombiano emprendió medidas muy agresivas para combatir la producción de hoja de coca y amapola. Sin embargo, a la luz de las mismas estadísticas, esta guerra ha sido un fracaso. Lo único que se ha conseguido con esas medidas de fuerza es que estos cultivos se conviertan en una actividad agrícola itinerante, cada vez más difícil de perseguir y que las fumigaciones aéreas indiscriminadas con herbicidas estén causando un grave daño al medio ambiente, a la biodiversidad, a la salud y a la seguridad alimentaria de los pobladores que viven en las regiones productoras de amapola y hoja de coca.

Con respecto a este último punto, es necesario anotar que en Colombia los resultados de los programas de erradicación forzada, implementados desde hace más de veinte años, han sido bastantes precarios. Sin duda alguna, durante la implementación del Plan Colombia se ha generado una reducción del 37% de hectáreas de hoja de coca, si ubicamos como referente la cifra que se reportaba para el año 2000, que era de 163.300 hectáreas.209 Pero si miramos esta cifra en relación con las nuevas geografías de la coca y su repunte en Bolivia y Perú (ver gráfico nº 6) encontramos que si bien las cifras nos hablan de reducción de hectáreas de hoja de coca, la realidad socio-económica y geográfica nos habla de un desplazamiento hacia regiones que otrora no cultivaban coca o que de nuevo la resiembran. Se trata, entonces, de una guerra que no ha sido efectiva, y no lo es pues los problemas sociales, económicos y políticos que están en la base de los cultivos de uso ilícito no se pueden resolver desde un enfoque represivo.

El cultivo de amapola

Para finalizar este análisis de la expansión de cultivos de uso ilícito en Colombia, es necesario señalar que la crisis agraria ya analizada trajo consigo la emergencia y expansión de amapola en regiones campesinas e indígenas ubicadas en el bosque alto andino. Los primeros datos oficiales que se tienen de este cultivo se remontan a 1986, cuando la policía destruyó una siembra en el municipio de Sevilla (Valle). Este cultivo tenía una extensión de apenas 4 hectáreas (cerca de 150.000 matas).210 Sin embargo, la amapola adquirió su auge y expansión en la década de los noventa, como puede apreciarse en el gráfico nº 7. Para observar el comportamiento del cultivo de la amapola por departamentos cabe señalar que, según las cifras citadas por Uribe, en 1995 en Colombia diecinueve departamentos contaban con cultivos de amapola, siendo los de mayor producción los siguientes: Tolima (5.965 has); Huila (5.527 has); Cauca (3.600 has); Santander (1.250 has) y Boyacá (666). Para el 2001 y el 2002 la Dirección Nacional de Estupefacientes registró seis departamentos con fuerte presencia de amapola, ellos son: Cauca, Nariño, Huila, Tolima, Cesar y Boyacá (ver gráfico nº 8).

Algunas propuestas211

En consideración con lo planteado, pensamos que la propuesta fundamental para el nivel de la producción del mercado ilegal de drogas es la de sustraerle la mano de obra campesina al narcotráfico y a la guerra. Ello se puede lograr a través de la implementación de un Desarrollo Rural, entendido como un proceso socio-económico, político y cultural y no como un conjunto de políticas, programas y proyectos; estos son los medios para impulsar y orientar dicho proceso. Este Desarrollo Rural, además de preocuparse por buscar niveles aceptables de producción y productividad de la agricultura campesina debe incluir problemas relacionados con la democracia en el campo, la igualdad entre géneros, la participación e inclusión política, la creación de mercados locales sólidos y diversificados, mejoramiento de la infraestructura y medios de transporte, distribución de la población, la conservación de los recursos naturales y un manejo apropiado de los ecosistemas y el respeto de la diversidad cultural.

Para lograr este propósito consideramos prioritario trabajar fundamentalmente en:

1. La construcción de nuevos modelos de desarrollo que atendiendo las características de los diversos ecosistemas, amplíen las oportunidades a los más pobres. Esto incluye una reforma agraria que democratice la tenencia de la tierra en los suelos de vocación agrícola, y una política de recomposición de la economía campesina que fortalezca la soberanía alimentaria del país, estabilice los procesos de colonización, revierta los flujos migratorios y contribuya a superar el desplazamiento forzado en el país.

2. El estímulo a procesos de ordenamiento ambiental territorial que delimite áreas ocupadas y áreas protegidas, sustraiga los territorios de colonización situados sobre ecosistemas frágiles o sin perspectivas para una reconversión productiva sostenible. Los programas de reubicación de población que de allí se deriven deben ser voluntarios y graduales, con garantías para una vida digna y segura en los sitios de llegada. La política de redistribución de la propiedad territorial se puede iniciar con: (a) la extinción de dominio a las propiedades rurales de los narcotraficantes (Ley 333 de 1996) y de aquellas tierras privadas subutilizadas y (b) con el desarrollo de la figura de Zonas de Reserva Campesina (Ley 160 de 1994) en áreas de vocación agrícola y no solo de colonización.

De manera complementaria a la implementación de estas políticas se proponen las siguientes medidas para sustraer al campesinado del negocio del narcotráfico y la guerra:

1. La suspensión de las fumigaciones contra los campesinos, colonos indígenas constituye hoy una prioridad en defensa de los derechos humanos, la integridad de las comunidades y las familias, la salud, la seguridad alimentaria y la protección de los ecosistemas y la biodiversidad, vulnerados por las políticas represivas contra los llamados cultivos con fines ilícitos.

2. Descriminalizar o despenalizar a los pequeños cultivadores de hoja de coca y amapola e implementar en las regiones afectadas por los cultivos de uso ilícito ambiciosos, integrales y sostenibles programas de desarrollo alternativo como un paso que preceda –y no suceda– a las faenas de eliminación manual o mecánica de las plantaciones de dichos cultivos. Para lograr su descriminalización, se debe impulsar en el Congreso de la República la modificación del Estatuto Nacional de Estupefacientes o Ley 30 de 1986.

3. Descriminalizar el cultivo de coca, amapola y marihuana o de cualquier otra planta utilizada en ceremonias religiosas, rituales o como medio de socialización propia de las comunidades indígenas que las utilizan como parte de su cultura o como patrimonio del saber ancestral en el uso medicinal tradicional. Para lograr esta descriminalización, se debe impulsar en el Congreso de la República la modificación del Estatuto Nacional de Estupefacientes o Ley 30 de 1986.

4. Sustitución, no de la planta, sino del uso, para destinarla a la alimentación, la medicina, la industria y otros fines, es otra propuesta viable en lo social, económico y ambiental.

5. Es necesario reconocer que la sustitución de los cultivos declarados ‘ilícitos’ por cultivos lícitos en ecosistemas frágiles, no constituye una reconversión productiva sostenible. Allí donde la vocación de los suelos lo permita, en lugar de cultivos sustitutivos es recomendable derivar hacia complejos de actividades en competencia con la economía agrícola de los narcóticos, que sin buscar necesariamente recursos iguales, logre la autosuficiencia alimentaria regional y el bienestar de la población. Se propone para ello el mejoramiento de las explotaciones agrícolas y pecuarias mediante prácticas sostenibles como el potrero arborizado, la ganadería estabulada, la silvicultura, la acuicultura, la zoocría controlada, la agroforestería y otros modelos agrícolas alternativos y biodiversos.

6. Aplicar estrategias diferenciadas por parte del Estado y la comunidad internacional, según el tipo de cultivo con fin ilícito: sustitución concertada, gradual, manual, limpia y compensada económicamente para los cultivos campesinos, y erradicación sin compensación y por medios manuales o mecánicos no contaminantes para las grandes extensiones comerciales. Ello implica la abolición de los artículos 3 y 4 de la Resolución 005 del 11 de agosto del 2000, donde se autorizan por el Consejo Nacional de Estupefacientes las fumigaciones sobre cultivos tipificados como “ilícitos” fraccionados y/o cultivos de uso ilícito mezclados, cualquiera sea su extensión.

7. La defensa de la diversidad biológica y cultural a través de un régimen especial de protección de los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y afroamericanas; de conformidad con su derecho consuetudinario y con los instrumentos del derecho internacional como el Convenio 169 de la oit, la Ley 21 de 1991 y el Convenio sobre Diversidad Biológica.

Panel 3

Cultivos ilícitos, narcotráfico y economía

El tercer capítulo continúa con el análisis de los cultivos ilícitos y su incidencia en el sector agrario, a la vez que propicia una discusión sobre efectos sociales, políticos y ambientales de las medidas encaminadas a su erradicación; también se presta una atención especial a los efectos que tiene sobre la economía nacional la presencia de dineros provenientes del tráfico de sustancias ilícitas.

Los cultivos ilícitos y el medio ambiente

Manuel Rodríguez Becerra / Moderador

Entre los objetivos del capítulo 3, “Cultivos ilícitos, narcotráfico y economía”, se preveía el análisis y la discusión de los efectos ambientales de los cultivos ilícitos. Como moderador de esta sesión me tomé la libertad de efectuar algunas consideraciones sobre este último tema, puesto que no se encontraba tratado en las ponencias que se presentaron en este panel, que como sus títulos lo indican se concentran en otros aspectos de la problemática. No se trata de una presentación comprehensiva, sino de unas breves anotaciones introductorias a un tema muy parcialmente estudiado que por lo general se concentra en analizar los impactos ambientales de los cultivos ilícitos desde las perspectivas de la pérdida de cobertura forestal y de la contaminación con los químicos utilizados en el cultivo y procesamiento de la coca, una visión que como se examinará resulta extremadamente limitada. Espero que estas reflexiones sean de utilidad.

Los cultivos ilícitos y la pérdida de la cobertura forestal

El cultivo de la coca y la amapola constituyen una de las mayores amenazas para el medio ambiente de Colombia y, en general, de los países andinos. La apertura de tierras para el cultivo de coca y amapola es una causa importante de la deforestación. El ciclo compuesto por la erradicación –mediante la fumigación o programas de sustitución–, y la apertura de nuevas tierras para reemplazar las plantaciones extirpadas, así como la tala de bosques para incrementar el área plantada, ha causado la destrucción de bosques naturales en diversas regiones del país. Además, los agroquímicos utilizados en los cultivos ilícitos, así como los químicos incorporados en el procesamiento de la coca producen impactos de consideración en las fuentes de agua y los suelos de los sitios de las plantaciones.

No conocemos con exactitud a cuántas hectáreas asciende el daño así producido. La Comisión Nacional de Estupefacientes ha señalado desde tiempo atrás que para sembrar exitosamente una hectárea de coca o amapola es necesario talar tres. Diversas estimaciones colocan la tala histórica total entre 1.000.000 y 1.500.000 hectáreas. Se ha llegado a señalar que estas cifras indicarían que el daño ambiental no ha sido en términos relativos muy alto, si se considera que la destrucción de los bosques sólo representaría entre el 2% y el 3% del área de bosque natural remanente del país. Ésta es una visión excesivamente simplista, toda vez que la deforestación ha conllevado la destrucción directa de valiosos ecosistemas boscosos como son, por ejemplo, los del Putumayo –considerada como una de las regiones de más alta biodiversidad de la cuenca amazónica–, y de algunos de los últimos relictos de bosque de niebla de la región andina.

Evidentemente la pérdida de la cobertura forestal es uno de los efectos negativos de los cultivos ilícitos sobre el medio ambiente. Pero no resulta correcto reducir el asunto a este negativo impacto. Para aproximarse en forma adecuada a la relación entre estas dos dimensiones –ambiente y cultivos–, debemos entender que el deterioro ambiental, o su contrario el mejoramiento ambiental, se explica por lo general en términos de un conjunto de factores que interactúan en forma compleja. Como afirmara Julio Carrizosa, en el taller “Medio Ambiente, Cultivos Ilícitos y Desarrollo Alternativo”, realizado en septiembre del 2000, la relación entre cultivos ilícitos, pobreza y guerra sólo puede entenderse como un sistema integral. Es precisamente a partir de este tipo de supuestos que, desde hace dos años, el Foro Nacional Ambiental ha propiciado una serie de estudios y talleres para su discusión pública, que han estado dirigidos a analizar las relaciones entre guerra, medio ambiente y paz en Colombia.212 Un libro que recoge los resultados de este proceso de reflexión será publicado en el primer semestre de 2004.

Impactos de los cultivos ilícitos sobre el bosque: más allá de la pérdida de la cobertura forestal

La desaparición de cobertura boscosa como consecuencia de la tala para establecer los cultivos ilícitos es, por lo general, la principal relación que se reconoce entre esta actividad y los ecosistemas boscosos. Pero esta relación es mucho más compleja como lo han subrayado diversos autores, entre ellos Germán Andrade:

La tala para establecer cultivos ilícitos, así como otras actividades agropecuarias por parte de los colonizadores de la frontera agrícola, genera la fragmentación de los ecosistemas boscosos lo cual, a su vez, tiene un negativo impacto en la biodiversidad y otras funciones de los bosques. Con el tiempo se ha hecho evidente que no existe un tamaño mínimo crítico de los bosques para mantener sus funciones “sino un gradiente de pérdida de funciones y valores ambientales de los ecosistemas, conforme disminuye su tamaño y aumenta su fragmentación. La fragmentación extiende el efecto de pérdida de biodiversidad neto producido por la tala, al interior de los bosques remanentes. Hay órdenes de magnitud de tamaños, y umbrales de pérdida de funciones, tales como el mantenimiento de la biodiversidad. Si partimos de un bosque hipotético de 10.000 hectáreas, las primeras hectáreas taladas producen un efecto despreciable, pues simplemente afectarían la heterogeneidad espacial del conjunto del ecosistema. En la medida en que aumenta la deforestación y la fragmentación, se presentan umbrales de pérdida de biodiversidad. Así por ejemplo en las selvas andinas,en fragmentos con menos de 1.000 hectáreas que han permanecido aislados por más 50 años se producen pérdidas de hasta el 50% de las especies de aves”(Andrade,2003).

La cacería para obtener carne de monte habría contribuido a la defaunación y, con ella, a degradar los ecosistemas boscosos. En Colombia, la cacería ha sido una práctica habitual de los colonizadores de la selva tropical colombiana, y en general de las poblaciones campesinas. Las guerrillas, los paramilitares, los cultivadores y recolectores de coca y amapola, así como el ejército colombiano han encontrado en la carne de monte una de sus fuentes de alimentación, y para proveerse de ella han contratado su obtención con los habitantes de las regiones centro del conflicto armado. Al referirse a este fenómeno, Andrade (2003) subraya cómo la destrucción de las selvas puede ser efectuada desde afuera mediante la deforestación o desde adentro por defaunación, siendo uno de los efectos más importantes de esta última acción sobre la dinámica de los ecosistemas forestales tropicales la remoción de especies que cumplen funciones de herbivoría, predación y dispersión de semillas, procesos que controlan la composición de especies de árboles. En síntesis, con la defaunación no solamente se produce un declive de las poblaciones de especies de fauna, y eventualmente se ponen en peligro de extinción, sino que se resta capacidad al bosque para que diversas especies de flora se reproduzcan, con lo cual éstas también pueden desaparecer.

Los cultivos ilícitos serían uno de los principales factores que explica el significativo incremento de la población que se ha registrado en la región amazónica la cual, a su vez, está generando nuevas presiones sobre el medio natural de esta región. En efecto las diversas oportunidades de actividad económica detonadas por el narcotráfico en la región, tanto directas como indirectas, ha atraído la migración de gentes del interior del país, un fenómeno que conlleva una mayor demanda por todos los recursos ofrecidos por sus ecosistemas, en particular los bosques, demanda que con frecuencia se torna destructiva y degradadora.

Los anteriores son algunos de los impactos de la guerra y los cultivos sobre los bosques y la biodiversidad, establecidos por Germán Andrade, y que me sirven para mostrar, en esta breve introducción, las complejas relaciones existentes entre estos fenómenos.

La escasez ambiental como uno de los factores explicativos del conflicto armado en Colombia y del establecimiento de los cultivos ilícitos

En las anotaciones anteriores se han hecho algunas observaciones sobrelos complejos efectos del conflicto armado y los cultivos ilícitos sobre el medio ambiente, y en particular sobre los ecosistemas boscosos. Pero es pertinente analizar también la medida en que el medio ambiente es, o no, uno de los factores explicatorios del conflicto, un tema que ha llamado la atención internacional en los últimos años.

Existe una creciente evidencia a nivel global sobre la forma como la escasez de los recursos naturales renovables puede contribuir a generar o agravar conflictos violentos, que incluyen la insurgencia y los enfrentamientos étnicos. Como se ha señalado, aunque en el pasado la escasez ambiental ha detonado la violencia, se prevé que en las próximas décadas la incidencia de tal violencia probablemente se incrementará en la medida en que se haga más grave la escasez del agua fresca, de los bosques, y de la tierra para la agricultura y la construcción de vivienda (Myers, 1993; Hommer-Dixon, 1999).

El papel de la escasez ambiental en la generación de la violencia es a menudo oscuro e indirecto y produce efectos sociales acumulativos e insidiosos, tales como grandes migraciones y dislocaciones económicas que a su vez conducen al conflicto abierto y a los enfrentamientos armados. Según Hommer-Dixon, uno de los principales proponentes de esta tesis, la escasez ambiental es causada por la degradación y destrucción de los recursos naturales renovables, la creciente demanda de estos recursos, o su inequitativa distribución. Estos tres tipos de escasez a menudo interactúan y se refuerzan, distinguiéndose dos clases de interacción especialmente importantes: la captura de los recursos y la marginalización ecológica. La captura de los recursos ocurre cuando la degradación y destrucción de los recursos renovables interactúan con el crecimiento poblacional para estimular a los grupos poderosos dentro de la sociedad a desviar la distribución de los recursos a su favor. A su vez, esta captura intensifica la escasez para los grupos más pobres y débiles dentro de la sociedad. La marginalización ecológica tiene lugar cuando el acceso desigual a los recursos se combina con el crecimiento poblacional para causar migraciones de grupos poblacionales que dependen de los recursos renovables para su supervivencia. Ellos se mueven a regiones ecológicamente frágiles tales como los bosques húmedos tropicales y tierras montañosas de alta pendiente. Con frecuencia, la acción sobre estos ecosistemas causa su degradación o destrucción que dispara nuevamente la migración y, eventualmente, nuevos procesos de deterioro. Algunos grupos de marginados ecológicos migran a las ciudades, en donde a menudo se asientan en áreas no aptas para la urbanización y vulnerables a desastres ambientales.

La escasez ambiental produce sus efectos dentro de sistemas político-ecológicos extremadamente complejos, y no es, por sí misma, suficiente para causar la violencia. La investigación ha mostrado que cuando contribuye a la generación de la violencia, siempre lo hace en interacción con otros factores económicos, políticos y sociales. Como ha señalado Hommer-Dixon: “Una gran proporción de la población mundial confía fundamentalmente en la producción agropecuaria local, el agua y los productos del bosque para su supervivencia diaria. Los escépticos usualmente subestiman la media en la cual buena parte de la humanidad depende de su medio ambiente natural y por consiguiente subestima las tensiones sociales que esta escasez puede causar”. Se ha subrayado, además, que la escasez ambiental contribuye principalmente a violencias difusas y persistentes a nivel subnacional, y que excepcionalmente contribuye al conflicto entre los estados, esto es, a la guerra por los recursos. En su investigación, Hommer-Dixon ha estudiado conflictos en diversas partes del mundo en desarrollo y ha concluido que estos son probablemente signos tempranos de un incremento en la violencia que en las próximas décadas serán inducidos o agravados por la escasez ambiental.

En América Latina y el Caribe, parecen incrementarse las tensiones sociales y los conflictos abiertos asociados con la escasez ambiental. Así lo señalaría el alzamiento armado de los zapatistas en México en 1994, o los procesos de desobediencia civil de las comunidades indígenas del sur de Colombia y de las comunidades indígenas del Ecuador, acontecidas en los últimos años. Los conflictos guerrilleros del pasado reciente en Centroamérica y el agudo conflicto que enfrenta Colombia son, en buena parte, el producto de la escasez ambiental.

El largo conflicto armado en Colombia ha dado lugar a numerosos estudios que muestran cómo en sus orígenes estuvo profundamente vinculado a la falta de acceso de amplios grupos de campesinos a la tierra y otros recursos naturales, que buscaron sobrevivir mediante la colonización de la selva húmeda tropical (Rangel, 2002). Éste es un tema que ha sido examinado en otros paneles de este seminario, razón por la cual no voy a entrar a hacer mayores consideraciones. Simplemente lo traigo a cuento para mostrar cómo la perspectiva de la escasez ambiental referida puede servir para dar nuevas luces sobre el caso colombiano.

Uno de los patrones de colonización predominante se ha caracterizado por la apertura de nuevas tierras, muchas veces no aptas para la actividad agropecuaria, por parte de campesinos pobres que presionados por la carencia de capital acaban vendiendo sus parcelas a latifundistas que las engloban en predios destinados, en su mayor parte, a la ganadería. Es lo que se conoce como el proceso de “potrerización”. La tala de 800.000 hectáreas anuales de bosque, que se produjo en la década de los años ochenta, ilustra en forma dramática el caso de la escasez ambiental originada por la inequidad social y la pobreza. Como ha sido señalado, ya para esa época Colombia contaba con tierras suficientes para las actividades agrícolas y tenía tierras en exceso para la ganadería.

El fenómeno descrito para el caso de la tierra en Colombia, que se repite en muchos de los países de América, ilustra la captura del recurso tierra por un grupo minoritario, llevando a la marginalidad ecológica a un amplio grupo de la población. Es, además, un fenómeno que tiene su contraparte a nivel urbano en donde los pobres se ven con frecuencia condenados a asentarse en suelos altamente vulnerables a desastres ambientales. Y es un fenómeno que se da también con los recursos hídricos, ícticos, forestales y energéticos.

Pero en Colombia este proceso adquirió connotaciones particulares con los cultivos ilícitos. La marginalidad ecológica de diversos grupos de colonizadores encontró en los cultivos ilícitos una “tabla de salvación” que, como parte del negocio del narcotráfico, ha tenido tan perversas consecuencias para la vida del país. Se subraya también que el negocio del narcotráfico ha sido, a su vez, un gran detonante del incremento del proceso de concentración de la propiedad de las tierras en las últimas décadas. Guerrillas, paras y narcos, a partir de la financiación producida por el negocio, han concentrado grandes extensiones de tierra, generando, a su vez, el incremento de la presión sobre la frontera agrícola y nuevos procesos de marginalización ecológica de amplios grupos pobres de la población. Como parte de esta dinámica, se han generado nuevos procesos de potrerización mediante la tala de bosque natural para satisfacer la demanda de nuevas tierras por parte de los nuevos latifundistas. Este último fenómeno parece más intenso que el correspondiente a la tala dirigida a la apertura de tierras para establecer cultivos ilícitos, y tiene efectos altamente negativos para el medio ambiente.

Bibliografía

Andrade, Germán. (2002). El impacto del conflicto armado sobre los ecosistemas y la biodiversidad. Bogotá: Foro Nacional Ambiental.

Fajardo M., Darío. (2003). El conflicto armado y su proyección en el campo. Bogotá: Foro Nacional Ambiental.

Hommer-Dixon, Thomas F. (1999). Environment, Scarcity, and Violence. New Jersey: Princeton University Press.

Myers, Norman. (1993). Ultimate Security: The Environmental Basis of Political Stability. New York: W. W. Norton.

Rangel, Alfredo. (2002). Naturaleza y dinámica de la guerra en Colombia y sus efectos sobre el medio ambiente. Bogotá: Foro Nacional Ambiental.

Drogas ilegales y sus repercusiones en Colombia: el papel de las políticas y de los cambios institucionales

Francisco E. Thoumi

Actualmente, Colombia está en medio de una profunda crisis en la que las drogas ilegales juegan un papel complejo e importante. En el discurso oficial se enfatiza la gravedad del flagelo de las drogas ilegales: financian la corrupción, las guerrillas y los paramilitares, debilitan el sistema político, le restan legitimidad al régimen y distorsionan la economía; en fin, son la causa principal de los problemas colombianos. Desde esta perspectiva, el narcotráfico es simplemente una actividad criminal que debe ser atacada, sobre todo cuando atenta contra la seguridad nacional o utiliza estrategias terroristas para lograr sus metas. Este enfoque no le presta atención a las causas por las cuales se desarrolla la actividad ilegal; simplemente se trata de atacarla como una amenaza. Por eso, mientras el narcotráfico fue percibido sólo como una actividad criminal, los gobiernos no la tomaron muy en serio. Estos reaccionaron cuando en su lucha contra la extradición, los narcotraficantes desarrollaron una campaña terrorista.

La producción y tráfico de drogas ilegales han marcado la historia colombiana de los últimos treinta y cinco años. En ningún país las drogas ilegales han tenido efectos sociales, políticos y económicos tan graves. Han causado fuertes cambios en las instituciones y valores, han condicionado el comportamiento de la economía nacional, y han jugado un papel clave en la política y en el debilitamiento institucional del país. Tampoco cabe duda respecto a que la industria ilegal ha contribuido a concentrar la propiedad rural; financió el narcoterrorismo de finales de los ochenta y principios de los noventa, y en la actualidad es una fuente importante de financiación de paramilitares y guerrilleros. “Hay paras porque hay guerrilla. Hay guerrilla porque hay razones objetivas para ello. Y ambos se mantienen y crecen gracias al narcotráfico” (Caballero, 2003).

Todo lo anterior es cierto, pero para poder afirmar que las drogas son la causa de los males que agobian al país es necesario primero demostrar cuál ha sido la causalidad del fenómeno. Así, si la industria ilegal es un fenómeno exógeno, se puede afirmar que los problemas sociales son un efecto de las drogas. Si, por el contrario, factores endógenos de la sociedad colombiana han jugado papeles clave en su desarrollo, no es posible atribuir a las drogas lo que parecen ser sus efectos. Más aún, cuando la causalidad no se ha estudiado y validado científicamente, se corre un gran riesgo al diseñar y ejecutar políticas porque éstas no necesariamente atacan las causas del fenómeno que se busca controlar. Esto no implica que toda política formulada con base en una causalidad no verificada sea inefectiva, solamente que cuando la política tiene buenos resultados es por buena suerte o intuición y no porque se diseñó entendiendo el fenómeno e identificando sus causas.

Colombia es el único país que produce en cantidades sustanciales las tres drogas ilegales más importantes derivadas de plantas naturales. Además, los colombianos participan en la producción ilegal, el contrabando, el mercadeo internacional y el lavado de los ingresos y activos adquiridos por la industria ilegal. Durante los años setenta Colombia fue un exportador importante de marihuana. Hacia 1980 se convirtió en el principal productor de cocaína del mundo y a finales de los noventa en el principal cultivador de coca. Además, Colombia produce más de la mitad de la heroína consumida en los Estados Unidos.

Dada la importancia de la industria ilegal, es necesario entender por qué dicha industria se estableció y creció en Colombia. Sin comprender este proceso no es posible determinar las políticas adecuadas o las reformas requeridas para salir de la situación actual. Las explicaciones dadas al respecto dependen de las posiciones políticas e ideologías de los analistas. Por ejemplo, desde la posición dependentista, la industria ilegal se establece en Colombia debido a la injusta división internacional del trabajo, las crisis económicas, y la desigualdad en la distribución de la riqueza y del ingreso. De acuerdo con este enfoque, estas “causas objetivas” están determinadas por la forma en que Colombia se inserta en el sistema mundial por lo que la causa del desarrollo de la industria ilegal es externa: si Colombia produce y exporta bienes ilegales es porque el sistema mundial no le da alternativas y la fuerza a hacerlo. Este discurso es cómodo para muchos colombianos porque es exculpatorio y lleva a justificar tanto la producción como el tráfico de drogas.

En el lado opuesto están quienes promueven o apoyan políticas represivas. Éstas se perciben como un ataque a la criminalidad. Sin embargo, la criminología como disciplina derivada de la sociología es muy reciente y hasta ahora no ha obtenido consensos sobre las causas de la criminalidad. Esto hace que muchos gobernantes y agentes del orden simplemente consideren que no es posible establecer dichas causas, pero que es necesario proteger a las víctimas de los criminales, por lo cual utilizan un enfoque represivo y atacan las actividades ilegales sin preocuparse mucho por sus causas. Estos aceptan simplemente que una de las funciones del gobierno es proteger el régimen o status quo y a la ciudadanía de quienes violan y subvierten la ley.

En este ensayo se presenta una crítica tanto al enfoque dependentista como al represivo para analizar el desarrollo de la industria de drogas ilegales y sus repercusiones en Colombia. En particular, no se busca explicar el desarrollo de la industria ilegal como resultado de una relación de causalidad directa sino de un proceso en el cual han actuado muchos factores sin que exista una causalidad directa sino una evolución tal que un mismo factor puede tener efectos muy distintos en diferentes circunstancias y momentos del proceso. En otras palabras, no se trata de ver el desarrollo de la industria ilegal como algo parecido a los procesos de la física o la química en los que los resultados son ciertos si se aplica cierta fórmula, sino como un proceso semejante al de la biología en la que los resultados son inciertos y los efectos de cada factor dependen de la forma en que se desarrolló el ente vivo, sujeto de la política antes de ser afectado por dicho factor.

Las deficiencias de los enfoques tradicionales213

El mundo y la vida son injustos. El ingreso esperado de cualquier persona depende en gran parte de la ciudadanía y etnia con que nace y del nivel de educación e ingreso de sus padres. No hay duda de que esto es una arbitrariedad. Además, el ingreso también está sujeto a grandes incertidumbres. La gente puede perder el empleo por razones exógenas que no puede controlar. Muchos negocios bien planificados fallan por factores exógenos como una crisis económica, o un aumento impredecible en tasas de interés. Los países exportadores de productos básicos siempre han sufrido fuertes fluctuaciones en los precios de sus productos de exportación. Esto ha llevado a buscar el desarrollo de mercados internos y la integración regional para neutralizar las fluctuaciones en los mercados de productos básicos. Infortunadamente, los mercados latinoamericanos han sido bastante más inestables que los de productos básicos (Thoumi, 1989). En otras palabras, la economía de un país es inestable, tanto debido al entorno exterior como a las políticas internas del mismo y los individuos tienen que adaptarse y sobrevivir en un ambiente de incertidumbre, pero por razones de naturaleza arbitraria, algunos son más vulnerables que otros.

Como se mencionó, la inestabilidad económica y la injusticia social se presentan como causas objetivas para el desarrollo de las drogas ilegales. Afortunadamente, esta proposición se puede verificar empíricamente. Si las causas objetivas determinan la producción de drogas ilegales o el nivel de criminalidad, los países con mayor pobreza, desigualdad y los que hayan padecido las peores crisis económicas producirían más drogas que el resto. Además, dado que las causas objetivas son muy semejantes en muchos países, es de esperar que la industria ilegal esté distribuida entre todos ellos de manera semejante. En otras palabras, si las causas objetivas determinaran la producción de drogas ilegales, Colombia las produciría en alguna cantidad, pero no concentraría la industria, Colombia no sufriría las consecuencias de ser un gran productor de drogas y compartiría los problemas de las drogas con muchos otros países.

Para contradecir la explicación de las causas objetivas, la industria de drogas ilegales está hoy altamente concentrada en pocos países: la cocaína en Colombia, con producciones menores en Bolivia y Perú. El opio y la heroína en Afganistán y Birmania y en menor grado en otros pocos países, incluida Colombia. Las drogas sintéticas también están concentradas en Polonia y los Países Bajos aunque hay producción en otros sitios como los Estados Unidos. La marihuana es la droga ilegal cuya producción tiene una distribución espacial más amplia.

La evidencia empírica muestra que la producción de drogas ilegales está concentrada en países con características muy especiales que los hacen atractivos para dicha industria: estados que no controlan el territorio, países con grupos étnicos marginados o sobre los cuales el Estado no ejerce control, países con grupos subversivos o paramilitares fuertes, o países en los que la sociedad misma tolera el consumo de algunas drogas, especialmente la marihuana. Es decir, la producción y el tráfico de drogas están asociados a factores institucionales y de comportamiento de las sociedades en los que ocurren. El consumo de drogas presenta características semejantes a la producción y tráfico en el sentido de estar asociado a instituciones o cambios institucionales rápidos.

Es cierto que el entorno exterior ha jugado un papel en el desarrollo de la industria ilegal. Por ejemplo, los cambios en la sociedad estadounidense desde el final de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo los ocurridos durante la década de los sesenta, promovieron el aumento en el consumo de drogas, pero sólo unos pocos países respondieron a esos incentivos mientras que la mayoría de productores posibles no lo hicieron. Por eso es necesario explicar por qué Colombia fue el país que más respondió a dicha demanda.

El enfoque represivo no explica las causas de la criminalidad y trata este fenómeno, por lo menos implícitamente, como algo natural que depende de factores personales. El crimen existe en todas las sociedades, en todas partes hay quienes violan la ley y a estos hay que atacarlos para proteger a los ciudadanos de bien. Si esta fuera una explicación razonable del crimen, si los esfuerzos de los gobiernos para hacer cumplir las leyes fueran iguales, se esperaría que la proporción de ciudadanos que violan la ley en cada sociedad fuera aproximadamente igual. Por eso, las diferencias en tasas de criminalidad se explicarían por las diferencias en los niveles de represión aplicados por cada gobierno. Internacionalmente los niveles de represión no están relacionados con la criminalidad aunque dentro de un país, aumentos en represión puedan disminuir la criminalidad.214 Otros han sugerido que las diferencias en criminalidad podrían explicarse por diferencias genéticas, postulado que ha sido refutado empíricamente en el caso colombiano (Yunis, 2003). Además, las diferencias en los niveles de criminalidad de los diversos países y entre sus regiones son muy grandes, lo que indica que características nacionales y regionales de las diversas sociedades juegan un papel importante en el control de los comportamientos desviados y en la violación de las normas legales. En general, se puede afirmar que entre mayores sean los controles sociales al comportamiento, menor el grado de represión que necesita aplicar el Estado para lograr un nivel bajo de criminalidad. Por eso, para lograr la eliminación de la industria de drogas ilegales en Colombia sería necesario un gobierno autoritario altamente represivo que probablemente no sea políticamente viable.

Otra evidencia de la importancia de la estructura social y de las instituciones se encuentra al analizar las repercusiones de la industria de las drogas ilegales sobre los países, las cuales no están directamente relacionadas con el tamaño de la industria. Durante treinta años, hasta finales de la década de los noventa, la industria ilegal generaba una proporción mayor del ingreso nacional en Bolivia y Perú que en Colombia, a pesar de lo cual sus efectos han sido mucho más fuertes y nocivos en el último país que en los dos primeros (Thoumi, 2002). Además, dicha proporción ha disminuido sustancialmente en los tres países, a pesar de lo cual sus repercusiones en Colombia son hoy mucho más nocivas que en el pasado. La experiencia de estos países muestra que las repercusiones positivas sobre la economía generadas por las bonanzas ilegales son de corto plazo, pero que las negativas son acumulativas y aumentan con el correr del tiempo neutralizando las positivas. Las repercusiones negativas dependen de la forma en que tiene lugar la asimilación de los ingresos ilegales y la manera en la que esos fondos se invierten o gastan en la economía. Estos procesos dependen de la estructura, las instituciones y los valores de las sociedades.

Características colombianas que han atraído la industria ilegal

Es importante anotar que el problema de la criminalidad en Colombia215 no se reduce a las drogas ilegales. Además de ser un gran productor de drogas ilegales, Colombia es el primer productor mundial de billetes de dólares falsos y de secuestros del mundo, el primer país en la formación y utilización de sicarios, el primer o segundo exportador latinoamericano de prostitutas, un productor grande de software y discos compactos pirateados y un gran productor de documentos falsos, en especial pasaportes. Colombia es el único país que conozco en el que dueños de lotes urbanos anuncian que sus propiedades no están en venta para prevenir traspasos con escrituras fraudulentas. Colombia es un país en donde el Estado se ha convertido en un botín, pues los criminales de cuello blanco han surgido de manera notable a juzgar por los informes periodísticos frecuentes; en donde los soldados encuentran un botín guerrillero obtenido por medio del secuestro, la extorsión y el narcotráfico y consideran normal guardarlo como premio por ser militares; donde la policía negocia con los narcotraficantes la devolución de la droga confiscada, y donde se acuñaron los términos “paseo millonario” y (personas) “desechables”. Todos estos hechos muestran que Colombia ha desarrollado destrezas útiles en actividades económicas ilegales; subrayan la naturaleza depredadora del capitalismo colombiano y la ilegitimidad y debilidad de los derechos de propiedad. En efecto, Colombia ha desarrollado una ventaja competitiva basada en destrezas ilegales.

Por todo lo anterior es de extraordinaria importancia entender por qué algunos comportamientos, que aunque comunes a otros países, en Colombia toman características extremas. Desde hace algún tiempo algunos analistas han empezado a explorar las razones por las que Colombia es un país en el que la sociedad impone muy pocas restricciones al comportamiento de sus miembros (Herrán, 1987; Puyana García, 2000; Yunis, 2003; Gómez Buendía, 1999; Thoumi, 2002). En efecto, cada colombiano tiene un alto grado de libertad para establecer sus propias normas. Por eso, no es sorprendente que Colombia se caracterice por una gran creatividad individual y una gran indisciplina social. La falta de controles sociales hace que en Colombia surjan individuos con comportamientos extraordinarios: quien respeta la ley y los derechos de los demás lo hace por convicción propia, mientras que quien los viola lo hace por eso mismo, porque no encuentra barreras sociales que se le opongan. De esa forma, un colombiano bueno es el mejor y uno malo el peor. El éxito en Colombia es individual y no colectivo. La lealtad se extiende sólo a gentes cercanas a uno mismo porque sin ellos es imposible sobrevivir en un entorno hostil. “El resultado neto es la abundancia de conductas antisociales: predominancia de las racionalidades privadas sobre la racionalidad colectiva” (Gómez Buendía, 1999: 20).216

En Colombia “la norma impersonal existe y se reconoce: es ‘solo’ que no se le paran demasiadas bolas, que su umbral de violación es en general bajo, que éste mío es un ‘caso excepcional’ donde tengo que violar la norma o sacarle el quite. Esta excepcionalidad llega a constituir una especie de democracia: todos somos iguales, porque todos tenemos derecho a violar o evadir la ley” (Gómez Buendía, 1999: 19).

Para comprender el problema colombiano es importante responder una pregunta: ¿por qué los comportamientos individuales en Colombia son distintos a los de otros países? Pero, ¿distintos en qué sentido? El comportamiento humano enfrenta restricciones de parte del Estado, la sociedad y la ética individual de cada persona (Thoumi, 2002, 2003). ¿Por qué en Colombia estas restricciones son más débiles que en otras sociedades? En Colombia “todo está permitido, no hay sanción personal ni de grupo, cualquier hecho ilícito es permitido, incluso sancionado como algo brillante, heroico, de una astucia mayor, hasta cuando cae. Entonces, te quedas solo. Lo redime que en Colombia la justicia no condena” (Yunis, 2003: 138). En otras palabras, hay una gran tolerancia para quien obtiene resultados, sin reparar en los medios usados, pero al mismo tiempo hay una falta de solidaridad concomitante con un muy alto grado de desconfianza. Por ejemplo, Jimeno Santoyo (1998) demuestra empíricamente que el setenta por ciento de los residentes urbanos de estratos bajos evita contactos con sus vecinos por temor a posibles conflictos que generen violencia. Es decir, somos 40 y tantos millones de individuos que competimos sin restricciones, pero no pertenecemos a un equipo común. Somos más de 40 millones de individuos, pero no pertenecemos a un nosotros.

Yunis explora las razones históricas por las que en Colombia no se desarrolló una identidad nacional y se generalizó el comportamiento “ladino” que evade enfrentamientos directos, busca aprovechar las oportunidades que se ofrecen sin tener que preocuparse por las repercusiones sociales que estas acciones puedan tener (Yunis, 2003: 130-138). Este comportamiento responde a una estrategia de supervivencia en un entorno social hostil generado por la falta de identidad nacional y comunitaria que resulta en una sociedad con muy poca solidaridad hacia los demás y confianza en ellos. Esta mentalidad “ladina en gran parte corresponde a lo que tanto hemos ponderado como ‘la malicia indígena’. Un tema de la mayor gravedad es considerar que Colombia abrazó la mentalidad ladina, generada a lo largo de toda la Colonia, luego institucionalizada como tal, hasta convertirla en una cultura. Hablamos de un hecho cultural cuando está arraigado en todos sus miembros, forma parte de su conducta rutinaria, es inherente al comportamiento, se vuelve una característica estructural” (Yunis, 2003: 130).

Los controles al comportamiento individual en Colombia nunca fueron muy fuertes. Estos eran impuestos principalmente por la Iglesia católica y la familia, pero fueron interiorizados muy débilmente (González, 1998). El proceso de modernización (urbanización, educación, industrialización, disgregación de la familia extensa, etc.) ocurrido durante el siglo XX simplemente destruyó los pocos controles que existían y no los reemplazó por otros. Esto permitió el surgimiento de la industria ilegal.

Actitudes hacia las drogas y las políticas contra las drogas

Las actitudes de la sociedad colombiana hacia la industria ilegal reflejan la falta de solidaridad y confianza descritas. Cuando la industria ilegal empezó a surgir en Colombia, ésta no fue percibida como una amenaza social, y fue muy difícil movilizar a la opinión pública contra ella. En un país acostumbrado a una escasez crónica de dólares y en el que el respeto a las normas que regulan las actividades económicas era muy bajo, el surgimiento de una bonanza ilegal que generaba grandes cantidades de divisas fue bienvenido por la mayoría. Desde entonces, la mayoría de los colombianos ha comprado cotidianamente en los “San Andresitos” a sabiendas de que esos lugares son centros de lavado de activos y divisas, ha fumado cigarrillos de contrabando y ha vendido finca raíz, vehículos lujosos y artículos de arte en transacciones sospechosas, sin tener reparo respecto al origen de los fondos involucrados. La responsabilidad de controlar estas transacciones ha sido del Estado y no personal o social.

Las primeras erradicaciones de finales de los años setenta se llevaron a cabo en respuesta a presiones estadounidenses sobre el gobierno colombiano. Un tratado de extradición fue firmado a finales de los setenta y ratificado en 1982, pero no se implementó sino después del asesinato del ministro Lara Bonilla en abril de 1984. La ola de narcoterrorismo de finales de los ochenta produjo un fuerte y generalizado sentimiento contra la extradición entre la población que se expresó en la Constitución de 1991 que declaró su inconstitucionalidad. Las políticas colombianas contra las drogas fueron reactivas a presiones externas o a crímenes de la industria ilegal, pero no motivadas por la convicción de la necesidad de respetar la ley.

Los políticos también han tolerado la industria ilegal y la han usado en beneficio propio. La financiación de las campañas políticas con dineros del narcotráfico ha sido generalizada a todo nivel. Los políticos han sido conscientes del origen de los fondos que recibían y han desarrollado sistemas para esconder y disfrazar las fuentes (Lee y Thoumi, 1998). En efecto, el sistema político ha sido más dependiente de la industria ilegal que de la economía colombiana, resultado de lo cual fue la crisis de gobernabilidad durante el gobierno de Ernesto Samper.

Hasta mediados de los años ochenta los colombianos no percibían los efectos negativos de largo plazo de la industria ilegal y el apoyo del público a las políticas contra las drogas fue débil. Durante los ochenta los homicidios y crímenes violentos aumentaron enormemente y los colombianos vieron que la industria de drogas ilegales tenía repercusiones sociales y políticas perversas. Durante los noventa se hizo claro que las drogas financiaban a las guerrillas y a los paramilitares. En muchas formas estos grupos representan el pasado y sus conflictos no resueltos, pero no el futuro buscado por la mayoría de los colombianos. Esos grupos son rurales en un país 75% urbano y que en el futuro será más urbano aun; tienen niveles de educación bajos en un país cada vez más educado y muchos de sus combatientes deberían estar en la escuela en lugar de luchando con armas; usan métodos de resolución de conflictos violentos y primitivos en una sociedad en la que cada vez un mayor número aspira a tener instituciones modernas. Además, debido a las drogas y los grupos armados, Colombia recibe fuertes presiones externas y los colombianos son discriminados en el mundo de manera legal y legítima. Hoy los colombianos reconocen que las drogas ilegales han jugado un papel clave en el proceso de descomposición social sufrido por el país, pero pueden hacer muy poco al respecto. En otras palabras, la acumulación de las repercusiones nocivas de la industria ilegal ha motivado un cambio en actitudes, pero este cambio no está basado en normas morales o éticas sino en el pragmatismo característico de la sociedad colombiana.

¿Qué tan diferente es Colombia?

Esta sección busca explicar por qué en Colombia los niveles de solidaridad y confianza sociales son tan bajos, comparados con los de otros países, y desarrolla desde el punto de vista de las ciencias sociales, argumentos semejantes a los presentados por Yunis (2003) desde su perspectiva genetista. Las siguientes son diferencias entre Colombia y otros países de la región que contribuyen a que en Colombia se haya desarrollado el comportamiento “ladino” o una anomia que se expresa en un individualismo egoísta extremo.217

Primero, una de las principales diferencias entre Colombia y el resto de América Latina surge de la geografía. Colombia emergió, desde los tiempos coloniales, como un conjunto de regiones diferentes con escasa comunicación e intercambio comercial entre ellas. Los obstáculos físicos eran (y siguen siendo) tan grandes, que las regiones tendieron a desarrollarse como unidades relativamente autosuficientes. A causa de su geografía, Colombia fue, hasta comienzos del siglo XX, el país latinoamericano con el más bajo nivel de comercio internacional per cápita.218 Sólo el desarrollo de la industria del café en la década de 1920 modificó esta condición. Más aun, la producción para la exportación generó una infraestructura que unió algunas regiones colombianas con la costa y los mercados internacionales, pero contribuyó poco a la integración nacional. La geografía también fue un obstáculo para el sistema tributario, porque aumentaba enormemente los costos del cobro de impuestos. De ahí que la recolección fuera frecuentemente privatizada a través de subastas que permitían la obtención de ganancias por parte de ciudadanos privados.219 Hasta mediados del siglo XX, la mayor parte de los ingresos del Estado central se originaban en impuestos al comercio internacional.220 Así, un Estado central muy pobre fue el corolario de la diversidad regional del país. A causa de su geografía, entre los países latinoamericanos, Colombia tenía la mayor necesidad de invertir en infraestructura, con el fin de integrar el país y generar una identidad y sentido de pertenencia nacionales. Pero las restricciones financieras y la necesidad de responder a las exigencias de los votantes urbanos condujeron a que la presencia del Estado central hubiera sido tradicionalmente precaria en grandes zonas del país. En efecto, el Estado colombiano nunca ha controlado su territorio.

Segundo, la geografía también obstaculizó el comercio interno no sólo porque los costos y riesgos de transporte eran muy altos sino porque cerca de cada conglomerado urbano existía una diversidad de climas que permitía una gran variedad en la producción de alimentos y otros productos agrícolas. Esto promovió la autosuficiencia regional y constituyó un fuerte desincentivo a la formación de un mercado nacional pues alrededor de cada ciudad se tendía a producir lo mismo.

Tercero, durante toda su historia Colombia ha sido un país con abundantes recursos naturales, en especial tierra fértil. Hasta hace poco el país se caracterizaba por una escasez relativa de mano de obra. Durante la Colonia la economía política española enfrentó un gran problema de política: dada la abundancia de tierra, para que los hidalgos tuvieran un nivel de vida “decente” era necesario crear instituciones que ataran al campesinado a la tierra, lo que requería un grado de control sustancial al movimiento de la mano de obra. La abundancia de tierra ofreció una oportunidad constante a esclavos y campesinos que podían huir a lugares aislados en los que podían subsistir. Los mayores obstáculos a esos movimientos posiblemente eran las enfermedades tropicales que podían diezmar poblaciones. Por eso durante los siglos XVIII y XIX surgieron “palenques” o asentamientos de esclavos cimarrones fuera del control del Estado y de las instituciones de la sociedad predominante. A finales del siglo XIX la población había aumentado en las zonas minifundistas de Cundinamarca y Boyacá y sus poblaciones migraron hacia zonas de colonización, en especial la cafetera. Estos desplazamientos de población llevaron a que “de manera bastante espontánea, se habían formado unas sociedades bastante marginadas de los controles sociales, familiares, religiosos y políticos que caracterizaban a los núcleos de origen” (González, 1998: 151). En otras palabras, a través de su historia, el Estado y la sociedad colombianos siempre han tenido problemas para desarrollar controles al comportamiento individual, y un número significativo de colombianos ha logrado vivir al margen de dichos controles.

Cuarto, la heterogeneidad regional encontró su expresión en la diversidad cultural. Los comportamientos, acentos y valores regionales tienden a ser muy diferentes y propios de cada región. Las lealtades locales son fuertes, y así la conformación de una identidad nacional ha sido lenta e incompleta.221

Quinto, durante los primeros 110 años de independencia el país padeció una crisis de deuda externa crónica, resultado del endeudamiento internacional para financiar las campañas libertadoras de Bolivia y Perú dirigidas por Simón Bolívar (Junguito, 1995). Al disolverse la Gran Colombia la deuda externa se distribuyó entre Colombia, Ecuador y Venezuela proporcionalmente a la población de cada país, lo que no tuvo en cuenta la capacidad de repago determinada por las exportaciones de cada uno de ellos. Como Colombia tenía las menores exportaciones per cápita, su capacidad era menor que la de los otros países. Como resultado de este acuerdo, Colombia tuvo que renegociar su deuda externa varias veces durante el siglo XIX y no tuvo acceso a los mercados internacionales de capital que hubieran podido proporcionar fondos para desarrollar la infraestructura de transporte necesaria para integrar al país.222

Sexto, durante el siglo XIX y parte del siglo XX Colombia experimentó varias bonanzas de exportación de productos básicos: añil, quinina, cacao, caucho, bananos. Éstas generaron prosperidad por algunos años en lugares distintos, lo que no permitió desarrollar comunidades e instituciones estables. Solamente el desarrollo cafetero a partir de la década de los veinte permitió estos desarrollos. Los procesos contrastan con las bonanzas minerales de Bolivia, Perú y Chile, y las agrícolas y ganaderas de Argentina y Uruguay que se repetían en el mismo lugar y permitían desarrollar comunidades más estables a pesar de las fluctuaciones en los precios de las exportaciones.

Séptimo, la estructura de los partidos políticos colombianos es atípica. En América Latina, los principales partidos se organizan centralmente e intentan presentar una agenda política claramente distintiva. Otros responden a un líder con una fuerte personalidad. En ambos casos, la estructura se organiza verticalmente, de arriba hacia abajo. En contraste, los dos partidos tradicionales de Colombia, el Liberal y el Conservador, se organizaron a partir de grupos locales o regionales. Han sido organizaciones de líderes regionales que se juntan para influir sobre el gobierno central. En muchas regiones, los partidos sustituyeron al Estado y mediaron entre éste y la ciudadanía. Muchos colombianos desarrollaron hacia sus partidos el tipo de lealtad que la gente desarrolla hacia la nación-Estado. Hasta hace poco tiempo, muchos colombianos eran liberales o conservadores por nacimiento más que por elección. “Este sentido de la pertenencia representaba un elemento trascendental de la vida civil, que marcaba y definía identidades personales” (Acevedo Carmona, 1995: 41). Por esta razón, los partidos tradicionales colombianos han tenido miembros de todas las clases sociales y se han esparcido por todo el país. Más aun, la fuerte filiación partidista ha representado un obstáculo para el desarrollo de otros partidos. Estos últimos pueden haber tenido éxitos ocasionales, pero no logran sostenerse en el mediano plazo. Los diferentes puntos de vista políticos se expresan más frecuentemente como facciones disidentes de los partidos tradicionales o como movimientos independientes no afiliados a ningún partido.

Octavo, el Frente Nacional contribuyó a la despolitización de los partidos, que se convirtieron en maquinarias electorales que se organizaban en tiempo de elecciones, pero que no lograban mucho más. Es significativo que desde el periodo de la posguerra hasta finales de la década de 1990 la política se mantuvo muy distante de la formulación de muchas políticas económicas. Éstas se confiaban a profesionales altamente entrenados que las formulaban respondiendo más a las presiones de la elite económica que a los intereses de las mayorías. De ahí el dicho de que “El país va mal, pero la economía va bien”, el cual reflejó durante muchos años las percepciones del público sobre la realidad colombiana. El sistema político en Colombia no ha respondido a la necesidad de reformas sociales y económicas.

Noveno, a diferencia del resto de la América Latina, Colombia es el único país en el que la izquierda nunca logró un éxito electoral que le permitiera ejercer el poder y experimentar con políticas diferentes.223 El sistema político ha excluido posiciones diferentes a las de la elite tradicional que ha sido exitosa en cooptar la mayoría de los posibles opositores. Cuando esto no se ha logrado, la oposición ha sido eliminada físicamente.224 Esto ha tenido un lado positivo, pues permitió la continuidad en las políticas económicas y una gran estabilidad macroeconómica que evitó los episodios inflacionarios extremos y las crisis económicas que plagaron a la América Latina durante el siglo XX (Urrutia, 1991). Sin embargo, también ha tenido un efecto altamente negativo, pues se frustraron reformas necesarias y significativas, y sus promotores se vieron obligados a apoyar el recurso por medios violentos y no políticos.225

Décimo, las comunidades indígenas, en especial las de las zonas más aptas para los asentamientos humanos, no sobrevivieron la conquista por lo que no generaron restricciones sociales al comportamiento, como sí lo hicieron en la mayor parte de la población campesina de otros países andinos. En Bolivia, Ecuador y Perú, las comunidades indígenas tienen una fuerte identidad, sus miembros desarrollan un sentido de la pertenencia y la comunidad genera importantes normas de comportamiento. En Colombia, los grupos más grandes estaban suficientemente organizados como para ser explotados por los conquistadores españoles, pero eran débiles y no lograron sobrevivir como comunidades. En efecto, dichas comunidades sufrieron un muy rápido proceso de mestizaje, se fundieron en las mayorías y perdieron su identidad (Jaramillo Uribe, 1994: Capítulo 3). Colombia aún cuenta con algunas comunidades indígenas en las cuales las normas sociales son fuertes y donde se castiga el comportamiento descarriado. No obstante, son una minoría. Gran parte del campesinado colombiano es el resultado del mestizaje y tiene lazos comunitarios débiles. Las comunidades indígenas son la excepción en la Colombia rural. Unas pocas de ellas subsisten en zonas aisladas o en las tierras altas del sur, que marcaban los límites norteños del imperio Inca.

Undécimo, la población blanca y mestiza también es diferente. Colombia es el país latinoamericano que ha estado menos expuesto a influencias no hispanas.226 En relación con el tamaño de su población, ha tenido el número más reducido de inmigrantes no españoles o no católicos. Como se anotó anteriormente, Colombia fue poblada por españoles que llegaron poco tiempo después de terminar siete siglos de guerra contra los árabes. Provenían de una de las regiones más medievales de Europa, y el aislamiento regional antes discutido les permitió conservar muchos de sus rasgos. Sus valores han influido en la sociedad colombiana a lo largo de su historia. Por ejemplo, la Constitución de 1886, que se mantuvo en vigencia con algunas reformas hasta 1991, buscaba fortalecer la hispanidad y desarrollar un Estado católico. Algunos han afirmado que intentaba replicar la España de Felipe II. Esta Constitución era muy hostil hacia inmigrantes no españoles y no católicos, pues la Iglesia tuvo un monopolio para regular muchas relaciones civiles y controlaba la educación. En este sentido, es significativo que Colombia es uno de los países donde es más difícil hacerse ciudadano. Estos factores explican por qué hasta hace poco tiempo Colombia seguía alejada de ideas y tecnologías modernizantes. Los valores tradicionales españoles premodernos no conducían al respeto hacia las leyes o autoridades del gobierno central y el aislamiento de muchos de los descendientes de los conquistadores les permitió seguir siendo relativamente autónomos. A comienzos del siglo XX, la sociedad colombiana era muy jerarquizada y los terratenientes mantenían una gran autonomía. Su poder local era fuerte, y con frecuencia podían abusar de él. En otras palabras, sus sociedades no imponían restricciones fuertes al comportamiento.

Duodécimo, durante el siglo XX, Colombia sufrió una dramática expansión de la frontera agrícola y ganadera. Este proceso fue altamente influido por la violencia rural y por la explosión demográfica.227 Una alta proporción de esta expansión fue llevada a cabo de manera espontánea por colonos individuales, con poco o ningún apoyo estatal. Muchos de los colonos estaban armados, y muchos de ellos habían sido desplazados por la violencia rural en otras regiones. Muchos de estos procesos de asentamiento fueron violentos e inestables. En muchos casos, se daba la bienvenida a organizaciones guerrilleras, pues ellas imponían el orden en el vacío de poder predominante.228

Décimo tercero, la Violencia también generó grandes migraciones del campo hacia las barriadas urbanas. Un efecto notable de la migración debida a la violencia es la pérdida de los lazos con la comunidad de origen, la cual por lo general ha sido destruida o simplemente era muy débil para sobrevivir a los efectos del distanciamiento de sus miembros. Muchos inmigrantes rurales perdieron los lazos y restricciones sociales, y su difícil situación los llevó a ser extremadamente resentidos.

Décimo cuarto, las Fuerzas Armadas son un factor de generación de identidad nacional, pero en Colombia también han sido diferentes a las del resto del continente. Las Fuerzas Armadas colombianas han sido de las pocas de América Latina que no han tenido capacidad para dar golpes de Estado. El golpe militar de 1953 fue más un “golpe de opinión” promovido por los partidos tradicionales en respuesta a un clamor social a terminar la Violencia que un típico golpe militar. Las Fuerzas Armadas han sido tradicionalmente débiles. Nunca han controlado el territorio y, en particular, han carecido de presencia significativa en amplias zonas de frontera. Además, no son representativas de la sociedad colombiana: el servicio militar ha sido excepcional en el caso de los hijos de las elites.229 Finalmente, por lo general, los militares colombianos no han sido activos en la política, ni siquiera después de su retiro (en 1999 sólo un miembro del Congreso colombiano había tenido experiencia militar).

Décimo quinto, los ciudadanos colombianos han tenido a lo largo de sus vidas una experiencia continua de violencia e inseguridad. Puede afirmarse que todo colombiano ha sido víctima, y muchos de ellos verdugos. El síndrome de estrés post-traumático es difundido, y no se trata clínicamente. Sólo se puede especular sobre las implicaciones de este hecho para las perspectivas de desarrollo social, pero en una sociedad donde todo el mundo es ladino, astuto, desconfiado y traumatizado, desarrollar confianza social es una hazaña considerable.

Todos estos factores han obstaculizado el desarrollo de sentimientos de solidaridad hacia personas que no sean familiares cercanos y, en algunos casos, compañeras de infancia o coterráneas. Es decir, no han contribuido al desarrollo de sentimientos de identidad y pertenencia nacionales necesarios para que un Estado funcione razonablemente.

El desarrollo económico colombiano durante la posguerra refleja el individualismo colombiano. Los bienes y servicios de consumo privado crecieron en forma notable y la calidad de vida dentro de las viviendas aumentó enormemente. Los bienes y servicios públicos crecieron menos de lo socialmente deseable y muchas veces fueron apropiados por individuos como en el caso del espacio público urbano, o expropiados informalmente por los sindicatos en el caso de algunas empresas públicas. Por otro lado, los bienes y servicios que podríamos llamar “socio-emotivos” que son los símbolos nacionales o comunales que generan identidad y solidaridad, no se desarrollaron. La necesidad y el deseo de la sociedad de tener estos símbolos hicieron que la selección nacional de fútbol se convirtiera en una institución muy importante. En los últimos años los alcaldes bogotanos Antanas Mockus y Enrique Peñalosa han intentado suplir esta carencia y han buscado desarrollar símbolos de identidad. El que hoy Bogotá se identifique como la ciudad del sistema de transporte “Transmilenio” es un gran avance en esa dirección.

La carencia de solidaridad y confianza sociales no sólo convirtieron a Colombia en terreno fértil para el desarrollo de la industria de las drogas ilegales, sino también para el elevado nivel de violencia, corrupción y otros males sociales. Estas fuerzas han estado funcionando en Colombia durante muchos años, sin embargo, nunca habían generado crisis sociales comparables a la actual. A medida que Colombia dejaba de ser una sociedad tradicionalmente rural, su población crecía, la urbanización florecía y simultáneamente se expandía la frontera rural, aumentaba la educación, crecía el nivel de ingresos, cambiaba el papel de las mujeres, etc., la vulnerabilidad de las instituciones sociales colombianas convertía al país en el mejor lugar para la industria ilegal del narcotráfico. Una vez establecida, esta industria actuó como elemento catalizador que aceleró un proceso de cambio social y continuó devastando los controles sociales tradicionales (Thoumi, 1994).

La mayoría de los colombianos no es delincuente, aunque es habitual que casi todos infrinjan alguna ley. Comprar y vender contrabando, falsificar formularios de empleo y hojas de vida, evadir impuestos, sobornar a funcionarios públicos son comportamientos que comparten los ciudadanos del común, quienes no establecen una relación entre su comportamiento individual y la situación crítica del país. De hecho, todo colombiano tiene que decidir en sus propios términos qué normas va a respetar y cómo se va a comportar, sin tener que preocuparse mayormente por sanciones sociales o estatales.

Durante largo tiempo el sistema político colombiano propició una mentalidad que contempla al Estado como un botín, mentalidad que le permitió cooptar a muchos de sus críticos y potenciales disidentes y así mantener la estabilidad política. Infortunadamente, la dinámica de este sistema es viciosa, pues requiere un botín que crezca continuamente en relación con el PIB para poder satisfacer a un porcentaje creciente de personas que hay que cooptar. El sistema permitió que los mecanismos de la justicia se hicieran cada vez más ineficientes, lo cual elevó los costos para los negocios. La policía y los sistemas de seguridad se fueron privatizando cada vez más, a medida que se hicieron comunes los guardaespaldas personales, celadores y otros tipos de servicios de protección pagada. Estos cambios aumentaron el peso muerto de los comportamientos depredadores en la economía y, finalmente, abatieron el crecimiento económico. Para finales del siglo XX, el país estaba en una profunda crisis, como también lo estaba su economía. En ese momento, por fin hubo concordancia entre la economía y el resto del país y “el país iba mal y la economía también”.

En la actualidad, muchos colombianos sitúan la raíz de sus problemas en la industria ilegal, pero no perciben las debilidades sociales e institucionales que permitieron que tal industria ilegal floreciera. Tienden a referirse a ella como un flagelo que recayó sobre ellos por mala suerte o maldición o por un sistema internacional injusto. No sorprende que consideren culpable de sus males a la demanda internacional de drogas.

Implicaciones de política

Lo anterior tiene implicaciones importantes sobre la formulación e implementación de políticas, en particular sobre la dificultad del gobierno para efectuar reformas sustantivas. Por eso es que durante los últimos cincuenta y cinco años los cambios en las políticas del gobierno han sido graduales y promovidos por los intereses individuales de quienes han ostentado o tenido acceso al poder. Reformas sociales importantes, como la reforma agraria, la urbana, las reformas educativas y un sinnúmero de reformas impositivas, en el mejor de los casos han sido promulgadas, pero su implementación ha sido débil y errática por lo que no han logrado sus metas.

En relación con las drogas que alteran la mente, el uso y adicción no han sido objetos importantes de política. La adicción se percibe como un problema individual y no social, por lo que la gran mayoría de los colombianos no espera que el gobierno resuelva este problema que “mientras no me afecte directamente, no es mío”.

Si la existencia de la industria de las drogas ilegales es consecuencia de la evolución y características particulares de las instituciones y del debilitamiento de los controles sociales y estatales al comportamiento, es necesario hacer énfasis en que a corto plazo las políticas represivas pueden tener algunos logros, pero que la solución a largo plazo del “problema de las drogas” es de tipo institucional y de valores, y requiere cambios considerables en la sociedad y no simples políticas de corto plazo. Las actuales políticas podrían jugar un papel importante en mitigar algunas de las principales repercusiones negativas del “problema”, pero si no hay un verdadero cambio en las instituciones y valores sociales, poco será lo que se logre en el largo plazo. Por eso, en la mayoría de los casos las políticas represivas no lograrán los efectos buscados. A menudo, se ha sobrestimado la efectividad de las políticas contra las drogas, lo cual ha conducido a expectativas irreales. Es necesario señalar, sin embargo, que esto no tiene que conducir necesariamente al abandono de todas las políticas; más bien, deben analizarse para determinar sus repercusiones reales y sus posibilidades de éxito de manera que las expectativas que generen sean realistas. En efecto, muchas políticas pueden ser complementarias a los cambios institucionales requeridos, mientras que otras pueden ser antagónicas (Thoumi, 2002).

Las políticas represivas contra las drogas han sido diseñadas para reducir la rentabilidad de la industria. Es decir, suponen implícitamente que la rentabilidad determina la localización de la industria ilegal. Como se ha argumentado extensamente (Thoumi, 1999, 2002, 2003), este postulado es rechazado empíricamente. Por consiguiente, para que estas políticas tengan éxito es necesario no sólo disminuir la rentabilidad sino lograr eliminarla, para lo cual se requiere una capacidad represiva enorme que muy pocos gobiernos están en capacidad de ejercer, mucho menos el de un Estado tan débil como el colombiano.

Las políticas represivas tienen limitaciones técnicas además de institucionales. Muchas políticas se formulan sin tener en cuenta repercusiones y limitaciones que surgen de los sistemas de mercado, político y social y de las restricciones impuestas por el medio ambiente: “dichas políticas son formuladas a partir del supuesto implícito de que las instituciones sociales no determinan o son poco importantes para establecer su efectividad. En otras palabras, se supone quesubir funcionan eficazmente en toda sociedad mientras exista la ‘voluntad política’ de hacerlas cumplir” (Thoumi, 2003).

Como resultado de lo anterior, con frecuencia surgen conflictos entre la necesidad de buscar logros en el corto plazo y la efectividad de las políticas en el largo plazo. Por ejemplo, la fumigación aérea de cultivos ilícitos se lleva a cabo solamente porque el Estado no tiene suficiente control de esas zonas para poder erradicar manualmente. Esta política puede tener logros de corto plazo, pero para que tenga éxito permanente se requiere que el Estado mantenga su presencia en esas zonas y que la ciudadanía sienta que el Estado es de ellos. Sólo así se puede generar un sentido de pertenencia y confianza en el Estado. Sin duda, la “presencia estatal por fumigación” no contribuye a generar las bases para el éxito de largo plazo.

Otro problema surge del conflicto entre las fuerzas del mercado y las políticas. Por ejemplo, la fumigación tiende a aumentar los precios de la coca y el opio al fomentar su escasez. Así, la fumigación aérea actúa como mecanismo de soporte de los precios de la coca y estimula el surgimiento de cultivos en zonas aún no fumigadas, el desarrollo de medidas que protejan los cultivos contra la fumigación (incluido el desarrollo de variedades de coca resistentes a ella), el soborno a fumigadores y otras estrategias que permitan continuar los cultivos.

Los proyectos de desarrollo alternativo presentan desafíos particulares. En todo programa de desarrollo económico se busca identificar proyectos rentables. La motivación detrás de los proyectos de desarrollo alternativo no es la rentabilidad de sus productos sino la disminución de los cultivos de coca o amapola. Por eso es útil pensar los proyectos de desarrollo alternativo como contraproyectos, puesto que no se trata simplemente de buscar una actividad rentable, sino una que sea superior a las actividades ilegales que por su naturaleza son altamente rentables. Es cierto que se puede argüir que los campesinos prefieren los cultivos lícitos a los ilícitos y por eso no es necesario que los productos alternativos tengan una rentabilidad mayor a los ilícitos. Esto puede ser cierto, pero lo único que implica es que es necesario que los cultivos alternativos tengan un rendimiento superior a los ilícitos descontando el costo del riesgo asociado a los ilícitos. Además, esta superioridad debe mantenerse en el largo plazo.

Los precios de todos los productos alternativos fluctúan en los mercados nacionales e internacionales y los de los productos ilícitos pueden aumentar. En efecto, todos los países que pueden producir bienes lícitos lo hacen, mientras que muy pocos de los que pueden producir ilícitos lo hacen. Por consiguiente, la competencia internacional para productos agrícolas lícitos es mucho más fuerte que para los ilícitos. Como su rentabilidad varía sustancialmente en el tiempo, los proyectos de desarrollo alternativo no pueden terminar. En otras palabras aun después de establecido un cultivo alternativo exitoso, es necesario mantener un control y supervisión del proyecto para intervenir cuando las condiciones cambien y los campesinos consideren conveniente revertir a la producción ilícita. Por eso, los proyectos de desarrollo alternativo, aun cuando sean exitosos, nunca terminan.

Los anteriores son sólo algunos ejemplos que ilustran las dificultades enfrentadas por las políticas represivas, las cuales son especialmente graves en Colombia. Las políticas tradicionales contra las drogas en Colombia juegan un papel, pero no se puede esperar que tengan éxito si persisten la debilidad del Estado y las instituciones no democráticas. En otras palabras, si persisten el medio social, caracterizado por la falta de solidaridad y confianza, el capital social débil y el Estado premoderno, dichas políticas no lograrán resultados durables. Por eso, las políticas de “mano dura” pueden lograr una disminución en los cultivos ilícitos, pueden encarcelar a los traficantes, y expropiar activos acumulados ilícitamente, pero si no se efectúan cambios institucionales y en los valores de la sociedad, la única forma de que estos efectos se mantengan en el largo plazo es por medio de un gobierno autoritario altamente represivo. El punto es simple: el enfoque represivo en países como Suecia o Noruega requiere mucha menos represión que en Colombia para lograr los mismos resultados. El presidente Nixon declaró la “Guerra contra las drogas” hace treinta y dos años. Ya es hora de declarar la “Guerra contra las causas profundas de la producción, tráfico y consumo de drogas ilícitas”. Si esto no se logra y se continúa la guerra a las drogas como en el pasado, se abre la puerta al autoritarismo como única forma posible de lograr éxitos.

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Política antidrogas y desarrollo alternativo en Colombia: situación y perspectivas

Ricardo Vargas Meza

El desarrollo alternativo no ha tenido en Colombia el carácter de política de Estado sino que ha sido una muy marcada acción de gobierno, con una fuerte incidencia en el marco de las relaciones bilaterales con Estados Unidos. La inserción del conflicto armado en la economía de las drogas plantea nuevos desafíos al análisis y perspectivas de las experiencias de desarrollo alternativo en Colombia.

Consideraciones sobre la estrategia internacional antinarcóticos de los Estados Unidos y la región andino amazónica230

El documento de Informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos de marzo de 2003 del Departamento de Estado (Department of State-DoS) focaliza en la región andina, serias consideraciones en torno a lo que representan las drogas como amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Sin embargo, en referencias al caso colombiano, uno de los mayores énfasis se hace sobre la relación entre drogas y conflicto armado. En efecto allí se señala que:

Sin este ingreso (de la economía ilegal de las drogas), la insurgencia no puede adquirir armas ni influencia y, por tanto, se hará más vulnerable. Al depender su sobrevivencia de los cultivos de coca y amapola, los grupos insurgentes usan todo su poder de fuego e ingenio para proteger y expandir los cultivos”.231

En segundo lugar, se hace una reflexión interesante de valoración de los costos que le impone a la estrategia antidrogas el hecho de que se esté produciendo una capitalización política de las protestas de los cocaleros en Perú, pero sobre todo en Bolivia.

Desde que el líder de la organización (Evo Morales) terminó segundo en las elecciones presidenciales de 2002, el gobierno no puede ignorar a los cocaleros. La existencia de este movimiento complicará y probablemente incrementará los costos de los planes de erradicación de la coca.232

Así mismo, llama la atención sobre la correlación que pueda existir entre el resurgimiento de Sendero Luminoso en Perú y el eventual financiamiento de sus acciones con base en la economía de las drogas. “Esto –dice el informe– coloca nuevo desafíos al gobierno peruano”. Relaciona el crecimiento de los cultivos que se experimenta en Perú con el incremento de los precios tanto de la hoja de coca como de la PBC. Así mismo, señala que los precios se han incrementado en razón a las facilidades que encuentran productores y traficantes al ser suspendido el accionar del “Puente Aéreo” entre Perú y Colombia, ratificando un poder disuasivo de este mecanismo, como el que permitió la reducción de las extensiones de coca en Perú.

Así mismo el DoS inaugura la tesis de las nuevas tendencias que se producen en la región a raíz del “éxito” de la erradicación en Colombia:

1. Aparición de cultivos de amapola en Perú.

2. Presencia de cultivos de coca en la frontera con Brasil cuya extensión no ha sido aún calculada.

Drogas sintéticas

Llama la atención el hecho de que se reconozca un proceso creciente de incidencia de las drogas sintéticas y se involucre en ese proceso a Holanda y Bélgica. Reconoce que “las metanfetaminas se han convertido en la mayor fuente de ingreso para el comercio de drogas”. Sin embargo, las decisiones de política en esta materia no son tan radicales como lo son con las drogas de origen natural como en el caso de la coca y la amapola.

Marihuana

Acusa el informe a México y Canadá como los principales proveedores de la demanda de Estados Unidos. Si bien hay algunas referencias al hecho de que en EE.UU. exista producción de marihuana, continúan sin presentar cifras, mientras de otro lado se felicitan por el afinamiento tecnológico que han logrado para medir cultivos de coca.

Control de la oferta

Nuestros programas internacionales antinarcóticos –dice el informe– tienen por objetivo los tres primeros nexos de la cadena que va entre el productor y el usuario: cultivo, proceso y tránsito. Lo más próximo a la fuente que podemos acometer, es incrementar la probabilidad de contener totalmente el flujo de drogas. El control del cultivo representa, la mejor relación costo-beneficio frente al uso de medios para cortar la oferta. Si los cultivos son destruidos o se mantienen sin poder ser cosechados, entonces son drogas que no entran al sistema (económico ilegal). Estamos eliminando el crecimiento perverso, actuando anticipadamente a la metástasis que busca entrar (nuevamente) al sistema.233

Sin embargo, dice el DoS, este balance no puede situarse en un mundo utópico, con cultivos ilícitos que no pueden ser cosechados, en el que ninguna cocaína o heroína puede entrar en la cadena de la distribución. Si bien entonces no se tendrían que desarrollar allí costosas operaciones de represión y control, el mundo real es más complejo. Al destruir los lucrativos cultivos se crean condiciones muy difíciles para los gobiernos democráticamente elegidos, aunado a las difíciles condiciones económicas. Es decir, si bien la racionalidad de la política es clara, sabemos que hay impactos que pueden afectar otras esferas fundamentales para sus intereses como golpear la estabilidad política de los gobiernos aliados.

Podemos anticipar acá la pregunta acerca de si con este tipo de consideraciones se está manejando también para el caso colombiano. Hay una respuesta tácita en ese sentido en el documento al reconocer que la política debe ser flexible, entendiendo por tal, la aplicación de diversos énfasis de acuerdo con las circunstancias que se vivan en cada escenario.

Reducción de la coca

La producción en gran escala toma lugar sólo en tres países: Colombia, Perú y Bolivia. Según el DoS “la moderna tecnología nos permite localizar las más grandes áreas con precisión y destruirlas, a través de un proceso mucho menos difícil que intentar parar las drogas una vez ellas están en la líneas de embarque. Es fácil erradicar un objetivo fijo como lo es un campo cocalero, que buscar y destruir la cantidad equivalente de cocaína distribuida en tractomulas (vía terrestre) barcos (vía fluvial) y aviones (vía aérea)”.234

Por ello se concluye que eliminar la coca en el terreno tiene una alta relación costo-efectividad. Estudios adelantados por entidades de EE.UU. en Perú y Bolivia a comienzos de los noventa, cuya producción muestra un alto contenido de alcaloides en las hojas, demuestran que cada 200 o 250 hectáreas de coca fuera de producción priva al comercio de drogas en promedio, de una tonelada métrica de cocaína refinada. Incluso la erradicación manual presenta alguna diferencia en este sentido. Bajo esta medida, continúa el informe, el estimado de erradicación manual de 12.000 hectáreas en Bolivia, combinada con el estimativo de 7.000 hectáreas eliminadas en Perú, guarda el equivalente de aproximadamente 76 a 95 toneladas métricas de cocaína que han quedado por fuera del sistema económico.

Complementemos esta información del Departamento de Estado, recordando que la ruptura del promedio histórico boliviano empieza a tener una significación a partir de 1998 al pasar de 46.000 hectáreas en 1997 a 38.000 el siguiente año. De allí hasta encontrar en el 2000 el punto más bajo de 14.600 hectáreas. Quiere decir que se demoró cuatro años para bajar 31.400 hectáreas, cifra que se traduce en el tonelaje que salió del circuito de drogas. En el caso de Perú el promedio histórico comienza a caer en 1996 con 95.000 hectáreas luego de una cifra de 115.000 en 1995. Esta tendencia se estabiliza en el 2000 con 34.100 hectáreas lo cual quiere decir, que demoró cinco años.

Cabe recordar que el monto de la ayuda total a Perú entre 1996-2000 suma US$616,275 millones de dólares.235 Lo cual no representa una cantidad significativa si se compara con Colombia que en un lapso de cuatro años (2000-2003) ha recibido cerca de 2.500 millones de dólares para presentar una disminución de 25.350 hectáreas entre 2001 y 2002 al pasar de 169.800 has. a 144.450 hectáreas. Como se ve el argumento del Departamento de Estado no es tan claro.

Con base en las consideraciones descritas sobre la relación costo beneficio, dice el informe categóricamente:

Sin embargo, una acción desarrollada por avionetas de fumigación agrícola de alta velocidad, es muchas veces más eficiente que otras formas de erradicación. Si aquellas avionetas que fumigan en Colombia logran romper las barreras de acceso a todos los principales plantíos de coca, podrían entonces destruir un gran porcentaje de cultivos de coca en cuestión de meses, usando herbicidas ambientalmente seguros. Con el cambio sobre el volumen de cultivos que crecen en zonas controladas por los grupos insurgentes en Colombia, dice el Departamento de Estado, focalizadas en la región andina, nuestras avionetas obviamente tienen un escenario más difícil. La densa concentración del cultivo de coca en áreas alejadas da a las aeronaves un mejor objetivo, pero también ingresan a un mayor nivel de hostilidades contra ellas para lo cual no han sido diseñadas.

Finalmente el argumento para fumigar mediante aspersión aérea en Colombia se basa en el hecho de que mientras las autoridades antinarcóticos utilizan un ingrediente activo que es conocido y que ha sido experimentado, Washington denuncia que los productores utilizan una gama de químicos de alta peligrosidad cuyo uso ha sido restringido. Entre estos se incluye el paraquat y el endosulfán, los cuales han sido clasificados por la EPA en una categoría de alta toxicidad y están restringidos para su venta en EE.UU. y Colombia.

A ellos se agrega el uso de químicos para el procesamiento de pasta básica. Así para un kilogramo de PBC se requiere:

Si bien el argumento acerca del uso intensivo de elementos químicos para cuidar el cultivo ilícito o garantizar el procesamiento de la PBC es válido, de otro lado no se reconoce la diferencia entre la discusión alrededor de un ingrediente activo como el glifosato bajo su formulación comercial más común (Round up) y con la cual se esgrime su pretendida inocuidad, y el reconocimiento a que dentro de la fumigación aérea en Colombia se usa una formulación comercial (Round up Ultra) que varía considerablemente las dosis y los niveles de concentración del uso “normal” del ingrediente activo. De acuerdo con un documento de análisis del tema:

Un aspecto verdaderamente alarmante en el proceso de las fumigaciones se encuentra representado por la forma como han venido manejándose los criterios de concentración del producto comercial. Mientras que Monsanto, casa productora del glifosato empleado en las fumigaciones, recomienda la aplicación de 2,5 l/ha de un producto con una concentración de 2,5 g/l, es decir, se aplicarían, de acuerdo con las recomendaciones emanadas del laboratorio productor 7,5 g/ha. usd por su parte habla de un producto con una concentración de 147 g/l y la Policía Nacional menciona un producto con una concentración de 158 g/l y dice aplicar 23,65 l/ha. Esto significa la aplicación de 3.700 g (3,7 kilos) por hectárea fumigada. La cifra corresponde a casi 500 veces la dosis recomendada por el laboratorio. ¿Qué vale esperar de los efectos tóxicos de tales concentraciones?236

Sobre esta última situación, la misma EPA reconoció no poder decir nada serio al Departamento de Estado, ante la ausencia de pruebas experimentales que den plena seguridad sobre los efectos ambientales y de salud de la “nueva” formulación para destruir cultivos ilícitos.

Consideraciones críticas sobre el Informe de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos de los Estados Unidos

1. Para el caso de Bolivia y en parte Perú, se reconoce por primera vez la existencia de unos costos políticos de alta significación, en el marco de la estrategia antidrogas. Lo que no se acepta es que ésta es otra expresión del fracaso de la política implementada en esos países, viéndose más como “efectos” no deseados de la misma. En contravía, se reafirma un éxito virtual del Puente Aéreo en la frontera colombo-peruana, cuya suspensión explica el nuevo auge del narcotráfico en Perú. Sin embargo, la estabilidad que señalan las cifras oficiales de Washington de las áreas peruanas desde el 2000 hasta hoy en 34.000 hectáreas desmienten categóricamente el hipotético auge de la producción y comercio de PBC y/o cocaína por la ausencia del control aéreo.

2. Otro efecto no deseado es el reconocimiento al potenciamiento de los grupos armados como Sendero Luminoso al utilizar la economía ilegal de la PBC como base de sus finanzas. En este caso como en el de las FARC, se plantea como única salida el uso de la fuerza en los parámetros propios de la lucha antiterrorista. La responsabilidad por tales efectos se adjudica a las mismas organizaciones armadas y su “solución” se califica como los desafíos que deben enfrentar los gobiernos andinos. La responsabilidad política es entonces nacional, mientras se aplica una estrategia cuyos efectos globales no se han precisado, pero que se decide unilateralmente, es decir, sin ser concertada con los países donde se implementa o en los cuales se reciben efectos de distinto orden por razón de su aplicación.

3. Uno de los problemas graves que emerge en el reconocimiento a la articulación entre drogas y conflicto armado es la disminución del carácter social del problema. Como consecuencia, el tratamiento fundado en el uso desbalanceado de la fuerza para disminuir la alta o exclusiva dependencia de estas organizaciones de la economía de las drogas, está generando una crisis profunda en las políticas de desarrollo alternativo. En efecto, propuestas como la reforestación que se impulsa en Colombia, se caracterizan por una excesiva simplificación de la problemática ambiental, desconociéndose estrategias fundamentales, como la restauración ecológica. Los ecosistemas afectados entre otras, por la irracionalidad de la producción de monocultivos, la deforestación, el uso intensivo de agroquímicos y el motor que impulsa el ciclo depredador, esto es, las mismas fumigaciones de cultivos ilícitos, demanda un proceso de decisiones en donde se debe integrar la perspectiva de las comunidades que ocupan dichas áreas y los poderes locales y regionales, desde un marco de ordenamiento y uso racional de los recursos del territorio.

4. El documento pone un fuerte énfasis en la focalización de la política en el control de los cultivos. Según el Departamento de Estado es aquí donde se presenta la mejor relación costo-beneficio frente al uso de medios para cortar la oferta. Esto explica la continuidad del énfasis de las acciones en esa parte de la cadena. Se alegan costos mucho más altos y límites en los indicadores de éxito cuando el énfasis se pone en la parte del tráfico. El desarrollo de cálculos sobre el potencial productivo que sale del mercado al destruir los cultivos, no encuentra otro parangón en otras partes de la cadena del narcotráfico. Difícilmente podría llevarse a cifras la parte de la economía de las drogas que sale del circuito cuando se captura un narcotraficante o un número determinado de contrabandistas de drogas ilegales.

5. Esta tesis incrementa el modelo de uso de la fuerza y se vuelve preocupante cuando se compara –sin mucho rigor– la relación costo beneficio entre la erradicación manual y la aspersión aérea. Si bien con base en una multiplicación de las dosis y el incremento de los niveles de concentración del ingrediente activo glifosato se pueden mostrar resultados de impacto por la disminución que se produce “en cuestión de meses” como dice el Departamento de Estado, no es claro en mostrar la sostenibilidad tanto económica como política del sistema usado.

En efecto, el caso boliviano es la mejor prueba de la anterior afirmación. Si bien se redujo el número de hectáreas –con erradicación forzosa manual– a 13.400 en el 2000, se producen nuevas tendencias luego de este “éxito” proclamado con bastante ruido.

La tendencia al crecimiento de los cultivos de hoja de coca después de esa fecha alcanza promedios hasta de un 50% en el lapso 2000 a 2001 y 2002.

La presencia de un movimiento político cocalero que casi conquista la presidencia de Bolivia, es una manifestación elocuente del fracaso de la política que se sustenta en el uso de la fuerza. 

Entonces, ¿es válido proclamar el éxito en Bolivia bajo el desarrollo de estos escenarios? ¿En qué momento exactamente se coloca el punto firme para proclamar el “éxito” de la política? De la misma manera, en el caso de Colombia se proclamó el inicio del fin del narcotráfico, por el dato que arrojan las cifras entre 2001 y 2002 de una disminución de 25.000 hectáreas a un costo de 2.138 millones de dólares237 del componente de uso de la fuerza dentro del Plan Colombia (2000-2003). Pero grandes nubarrones empañan la proclamación del éxito: la sostenibilidad de esta tendencia no sólo económica como bien lo señala la General Accounting Office, GAO,238 remarcando el desorden en la definición de indicadores que sobrepasen el frío cálculo de las áreas disminuidas, sino la política, ámbito en el cual se debate la débil calidad de las propuestas económicas y ambientales del componente de desarrollo alternativo; la inscripción de esta política hegemonizada como parte de la seguridad del Estado, sin establecer las demandas de seguridad de las mismas comunidades, abarcando en ello la controversia por el tema de los efectos económicos, sociales y ambientales de las fumigaciones y los costos de legitimidad estatal en el mediano plazo; la constatable debilidad institucional con una altísima responsabilidad del mismo Estado, entre otros, levanta serios interrogantes sobre la verdadera consistencia del indicador del número de áreas disminuidas.

Es decir, la calidad de la política no se está contrastando con los retos más significativos que determinarían la base de sostenibilidad de la estrategia. Se sigue operando a través de un pragmatismo muy tosco que superpone resultados cortoplacistas sobre el número de hectáreas erradicadas mientras deja por fuera aquellos retos que sólo son medibles en el mediano y largo plazo, pero cuyas bases se pueden evaluar desde ahora. Y aquí es donde la estrategia del gobierno de los Estados Unidos en clara armonía con la política del presidente Uribe, no muestra ni la más mínima evidencia de que va por una vía segura y sostenible.

Desarrollo alternativo y conflicto armado en Colombia: retos y posibilidades

Marco político

La política de desarrollo alternativo del presidente Uribe se funda en el reconocimiento a la incidencia del conflicto armado en zonas productoras de ilícitos y, por consiguiente, se subsume dentro de la estrategia de seguridad. En ese sentido el gobierno reconoce que:

El conflicto armado afecta los principales determinantes del desarrollo económico y social de las regiones al destruir los capitales humano, natural y físico y, en conjunto, configura un círculo perverso de deterioro de la confianza de los ciudadanos en el Estado, bajo crecimiento económico y debilitamiento de la capacidad del gobierno para restablecer las condiciones de gobernabilidad democrática”.239 “En respuesta a esta situación, –dice el Plan de Desarrollo–, el gobierno nacional se propone adelantar una estrategia de intervención integral, en torno a la generación de alternativas económicas y ambientalmente sostenibles, para el Desarrollo en zonas de conflicto.240

Aquí se produce un hecho nuevo:

El cambio del enfoque de emergencia convencional de desarrollo alternativo, el cual se creó desde 1994 con el inicio del programa Plante en cabeza de la Presidencia de Ernesto Samper y se extendió con igual función bajo la administración Pastrana, hacia otro de Desarrollo Regional Permanente propuesto por Uribe.

Sobre la base de la participación de la comunidad, “la estrategia procura fortalecer la capacidad y efectividad de las acciones del Estado en estas regiones, desarrollar un ambiente competitivo que asegure la sostenibilidad de las intervenciones y superar el enfoque asistencial y de emergencia” (subrayados nuestros).

Quiere decir esto que se replantearía el enfoque de “zanahoria y garrote” que prevaleció a lo largo de los últimos ocho años, por otro que le apunta a reconocer la simbiosis entre conflicto armado (versus seguridad democrática) –cultivos ilícitos (versus desarrollo regional) – ausencia de legitimidad del Estado (versus conquista de la soberanía estatal).

La función del desarrollo alternativo deja de ser el papel de “emergencia” frente al impacto de las fumigaciones,241 y se inscribe en el empoderamiento del Estado en las zonas productoras a través de un enfoque de desarrollo regional, “basado en el crecimiento productivo, el fortalecimiento institucional y comunitario y el mejoramiento de la infraestructura física y social”.242

Existen, pues, dos novedades significativas:

La necesidad de impulsar un enfoque de desarrollo regional.

Un criterio diferencial y flexible en la estrategia de intervención, adaptado a las condiciones específicas del conflicto en las regiones.

La doble perspectiva se desarrolla en tres fases:

1. Una fase de preparación en la cual, sobre la base de debates y participación de las comunidades, se definirán los objetivos del desarrollo regional y se promoverán espacios de participación para la elaboración y concertación de los proyectos que sustentarán el desarrollo económico local.243

2. Una fase de desarrollo en que se priorizan los proyectos que ofrezcan ventajas en materia de empleo, ingresos y fortalecimiento de las organizaciones de la comunidad.

3. Finalmente, una fase de consolidación de los programas y proyectos orientada hacia la autogestión del desarrollo local y regional.

En el enfoque de intervención se reconoce como prioritaria la necesidad de implementar algunos ajustes por razón de la presencia del conflicto armado. Para ello se buscará diversificar las alianzas con organizaciones de la sociedad civil, en donde se confluya en un interés estratégico de buscar la legitimidad estatal.

La intervención se funda en criterios geográficos y poblacionales tomando en cuenta indicadores de pobreza, calidad de vida y cobertura de servicios sociales básicos, así como el nivel de afectación por la presencia de grupos armados y cultivos ilícitos.

Bajo consideraciones sobre la vocación del suelo, presencia o riesgo de expansión de los cultivos ilícitos se priorizan tres tipos de áreas:

Zonas con alto potencial productivo y vocación económica.

Zonas ambientalmente estratégicas, en especial del sistema nacional de áreas protegidas.

Zonas con cultivos ilícitos.

Desde nuestro enfoque, la intervención del Estado debe estar condicionada al diseño de una estrategia de prevención, que nunca ha existido en Colombia y que debe tomar como escenario principal las dos primeras zonas (a y b). Mientras tanto sobre la tercera (c), desde el enfoque del gobierno, recae la combinación de la fumigación junto con la aún débil propuesta de erradicación manual con proyectos de reforestación.244

De manera general, el nombre de la estrategia resume los fines: Fortalecimiento institucional y desarrollo en zonas de conflicto. Su contenido se expresa en tres componentes:

Proyectos productivos y de generación de ingresos.

Fortalecimiento institucional y comunitario.

Construcción y mejoramiento de infraestructura física y social

Dentro del primer componente se inscribe la propuesta de impulso a proyectos forestales para 50.000 familias vinculadas a cultivos de coca y amapola, con quienes se instalaría un área de 150.000 nuevas hectáreas de bosque para usos comerciales y de 120.000 hectáreas para protección de cuencas y nacederos, conjuntamente con planes de ordenamiento y manejo forestal, en cerca de un millón de hectáreas de bosques naturales.

En el enfoque de fortalecimiento institucional y comunitario se propone recuperar la confianza en el Estado, mejorar sus niveles de aceptación y legitimidad y consolidar esquemas que estimulen el desarrollo y la seguridad.

Los programas de desarrollo tienen como fundamento político la conquista de la seguridad, ámbito en el cual se entienden los procesos de participación de la comunidad y el fortalecimiento institucional. Así mismo, se entienden allí, “los escenarios de concertación regional para la resolución pacífica de los conflictos, la protección de derechos ciudadanos y un mayor desarrollo humano, soportado en actividades económicas ambientalmente sostenibles que reduzcan la pobreza”.245

Elementos para una crítica a la propuesta de manejo de Uribe

Detrás de toda la formulación expuesta se sitúa un debate de fondo sobre el Estado y su posibilidad real de legitimación en Colombia. Del tipo de caracterización de la naturaleza del conflicto armado hoy, se desprenden definiciones muy disímiles de tratamiento del problema.

Si el supuesto del conflicto armado es la presencia de grupos potenciados sólo por los recursos del narcotráfico, significa que su naturaleza se acerca a procesos de criminalización que se fortalecen en áreas donde el Estado no ha tenido una incidencia soberana. Quiere decir que la seguridad es, ante todo, garantizar la presencia armada del Estado, hecho que se conjugaría con el modelo de intervención propuesto en el programa de fortalecimiento institucional y desarrollo, bajo la conducción del Estado central, buscando articular alrededor suyo la sociedad local para el propósito estratégico.

Proceso distinto resulta si se reconoce que el conflicto armado no subsume la multiplicidad de conflictos sociales, económicos y de legitimidad estatal caso en el cual, la estrategia de seguridad no puede ser el fundamento de la construcción de esa legitimidad, sino el reconocimiento y solución a una diversidad de demandas locales y regionales en algunos casos, como en el proceso de los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas.

Visto desde allí la dinámica de legitimación del Estado procede del reconocimiento, respeto y afirmación de esos procesos de autonomía, no sólo en el plano étnico cultural sino incluso territorial. La metodología desde esta perspectiva varía considerablemente, porque se trataría de afirmar las dinámicas de resistencia civil contra las amenazas a los territorios por parte de los grupos armados y, en algunos casos, de representantes del mismo Estado. Así mismo, se deben reconocer los procesos de construcción de la seguridad desde el ejercicio de esa misma autonomía, ámbito en el cual el Estado no debe imponer desde el centro unos condicionantes en esa materia, sino llegar a acuerdos con las comunidades a través de acciones concertadas de fortalecimiento integral en lo local, incluyendo la misma seguridad. En ese sentido, decisiones como la fumigación indiscriminada de los cultivos ilícitos se tornan en un factor de inseguridad alimentaria, desplazamiento forzoso, pérdida del ingreso y riesgo de salud, que no generan credibilidad frente a un Estado que sacrifica a sus potenciales asociados en aquellas zonas cuya legitimación es inexistente o muy precaria. Este hecho contrasta con los beneficios que representan concesiones comerciales como compensación a esta política, para los sectores privados exportadores, como en el caso del ATPA. Es decir, redunda en una contradicción flagrante intervenir con fumigaciones peligrosas, como sucede en Colombia, en nombre de una oferta de seguridad democrática cuando éstas son un factor de inseguridad generalizada para muchos colombianos, que a la vez están recibiendo los impactos de la lucha por el control del territorio por parte de los grupos armados.

Desde la perspectiva local, la concertación para el desarrollo no puede desprenderse de un condicionante previo de seguridad impuesta desde Bogotá, sino que debe basarse en el fortalecimiento y respeto por las demandas sociales, económicas, culturales y de seguridad, que debe ser antes que nada un sistema de justicia funcionando eficaz y cumplidamente, desde y para las regiones. Para la sociedad, los grupos armados representan sin lugar a dudas un factor de amenaza para sus libertades y derechos, dado el pragmatismo, defensa de intereses privados y degradación de la misma guerra.

Propuestas que deben tenerse en cuenta para una política de cooperación inscrita en la construcción de democracia y de defensa del Estado de derecho en Colombia

1. Las decisiones de cooperación en desarrollo alternativo deberían sustentarse en políticas de Estado en cuanto al manejo de los cultivos de uso ilícito. Un balance del último decenio en materia de desarrollo alternativo en Colombia muestra la prevalencia de políticas públicas de gobierno más que estrategias de Estado. Dicha situación acarrea serios problemas de incertidumbre y confusión para las comunidades, autoridades locales y regionales y, en general, para las entidades involucradas en crear alternativas a esa problemática.

2. La cooperación debe tener un soporte institucional dentro de Colombia de modo tal que le proporcione un mínimo de garantías de orden, transparencia, reglas de juego y posibilite el acceso de los recursos a las regiones y localidades. Relacionado con el predominio de políticas de gobierno, suelen crearse, reformarse o incluso terminarse en Colombia instituciones que expresan la voluntad del poder presidencial de turno, más que ser el resultado de procesos de evaluación serios, consistentes y en profundidad sobre la institucionalidad para estos fines.

3. La cooperación internacional debe buscar la visibilidad, interlocución y el desarrollo de programas con entidades, organizaciones y procesos del nivel local y regional, enmarcados en la búsqueda de la legitimidad estatal y la paz, la cual debe estar basada en el fortalecimiento de la sociedad civil en esas áreas, sobre las cuales las comunidades indígenas y afrocolombianas tienen derechos de autonomía, se debe privilegiar el respeto a sus entidades territoriales y propender por el fortalecimiento de las organizaciones sociales. La cooperación debería apoyar las propuestas dirigidas a garantizar la resistencia comunitaria frente a la guerra, respetando las razones propias de las comunidades, esto es, sin afectar la autonomía al imponerse políticas de seguridad desde Bogotá, las cuales tienen una concepción e intereses distintos al sentido de resistencia civil. La cooperación debe establecer con claridad dichas diferencias y apoyar la autonomía local. En las reivindicaciones de resistencia comunitaria contra la violencia y de búsqueda de alternativas a las distorsiones generadas por la monodependencia de los cultivos ilícitos, una de las propuestas más importantes es la autonomía alimentaria. En tal sentido, la cooperación debería fortalecer procesos locales dirigidos a fortalecer esa estrategia local junto con las demás acciones relacionadas con el aseguramiento de la vida y seguridad de las personas.

4. Así mismo, la cooperación internacional en materia de desarrollo alternativo debe propender por construir metas claras en el fortalecimiento de los derechos humanos, gobernabilidad y reglas de juego para el poder local y regional, y frente a los espacios de participación de las comunidades.

5. La cooperación internacional debe condicionar su política y suministro de recursos a un balance científico sobre el impacto de las fumigaciones aéreas o un eventual uso del método biológico, como técnicas principales para garantizar la erradicación forzosa de los cultivos de uso ilícito. Las consideraciones en este punto son: Bajo el gobierno del presidente Uribe no existe un marco de política en donde se establezcan reglas de juego claras, impersonales y consistentes alrededor de la erradicación manual de cultivos ilícitos.

Las fumigaciones aéreas vienen impactando gravemente el medio ambiente, la salud de los habitantes de estas zonas, los cultivos alternativos apoyados por el mismo Estado, organismos de cooperación, tal como lo ha constatado reiteradamente la Defensoría del Pueblo de Colombia.

Las fumigaciones aéreas promueven el desplazamiento rápido de los cultivos de uso ilícito a zonas no intervenidas con lo cual se incrementan los daños ambientales por razón de su instalación (deforestación) y manejo basado en el uso intensivo de agroquímicos.

Las fumigaciones se adelantan de espaldas a la opinión pública y sin que se conozca plenamente la existencia de experimentaciones y, en general, demostraciones consistentes y transparentes sobre el tipo de formulación que se viene usando; los niveles de concentración del ingrediente activo glifosato; dosificación en la aspersión; seguimiento de los requerimientos técnicos exigidos de acuerdo con la legislación del país que suministra el round up; monitoreo en materia ambiental. Así mismo, en Colombia ha desaparecido en esta materia el importante principio de precaución en relación con la comprobada ausencia de estudios serios en terreno sobre lo que realmente está sucediendo en materia ambiental y de salud pública.

6. Si bien los cultivos de uso ilícito y otros aspectos de la economía del narcotráfico son una de las fuentes de financiación de los grupos armados, el tratamiento exclusivo de los cultivos en el marco de la política de seguridad termina subvalorando la dimensión económica y social de la problemática. La cooperación internacional debe velar por rescatar un tratamiento que mantenga el reconocimiento a esas causas y que constituyen una de las fuentes de legitimidad de los programas de desarrollo alternativo.

7. La política de cooperación debe privilegiar una estrategia preventiva en materia de cultivos, lo cual quiere decir que no debe prevalecer el carácter contraprestacional de los programas a cambio de la erradicación que deben adelantar los campesinos e indígenas. En muchos sitios, economías sin cultivos ilícitos deben soportar crisis profundas que, en múltiples casos, estimulan el involucramiento en actividades ilícitas.

8. Las políticas de cooperación deben privilegiar estrategias relacionadas con la prevención, reducción de impactos y creación de alternativas de manejo de los problemas asociados a los ecosistemas frágiles, que son fuente importante en el suministro de servicios, recursos y un ambiente sano. En ese sentido la política de guardabosques del presidente Uribe no está esbozada a la altura de la complejidad de la situación ambiental, ni mucho menos reconoce la gama de fenómenos complementarios a la problemática de los bosques siendo reducida a esquemas nuevamente cortoplacistas y simplificadores del problema de los daños ambientales causados, entre otros, por economías ilegales. Debería contemplarse el suministro de recursos para la investigación básica, sistematización de información, procesos pedagógicos y, en general, el desarrollo de políticas de Estado en materia de protección y manejo ambiental.

9. Empoderamiento de la capacidad de manejo del conflicto armado por parte de los municipios, departamentos y autoridades locales autónomas (Consejos Comunitarios y ETI). Revalorización del papel de las localidades y regiones en su incidencia a nivel del manejo del conflicto.

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Panel 4

Narcotráfico, política y sociedad

En los textos que conforman este capítulo se busca explorar la manera como el narcotráfico genera configuraciones y reconfiguraciones en el ámbito cultural y social colombianos, ocupándose luego de llevar a cabo un balance de las discusiones y propuestas actuales en torno al tema del consumo de las drogas ilícitas.

Narcotráfico, política y sociedad

María Clemencia Ramírez / Moderadora

El objetivo central de este panel es explorar la manera como el narcotráfico genera configuraciones y reconfiguraciones en el ámbito social y cultural colombianos. En este orden de ideas, la pregunta alrededor de la cual se centran las ponencias es la siguiente: ¿cuáles son las características estructurales que hacen de Colombia un país donde se expanden los cultivos de uso ilícito y, en general, se acepta con todas sus implicaciones el narcotráfico?

La respuesta a esta pregunta lleva a un presupuesto del cual parten las ponencias: las drogas no sólo deben verse como un problema moral o de salud pública, sino también como un complejo fenómeno que incluye no sólo aspectos económicos y políticos sino sociales y culturales.

Al responder la pregunta, el profesor Thoumi parte de que la rentabilidad del negocio del narcotráfico no explica su concentración espacial en Colombia y propone problematizar los siguientes presupuestos:

El primero se refiere a la afirmación de que las ganancias se quedan en Estados Unidos, frente a lo cual argumenta: “si fuera cierto que la industria ilegal aumentara el ingreso nacional en los Estados Unidos estaríamos ante una teoría muy novedosa del desarrollo económico a través de la ilegalidad”, y concluye afirmando que, en consecuencia, en cualquier país se podría o se debería impulsar esta industria.

En segundo lugar, la adscripción a los países consumidores de narcóticos, la responsabilidad de la producción, dentro de una perspectiva de causalidad. De esta manera, señala el profesor Thoumi, se coloca en el extranjero la responsabilidad del desarrollo de la industria ilegal y del crimen organizado en Colombia, lo cual impide mirar cuáles son las condiciones estructurales al interior de Colombia que permiten su promoción.

A partir de estas consideraciones, es necesario preguntarse cómo explicar la presencia de más de dos décadas del narcotráfico en el contexto nacional. Se han cumplido ya veinticinco años de cultivos de uso ilícito en el país y más de treinta de presencia de los carteles de la droga. Hay una generación que se ha criado, ya sea cultivando coca, o vinculada a la distribución de la droga. Es necesario preguntarse entonces, por una parte, cómo ha incidido el narcotráfico en la reconfiguración de normas y valores y, por otra, si el vínculo con el narcotráfico de sectores marginados de la población responde a su exclusión política y social.

A partir del caso de las comunas de Medellín, el profesor Salazar señala que se globalizan primero las culturas de la periferia que las del centro, al entrar en contacto con el narcotráfico y, por consiguiente, con la cultura norteamericana, y muestra cómo esta globalización lleva paradójicamente a la reafirmación de valores locales existentes previamente a la llegada del narcotráfico, los cuales emergen y tienden a invadir diferentes espacios públicos en forma radical. Propone el profesor Salazar que no existe entonces en Colombia una cultura del narcotráfico sino expresiones de la cultura nacional que el narcotráfico hace visibles. Nos hace un llamado en el mismo sentido que el profesor Thoumi a enfocar el análisis en las condiciones internas del país, tanto económicas como sociales, políticas y culturales, que permitieron y potenciaron la consolidación del narcotráfico.

Para el profesor Thoumi, la sociedad colombiana se ha caracterizado por ser una sociedad individualista, con falta de identidad nacional, con pocos controles al comportamiento individual, con un Estado que no puede hacer cumplir la ley, donde el Imperio de la Ley está completamente retado, lo cual la convierte en lugar propicio para el florecimiento del narcotráfico. Frente a esta afirmación vale la pena preguntarse también sobre la represión continuada por parte del Estado a cualquier manifestación política alterna a los partidos tradicionales, así como la exclusión económica y social de grandes contingentes de población como fenómenos que han permitido la consolidación del narcotráfico en el país. A través de actividades vinculadas con el narcotráfico diversos sectores han buscado lograr una inclusión que les ha sido negada reiteradamente por los diferentes gobiernos.

El profesor Salazar enriquece estas reflexiones al hacer un llamado a la necesidad de ahondar en el análisis de las formas de articulación de nuestra cultura popular con el narcotráfico. Es así como afirma en su ponencia que las llamadas subculturas del narcotráfico son realmente expresiones de culturas marginalizadas que salieron a flote por la fuerza que el narcotráfico les imprimió.

Por su parte, el profesor Camacho inicia su ponencia afirmando que el problema principal del narcotráfico en cuanto a su incidencia en la estructura social colombiana es la violencia, la cual “se adiciona, se superpone o interactúa con otras violencias” que han caracterizado a la sociedad colombiana. Vale la pena también reflexionar en este panel sobre si el narcotráfico conlleva necesariamente a la violencia per se o si la violencia que se le adscribe al narcotráfico no permite ver la violencia política y más aún la violencia que ha generado el Estado al cerrar espacios políticos y promover una “guerra sucia”. Como lo afirma el profesor Camacho “bajo el mando de la autodefensa y de la lucha contraguerrillera se cubre una violencia contra la democracia y contra la búsqueda de la igualdad y de la superación de las injusticias”. A través de una revisión histórica de las diferentes violencias asociadas con el narcotráfico, el profesor Camacho evidencia cómo se articulan los intereses del narcotráfico con intereses de diversos sectores de la sociedad así como de los grupos armados ilegales y cómo se reconfiguran las violencias según las respuestas que el Estado da a la lucha contra el narcotráfico. Tal es el caso de la política de represión de los cultivos ilícitos a través de las fumigaciones aéreas, que no sólo ha llevado a la expansión territorial de los mismos, sino también al crecimiento del paramilitarismo como resultado de su función como protector del negocio y a la ampliación de su alianza con los narcotraficantes. Por otra parte, muestra el profesor Camacho cómo la desarticulación de los grandes carteles del narcotráfico llevó a la fragmentación y atomización del negocio, hasta el punto de que los nuevos carteles no buscan confrontar al Estado.

Están de acuerdo los panelistas en afirmar que la guerra contra las drogas ha desconocido no sólo opciones más democráticas y menos riesgosas para la población involucrada, sino también las consideraciones históricas, económicas, culturales y sociales del fenómeno.

A partir de estas consideraciones, en cuanto al tema de la legalización de la droga debatido en el marco de la Cátedra, los panelistas consideran que no necesariamente va a ser la solución definitiva a los problemas estructurales sociales, culturales, políticos y económicos que vive el país y que hacen que esta industria tenga resonancia a nivel nacional. El prohibicionismo se debe aceptar como dominante en el mundo, de manera que la opinión de liberar el mercado en forma total no es institucionalmente viable. En Europa hay en la actualidad movimientos tendientes a relajar las restricciones al consumo sin que se piense en llegar a un mercado libre o descriminalizar la producción y el tráfico de la mayoría de las drogas prohibidas. Estas experiencias nos muestran que habría una forma de reducción del daño que sería una de las políticas intermedias que no necesariamente implican la legalización y, que de todas formas, pensarían en llegar a otras soluciones que no necesariamente signifiquen el mercado libre de la droga, pero que sí tendrían en cuenta a la población. El enfoque de la reducción del daño también argumenta a favor de políticas que conduzcan a la disminución al mínimo de los costos sociales del consumo.

En relación con los países productores, se hace un llamado a rechazar la concepción del fenómeno de los narcóticos como un asunto militar de seguridad y más bien buscar, a través del análisis de las condiciones sociales, culturales, políticas y económicas del país que lo permitieron, las alternativas de solución al problema del narcotráfico. En este orden de ideas, este panel pone en evidencia la recomendación del Informe Nacional de Desarrollo Humano Colombia 2003, del PNUD, sobre todo si se piensa que “las políticas antidrogas deben enfocar su atención en las causas y no en los síntomas del problema”.

Narcotráfico y violencias en Colombia

Álvaro Camacho Guizado

i

El primer punto que quiero tratar es una afirmación contundente: entre los múltiples problemas que suscita el narcotráfico en la estructura social colombiana en la historia contemporánea, el principal es el de la violencia. El narcotráfico inaugura una verdadera coyuntura histórica en Colombia, es un fenómeno inédito en nuestra historia; aparece y se desarrolla con una fuerza enorme y llega a permear la vida institucional y las vidas privadas de muchos ciudadanos, de muchos colombianos, y esto tiene unos efectos sobre los cuales volveré más adelante. Antes de describir esos efectos debo precisar que el narcotráfico lleva implícita la violencia, pero esto no significa que ésta sea siempre utilizada. La violencia de las actividades ilegales es virtual, es un recurso a disposición de los actores respectivos, y se usa para diferentes finalidades, aunque, de nuevo, su utilización no es inexorable.

En Colombia más de una práctica económica ha estado al margen del control estatal, por su ilegalidad o por la imposibilidad de ser controlada, y algunas han tenido la violencia como su correlato; es el caso del contrabando y la producción clandestina de alcohol, por ejemplo. En estas dos actividades la violencia se activa regularmente a partir de los esfuerzos realizados por el Estado para eliminarlas. De hecho, hay una cierta continuidad de actores, entre el contrabando de bienes de consumo y la actividad esmeraldífera y el narcotráfico; pero algunas economías informales o clandestinas pueden subsistir pacíficamente a pesar de su ilegalidad, así que el hecho de que sea ilegal no la convierte en una práctica violenta necesariamente.

La violencia del narcotráfico se activa, tanto a partir de sus continuidades históricas, como de las condiciones sociales específicas que asume en Colombia y la manera como se relaciona con el Estado colombiano y con la lógica del mercado mundial; esa violencia se adiciona, se superpone e interactúa con las otras violencias que campean en la sociedad colombiana en lo político, lo económico, lo privado, lo familiar, y en sus múltiples expresiones se manifiesta tanto desde la actividad como contra ella. En otras palabras, esta compleja interacción se traduce en la ambivalencia de las conceptualizaciones propuestas de solución al problema.246

Se puede afirmar que hay, a grandes rasgos, tres etapas históricas del narcotráfico o modalidades diferentes; una primera es la del cultivo y exportación de marihuana que se localiza de manera preferente, pero no exclusiva, en la Sierra Nevada de Santa Marta y que se constituye en la primera bonanza, lo que se denominó “bonanza marimbera”, que venía acompañada de una forma de violencia expresada en las actitudes y actividades de algunos de sus titulares, pero que no llegó a producir un episodio realmente violento de alcance nacional; no llegó a caracterizarse por su actividad violenta. Quizás uno de los principales rasgos que tuvo esta primera etapa fue que dio origen a lo que se denominó en su momento la clase emergente: un grupo de personas con unas inmensas masas de dinero que intentaban, o por lo menos aspiraban, penetrar y sustituir a la llamada clase sumergente en algunas actividades sociales y económicas.

La segunda etapa es la de la coca propiamente dicha, que es la etapa de los carteles; en ella sí se expresa con claridad el despliegue de la violencia. Ahora, en esta etapa, esta violencia se desarrolla principalmente en tres direcciones o modalidades. La primera es la que se despliega hacia su propio interior: es la que se puede llamar violencia intra o intermafias. Una segunda se dirige hacia las barreras que se yerguen directamente a su desarrollo, y que se expresa en la liquidación de funcionarios del Estado, políticos, opositores o gente que de alguna manera, desde posiciones de poder, confronta a estos llamados carteles. Si bien tiene un carácter fundamentalmente económico, en la medida en que busca defender la actividad ilegal, es una violencia que se aproxima a una dimensión política, en la medida en que confronta al Estado.

La tercera es la que se despliega hacia quienes pretenden modificar el orden social, justamente en el que se desarrolla la actividad, como lo han mostrado las acciones armadas contra sectores de la guerrilla desarmada, dirigentes populares y sindicales, preferentemente rurales. Como veremos adelante, es la que luego se transforma en lo que se ha denominado la violencia paramilitar. Esta última se desarrolla de manera paralela con la adquisición de tierras y expansión territorial de algunos traficantes a partir de desalojos masivos de campesinos y colonos.

Es necesario reconocer que, para enfrentar la violencia, y también la ilegalidad, se han desarrollado desde el Estado prácticas violentas, como han sido las desapariciones forzadas de muchachos, sobre todo en Medellín, y que el Estado ha recurrido a múltiples alternativas, unas de ellas legales, otras menos legales, pero varias activadas en formas violentas.

La primera de estas modalidades de violencia tiene actores claramente delimitados y controlados por la actividad narcotraficante; se trata de violadores de códigos internos, de los torcidos, los incumplidos, los soplones, los fracasados en tareas específicas; es una violencia relativamente circunscrita, altamente organizada y productora de un sistema de lealtades y justicia que va a contrapelo de todas las conquistas jurídicas, civiles y democráticas que en este campo se han logrado. En la medida en que estas organizaciones clandestinas y signadas por la violencia tienen contradicciones y conflictos internos y no pueden recurrir a aparatos de justicia del Estado, desarrollan sus propios mecanismos de justicia que son fundamentalmente la violencia para la eliminación y/o subordinación de los enemigos internos o de quienes han fallado.

La segunda es una violencia que lógica e históricamente, ha sido la respuesta a la intención del Estado de eliminar prácticas ilegales y/o violentas y al esfuerzo para imponer la legalidad. En este caso ha sido la reacción a la persecución y la guerra desatada por el Estado, y su rasgo más sobresaliente consiste en que ha producido magnicidios y ha mostrado que para algunos narcotraficantes no había límites ni escrúpulos éticos cuando se trataba de conservar el negocio y ampliar su organización. Si la primera es una violencia contra la libertad de comercio, ésta es más específicamente contra el monopolio estatal de la legalidad y la justicia, al tiempo con su control por parte de los políticos y agentes del poder.

Que esta violencia ha pasado por diferentes etapas se refleja en las memorias de Pablo Escobar, brillantemente escritas por Alonso Salazar,247 en las que se puede ver cómo Escobar intentó hacer algunos acercamientos con el Estado y el gobierno del momento, en especial a través de sus alianzas con reconocidos dirigentes políticos. Es decir, no eran necesariamente enemigos, aun cuando Pablo Escobar había declarado que él prefería que lo trataran como delincuente, pero nunca como subversivo.

La tercera es la forma más primitiva de hacer ganancias económicas y políticas y conservar e incrementar privilegios, e implica una congruencia objetiva con quienes consideran que el comunismo y la subversión, que atentan contra el orden establecido, y en particular la propiedad privada, son los enemigos principales, pero que por sus circunstancias particulares no están en condiciones de ejercer violencia contra estas fuerzas. Bajo el manto de la autodefensa y de la lucha contraguerrilla se cubre una violencia contra la democracia y contra la búsqueda de la igualdad y la superación de las injusticias.

Si las dos primeras formas de violencia tuvieron como consecuencia la construcción social de un personaje histórico de la mayor importancia en el país, que es el sicario, esta tercera modalidad ha generado también otro personaje histórico, otro actor social que es el paramilitar. Esto quiere decir que las formas de violencia han dado origen y han construido unos actores que han determinado el curso notable de la historia colombiana contemporánea.

ii

En las décadas de los ochenta y noventa estas dos últimas formas de violencia dominaron sobre las demás y se relacionaron cada día más estrechamente con respuestas de igual o mayor significación. La opinión pública fue profundamente sacudida por los constantes magnicidios cometidos contra dirigentes demócratas, representantes del Estado y del establecimiento político. El “narcoterrorismo” contra el Estado, sin embargo, no debe hacer oscurecer la tendencia a que la violencia anticomunista y antisubversiva se acelerara, se desbordara y se independizara del mismo narcotráfico, involucrara a mayor número de personas y se dirigiera contra la población más desprotegida, el campesinado y algunos de sus representantes y dirigentes populares urbanos, víctimas de las campañas de limpieza, propiciando así un nuevo enfrentamiento que de alguna manera rememora la década de los cincuenta.

Bajo la sombra de la lucha contra la insurgencia armada se oculta el proceso de amedrentamiento y aniquilación de los movimientos populares reivindicativos. Estas formas de violencia de ninguna manera son exclusivas del narcotráfico, se dan en áreas rurales y ciudades donde éste parece no ser dominante; en ellas se ligan sectores de las fuerzas armadas, organizaciones clandestinas urbanas, terratenientes, narcotraficantes o no, grupos campesinos, comerciantes locales, políticos, empresarios de la coerción, como los llama Mauricio Romero,248 y soldados de fortuna. En algunas de estas organizaciones se concreta una verdadera narcoguerrilla que, a diferencia de la inventada por algún embajador norteamericano en Colombia, puede ser en el futuro una fuerza aglutinante de diversos sectores políticos y sociales.

A lo largo de las décadas de los ochenta y noventa hubo cambios importantes en estas formas de violencia asociadas al narcotráfico: aunque la violencia interna se ha visto después del desmantelamiento de los llamados carteles de Cali y Medellín y de lo que significaron en términos de violencia sus diferentes conflictos, no se descarta que ésta continúe vigente y que las luchas intestinas sigan cosechando muerte. Una de las formas más exacerbadas de la violencia interna durante esa década fue la guerra que se desató entre las organizaciones rivales de Cali y Medellín, a raíz de las contradicciones que se presentaron en el manejo de las relaciones con el Estado. Su expresión principal fue la organización del grupo de Los Pepes, los perseguidos por Pablo Escobar, una alianza de ex socios suyos entre los que se encontraban los cabecillas del llamado Cartel de Cali, quienes se dedicaron a combatir al capo hasta reducir considerablemente su capacidad de lucha, lo llevaron a la desesperación y, finalmente, lo condujeron a la muerte, a manos de las autoridades colombianas y estadounidenses.

Después se han producido algunas expresiones de este tipo de violencia que se localizan principalmente en lo que se denomina el Cartel del Norte del Valle. Recientemente ha habido bombas puestas en algunos sitios de diversión en Cali y en Medellín; todavía hay luchas intestinas que están produciendo muertes que no se asocian con la relación entre el narcotráfico y el Estado, sino con las contradicciones entre estas organizaciones.

Esa segunda forma de violencia, dirigida contra funcionarios del Estado, y cuya máxima expresión fue el terrorismo, ha descendido igualmente; es claro que los narcotraficantes contemporáneos han comprendido que luchar violentamente contra el gobierno es una práctica suicida. También han entendido, luego de los episodios que involucraron al presidente Samper y a un buen número de políticos y altos funcionarios del Estado, que la estrategia de la penetración por la vía de la corrupción, la amenaza o la financiación de contiendas políticas es muy riesgosa. La naturaleza y la práctica de las nuevas organizaciones las llevan a no privilegiar la confrontación armada con el Estado en defensa del negocio; esta nueva etapa señala que el narcotráfico ha dejado de ser un verdadero enemigo político del Estado y se ha concretado en una modalidad de criminalidad organizada.

La tercera forma ha experimentado cambios radicales; si bien en sus orígenes narcotraficantes como Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha fueron los principales impulsadores y financistas de la violencia contra bases campesinas y las fuerzas armadas de la insurgencia, muy pronto fueron desbordados por varias organizaciones y propietarios rurales, algunos de ellos simultáneamente narcotraficantes, quienes asumieron la lucha directa contra las guerrillas, y pronto derivaron en las grandes bandas paramilitares contemporáneas. Ahora bien, a diferencia de lo que ocurría en la década de los ochenta, en esta nueva expresión se gesta un fenómeno de enorme importancia; en efecto, los narcotraficantes que optaron por esta forma de violencia, actuaron solos y lo hicieron como grupo, en su calidad de narcotraficantes propietarios de tierras. En la actualidad los propietarios narcotraficantes están asociados con otros propietarios agrarios, no necesariamente traficantes, lo cual amplía su rango de relaciones sociales y les permite formar coaliciones políticas; no se debe desconocer que los paramilitares crecen en número y presencia regional de una manera inusitada y que cuentan con apoyos sociales nada deleznables.

Una de las tesis centrales que quiero sustentar es que si bien las dos primeras modalidades de violencia han cedido indudablemente y no se observa un narcoterrorismo como el que se produjo con las bombas de Bogotá y los grandes secuestros de personajes, y aun cuando subsisten algunas formas de violencia interna, creo que la tercera forma es la que todavía hoy sigue siendo la más importante, la que se prolonga con una dinámica más creciente.

iii

Hay que señalar que el cambio en las estructuras del narcotráfico es notable;249 el desmantelamiento de los carteles se tradujo en la fragmentación y la atomización del negocio; según oficiales de policía podría haber en Colombia entre doscientas cincuenta y trescientas organizaciones. La forma instituida del narcotráfico no incide necesariamente en la dinámica del negocio, pero sí en las formas de comportamiento y en las acciones de sus nuevos titulares, los llamados “traquetos”, quienes surgieron como los sustitutos de los grandes capos. Estos nuevos titulares del negocio, los nuevos empresarios ilegales, aprendieron la lección de sus antecesores; no recurren a una vida ostentosa, disimulan su riqueza, andan en taxi; no exhiben caballos finísimos por todas partes, no tienen las casas fastuosas ni las haciendas que poseían ‘El Mexicano’ y Pablo Escobar, sino que buscan ante todo pasar con disimulo para no confrontar al Estado. No obstante lo anterior, sus inversiones en tierras han sido el motor que ha disparado la tercera forma de violencia que, insisto, hoy día es la expresión máxima de la violencia en Colombia. Esto se ha traducido en que los narcotraficantes, en su calidad de propietarios de tierras, han sido el principal motor en el desarrollo de organizaciones de protección de propiedades agrarias, de defensa de hatos ganaderos. Se han convertido en agentes de la lucha antisubversiva y ya no son organizaciones exclusivas del narcotráfico sino que expresan los intereses de una clase social y unos propósitos políticos que son de orden nacional.

Esta modalidad, vuelvo a insistir, tiene una característica muy particular, y es que ya no se trata de narcotraficantes solos, que pueden ser claramente detectables, contra los cuales la justicia pueda actuar en su dimensión de empresarios ilegales; no, ahora se trata de grandes coaliciones con propietarios legales de tierras que contribuyen financieramente con los ejércitos paramilitares, que apoyan en el campo político, que les dan sustento ideológico, que les dan legitimidad. Éste es un mecanismo de la mayor importancia, porque al mismo tiempo que es una forma de violencia exacerbada, de una criminalidad despiadada, es un mecanismo que llevado al extremo, querámoslo o no, les da, por lo menos en los niveles regionales, cierta legitimidad a los propietarios narcotraficantes.

iv

Querría hacer un breve comentario sobre otras dimensiones de este fenómeno, y para esto quiero seguir un poco la tónica con la que inició María Clemencia Ramírez su presentación: como resultado de los desmantelamientos de los carteles, la estructura del narcotráfico de nuevo ha experimentado cambios radicales y estos cambios han coincidido con las transformaciones en otras fases del negocio. Debido a los cambios producidos por la fragmentación del negocio en el tamaño de las organizaciones, éstas, que son más pequeñas, cerradas y clandestinas, tienen menor capacidad del manejo del negocio y esta circunstancia las ha llevado a modificar los patrones del comercio exterior.

Estos cambios han coincidido también con algunas transformaciones centrales del negocio; el primero ha sido el traslado de la producción de la hoja de coca a Colombia y luego el posterior retorno y el incremento, de nuevo, de la producción boliviana y peruana. En parte, como efecto de los esfuerzos de erradicación en Perú y Bolivia, que incluyen, sobre todo en el primer país, la captura y derribe de avionetas transportadoras de base y pasta de cocaína, los colombianos decidieron sembrar nuevas variedades más precoces en su propio territorio. El resultado ha sido el incremento sustancial del área cultivada de coca y, por ende, de las exportaciones locales, tema que domina a la perfección María Clemencia para el caso de la bota caucana.250

Este cambio ha venido acompañado de otro no menos relevante: los nuevos traficantes colombianos han optado por evitar al máximo el riesgo de ser capturados por las autoridades de los Estados Unidos, y para ello han recurrido a establecer nuevos tipos de alianzas, sobre todo con narcotraficantes mexicanos. Estos compran la droga y asumen la prima de riesgo; los colombianos renuncian así a las ganancias propias del mercadeo al detal, pero corren menos riesgos. Esto forma parte de todo un esfuerzo que están haciendo estos nuevos narcotraficantes por evadir la confrontación, no sólo con las autoridades norteamericanas, sino con las colombianas, y estos cambios han incidido en una reducción de las dos primeras formas de violencia que se expresaron en los ochenta y noventa, especialmente. Pero esto se ha traducido en que los colombianos han perdido alguna capacidad de manejar el mercado nacional que viene paralelo con la atomización y la fragmentación del negocio en el país.

Los nuevos narcotraficantes, a pesar de que han perdido algunas bases de ingreso en el mercado internacional, sobre todo en el consumo final en Estados Unidos, al mismo tiempo, al atomizarse y diversificarse, y al crecer el área sembrada en Colombia, han involucrado cada vez a mayor población campesina de productores y han diversificado la producción en territorio nacional. Así, el narcotráfico se ha extendido por diferentes regiones: hoy en día abarca el sur de Bolívar, Catatumbo, la zona cafetera, Arauca y otras zonas marginales. A esas áreas, entonces, tienen que llegar también los protectores del negocio y esto significa que a medida que crece la expansión territorial de los cultivos, crece también paralelamente el tamaño de los ejércitos paramilitares, de manera que la gran paradoja es que un debilitamiento que se observa en el mercado internacional, una menor capacidad de incidir en ese mercado, ese reemplazo por parte de los carteles mexicanos, se está traduciendo en Colombia, paradójicamente, en un incremento de la fuerza paramilitar y de las alianzas de esos paramilitares con propietarios locales.

Estos cambios son importantes en muchos sentidos; en primer lugar, arrojan dudas sobre las hipótesis que insisten en caracterizar el narcotráfico como una organización unitaria y política que combina el negocio con una pretensión de conquistar el poder del Estado, y en este sentido como una grave amenaza a la seguridad nacional y a la democracia en el país. Si la descripción anterior es correcta, las nuevas organizaciones del narcotráfico, por ser independientes, pequeñas, clandestinas, limitadas en su capacidad de acción, son ante todo delincuentes económicos organizados y no tendrían aspiraciones de alcanzar el poder y dominar el Estado, excepto en su versión paramilitar. La evidencia más sobresaliente es la aparente reducción de la lucha contra la extradición: al parecer los nuevos traficantes prefieren evitar su identificación, captura y envío a los Estados Unidos que enfrentarlo por medios violentos. Pero a pesar de esto un rasgo clave de esta nueva etapa es la estrechísima y cada vez más inextricable y creciente relación entre el narcotráfico y la guerra. Este fenómeno tiene varias dimensiones: en primer lugar, la estrecha relación de narcotraficantes terratenientes con el paramilitarismo que redunda en situaciones como un aumento acelerado de los despojos campesinos y de la concentración de la tierra; también en la posibilidad de que haya formas de amnistía, suspensión de penas, reconocimiento, así no sea jurídico, de estatus político para las organizaciones paramilitares armadas que van a cobijar a varios narcotraficantes, que es el tema de discusión hoy en día ante la posibilidad de una negociación con ellos.

Pero también en esta etapa se ha observado la creciente participación de las FARC en el negocio, lo cual las ha potenciado hasta convertirlas en un ejército de más de 15.000 hombres, con un cubrimiento amplísimo del territorio nacional, hombres muy bien armados y bien apertrechados.

En síntesis, el narcotráfico colombiano, a pesar de los cambios organizacionales, sigue siendo un componente central de los procesos económicos, políticos y sociales de la Colombia de comienzos del siglo XXI. Si durante sus primeras etapas era fundamentalmente una empresa comercial, ilegal y violenta, hoy se ha convertido en una fuerza parapolítica que se constituye en la amenaza más peligrosa para la sociedad colombiana.

Impacto del narcotráfico en la cultura colombiana

Alonso Salazar

Creo que el profesor Camacho ha presentado un buen marco general que me permite poner en contexto algunas cosas que quiero plantear. Hay un aspecto que me llama mucho la atención en el caso de la ciudad de Medellín, y es que tengo la percepción de que primero se globalizaron las periferias que el centro. Es decir, en ciertos sectores, como los barrios Antioquia, Trinidad y Santa Cruz, había mucho más contacto con el mundo desde los años cincuenta que el que tenían los ricos de la ciudad que se la pasaban entre su fábrica y su casa en el Poblado o en Llano Grande. Entre tanto, las rutas de la marihuana y el incipiente negocio de la cocaína posibilitaron que muchos sectores y personas de la periferia empezaran a tener contacto con la cultura norteamericana, especialmente.

Lo curioso es que, si bien esos sectores se globalizaron más rápidamente, el resultado final de ese proceso fue una reafirmación de sus valores culturales más autóctonos; sólo se incorporan elementos muy limitados de la cultura capitalista, como la noción del consumo y del fasto. Lo que se identifica al final es una manera de resguardarse en lo más anquilosado y atrasado de lo que podríamos llamar la “cultura popular”. Hoy quiero reflexionar con ustedes ese punto: ¿existe en Colombia una cultura del narcotráfico o realmente lo que existen son expresiones de la cultura nacional que el narcotráfico ha posibilitado que salgan de manera fuerte y radical a la escena pública? No estamos, en nuestro caso, en una circunstancia de mafias ancestrales como la siciliana o la yacusa, con códigos, rituales y procesos de jerarquías, sino que estamos frente a tumultos de bandidos sin ninguna concepción de la vida más que lo que han heredado de la propia historia del conflicto nacional. Y quizá el lenguaje pueda ser un ejemplo para tratar de hacer un pequeño sustento a este planteamiento.

Lo que se identificó como el lenguaje del narcotráfico en el país, que algunos profesores de la Universidad de Antioquia denominaron como el “parlache”, al indagar más a fondo, resulta tener raíces antiguas, incluso del lunfardo, por la influencia del tango en la ciudad de Medellín. Ya en los años sesenta el periódico El Colombiano publicaba lo que se llamaba “el lenguaje de los marihuaneros”; una buena parte de los términos que se hicieron después famosos con el apogeo del narcotráfico, ya estaban en esos diccionarios. Da la sensación de que lo que el narcotráfico realmente propició fue que una parte de ese lenguaje y de la cultura que ese lenguaje articula y que circuló durante mucho tiempo en los bajos fondos, salieran a flote de manera radical, digámoslo de alguna forma, de la alcantarilla de la sociedad. Ese lenguaje se fue extendiendo por las distintas clases sociales y se ha ido estandarizando en alguna medida y, desde luego, no es un lenguaje neutral, es un lenguaje apologético de la muerte, es un lenguaje que crucifica, cosifica, que tiene una profunda relativización del sentido de la vida y de la muerte, y un desprecio enorme por las jerarquías sociales.

¿Por qué se extiende tan rápido un lenguaje como éste en un entorno social, a tal punto que uno va a hacer trabajo de campo, por ejemplo a Jambaló, y escucha a los indígenas sentados en el parque hablando como cualquier muchacho de la comuna nororiental? Son preguntas muy complejas de responder y creo que aparte de una explicación formal de que a esos sectores llegan los circuitos del narcotráfico y desde luego los portadores de este lenguaje, que es un lenguaje esnob, pegajoso, atractivo, siempre sigue rondando la cuestión de si tenemos cierta conciencia colectiva que nos hace terreno fértil para asimilar este lenguaje cargado.

Cuando insisto en que no hay una cultura narca, quiero ir en alguna medida a la reflexión de que lo que identificamos como cultura del narcotráfico, en el país es esencialmente la emergencia de culturas, estéticas y formas de percibir el mundo de los sectores populares que siempre han sido vistas con menosprecio por las elites y que resultan, desde luego, repugnantes. Ese mismo estilo de cultura emergente es perfectamente identificable en la clase política. En este caso, el narcotráfico opera como un mecanismo propulsor, pero también el erario ha gestado entre nosotros una clase emergente de gran poder donde muchas de esas personas son de origen popular y desde luego las manifestaciones sociales son parecidas a lo que la elite antioqueña llamaba mañé. Lo que creo es que esas culturas, a medida que han ido emergiendo y se han ido haciendo más fuertes en la escena social, han terminado por disolver la precaria hegemonía del Estado; desde luego nos queda una faceta por indagar y es el tema de las dimensiones culturales de las elites: cómo ellas que menosprecian a esas culturas populares, son capaces también de actuar como disolventes de la forma estatal para poder articularse en muy diversos campos con los negocios ilícitos.

Uno de los problemas grandes que hemos tenido en la investigación social en Colombia es que hemos puesto siempre nuestro foco sobre los humildes; desde luego es lo más notorio y lo más visible, pero no hay una etnografía, una antropología sistemática sobre quiénes son nuestras elites, cómo piensan, cómo reflexionan, cómo son capaces de arriesgar todo por llegar más rápido a donde seguramente iban a llegar de todas formas; ellos mismos son, creo, una muy fuerte representación de la mentalidad que predomina socialmente. Desde luego, no quiero argumentar con esto que lo que se articula alrededor del mundo del narcotráfico tenga matices y elementos especiales que merezcan ser analizados; lo que quiero es llamar la atención sobre este punto.

He estado trabajando recientemente sobre Luis Carlos Galán, y recuerdo que muchos, me incluyo allí, definíamos a Luis Carlos Galán como un fundamentalista. He releído muy juiciosamente sus textos, y creo que en esencia él era un defensor de lo público, de la transparencia de lo público, de la ética ciudadana, de la necesidad de llegar a una modernidad en el Estado y en la política, prescindiendo no sólo de los dineros del narcotráfico, sino de todas las formas de corrupción legales o aparentemente legales (ilegales), que eran ya de uso común en Colombia. Creo que en ese momento, tanto izquierdas como derechas, tanto pobres como ricos y medios, trataron de hacerse los locos frente al tema del narcotráfico porque a través de él podían tener medios de financiamiento, sobrevivir a las situaciones de emergencia o recuperar empresas, o, simplemente, obtener el pan de cada día en el caso de los sectores humildes. Me refiero a un punto de la sociedad tolerante, en especial, a sus expresiones políticas de izquierda y derecha, profundamente tolerantes con la infracción a la norma bajo cualquier modalidad, por ejemplo, el discurso nacionalista.

Cuando hablo de que de todas maneras el mundo del narcotráfico tiene algunas peculiaridades, creo que hay que insistir en ellas. Como cualquier organización –y me refiero a las organizaciones grandes del narcotráfico y no tanto a lo que sucede ahora que es más indescifrable, en este caso específico al cartel de Medellín–, el narcotráfico fue capaz de construir escenarios sociales de representación del poder, de amilanamiento del poder público, de lo legal, de distribución de riqueza y de ritualización de la muerte, todo lo cual tuvo un gran impacto en sectores muy diversos de la población, no sólo en los marginales. Es una tendencia asociar la marginalidad al narcotráfico, sobre todo a los jóvenes del sicariato con la marginalidad; no obstante son numerosos los casos de jóvenes de clase media que fueron seducidos por ese paquete cultural que era, al mismo tiempo, una oferta económica, pero también una propuesta existencial de límite y una posibilidad de consumo extraordinario. Sí, es más notorio el asentamiento de estas formas de organización en sectores más pobres de la población, pero ahí entran otras variables que vale la pena analizar: el tema de la topografía y otros elementos.

Pero no podríamos suponer que el impacto más importante estuvo sobre las zonas más pobres de la ciudad; las bandas más famosas del narcotráfico, Los Priscos, se asentaron, por ejemplo, en el barrio Aranjuez, que es un barrio obrero, que creció con el siglo, un barrio de gente media, no de gente marginalizada. En las periferias crecieron, por lo general, las llamadas “bandas de chichipatos”. Lo que creo es que lo que el narcotráfico propició fue una resurrección de la cultura agraria y el obstáculo del proceso de secularización de la ciudad. Lo discutía con unos sacerdotes que me hicieron muy mala cara cuando yo les decía que los evangelizadores de los años ochenta habían sido los narcotraficantes y no los obispos; es decir, estamos frente a una situación donde los que éramos jóvenes, de origen popular, que es mi caso, no teníamos ningún símbolo religioso. Diez años después volvemos a esas mismas zonas y están plagadas de símbolos religiosos; ¿por la prédica de los obispos? No, por la prédica de los narcotraficantes y su virgen, y María Auxiliadora, y la Virgen de Sabaneta, y la de la Guacatala y los martes de consagración a esa diosa femenina, como la llamó Laura Restrepo.

Lo sugestivo de todo el proceso es que tenía, por la propia ausencia del Estado, posibilidades de teatralización; es decir, con la riqueza del consumo religioso, la muerte se teatraliza, y se construye en reinados. Si Nápoles era para Pablo Escobar el centro de su reinado, cada banda u organización de éstas tenía un territorio y un lugar especial donde se ejercía la jerarquía y se medía, en el caso de la abundancia, el sistema del otlash, de distribuir el exceso de la riqueza. En un contexto de precariedad de ideales de izquierda y de derecha, de una Iglesia atada al poder y transando con el narcotráfico, fue muy posible esa gran seducción de lo que se llamó en algún momento, la cultura del narcotráfico o las subculturas del narcotráfico, que al fin de cuentas, a mí me parece, y sigo insistiendo en eso, son sólo expresiones de culturas marginalizadas que flotaron por la fuerza que el narcotráfico les imprimió.

Hace un tiempo Álvarez Gardeazábal habló de todo este proceso de la cultura, como también de las tierras y de la propiedad, y me parece que lo definió de una manera muy afortunada; a la clase emergente y lo que produjo en el país, los denominó como una gran “revolución sin filósofos”. Es decir, fuimos transformados de manera radical sin que existiera posibilidad de construir un discurso sobre esa propia transformación, en especial, por parte de los protagonistas. El saldo que más percibo de ello, es el de la existencia de una mentalidad guerrera en amplios sectores de la población. En el caso de la ciudad de Medellín –me perdonan que sea tan insistente en esto, pero es realmente lo que conozco–, hemos visto cómo los jóvenes han pasado de bandas comunes a milicias urbanas, a autodefensas, y parece ser que la sigla de la organización, los supuestos ideales, son sólo una caparazón sobre la cual se esconde la condición de ser guerreros, y cualquier nomenclatura o cualquier caparazón que sirva para ejercer ese oficio de guerreros tiene perfecta validez.

Lo descubrí también con Sarley, un exguerrillero del EPL que trabajaba con Carlos Castaño, y narra cómo se enfrentó radicalmente con las FARC en los años setenta por el control de Urabá; las guerrillas aquí han hecho unas guerras siniestras. Después se enfrentó a las autodefensas, luego pasó a las autodefensas y sigue disparando desde ese lado con el mismo entusiasmo contra sus viejos y supuestos camaradas de la guerrilla. Un 30 o 40% de los miembros de los paramilitares es desertor de la guerrilla. En el caso de la ciudad de Medellín, el gran núcleo militar que conforman en la actualidad los paramilitares, está compuesto por gente entrenada militarmente por la guerrilla, lo que le haría a uno suponer que el paso por organizaciones no implica construir una mentalidad distinta, disidente, otra, sino que hay un sustrato común. En efecto, si uno llega a un sector y no sabe muy bien qué organización ejerce el control, no podría identificarla por los lenguajes que maneja. Hoy, jóvenes vinculados a la guerrilla y vinculados a los paramilitares hablan el mismo “parlache” y tienen la misma idealización o sublimación de la muerte, el mismo desprecio por la jerarquía social.

Considero que el desafío en el terreno de la cultura es extraordinario, y que el objetivo esencial, desde el punto de vista de la dimensión cultural, es lograr una población con capacidad de autorregulación y de acatamiento a las normas, independientemente de las circunstancias sociales en las que esté inmersa. Cada vez soy más enemigo de los discursos de justificación de las infracciones, pero sobre todo de las infracciones a la vida, por el desempleo o la pobreza o la falta de salud. Creo que tenemos el enorme desafío de construir una ética esencial en este país, en la que el respeto por la vida sea el soporte fundamental, y de ahí extender a muchos otros campos la regulación colectiva y el acatamiento, desde luego, de esas regulaciones. Los discursos, viéndolo ya desde el punto de vista de eficacia política, de permanente justificación de las infracciones, nos llevan a construir sociedades cada vez más caóticas y complejas de regular. Allí, por ejemplo, se le ha dado a lo largo de estos años, vocería política a la delincuencia: al Estado le dio por negociar con la delincuencia, y hoy los delincuentes son los voceros de las comunidades en procesos de paz, y hemos estado transmitiendo a lo largo de todo este tiempo que el que está armado, el que es guerrero, tiene capacidad de negociar con el Estado, a diferencia del ciudadano anónimo. Muchos de esos procesos de paz han llevado al fortalecimiento de una criminalidad más sofisticada porque incorpora discurso social, y lo que tenemos ahora en el terreno paramilitar es la expansión del narcotráfico que asimiló el modelo miliciano y el modelo de estos procesos de paz y está construyendo ONG, desarrollan la recreación, cooperativas para tratar de articular el proyecto social a su proyecto militar.

Creo que las sociedades tienen que tener un punto, un dique, donde se marque un límite de lo que no puede ser permanente ni indefinidamente flexible. En definitiva, si el narcotráfico existe en abundancia en este país, es porque históricamente hemos estado propensos a ello. Rafael Uribe Uribe, después de trasegar por las cuatro guerras por las que le tocó trasegar, formuló un programa de gobierno en el que incluyó un punto que se llamaba “el derecho a la alegría”; empieza a hacer análisis comparativos de cómo consumen alcohol aquí y en Europa, da unos devaneos y, finalmente, dice que el problema es nuestro temperamento. Es decir, hay una reflexión sobre el tema de nuestra cultura que está aplazada, a la que le tememos; siempre queremos ver la condición del mal en algún lugar, en un territorio, en unos sujetos, y no pensar que en alguna medida la criminalidad exacerbada es simplemente la manifestación radical de una infección que recorre todo el cuerpo social.

¿El debate sobre drogas que alteran la mente es sobre drogas o sobre ideologías y valores básicos?

Francisco E. Thoumi

Durante los últimos treinta y cinco años, la formulación y ejecución de políticas hacia las drogas que alteran la mente, ha sido uno de los temas de política gubernamental más controvertido. En muchos países, especialmente en Europa y América Latina, hay grupos que expresan una gran insatisfacción respecto a las políticas actuales y abogan por cambios sustanciales. Por su parte, quienes las apoyan se quejan de la falta de voluntad de muchos gobiernos para ejecutarlas y reafirman su confianza en la “guerra contra las drogas”. Mientras tanto, la mayoría de los gobiernos continúa sus políticas prohibicionistas represivas frente a la producción, el tráfico y el consumo. A pesar de la continua discusión sobre dichas políticas, no hay un debate serio al respecto, si por esto se entiende un proceso en el cual los que sostienen posiciones opuestas exponen sus puntos de vista y ante una evidencia en contra de ellos, están dispuestos a cambiarlos. En realidad, las discusiones entre liberalizadores y prohibicionistas, cuando las hay, tienden a ser diálogos de sordos en los que cada cual termina confirmando su “verdad” y sospechando de la estupidez o mala fe de sus contrincantes.

En este ensayo se estudia primero el problema de formulación y ejecución de las políticas hacia las drogas que alteran la mente tratando de comprender las bases de las diferencias en las posiciones existentes. A continuación se presentan algunos ejemplos que ilustran cómo en los Estados Unidos, Colombia y las Naciones Unidas se elaboran posiciones desde supuestos o “hechos” que no son empíricamente válidos. En las siguientes secciones se consideran unas realidades que es necesario tener en mente para estudiar las opciones de política viables y se expone la propuesta anti-prohibicionista, en la actualidad en boga en algunos círculos europeos. El ensayo termina con algunas sugerencias sobre posibles maneras de avanzar en el diálogo.

La naturaleza del problema

Para empezar, cabe preguntarse ¿cuál debería ser la política óptima hacia las drogas que alteran la mente? Ésta es una pregunta básica que no tiene respuestas sencillas ni únicas. En principio, para formular una política óptima es necesario, por lo menos, establecer cuáles son los parámetros del fenómeno que se quiere influenciar, cuáles serían las metas de las políticas, establecer y justificar las medidas del éxito o fracaso de las mismas, e identificar los instrumentos de política y las instituciones o agencias gubernamentales que las deben implementar. Además, para asegurar el éxito, es necesario identificar las fortalezas y debilidades de dichas instituciones antes de asignarles la implementación de las políticas.

Una dificultad fundamental en los intentos de responder la pregunta anterior surge del amplio desacuerdo prevaleciente sobre la naturaleza del fenómeno o “problema”, sobre sus causas, sus efectos y sobre las metas buscadas. Además, las diferencias en las percepciones de los fenómenos relacionados con las drogas han generado una gran desconfianza entre los diversos artífices de política y forjadores de opinión de los diversos países involucrados de manera que, con frecuencia, cuando se formula una posición, quienes están en desacuerdo no la refutan sino que actúan como si no la oyeran, o la desprecian alegando que las intenciones de sus contrincantes no son las expresadas en la formulación sino alguna agenda política o moral escondida, o beneficios económicos o políticos que pretenden obtener soterradamente quienes sostienen dichas posiciones.

Otro problema surge de la complejidad del fenómeno puesto que tiene aspectos éticos y morales, sociales, médicos y de salud pública, políticos, económicos, jurídicos, estadísticos, agrícolas y rurales, antropológicos, de relaciones internacionales, ambientales, de desarrollo urbano y qué más sé yo. La especialización es una de las características de la educación moderna, lo que lleva a un aislamiento entre las diversas disciplinas y a una gran dificultad de comunicación entre ellas. La inteligencia humana tiene una diversidad de dimensiones, y la mayoría de la gente “inteligente” lo es sólo en una o unas cuantas, por lo que los “inteligentes” son siempre muy torpes en algunos aspectos. Esto hace que muy poca gente pueda profundizar en un número amplio de aspectos relevantes al fenómeno de las drogas que alteran la mente. Por eso, con frecuencia, el diálogo es simplemente imposible porque una palabra expresada dentro de una disciplina tiene un sentido muy distinto en otras y porque lo que parece trivial para un analista resulta ser incomprensible o estúpido para otro.251

La complejidad y diversidad de disciplinas involucradas en la temática de las drogas que alteran la mente tienen repercusiones importantes sobre los análisis elaborados. En general, muchos análisis son parciales, enfocados desde una disciplina y desdeñando los de otras. Además, cada disciplina introduce limitaciones y restricciones a las soluciones posibles. Cualquier medida tiende a generar efectos en todas las dimensiones, algunos de los cuales pueden bloquear o negar la efectividad de la política. Medidas de carácter económico tienen efectos sociales y políticos importantes y viceversa, medidas tomadas por motivaciones éticas o moralistas pueden generar efectos ambientales graves y así sucesivamente. Además, las críticas y evaluaciones de cada política también tienden a basarse en una disciplina. Por ejemplo, críticas como: “esa política es mala o inconstitucional porque perjudica a los pobres”, tienen fundamentos éticos o legales, pero pueden no tener en cuenta efectos económicos de la política que contribuyan a agravar la pobreza de otros o a aumentar el número de pobres. Dicha política puede tener también efectos políticos y sociales importantes. Para formular una política efectiva es necesario tener en cuenta todos sus efectos, no sólo los percibidos por una disciplina.

La evaluación multidisciplinaria presenta otras dificultades que surgen de la falta de consenso respecto a los modelos dentro de cada disciplina. Por ejemplo, en economía puede haber análisis marxistas, dependentistas, neoliberales, etc. Con frecuencia, quien tiene una formación en una escuela de pensamiento utiliza categorías de análisis que no son familiares o aceptables para otras escuelas. Sin duda, las drogas que alteran la mente ofrecen un campo fértil para el enfrentamiento entre las diversas escuelas.

Las diferencias culturales entre los participantes en el debate acentúan las dificultades en la comunicación. Por ejemplo, al intercambiar ideas sobre el tema de las drogas con indígenas latinoamericanos, es claro que las mismas palabras se entienden de manera diferente en cada cultura. La estructura de cada idioma y las vivencias de cada persona influencian el significado de cada concepto y cada frase.

La dificultad para establecer un debate fructífero se agrava por el carácter cerrado de las ideologías de muchos artífices de política y de sus críticos. Éste es frecuentemente el caso tanto de los prohibicionistas que basan sus posiciones en principios morales, o de los liberalizadores o legalizadores que lo hacen siguiendo modelos marxistas, dependentistas o libertarios. Dentro de estos sistemas de pensamiento las explicaciones sobre la naturaleza de los fenómenos relacionados con las drogas que alteran la mente están determinadas antes de confrontarlas con la evidencia. Más aún, cuando la evidencia contradice los modelos o ideologías, esto se atribuye a que la evidencia ha sido generada de manera errónea o de mala fe. Por consiguiente, no es posible demostrar que una recomendación de política o la interpretación de las razones detrás de las políticas sean falsas. En otras palabras, debatiendo no se puede lograr un cambio en las posiciones. Simplemente, cada cual expresa la suya que está justificada ideológicamente y termina sintiéndose moralmente justificado y superior a su contrincante.

Otro problema surge del hecho de que con mucha frecuencia los debates sobre drogas que alteran la mente no son en realidad sobre ese tema. En verdad, muchas veces las drogas simplemente proporcionan el campo en el cual se expresan conflictos callados o de difícil discusión entre los adversarios. Al respecto, hay tres conflictos callados particularmente importantes. Primero, el conflicto entre el puritanismo estadounidense que busca sancionar a quienes violan las normas morales y la anomia latinoamericana que rechaza dichas normas como una imposición indebida del Estado y que “sabe” que detrás de cada política existen intereses económicos escondidos. Segundo, el conflicto entre el puritanismo estadounidense que busca eliminar las drogas y el pragmatismo europeo que pretende disminuir los costos sociales asociados a las drogas. Finalmente, el conflicto dentro de las sociedades latinoamericanas, sobre todo las andinas, entre las elites que representan sistemas políticos excluyentes y los indígenas, campesinos y grupos urbanos que se sienten excluidos y ven en las drogas un elemento que les da poder y capacidad de ascenso social.

A los conflictos anteriores se agregan las asperezas causadas por los nacionalismos de los países involucrados, que aumentan la desconfianza y que contribuyen a la dificultad para aceptar las posiciones de los opositores.

Este ensayo está escrito con un espíritu de quien considera que no existe una verdad absoluta y que el conocimiento es el conjunto de hipótesis que aún no han sido refutadas empíricamente. En el caso de las drogas esto implica que no hay políticas ideales aplicables en todos los entornos sociales y que las políticas deben diseñarse de acuerdo con las instituciones y los valores de cada sociedad.

Ejemplos de enfoques que obstaculizan el debate

Para ilustrar los problemas que surgen para establecer un debate riguroso sobre las drogas que alteran la mente es útil presentar algunos ejemplos de formulación de propuestas e interpretación de información en los Estados Unidos, Colombia y las Naciones Unidas. Estos ejemplos son sólo una pequeña muestra de muchos posibles, pero son útiles para resaltar los problemas mencionados en la sección anterior.

Ejemplos desde las posiciones estadounidenses

La posición estadounidense se fundamenta en el puritanismo y otros valores de ese país como el temor al mundo exterior. Estos valores y características de la sociedad estadounidense tienen raíces históricas profundas. Las drogas que alteran la mente son percibidas en los Estados Unidos como una amenaza a la estructura y a los valores de la sociedad. Dentro de este contexto, alterar la mente es un pecado o un comportamiento desviado e intolerable asociado a grupos que amenazan la sociedad o que están al margen de la misma. Por eso, las políticas reflejan el temor de la mayoría y con frecuencia buscan metas imposibles como “una sociedad sin drogas”. El prohibicionismo estadounidense es fundamentalista puesto que no permite una meta distinta a la eliminación del enemigo. Ninguna solución intermedia que tolere el uso recreativo de drogas ilegales es aceptable, por lo que siempre la legislación y las referencias son en torno al abuso y nunca en relación al uso de drogas. Más aún, para muchos estadounidenses la meta debe ser eliminar no sólo las drogas ilegales sino también las drogas legales como el alcohol y el tabaco y el uso no medicinal de otras como el valium.

Lo anterior no significa que la política estadounidense hacia todos los países involucrados en la producción o tráfico de drogas sea consistente y que desde la óptica de muchos latinoamericanos no parezca hipócrita y de doble moral.252 La sociedad estadounidense es pluralista y está conformada por grupos sociales con intereses muy diversos y frecuentemente opuestos. Esta diversidad resulta en políticas inconsistentes con una moral única. Además, muchos políticos estadounidenses han usado las políticas contra las drogas como un caballito de batalla para hacerse elegir y para perdurar en su puesto. Por eso, muchas veces las políticas no reflejan un interés nacional sino el de algunos grupos.

Para empezar, consideremos el caso del presidente Nixon y su declaración de “guerra contra las drogas”. En los años sesenta surgió la demanda por drogas, la cual estaba asociada a los grupos de jóvenes que ponían en tela de juicio los valores e instituciones estadounidenses. Muchos combatientes en Vietnam utilizaron drogas que alteran la mente simplemente para poder subsistir en un ambiente social contradictorio y frustrante que muchos consideraban hipócrita. El escándalo del Watergate puso a Nixon en jaque y al final lo forzó a renunciar. En esa coyuntura las drogas dieron a Nixon una posibilidad de fortalecer su presidencia, independientemente de lo que él podía creer al respecto. El aumento en el consumo de marihuana y el temor de una epidemia de consumo de heroína asociada al retorno de las tropas de Vietnam, unidos al deseo del gobierno de contrarrestar su caída en popularidad, lo llevó a nombrar una comisión para estudiar la marihuana y el abuso de drogas (Gray, 2000). Sin embargo, como Nixon había apoyado fuertemente la cacería de brujas emprendida por el senador McCarthy durante los años cincuenta, es probable que él también fuera un prohibicionista a ultranza. La comisión fue conformada por un grupo de notables ciudadanos conservadores dirigida por Ray Shafer, un “halcón”, ex-gobernador del estado de Maryland. La comisión elaboró un detallado y muy bien documentado informe (National Commission on Marihuana and Drug Abuse, 1972) que para sorpresa de Nixon, no encontró evidencia de que el consumo de marihuana llevaba al de otras drogas más fuertes y que, para colmo de males, recomendó la liberalización de las políticas hacia la yerba. Las recomendaciones de la comisión contrariaron las creencias de la mayoría de los electores y los intereses políticos del presidente. Fue entonces cuando Nixon declaró la “guerra contra las drogas”, aumentando el gasto en acciones represivas y promoviendo el endurecimiento del tratamiento a los sindicados por posesión y tráfico de drogas (Baum, 1996; Gray, 2000).

Veamos ahora el caso del experimento de intercambio de jeringas y agujas en Vancouver, Canadá. Éste fue un experimento en un barrio dilapidado de Vancouver dirigido por un médico que además tiene un Ph.D. en matemáticas. El experimento concluyó que proporcionar jeringas y agujas limpias a adictos a la heroína disminuía sustancialmente la prevalencia del sida entre ellos, a pesar de que ésta fuera mayor que la de la población en general. Este último resultado es esperado puesto que el experimento tuvo lugar con una población de muy alto riesgo. El general McCaffrey, director de la Oficina de Control de Drogas y Prevención del Crimen (ONDCP) de los Estados Unidos, divulgó este resultado como un fracaso del experimento. Schechter, el director del proyecto, invitó a McCaffrey para explicarle la metodología y mostrarle cómo estadísticamente se demostraba el éxito del mismo. Dos profesionales de la oficina de McCaffrey visitaron Vancouver, donde pasaron varios días con el equipo del proyecto estudiando la metodología y los resultados, al final de cuya visita presentaron un informe ¡confirmando la afirmación de McCaffrey respecto a que los programas de cambio de jeringas y agujas promovían la infección del sida! (Schechter, 2002).

Estos son sólo dos casos que ilustran la fortaleza de las creencias de la ciudadanía y de los políticos estadounidenses y cómo estos pueden utilizarlas; cómo la evidencia científica es rechazada o malinterpretada para acomodarla a dichas creencias y la dificultad de establecer a ciencia cierta las razones por las que alguien toma una posición. En los Estados Unidos prevalecen otras creencias que condicionan algunas políticas prohibicionistas tales como: la economía de los países andinos depende fundamentalmente de las drogas; la cocaína es el primer producto de exportación de Colombia; las drogas ilegales han enriquecido a muchos colombianos; los políticos de los países andinos son corruptos y se han enriquecido con los ingresos de las drogas, etc. Todas estas creencias se aceptan como hechos y son muy difíciles de rechazar con pruebas empíricas válidas.

Ejemplos desde las posiciones colombianas

Muchos artífices de opinión y de política y muchos intelectuales en Colombia y los países andinos actúan bajo la convicción de que los Estados Unidos se benefician de la industria ilegal a costa de la explotación de los países andinos: “Lejos de generar cualquier riqueza en Colombia, (las drogas ilegales) han ahogado al país en corrupción y violencia. En los Estados Unidos el negocio de las drogas aumenta el producto bruto interno. En Colombia lo destruye” (Caballero, 1996: 139). Esto lleva a argumentar que las políticas prohibicionistas están promovidas por intereses económicos que utilizan argumentos de otra naturaleza como cortinas de humo detrás de las cuales se esconden las verdaderas razones por las cuales se promociona el prohibicionismo. Estas interpretaciones dependentistas tienen muchos adherentes en Bolivia, Colombia y Perú y otros países latinoamericanos.

El exponente más coherente de la teoría de la dependencia y su relación con el narcotráfico en Colombia ha sido Orejuela Díaz (1997), quien en su libro prologado por Luis Carlos Restrepo,253 presenta de manera completa esta visión. Haciendo uso selectivo de la bibliografía disponible apoya una teoría conspiradora, y afirma que durante los años setenta los Estados Unidos se sentían satisfechos “con propiciar otra guerra fuera de sus fronteras” (p. 20) “buscando lesionar el mercado para la marihuana colombiana en provecho de la ‘California Golden’” (p. 29), con el fin de controlar “un mercado al por menor avaluado anualmente en cerca de 25 mil millones de dólares” (p. 29). Básicamente, de lo que se trata es de que el “BUSINESS sea completamente estadounidense” (p. 30), dado que el país tenía “la descomunal cifra de 20 millones de adictos” (pp. 32-33).254 A continuación Orejuela procede a explicar cómo la guerra contra las drogas alimenta la hostilidad contra los colombianos (p. 49) y cómo en los Estados Unidos no se confiscan dineros y bienes a traficantes de otras nacionalidades (p. 50). Además, la CIA promueve el tráfico de drogas y la DEA tiene sus propios traficantes (p. 67). La única fuente de información sobre la adicción en los Estados Unidos usada por Orejuela es un informe inédito de la analista colombiana Carmenza Echeverri de Restrepo que afirma, entre otras cosas, que el narcotráfico es la principal industria en Miami, superando al turismo.255

Es interesante que el autor se base en un informe inédito y no haga referencia a las estimaciones oficiales de los Estados Unidos o las Naciones Unidas o a trabajos de investigadores y académicos estadounidenses.256 Según este informe, el negocio del narcotráfico involucra directa e indirectamente a veinte millones de personas en los Estados Unidos (pp. 85, 216), es decir, alrededor del trece o catorce por ciento de la fuerza laboral. El libro de Orejuela menciona otras cifras igualmente increíbles sin citar fuentes o citándolas erradamente. Por ejemplo: “La Junta de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Unidas, reconoció a principios de marzo de 1997, que en los Estados Unidos se consume el 90% de los estupefacientes químicos” (p. 88). Infortunadamente Orejuela no da una fuente para esa afirmación. El Informe Mundial de Drogas, publicado en ese año, afirma que el consumo de drogas sintéticas en los Estados Unidos es alto (UNDCP, 1997: 29-30), pero en ningún lugar presenta una estimación del porcentaje consumido en cada país.257 Las confiscaciones son un buen indicador del consumo de drogas. El informe de las Naciones Unidas sobre tendencias en drogas ilícitas de 1999 (UNODCCP, 1999: 133) muestra que durante el periodo 1990-1997 en los Estados Unidos se confiscó el 15,2 por ciento del total de anfetaminas y meta-anfetaminas confiscadas en el mundo.

El último informe anual de las Naciones Unidas sobre tendencias en las drogas (UNDCP, 2003: 141-161) tampoco tiene cifras que apoyen el aserto de Orejuela. En efecto, este informe muestra altas tasas de prevalencia de drogas sintéticas en Estados Unidos, Polonia, España, Irlanda, la Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Tailandia, las Filipinas, Nigeria, Ghana, Guatemala, Honduras y Panamá. Como evidencia de la laxitud estadounidense en el trato a los traficantes de ese país se cita que “la justicia norteamericana absolvió de catorce cargos de narcotráfico al alcalde del Distrito Capital, Marion Barry” (p. 91). La implicación de esta afirmación es que Barry era un traficante absuelto por tener una alta posición política. En realidad, Barry, un político muy hábil y bastante corrupto, era un mujeriego adicto a las drogas que cayó en una celada en un cuarto de hotel en el que lo filmaron fumando crack con una mujer señuelo. Barry pagó dos años de cárcel y su carrera política fue destruida, lo cual Orejuela no considera relevante mencionar.

Por otro lado, Orejuela no menciona en ningún lugar el gran número de presos por droga en los Estados Unidos (alrededor de 800.000 en 2003) puesto que en ese país no se busca combatir la droga. En fin, para Orejuela el problema de la droga en los Estados Unidos se reduce simplemente a que es un buen negocio que los gringos quieren monopolizar: “Para proteger sus intereses económicos el imperio acudió al discurso sancionario” y la “extradición tenía como centro juzgar por los tribunales del imperio a los traficantes colombianos que lesionaran la economía gringa” (p. 148).

El discurso de Orejuela es muy atractivo para muchos colombianos, quienes lo encuentran exculpatorio del desarrollo de la industria de drogas ilegales en Colombia y de las acciones de los narcotraficantes. De manera simétrica a la convicción estadounidense respecto al origen externo del “problema de las drogas”, este discurso sitúa en el extranjero la responsabilidad del desarrollo de la industria ilegal y del crimen organizado en Colombia.

Es interesante que la afirmación de que la economía de los Estados Unidos se beneficia del narcotráfico se tome sin beneficio de duda, como algo obvio. En efecto, dentro de la estructura de pensamiento prevaleciente en Colombia esto es obvio “porque si los gringos no se beneficiaran, ¿por qué mantendrían las políticas?”. En Colombia la escolástica ha influido de manera determinante la forma de pensar de muchos, tanto de la izquierda como de la derecha. Por eso, la gente confía mucho en su capacidad de deducción y tiende a rechazar la evidencia empírica como una conspiración en contra de la verdad ya probada.258 Esta desconfianza de las pruebas empíricas es una respuesta reflexiva de la mentalidad ladina que sabe que para sobrevivir es necesario mimetizar y mimetizarse. Por eso, es necesario rechazar el argumento del contrincante, que se supone está fingiendo, y buscar la realidad detrás de su mimetización (Yunis, 2003: capítulo 2).

Sin embargo, un simple análisis de cuentas nacionales indica que las políticas prohibicionistas estadounidenses encarecen las importaciones de drogas y, por consiguiente, disminuyen la demanda agregada. En el primer curso de economía se muestra que Y=C+I+G+X-M. Es decir, que el ingreso total de un país es igual al gasto en productos nacionales de consumo más el gasto en inversión nacional, más el gasto del gobierno, más el valor de las exportaciones, menos el de las importaciones. El prohibicionismo estadounidense aumenta M y disminuye Y, mientras que sus efectos sobre la economía colombiana son opuestos, es decir, aumentan el valor de las exportaciones que son las importaciones en los Estados Unidos y, por consiguiente, el ingreso.

Es importante enfatizar que el análisis anterior se basa en simple contabilidad nacional, no en ideología. Alguien podría argumentar que la elección de las categorías Y, C, G, X y M es ideológica. No hay duda de que la elaboración de teorías y modelos que usen dichas categorías tiene elementos ideológicos, pero mientras éstas se usen sólo para contabilizar, este ejercicio no es ideológico. Por ejemplo, en cualquier población hay mujeres, hombres, homosexuales, gordos, flacos, altos, bajos, etc. Estas categorías se pueden utilizar de muchas formas, dependiendo de la ideología de cada cual, pero no es posible afirmar que su contabilidad es ideológica en sí misma puesto que su número simplemente es.

Otra afirmación frecuente es que las “grandes ganancias del narcotráfico se quedan en los Estados Unidos”, lo cual implica una injusta repartición de las utilidades ilegales. Esta afirmación sugiere que los adictos son una especie de recurso natural que es explotado y que las ganancias obtenidas por los traficantes que les venden a los adictos son un incremento en el ingreso del país. Sin embargo, cuando alguien se vuelve adicto a las drogas, deja de consumir bienes legales y si su adicción le impide mantener un trabajo, deja de contribuir al ingreso nacional. En el mejor de los casos el consumo de drogas ilegales genera una transferencia de gasto del sector legal al ilegal y en el peor, esta transferencia lleva consigo una disminución del ingreso.259 No hay duda de que en la industria ilegal un porcentaje muy alto del valor agregado está conformado por utilidades, las cuales representan básicamente una remuneración al riesgo y que este porcentaje es mucho más alto que en las industrias legales, pero de ahí no se puede concluir que la economía estadounidense se beneficie con la actividad ilegal.

Si fuera cierto que la industria ilegal aumenta el ingreso nacional en los Estados Unidos estaríamos ante una teoría muy novedosa del “desarrollo económico a través de la ilegalidad”, que llevaría a recomendar en Colombia políticas semejantes que declararan ilegal la importación, producción, tráfico y consumo de otros productos adictivos u otros de demanda inelástica. De acuerdo con esta teoría, si se declarara ilegal el tabaco, se aumentaría el precio interno en Colombia y se “generarían grandes utilidades que se quedarían aquí y así se aumentaría el ingreso nacional”. Sin embargo, no creo que nadie en Colombia considere que esta afirmación sea válida, aunque muchos aceptan que el prohibicionismo estadounidense tiene como fin aumentar el ingreso en ese país.

La creencia en la existencia de grandes beneficios en las sociedades extranjeras consumidoras de cocaína y en los grandes costos sin beneficios para Colombia ha llevado a algunos académicos a solicitar compensación internacional. Fandiño y Machado (2002) han elaborado una ingeniosa propuesta para exigir una “tasa retributiva al consumo de drogas ilegales”. La justificación es bastante sencilla: “Lo cierto es que la existencia de una demanda ilegalizada de drogas ha terminado por descomponer la sociedad y las economías de las regiones vinculadas a su producción y comercialización” (2002: 6). “Los altos precios que se pagan por estas drogas son apropiados por los traficantes internacionales” (Ibid.: 7). Este trabajo supone, entre otras, varias “verdades”: primero, las políticas prohibicionistas han sido impuestas a Colombia y otros países andinos. Segundo, la estructura e instituciones de la sociedad colombiana, no han sido un imán para atraer la industria ilegal. Es decir, los colombianos no tienen ninguna responsabilidad puesto que la causalidad del fenómeno es totalmente externa. Tercero, los traficantes internacionales no son colombianos y los colombianos no buscaron beneficiarse del narcotráfico. Cuarto, el crecimiento de la oferta de drogas ilegales en Colombia ha sido generado por una demanda internacional que ya está dada, es decir, los colombianos no han hecho nada para buscar mercados y diversificar productos. Esto a pesar de que durante los últimos quince años la demanda de cocaína en los Estados Unidos no ha aumentado y posiblemente ha disminuido ligeramente, y pese a que la oferta mundial ha crecido de manera tal que los precios han caído sustancialmente durante los últimos veinticinco años. Quinto, Colombia y los colombianos no han recibido beneficios de la industria ilegal, sólo han tenido costos.

En conclusión, esta posición es bastante simple y se expresa con fuerza por el personaje novelesco “Comandante Paraíso”: “Yo creo que los gringos son unos explotadores de toda la vida, unos explotadores de los pobres de todo el mundo y si nos dieron papaya metiendo cocaína como locos y si les gusta el asunto, pues había que dárselas. Nosotros no estamos corrompiendo su juventud. Ellos están corrompidos hace rato” (Álvarez Gardeazábal, 2002: 322-323). Además, ¡como al final a los colombianos les salió el tiro por la culata, los gringos deben pagar! Esto equivale a decirle a los Estados Unidos: “Ustedes tienen unos narcotraficantes que explotan a nuestros traficantes que negocian muy mal con los suyos, por consiguiente, sus contribuyentes deben compensar al gobierno colombiano”. Estos argumentos pueden dar resultados políticos y pueden ser muy útiles para lograr aumentos en ayuda extranjera para “luchar contra las drogas”, pero no es posible argumentar que forman una posición rigurosa dentro de las ciencias sociales. Como casi siempre en política: ¡todo lo simple y sencillo es falso y casi todo lo complejo es inútil!

Los trabajos del Departamento Nacional de Planeación sobre los costos para el país atribuibles a la industria ilegal presentan también un análisis muy extraño. Pérez, Vergara y Lahuerta (2002) elaboraron una estimación de los costos generados por “el problema” de las drogas ilícitas en Colombia. En ese documento se sigue el enfoque utilizado por el Instituto Nacional del Abuso de Drogas de los Estados Unidos260 (NIDA, 1992: capítulo 3) que clasifica como “costos” todo el gasto del gobierno y del sector privado asociado de alguna forma a las drogas ilícitas, incluyendo una serie de “costos” indirectos que en realidad son efectos de las políticas contra las drogas, algunos de los cuales pueden ser benéficos. Este enfoque parece diseñado para maximizar el “costo” generado por las drogas y presenta deficiencias analíticas profundas.

Primero, la industria ilegal se concibe como algo que llega del cielo, sin que las políticas del gobierno o la estructura de la sociedad tengan nada que ver con ese desarrollo. En otras palabras, la industria ilegal es un factor exógeno que es la causa primaria de una serie de “costos”. Segundo, una serie de inversiones como los programas de desarrollo alternativo, el gasto en infraestructura física y social en las zonas de cultivos ilegales, incluidas educación y salud pública, y los programas de fortalecimiento jurídico se catalogan como “costos” atribuidos a las drogas. En otras palabras, si no fuera por las drogas el gobierno no invertiría en esas regiones y por eso esta inversión es un “costo” de las drogas, aunque garantizar derechos constitucionales a la educación y salud requiera muchos de esos gastos. Tercero, algunos efectos indirectos del uso de drogas como la expansión del sida se atribuyen sólo a la existencia de la demanda de drogas sin tener en cuenta los efectos de las políticas contra las drogas que no permiten distribuir jeringas y agujas para evitar el sida. Es decir, en la “guerra santa” o “cruzada” contra las drogas no es permitido usar políticas “inmorales” que disminuyan el daño. En este caso, si las políticas generan costos, estos se atribuyen a las drogas mismas porque las políticas represivas son necesarias para combatir la inmoralidad. Cuarto, algunos efectos del desarrollo de la industria ilegal se denominan también “costos”. Por ejemplo, el aumento en los precios de bienes y servicios en las zonas productoras (la famosa “enfermedad holandesa”) se trata como un “costo”. En otras palabras, el aumento en los salarios generados por una bonanza en una zona del país es un “costo” social, no un beneficio. Al final, se suman todos estos “costos” para así obtener una gran suma.

En este trabajo del DNP pareciera que la única justificación de la metodología utilizada es simplemente que es “internacional”, es decir, que fue utilizada por alguna burocracia, en este caso, la del gobierno de los Estados Unidos. La aceptación de una metodología “internacional” evade explicar por qué se definen como “costos” una serie de gastos y efectos que la teoría económica de sistemas de mercado, incluida su rama de la teoría neoliberal del bienestar, no considera como costos; simplemente se apela a una autoridad superior, la NIDA, cuyos trabajos tienen un sesgo político enorme. No sé si los autores del estudio se dan cuenta de que al aceptar esa metodología están aceptando implícitamente las políticas contra las drogas basadas en un enfoque de guerra santa hacia ellas.

Ejemplos respecto a las estimaciones de las Naciones Unidas

Todo el mundo “sabe” que el volumen total de ventas de drogas ilegales en el mundo es de US$500 mil millones (¿o será sólo de US$400 mil millones?). Estas cifras son utilizadas con mucha frecuencia en periódicos, revistas, discursos, etc. y son atribuibles a las Naciones Unidas, lo cual les da una gran autoridad. Estas cifras comparadas con las estimaciones de los ingresos colombianos por drogas ilegales entre US$1,5 y US$4 mil millones muestran que Colombia recibe no más del 1% del ingreso de las drogas ilegales en el mundo. El primer informe mundial de drogas de las Naciones Unidas publicado en 1997 afirma que “se han hecho muchas estimaciones del ingreso total de la industria de drogas ilícitas –la mayoría de las cuales están en el rango entre US$300 mil millones y US$500 mil millones–. Sin embargo, hay evidencia creciente de que la cifra verdadera está alrededor de los US$400 mil millones... lo que es equivalente a aproximadamente el ocho por ciento del valor del comercio internacional del mundo” (UNDCP, 1997a: 123-124).261

La historia de estas estimaciones es interesante y a la vez frustrante. Naylor (2002: 33) identifica el origen de la estimación de US$500 mil millones a finales de los años ochenta: “La cifra de US$500 mil millones fue resultado de una ‘investigación’ llevada a cabo por la agencia de las Naciones Unidas responsable de coordinar el asalto global al tráfico de drogas cuando su director necesitó desesperada y rápidamente una cifra antes de una conferencia de prensa”. Dicha cifra tuvo una amplia publicidad y creó la necesidad de justificarla por parte de la UNDCP.262

La sección de investigación de la UNDCP, hoy bajo la Oficina de Drogas y Crimen (ODC) es muy pequeña.263 Tiene un economista jefe, un economista con estudios de estadística y econometría, dos o tres profesionales más, un par de asistentes de investigación y una secretaria. La sección tiene a su cargo el banco de datos sobre todos los aspectos referentes a las drogas en el mundo, incluidas muchas legales, pero controladas, que caen bajo la supervisión de las Naciones Unidas. Además, la oficina tiene la obligación de producir un informe mundial de drogas cada dos años, un informe estadístico anual sobre tendencias globales de producción, tráfico y consumo de drogas ilegales, proporcionar información a la Comisión de Drogas Narcóticas y a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, dar insumos para otros documentos de la ODC y proporcionar información necesaria para los discursos, ponencias y otros documentos de la ODC. A pesar de la buena voluntad y el esfuerzo de sus profesionales, esta sección no tiene capacidad para elaborar estudios críticos y evaluar con detenimiento la calidad de la información que colecta y la mayor parte del tiempo, los profesionales están dedicados a “apagar incendios”. El informe mundial de drogas se publica contratando consultores que elaboran algunos capítulos y ensayos de apoyo.

La sección de investigación de la UNDCP revisó algunas cifras y concluyó que la suma de US$500 mil millones era exagerada y no debía ser utilizada en el informe mundial de drogas a ser publicado en 1997, en el cual se cita la cifra de US$400 mil millones y se hace referencia a otra publicación como fuente (UNDCP, 1997b). Éste es un ensayo de sesenta páginas en la serie de “estudios técnicos” de la UNDCP que cubre una amplia gama de temas que incluyen producción, consumo, confiscaciones y “las consecuencias sociales y económicas del abuso y tráfico de drogas”. Este ensayo hace referencia a varias fuentes, pero en realidad no tiene una metodología de la estimación ni críticas de las fuentes usadas. Es más un intento de sumar diversas estimaciones hechas con metodologías distintas para obtener una cifra, que un estudio crítico que permita obtener una estimación razonable. Intenté averiguar un poco más cómo se llegó a los US$400 mil millones y lo más que pude colegir fue que al revisar diversas estimaciones se había llegado a US$365 mil millones y que se optó por redondear ese número. Es imposible saber qué hubiera pasado si la cifra hubiera sido US$335 mil millones, ¿la hubieran redondeado a US$300 mil millones?264.

La afirmación de que el tráfico de drogas representa el ocho por ciento del comercio internacional del mundo es aún más incomprensible, pues es un intento craso de comparar manzanas con peras. Los US$400 mil millones citados son ventas al detal, cuyo valor es mucho más alto que el valor del comercio internacional de drogas ilegales. Tomando el caso de la cocaína, se puede decir que hipotéticamente, un kilo de cocaína en puerto colombiano puede costar unos US$1.500 (el equivalente al precio F.O.B. de los productos legales). El mismo kilo en puerto de importación, costaría entre US$15.000 y US$18.000 (el equivalente al precio C.I.F.). El kilo vendido al detal por gramos en Estados Unidos y Europa puede producir más de US$120.000. La pregunta es ¿cuál de estas cifras es comparable con el valor del comercio internacional mundial? Es claro que se debería usar la primera o la segunda, pero no la última como lo hizo la UNDCP.

Si se utiliza la cifra equivalente al valor C.I.F. se encontraría que el comercio mundial de drogas sería tal vez el 1% del comercio mundial, y si se usa el equivalente al valor F.O.B. la estimación sería alrededor de 0,1%. Aparentemente ninguna de estas cifras son útiles para mostrar que el “problema de las drogas es enorme”. Además, cualquier estimación seria tendría que analizar en detalle la diferencia entre el equivalente F.O.B. y el C.I.F. que en este caso es de aproximadamente 1.000% mientras que en los bienes comerciados legalmente es de 5% o menos. Otro punto para analizar es la diferencia en las rutas seguidas. En el comercio legal por lo general los bienes van directamente del país productor al país consumidor. En el ilegal hay frecuentemente varias escalas en países de tránsito, cada uno de los cuales captura un “impuesto de paso”. En otras palabras, el concepto de lo que está incluido en fletes y seguros (la I y la F en C.I.F.) en el comercio ilegal es muy distinto al del comercio legal.265

En 1999 y 2000 los países miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) le solicitaron la elaboración de estimaciones sobre el valor del mercado mundial de drogas ilegales. El GAFI contrató un reconocido economista experto en el tema, a quien se le dio acceso al banco de datos de la UNDCP y quien elaboró lo que posiblemente es el estudio más serio al respecto. Infortunadamente este trabajo concluyó que el valor total de ventas al detal probablemente estaba entre US$45 y US$280 mil millones, cifra que no fue satisfactoria para algunos países miembros por lo que el GAFI no publicó el estudio.266 El punto es simple: si todos sabemos que el “problema de las drogas” es muy grande, ¡no es aceptable que un académico venga a decirnos que no es tan grande!

Algunos hechos que es necesario aceptar

Para establecer cualquier diálogo constructivo es necesario aceptar algunos hechos sobre los cuales exista evidencia empírica incontrovertible. Los siguientes son sólo algunos ejemplos de dichos hechos:

¿Quiénes son prohibicionistas?

En Colombia se tiende a aceptar que el prohibicionismo ha sido promovido sólo por los Estados Unidos. Para bien o para mal, ese no ha sido el caso. Es cierto que los Estados Unidos han sido el principal promotor del prohibicionismo, sin embargo, la mayoría de los países y personas en el mundo son prohibicionistas. El campo prohibicionista incluye actualmente a los Estados Unidos, todos los países musulmanes, la India, la China,267 todos los países de la antigua Unión Soviética y de Europa Oriental, los países africanos268 y latinoamericanos y aun las FARC, el ELN y las AUC.269 En Colombia la actual administración Uribe es también extremadamente prohibicionista como lo demostró el intento de incluir la penalización de la dosis personal en el referendo de 2003.270 En Europa Occidental, Suecia también tiene una posición prohibicionista semejante a la de los Estados Unidos, aunque por razones diferentes.271 Actualmente ningún país aboga por la legalización, si por eso se entiende una amplia liberalización del mercado. En los países de la Europa Occidental hay grupos y gobiernos que buscan una flexibilización de las políticas que permita tratar a los adultos y traficantes de manera diferente a la prohibicionista represiva. Es decir, dar mayor participación a los médicos y farmaceutas en el manejo de los adictos, restar importancia a las sanciones criminales y enfatizar esfuerzos preventivos y de reducción de daño.

Colombia aprobó la Convención Única de las Naciones Unidas y los convenios anteriores dentro del marco de la Liga de Naciones sin presión de los Estados Unidos. En efecto, durante los años cuarenta en Colombia surgió un movimiento muy fuerte para prohibir el consumo de coca que se veía como un obstáculo a la modernización del país. Esto fue parte del esfuerzo “civilizador” que preocupó a la elite durante los primeros ciento cincuenta años de vida republicana.272

Además, la Convención Única de 1961, que es la base del prohibicionismo internacional, se formuló y aprobó en un momento en que el consumo de drogas ilícitas en los Estados Unidos estaba en sus niveles más bajos del siglo pasado. La Segunda Guerra Mundial y la guerra en Corea habían acabado con el consumo que existió durante los años treinta. No es posible afirmar que en ese momento en los Estados Unidos había intereses económicos significativos que se beneficiarían de la ilegalidad de las drogas. Por consiguiente, para aceptar que los Estados Unidos esperaban beneficiarse del desarrollo de una industria ilegal, es necesario aceptar que el gobierno estadounidense, en colaboración con su sector privado, pudo elaborar y ejecutar una conspiración aplicada durante más de cuarenta años.273

Independientemente del papel de los Estados Unidos, cualquier recomendación de política debe partir del reconocimiento de la amplia aceptación del prohibicionismo en el mundo. Es posible alegar que esta posición generalizada ha sido reforzada por propaganda que exagera los costos sociales del consumo de drogas y que, además, hoy existen grupos que se benefician de las políticas represivas como carceleros, burócratas que luchan contra las drogas, traficantes, policías y cocaleros. Sin embargo, no es posible empezar un debate partiendo de que el apoyo al prohibicionismo es fundamentalmente por motivos económicos.

El marco institucional internacional

Las políticas prohibicionistas actuales están inscritas dentro de la legislación que reglamenta las ciencias de la salud. Las leyes hacia las drogas ilegales hacen parte del conjunto de leyes que regulan la medicina y la farmacología. En efecto, la legislación sobre drogas que alteran la mente es parte de las leyes que dan a los médicos el monopolio para formular drogas y a organizaciones gubernamentales la supervisión profesional en aspectos relacionados con la salud.274 Quienes proponen la legalización (es decir, la liberalización del mercado) de la cocaína, la heroína y otras drogas casi nunca mencionan que para poner en práctica su recomendación es necesario cambiar las leyes que regulan la medicina, la enfermería, la farmacología y otras ciencias de la salud. Por más razonable que parezca a muchos, me atrevo a afirmar que no creo que durante mi vida se llegue a dar una situación en la que para comprar penicilina en una farmacia se requiera una prescripción médica, pero que ésta no sea necesaria para comprar cocaína o heroína. En otras palabras, la opción de liberar el mercado en forma total no es institucionalmente viable.

En el ámbito internacional estas políticas se enmarcan dentro de las convenciones internacionales de las Naciones Unidas. Cualquier cambio sustancial de política tiene que efectuarse dentro del marco de dichas convenciones. Es cierto que cualquier país puede retirarse de una convención o desconocerla, y Estados Unidos ha dado ejemplos recientes al respecto. Sin embargo, mientras el hegemón puede hacer eso con poco riesgo y costo,275 un país pequeño y débil no lo puede hacer sin esperar una reacción en su contra muy fuerte del hegemón.

La naturaleza multidisciplinaria del fenómeno, su gran complejidad e implicaciones

Es importante reconocer la naturaleza multidisciplinaria de la producción, tráfico y consumo de drogas. Esto tiene implicaciones muy importantes. Entre otras: primero, no hay nadie que tenga la preparación científica para analizar el problema de manera comprehensiva. Por consiguiente, cada análisis debe ser mesurado y poner continuamente en tela de juicio la aplicación generalizada de sus conclusiones y recomendaciones. Segundo, los analistas necesitan hacer un esfuerzo para entender las bases de las otras disciplinas. Por ejemplo, los científicos políticos deben hacer un esfuerzo para entender los fundamentos de la estadística analítica y de la economía de mercado y viceversa. Es decir, cada cual debe tratar de ponerse en los zapatos del otro. Tercero, la complejidad del fenómeno hace que muchas políticas inspiradas en argumentos parciales tengan efectos “no buscados” (Tullis, 1995). Estos efectos no son accidentales y pueden pronosticarse con buenos análisis multidisciplinarios. Cuarto, difícilmente la “solución” va a ser óptima desde el punto de vista de cualquier disciplina. Por eso, es necesario buscar soluciones que sean “second best” para cada disciplina. Por ejemplo, si la moral de los artífices de política requiere un mundo sin drogas o si los políticos insisten en que la erradicación forzosa no genere reacciones dentro del campesinado, no será posible llegar a una “solución”.

El consumo de drogas que alteran la mente existe y ha existido en todas las sociedades y cada una lo ha manejado de manera diferente

Las drogas que alteran la mente se han utilizado en todas las sociedades y en todos los tiempos. Sin embargo, su uso no es homogéneo y cada sociedad ha desarrollado sistemas que permiten su consumo restringido por instituciones y reglas de comportamiento social que buscan controlar los efectos negativos que puedan tener. La experiencia histórica muestra primero, que las lecciones de dichas experiencias deben ser aprendidas y aplicadas en la formulación de políticas; segundo, que no es conveniente tener las mismas reglas en todas las sociedades; tercero, que la búsqueda de metas extremas, tales como “un mundo sin drogas” o un mercado libre de las mismas, nunca ha llevado a situaciones viables en ninguna sociedad. Por consiguiente, es importante buscar mecanismos para generar políticas adecuadas a cada entorno social. Esto presenta un problema sustantivo puesto que las convenciones de las Naciones Unidas imponen unos estándares represivos mínimos aplicables en todos los países. Además, el hegemón busca imponer una solución extrema en todo el mundo, la cual no es viable.

Hay que revisar las posiciones y aprender continuamente

Las razones y hechos mencionados hacen que nadie pueda pintar el cuadro completo; es decir, cada estudioso podrá elaborar solamente un cuadro parcial de la temática de las drogas ilegales. Por eso, el proceso de estudiar el tema de las drogas que alteran la mente es un aprendizaje continuo en el que es necesario revaluar posiciones día tras día a medida que se aprende sobre otras disciplinas y que aumenta la evidencia empírica verificable.276

¿Cuál es la propuesta antiprohibicionista europea actual?

Es importante entender qué buscan los grupos que hoy pretenden modificar las políticas contra las drogas. La experiencia europea del siglo XX les hizo desarrollar una tolerancia de la diversidad en el comportamiento humano mucho mayor que la de los Estados Unidos. Esto los ha llevado a buscar como meta lo que es viable, no lo que es óptimo o bueno.277 Durante los últimos años algunas organizaciones de la sociedad civil y gobiernos europeos han buscado promover políticas diferentes a las prohibicionistas represivas. Los cambios propuestos tratan de disminuir el daño asociado a la producción, tráfico y consumo de las drogas ilegales. En algunos países se ha experimentado con programas que proporcionan agujas y jeringas limpias a los adictos; que han buscado dar a la marihuana un tratamiento diferente al de otras drogas “duras”, lo cual es difícil de justificar dado que las convenciones de las Naciones Unidas no permiten tal distinción; que han creado “cuartos de inyección”, donde no se proporcionan drogas, pero sí agujas y jeringas y un lugar digno para que el adicto se inyecte. Otros cambios buscados tienen que ver con las sanciones de los culpables de crímenes no violentos asociados con las drogas, en especial los de pequeño monto. Finalmente, otro cambio importante es el establecimiento de programas de mantenimiento de la adicción por medio de una distribución de heroína supervisada por los médicos. Estos programas ofrecen tratamiento voluntario y permiten a los adictos mantener un trabajo y tener una vida social razonable.278

El debate potencial es entre estos grupos y países que buscan desatanizar las drogas y los grupos y países prohibicionistas que buscan reforzar la penalización del uso, tráfico y producción de drogas a cualquier costo. Estos se oponen al cambio, pues lo ven como una “pendiente resbaladiza” en la cual se empieza con cambios marginales y se termina en la total liberalización de las drogas. Por eso, para estos no puede existir una solución intermedia pues ésta se concibe solamente como un paso hacia un extremo. Sin embargo, es necesario enfatizar que ningún país europeo “liberalizador” promueve ni desea tener un mercado libre de drogas. En otras palabras, el debate que se empieza a gestar es sobre cambios relativamente menores que permitan flexibilizar un poco las políticas para disminuir su daño. Es necesario resaltar que en el debate actual sobre posibles cambios en las políticas hacia el consumo no existe ningún grupo que proponga un mercado libre, legal de cocaína, heroína y otras drogas.

Hay antiprohibicionistas que están experimentando con la distribución médicamente supervisada de drogas a los adictos. Sin embargo, estos experimentos se han limitado a opiáceos y no incluyen la cocaína. Los opiáceos son narcóticos y la relación entre aquéllos y la violencia surge de la necesidad de ingreso que tienen los adictos, pero no del consumo de las drogas. La cocaína y el crack son estimulantes cuyo consumo puede generar comportamientos violentos. En los experimentos actuales no se distribuye cocaína o crack porque eso colocaría a quienes la dieran en una situación de responsabilidad legal por la violencia generada por el usuario bajo la influencia de la droga.

Dentro de este marco es importante enfatizar que las tensiones entre algunos países europeos y los Estados Unidos reflejan el conflicto entre el puritanismo estadounidense y el pragmatismo europeo ya mencionado y que de ninguna manera conduciría a la “legalización” de los cultivos y la industria ilegal. Desde el punto de vista de los países andinos, el cambio más radical que es posible imaginar (y eso teniendo mucha imaginación) consistiría en establecer un sistema por el cual los gobiernos andinos proporcionaran cocaína y heroína a los gobiernos de países con programas de mantenimiento de adictos para que las drogas sean distribuidas y controladas por medio de los sistemas de salud. Sin embargo, una política de esta naturaleza disminuiría, pero no eliminaría las ganancias ilegales ni el mercado negro, aunque la experiencia estadounidense con el alcohol sugiere que dicho mercado podría ser pequeño y que la demanda posiblemente no aumentaría sustancialmente (Gray, 2000: capítulo 11).

¿Cómo avanzar el diálogo?

Para empezar, es necesario reconocer que no es posible avanzar desde posiciones que no pueden ser refutadas con pruebas empíricas. Por eso, no es posible tener un diálogo fructífero con los prohibicionistas extremos o los legalizadores marxistas, dependentistas o libertarios. Todos ellos ya saben qué es lo que se debe hacer. Así, el debate puede darse solamente entre quienes están en el medio. Además, ese debate es mucho más importante para unos países que para otros y toma formas diferentes en cada uno de ellos. En los Estados Unidos el debate avanza en la academia, pero no dentro del gobierno porque ahí no es necesario dado que en el gobierno se juntan quienes tienen posiciones ideológicas extremas.279 La asimetría de poder existente en el mundo le permite a los Estados Unidos seguir tratando de imponer políticas represivas inspiradas en su puritanismo. Por otro lado, la existencia de un debate amplio es mucho más importante para Colombia y los demás países andinos. Estos no pueden darse el lujo de tener un discurso basado en ideologías que satanicen a los Estados Unidos o al capitalismo. No se trata de defender a ultranza el capitalismo, pero su satanización sólo lleva a que los artífices de política estadounidense se atrincheren en sus posiciones y refuercen el prohibicionismo.280

Para avanzar en el debate es conveniente buscar puntos debatibles. No parece útil empezar discutiendo las grandes “verdades”, aunque éstas se basen en convicciones muy fuertes. Por ejemplo, no es conveniente empezar un debate aceptando de entrada que los Estados Unidos se enriquecen con la droga, o que la economía colombiana depende de ella.

Parece más útil empezar haciendo preguntas más puntuales. Por ejemplo, ¿Cómo es que el consumo de marihuana lleva al consumo de drogas más duras? ¿Será porque genera reacciones en el cuerpo que instan a la persona a consumir cocaína o heroína? ¿Es porque hay personalidades que bajo ciertas condiciones buscan experiencias que alteren la mente? Respuestas a preguntas de este tipo llevan a desechar algunas hipótesis sobre el consumo y fuerzan a los involucrados a preguntarse, ¿por qué consume la gente?

Con respecto a la producción y tráfico, no es posible empezar desde una posición que supone que Colombia tiene grandes costos debido a las drogas, pero que no tiene o ha tenido beneficios. Cualquier análisis riguroso debe reconocer la existencia de costos y beneficios, estudiar su distribución y su dinámica. Hay que reconocer que por mucho tiempo la sociedad colombiana aceptó al narcotráfico y que muchos se beneficiaron de él. Tampoco es posible empezar afirmando que los problemas de Colombia se deben a las drogas ilegales sin explicar por qué la industria ilegal se concentró en Colombia. Además, la explicación dada debe cotejarse con la evidencia empírica para eliminar o confirmar otras hipótesis posibles.

Cualquier discusión sobre liberalización del mercado debe empezar con preguntas tales como: ¿debe tenerse la misma política para marihuana, cocaína, anfetaminas y otras drogas? ¿Qué se ha aprendido de la experiencia con las drogas legales como el alcohol, el valium, el tabaco y otras? ¿Cuál ha sido la experiencia con diversos tipos de tratamiento? ¿Estas experiencias se pueden transferir entre culturas, o los resultados son específicos a cada cultura?

Respecto a los costos asociados a las drogas, es necesario separar y estimar los costos del consumo, tráfico y producción en sí mismos de los costos generados por las políticas. Toda política genera costos y beneficios los cuales están distribuidos de manera específica entre beneficiarios y perjudicados. Las posiciones extremas estadounidenses (aplicadas por el Departamento Nacional de Planeación) no conciben posible esta diferencia y atribuyen todos los costos al consumo, tráfico y producción de drogas. Las posiciones de los dependentistas latinoamericanos tampoco permiten este análisis.

Las anteriores son sólo algunas preguntas posibles que podrían hacerse para avanzar el debate. Estas preguntas permiten el diálogo fructífero con los grupos de académicos y estudiosos estadounidenses y europeos que buscan modificar las políticas contra las drogas para hacerlas socialmente menos costosas. En el largo plazo, un discurso de enfrentamiento con quienes promueven políticas prohibicionistas represivas no ofrece ninguna esperanza de modificar políticas ni de disminuir sus costos en Colombia. Sólo un diálogo en que se reconozcan las causas y consecuencias de la producción, tráfico y consumo de drogas que alteren la mente, verificadas empíricamente, permitirá formular políticas razonables. Éste será un proceso largo en el que todo participante debe aceptar que puede aprender, pero que será inútil para quienes están seguros de que sus convicciones son válidas.

Antes de poder establecer un diálogo y responder las preguntas anteriores y otras como esas, es posible que sea necesario ir aún más atrás y empezar discutiendo elementos metodológicos fundamentales como ¿qué es una prueba?

Y, ¿qué es conocimiento? En otras palabras, es posible que sea necesario identificar las diferencias fundamentales sobre la forma en que cada cual percibe el mundo para poder avanzar en la búsqueda de un consenso sobre las drogas. Ésta no es una conclusión optimista o satisfactoria para muchos, pero continuar el diálogo de sordos de los últimos treinta años puede ser mucho peor para todos.

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Panel 5

Las organizaciones del narcotráfico y las dinámicas internacionales

El último capítulo hace una mirada a las organizaciones del narcotráfico, cuyo accionar desborda por completo las fronteras nacionales, involucra a los demás países de la región y del mundo; explora la manera como se han articulado con la economía global y las políticas de carácter internacional que se definen en torno al narcotráfico.

Las organizaciones del narcotráfico y las dinámicas internacionales

Diana Marcela Rojas / Moderadora

En este panel se abordó, desde distintas perspectivas, un aspecto insoslayable del fenómeno del narcotráfico: la dimensión internacional. Allí encontramos una rica variedad de posiciones que nos muestra de qué manera el tráfico de drogas en Colombia alimenta y es retroalimentado por dinámicas de carácter internacional; esta dimensión para el caso colombiano exige un análisis detallado.

A primera vista el carácter internacional, y más allá, transnacional, del narcotráfico parece evidente. Sin embargo, en buena parte de la literatura colombiana dedicada al tema esta condición no ha sido suficientemente explorada. En buena medida, el análisis de las dimensiones internacionales se ha concentrado en la relación con los Estados Unidos y su política antinarcóticos; siguen haciendo falta trabajos elaborados desde una perspectiva regional que presenten una visión comparada del desarrollo de las organizaciones criminales en los países afectados por el fenómeno. Igualmente, queda mucho por analizar sobre los impactos de los distintos aspectos de la globalización en el negocio; tanto en relación con los cambios en los tamaños de los mercados ilícitos y sus interconexiones, y los vínculos con otro tipo de mercados ilegales, como en las transformaciones de los estados y las dinámicas de los conflictos internos en diversas partes del mundo.

Los análisis en tales tópicos nos muestran con claridad que el narcotráfico es un fenómeno transnacional por esencia y ello lo distingue de fenómenos que se desarrollan enteramente en los confines de las fronteras nacionales. El narcotráfico desafía la capacidad de los estados, hasta los más poderosos, para controlarlo, poniendo de presente la pérdida de soberanía que el proceso de globalización implica. El narcotráfico evidencia no sólo los alcances de la progresiva conformación de un mercado mundial sino que, así mismo, ocupa un lugar central en la agenda de seguridad global que se ha ido conformando en los últimos años.

El profesor Eduardo Sáenz presenta algunos resultados parciales de la investigación que adelanta sobre el tema La historia del narcotráfico en América Latina: de los años 20 a los años 70. Esta ponencia se concentra en analizar el papel que jugó Cuba en el desarrollo del narcotráfico entre los años veinte y los cincuenta. A través de un relato histórico detallado, el autor desvirtúa varias de las ideas preconcebidas sobre el surgimiento y desarrollo del narcotráfico y del juego en la Cuba anterior a la Revolución. Uno de esos mitos, alimentados por el régimen revolucionario, sostiene que fueron las mafias norteamericanas las que convirtieron a la isla caribeña en un paraíso del juego y de las drogas. Al revisar los hechos de cerca, el profesor Sáenz encuentra que el narcotráfico se desarrolla de tiempo atrás aprovechando las condiciones geográficas, sociales y políticas que hacen de Cuba un cruce de caminos, un puerto muy activo y un lugar de sucesivas y variadas olas migratorias; serán todas estas condiciones las que confluyan para dar lugar al fenómeno del narcotráfico de manera temprana en América Latina.

A su vez, el seguimiento de las rutas de tráfico de los cubanos lleva al autor a establecer los inicios del mercado ilícito en Perú y Bolivia, hasta llegar a Colombia. Aquí establece cómo desde 1948 se conforma una conexión Medellín-Cuba-Estados Unidos; de este modo, refuta las afirmaciones de Mary Roldán, ampliamente aceptadas en los medios académicos del país, según las cuales el narcotráfico “hizo su aparición formal por primera vez en Colombia en 1972”. En su trabajo, el profesor Sáenz demuestra cómo el fenómeno del narcotráfico no surge sólo en relación con la demanda y los costos de oportunidad sino también con la capacidad empresarial de gerenciar la oferta y consolidar nuevos mercados. Sostiene que, para que este tipo de actividad ilícita surja en alguna parte, tienen que darse una serie de condiciones sociales, políticas, económicas así como una serie de habilidades, de conocimientos y de acumulación de capital.

Como vemos, la representación histórica nos permite relativizar y poner en perspectiva nuestra comprensión del tema y, así mismo, formularnos preguntas que abren otras rutas en la investigación. Por ejemplo, si de acuerdo con los planteamientos del profesor Sáenz, son las condiciones antes señaladas las que explican el surgimiento del narcotráfico en Colombia, ¿son ellas mismas las que dan cuenta de su permanencia? Y, si éste es el caso, ¿no deberían ser tales condiciones las que tendrían que ser atacadas en una estrategia coherente y eficaz de lucha contra las drogas?

La ponencia elaborada en conjunto con el profesor Atehortúa es un esfuerzo por caracterizar la estructura de las organizaciones colombianas del narcotráfico en las últimas décadas. Ello con el objetivo de mostrar cómo dichas organizaciones han evolucionado en un interesante y complejo proceso de adaptación tanto a las condiciones del mercado como, sobre todo, a los desafíos que las políticas antinarcóticos les han planteado.

Para el análisis de la estructura organizativa de los grupos criminales dedicados al tráfico se hacen, en primera instancia, algunas precisiones sobre el concepto de “cartel”, puesto que ha existido la tendencia a ubicar de manera general y abstracta a todos los agentes dedicados al tráfico bajo esta denominación. A renglón seguido se establecen dos grandes etapas sucesivas en la evolución de los narcotraficantes: una primera etapa, la cual podría denominarse como la “era de los carteles”, es dominada inicialmente por el Cartel de Medellín y, después, por el Cartel de Cali; y una segunda etapa que podría identificarse como la “era de las redes”; allí se ubicaría inicialmente una versión más pequeña, transitoria y flexible de los carteles, representada en el Cartel del Norte del Valle, así como, luego, una generación más reciente de narcotraficantes que no parece contar con una estructura organizativa permanente y que se caracteriza por su fragmentación y extrema flexibilidad. En cada una de estas etapas se analizan variables tales como el origen social y el nivel de educación de los grandes capos, las relaciones con el mundo político, las diferencias organizativas e ideológicas entre los carteles, los procesos de aprendizaje y la capacidad de adaptación de los agentes. En los cambios que se evidencian entre los grupos de narcotraficantes el impacto del proceso de globalización ha jugado un papel muy importante tanto en relación con la intensificación de los flujos comerciales, lícitos e ilícitos, como en lo que tiene que ver con el funcionamiento empresarial en redes.

Este trabajo evidencia que el ritmo de cambio y de adaptación de las organizaciones del narcotráfico no es el mismo que el seguido por las políticas antidrogas durante las últimas décadas. Mientras las primeras son muy sensibles tanto a las señales del mercado como a las medidas represivas logrando, en un sorprendente despliegue de ingenio e imaginación, encontrar formas de eludirlas o contrarrestarlas, la estrategia antinarcóticos dirigida desde Estados Unidos se mantiene en cambio sin grandes modificaciones y, en realidad, sin resultados contundentes.

Para análisis futuros sería interesante poder comparar los elementos presentados en este trabajo con análisis sobre grupos de narcotraficantes en otras latitudes, así como poder establecer qué tipo de nexos se han dado entre ellos y los grupos colombianos; esto con el fin de caracterizar estas redes ilícitas de vocación global y entender su funcionamiento actual a nivel planetario.

La ponencia Las políticas antidrogas y la situación de las fronteras, presentada por el profesor Soberón, adopta un enfoque regional en el análisis de las aplicaciones y resultados de la política antidrogas. Allí se señala cómo la regionalización de la estrategia antinarcóticos norteamericana plantea un problema de seguridad nacional para los países andinos, en particular con el llamado Plan Colombia y la posterior Iniciativa Regional Andina. La amenaza planteada por el narcotráfico en estos países afecta de manera más directa a las zonas de frontera, las cuales, además de constituirse en las zonas de cultivo como en el caso de los departamentos del sur colombiano, se han vuelto los corredores por donde la materia prima, los precursores químicos, la droga procesada, el dinero y las armas circulan por la región. El autor señala cómo la geopolítica del narcotráfico que clasificaba a los países de acuerdo con una división del trabajo más o menos clara en el negocio ilícito hoy ya no resulta válida. Actualmente existe, por ejemplo, un aumento sustancial del consumo de cocaína en Brasil, al punto de poder desplazar en poco tiempo a Estados Unidos como primer país consumidor del mundo.

Como lo han recalcado de tiempo atrás varios autores, las políticas antinarcóticos agudizan la situación de inseguridad en la región y no muestran resultados contundentes en el combate al narcotráfico. En vez de ello, la continuación de este tipo de políticas pone en cuestión la permanencia y la estabilidad de las democracias andinas.

Ante tal diagnóstico, el profesor Soberón propone un ambicioso plan de nueve puntos que, si bien puede parecer maximalista por no decir utópico dadas las circunstancias actuales, muestra hasta qué punto la solución al problema del narcotráfico en la región andina implica un cambio profundo tanto en la percepción del problema mismo de las drogas ilegales como en las relaciones de la región con Estados Unidos.

El último trabajo presentado en el panel correspondió a la ponencia del profesor César Torres: Narcotráfico y seguridad nacional: ¿nueva o vieja intervención? En ella se muestra cómo el narcotráfico vino a ocupar el lugar que décadas atrás ocupó primero el fascismo y luego el comunismo en tanto principal amenaza a la seguridad hemisférica. Para el caso de Colombia, a esa amenaza se suman hoy la lucha contrainsurgente y el combate al terrorismo internacional en una particular alquimia plasmada en el Plan Colombia.

Continuando con los planteamientos de una corriente de análisis del tema de la seguridad en relación con el narcotráfico, el profesor Torres ve en el tráfico ilícito de drogas un mecanismo a través del cual Estados Unidos justifica su intervención en el continente americano. Sin desconocer el cálculo estratégico norteamericano ni su interés por mantener un control hegemónico en el hemisferio, tal interpretación refuerza una visión excesivamente voluntarista en el manejo de la política exterior norteamericana; así mismo, deja con muy poca capacidad de maniobra a los gobiernos de la región para defender sus propios intereses nacionales. En esta visión se olvida que, por ejemplo, las elites de los propios países andinos han respaldado y acogido, en varias ocasiones, de manera oportunista, tanto el diagnóstico como las políticas antinarcóticos de Washington. Tampoco se puede desconocer que para los propios países andinos el narcotráfico representa una amenaza a la estabilidad y la seguridad tanto nacionales como regionales y, en ese sentido, combatirlo no sólo responde a los imperativos e intereses norteamericanos, sino también a las propias demandas nacionales.

A su vez, el profesor Torres afirma que todo el esquema de seguridad nacional desarrollado por Estados Unidos durante la Guerra Fría para enfrentar el comunismo fue vertido, casi de manera automática, en la guerra contra el tráfico de drogas. Una afirmación que a nuestro juicio simplifica la reconversión de la agenda de seguridad hemisférica durante los años noventa. Allí, por ejemplo, no se toma en cuenta la manera como las coyunturas domésticas hicieron, unas veces favorables y otras poco propicias, las iniciativas y las demandas de Washington en materia antinarcóticos, ni la puja por recursos y beneficios a los países productores a cambio de la aplicación de las políticas represivas. Se desconoce también la manera ambigua y poco efectiva como se ha definido el rol de las fuerzas armadas colombianas en la lucha contra el narcotráfico, lo cual contrasta con el papel claramente definido de los militares en la doctrina de Seguridad Nacional durante la Guerra Fría.

Además, es preciso señalar que el eslabonamiento entre la lucha antinarcóticos y la lucha contrainsurgente como parte de la estrategia formulada desde Washington ante la agudización del conflicto en Colombia es relativamente reciente y se cristaliza apenas con el Plan Colombia. Se trata de un importante giro en la estrategia que no puede reducirse simplemente a la “continuación de la intervención norteamericana en el país”.

Es indudable que desde la década de los noventa la naturaleza del conflicto en Colombia se ha transformado, haciéndolo más complejo y provocando unos niveles de internacionalización sin precedentes de la crisis colombiana. La visibilidad, el interés y la creciente preocupación que se han presentado en diversos escenarios internacionales ponen de presente la necesidad de revisar el concepto de “intervencionismo” en el análisis del papel que están jugando los distintos actores internacionales frente a la guerra en Colombia.

Sin duda el narcotráfico es un componente esencial de la dinámica del conflicto armado en el país; no es posible pensar en la solución de uno sin resolver el otro, y es allí en dónde, cada vez más, la llamada “comunidad internacional” se torna insoslayable.

Contrabando, narcotráfico y juego en Cuba, de los años veinte a los años cincuenta. Un estudio preliminar

Eduardo Sáenz Rovner

Havana is rather a smoldering volcano of life, of Kaffir politics, of race and class struggles: it is brutal, realistic, palpitating with a vitality as few cities in Latin America –the new, violent stridency of a culture and way of life unfulfilled, its contours still undetermined.

Carleton Beals, The Crime of Cuba (1933)

La dinámica economía de Cuba tuvo una gran integración a las corrientes migratorias y al comercio internacional durante las primeras décadas del siglo XX. El desarrollo de las comunicaciones tanto marítimas como aéreas contribuyó al contrabando y al narcotráfico. Los grupos de narcotraficantes eran locales, compuestos primero por inmigrantes radicados en Cuba, y eventualmente por cubanos. Estos desarrollaron redes con Europa, el Medio Oriente, Sudamérica y Estados Unidos. Cuba, por tanto, no fue una simple “víctima”,281 sino que jugó un papel muy activo en el narcotráfico. De otra parte, la isla tenía una herencia de contrabando, un sistema ineficiente de justicia y una corrupción rampante y generalizada. Las personas condenadas por tráfico y consumo de drogas eran pobres, pequeños traficantes o consumidores, por lo general de marihuana, o inmigrantes chinos acusados por fumar opio. Los traficantes más importantes de cocaína y morfina escapaban de la justicia y si eran capturados –muchas veces gracias a la presión norteamericana– salían bajo fianza.

. . . . .

Durante la prohibición del alcohol de los años veinte en los Estados Unidos, las embarcaciones llevaban grandes cantidades de licor de contrabando desde Cuba hacia Norteamérica. El contrabando era principalmente de rones aunque también incluía vinos y otros licores. Había capitanes de barcos y tripulaciones norteamericanas, pero también había cubanos y marinos de otras nacionalidades, como británicos y españoles. El modo de operación de estos contrabandistas era cargar legalmente con licor en Cuba (por lo general desde La Habana) y presentar un manifiesto en el que declaraban como puntos de destino puertos casi siempre en Honduras, pero también en Belice, Guatemala, las Bahamas y México, para en realidad dirigirse finalmente a la Florida, Luisiana, Georgia o Nueva York. La mayoría de las embarcaciones eran de bandera norteamericana, británica, cubana u hondureña; las naves que portaban esta última nacionalidad pertenecían en realidad a los otros países y aparecían matriculadas en Honduras para pretender una coartada supuestamente más sólida. Cuando se les hacía un seguimiento, los capitanes de los barcos recurrían a las mismas excusas, habían perdido sus manifiestos o estaban navegando a la deriva debido al mal tiempo o a daños en sus embarcaciones. Los contactos en La Habana eran cubanos y norteamericanos, quienes operaban a través de empresas comerciales legales e incluso como agentes de aduana.282

Las rutas de contrabando entre Cuba y los Estados Unidos eran utilizadas para el comercio ilegal de otros productos como cargamentos de frutas cubanas llevadas a la Florida, y cigarrillos norteamericanos introducidos a la isla.283 Además, el tráfico de narcóticos desde Cuba hacia los Estados Unidos corría paralelo al de licores.284

Las actividades de contrabando entre Norteamérica y Cuba se remontaban al siglo XVIII, si no antes.285 El historiador Manuel Moreno Fraginals señala cómo el contrabando no tenía para muchos “una connotación delictiva”; de hecho, varias ciudades debieron su prosperidad durante la colonia al contrabando.286

En una comunicación de mediados de diciembre de 1924, la representación diplomática norteamericana en Cuba informó que “La Habana se ha convertido en la base principal para operaciones de contrabando […] Cuba no es solamente la base para el contrabando de licores sino también para el contrabando de narcóticos e inmigrantes ilegales”.287 El contrabando de inmigrantes ilegales entre Cuba y los Estados Unidos era principalmente de chinos,288 aunque también se reportaron numerosos casos de contrabando de inmigrantes de diversas nacionalidades, desde españoles hasta griegos y armenios, que se hacía en las mismas embarcaciones en las que tenía lugar el contrabando de licores.289

Cuba se pobló con diferentes olas migratorias. Esto reflejaba la composición étnica de Cuba en las primeras décadas del siglo XX. Más de medio millón de españoles, principalmente gallegos, asturianos y canarios, constituían el 16% de la población de Cuba hacia finales de los años veinte; además, había numerosos residentes de origen chino, jamaiquino, haitiano, árabe, norteamericano y europeo.290 Muchos inmigrantes españoles prosperaron y se calculó que para 1932, casi 43.000 negocios en Cuba estaban en manos de españoles en diferentes ramos del comercio, los servicios y la industria.291 Pero por encima de todo, los españoles dominaban el comercio.292

Las drogas ilegales venían inicialmente de Europa. Por ejemplo, se reportó que dos barcos de la Compañía Transatlántica Española llevaban narcóticos.293 Los barcos de la compañía habían trasladado inmigrantes españoles durante años en rutas que cubrían diferentes puertos españoles antes de arribar al Nuevo Mundo.294 Los narcóticos provenientes de Europa eran traídos también en buques alemanes e italianos. Estos narcóticos provenían de Marsella, principalmente, y de Hamburgo.295

El opio se llevaba a Cuba para el consumo de los chinos que vivían en La Habana.296 Con la migración masiva de chinos a diferentes partes del mundo, muchos emigrantes, por lo general solteros, pobres y solitarios, llevaron el hábito de fumar opio a las tierras donde se establecieron.297

Cuba fue el principal país latinoamericano receptor de inmigrantes chinos. Entre 1847 y 1874 entraron bien por encima de 100.000 culis (trabajadores con contratos de servidumbre) chinos a la isla.298 Los chinos fueron llevados para resolver un problema de oferta de mano de obra en las haciendas azucareras.299 En una segunda oleada migratoria, esta vez de personas libres, entre 1903 y 1929 llegaron alrededor de 20.000 chinos a Cuba.300 Y aunque los inmigrantes chinos se encontraban por toda la isla, La Habana se constituyó en su principal concentración urbana en las Américas después de San Francisco y Nueva York. El “Barrio de los Chinos”, la versión habanera de Chinatown, creció y se consolidó como punto de reunión de los asiáticos, aunque muchos de estos habitaban y tenían sus negocios en diferentes puntos de la ciudad.301 Los chinos en Cuba dominaron la distribución minorista de frutas y verduras, lo mismo que en otros negocios pequeños como la venta de comida y las lavanderías, desde finales del siglo XIX y durante el siglo XX.302

Las estadísticas oficiales muestran que un alto número de los arrestos por consumo de drogas en las primeras décadas del siglo se hacían entre las personas de origen chino.303 Los reportes de la policía señalaban que “los fumadores y viciosos del opio son casi todos chinos”,304 y que de los 2.255 adictos por drogas ingresados al Lazareto de El Mariel hasta 1936, la mitad eran chinos.305

Así como se usaba el opio entre los chinos, se consumía cocaína entre grupos pudientes de personas blancas.306 En cuanto a la marihuana, aunque se reconocía que se había expandido a diferentes clases, se subrayaba la importancia de su consumo entre “malvivientes de color... procedentes de los bajos fondos sociales”.307

Hasta la década de los años 30 la marihuana no se había considerado un problema de salud pública en los Estados Unidos. Hasta entonces se percibía como un vicio de grupos étnicos minoritarios, bohemios, músicos de jazz, marinos y otros elementos marginales en la sociedad.308 Cuando se empezó a reportar que jóvenes anglos estaban consumiendo la yerba, comenzó una presión por parte de grupos de educadores y comunidades religiosas para ilegalizarla. El mismo Buró Federal de Narcóticos estaba detrás de los esfuerzos para criminalizar la marihuana, anunciándola como una droga que inducía a la violencia entre los que la fumaban. Todas estas presiones tuvieron éxito cuando el presidente Franklin D. Roosevelt sancionó la Marihuana Tax Act en agosto de 1937.309

Curiosamente, y debido quizás a la legislación reciente y a las fuertes campañas contra la marihuana en los Estados Unidos, en Cuba se calificaban sus efectos en peores términos que los efectos de otras drogas.310 “El más maldito de los vicios”, lo llamó un autor, para quien los consumidores de marihuana “sufren delirios furiosos [y cometen] no sólo gran número de los delitos sexuales más atroces, sino los más violentos y feroces crímenes”.311 Para otro, “la maldita yerba” con la que “se embriaga sobre todo la juventud” era “una desgracia en nuestro país”; la marihuana era uno de los principales vicios del país, en compañía del alcohol, la homosexualidad y “los placeres solitarios”.312

Un buen ejemplo de un inmigrante español que prosperó gracias al tráfico de drogas fue José Antonio Fernández y Fernández.313 Fernández, nacido hacia 1900, llegó a Cuba a los veinte años de edad. A pesar de ser asturiano se le conocía como ‘el gallego’ Fernández. Recién llegado trabajó como cantinero y un par de años más tarde compró un restaurante cerca a los muelles en La Habana. En este establecimiento se hizo amigo de marinos españoles de los barcos que traían narcóticos desde Barcelona y se convirtió en distribuidor de las drogas traídas por estos marinos. En 1927 vendió el restaurante y viajó a Estados Unidos y a varios países latinoamericanos en los que estableció contactos con miembros del bajo mundo. Fue arrestado a finales de ese año cuando regresó a La Habana y los agentes de aduanas le descubrieron varias botellas de cocaína escondidas entre sus ropas; pagó una fianza y salió libre.

Con el comienzo de la Guerra Civil Española el tráfico de barcos españoles se volvió irregular. Fernández realizó entonces contactos con marinos de los barcos Istria y Aras de la Compania Italiana di Navigaciones. Estos barcos hacían paradas en Vigo y Cádiz, puertos que ya estaban en manos de las tropas franquistas, y recogían narcóticos.

En octubre de 1936, Ernesto Álvarez Digat, un farmaceuta de La Habana, aceptó procesar heroína del opio que le entregó Fernández. Los paquetes de opio provistos por Fernández traían la marca alemana Merck. Álvarez alcanzó a procesar cinco kilos de heroína antes de ser arrestado y condenado a un año de prisión en 1938. Fernández también fue arrestado, pero se le dejó libre por supuesta falta de evidencia.

El 24 de abril de 1940 los detectives se presentaron con una orden de cateo, revisaron su vivienda y encontraron siete libras de cocaína y ocho libras de morfina. Fernández era un distribuidor muy importante con conexiones con varios farmaceutas locales; cuando se le incautaron las drogas se notó en La Habana una crisis entre los drogadictos al aumentar considerablemente la solicitud de estos de ser internados en el Lazareto de El Mariel por no poder obtener las drogas en la calle.

Cuando Fernández fue arrestado en 1940 no fue llevado a la Corte gracias a que su abogado pudo aplazar el juicio. Después de al menos una decena de aplazamientos y de presiones contra los testigos, Fernández fue condenado a un año de prisión en 1943; sin embargo, apeló y salió libre bajo fianza de 5.000 dólares. Para evitar ser deportado se apresuró a conseguir la ciudadanía cubana; su abogado era hermano del último secretario privado del ministro de relaciones exteriores, lo cual probablemente le ayudó en sus trámites a pesar de tener cargos penales pendientes. La apelación fue llevada a la Corte Suprema en 1945, que ratificó la condena de un año. Fernández pagó la condena, no en la cárcel sino en la Quinta de la Covadonga, un agradable centro hospitalario, argumentando razones de salud.

Todavía en 1950, ‘el gallego’ era un importador de morfina traída desde España y mantenía conexiones con otros traficantes importantes en Cuba como Abelardo Martínez del Rey, alias ‘El Teniente’ y Octavio Jordán Pereira, alias ‘El Cubano Loco’, quienes traficaban con drogas desde Perú y España para abastecer los mercados cubano y norteamericano. Para entonces, Fernández, el otrora humilde inmigrante, había acumulado una fortuna considerable. Era dueño de un almacén de cristalería y locería, y de una mueblería, y socio de una fábrica de juegos de dominó; poseía además un edificio de apartamentos, cuatro casas en La Habana y una casa de recreo en la playa. En apariencia era otro ejemplo del comerciante español, trabajador y exitoso como tantos otros.

*

A comienzos de los años 40, Claude Follmer preparó un extenso reporte para el Buró Federal de Narcóticos. Su visión global sobre la situación en Cuba era negativa y culpaba a las autoridades policiales de la isla: “Como resultado de la ineficiencia y la corrupción de los sistemas nacionales de policía, pasados y presentes, todos los vicios conocidos en la civilización moderna han prosperado en Cuba durante muchos años. En este momento, lo mismo que en años recientes, los crímenes predominantes en Cuba son el asesinato, el juego, la prostitución, y un tráfico extenso de narcóticos y marihuana”. Recordaba que con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, los narcóticos que antes llegaban de Europa fueron reemplazados por cocaína peruana que llegaba en barcos chilenos, y resaltaba que “en el momento presente [1943] la República de Cuba está literalmente inundada con cocaína peruana, la cual en el caso de La Habana es vendida a varios miles de cocainómanos en esa ciudad…” Concluía que las autoridades no hacían mayor cosa y que las drogas ilegales se vendían en forma abierta.314

Sin embargo, los reportes anuales presentados ante la Liga de las Naciones por parte del gobierno cubano a comienzos de esa década habían señalado que el consumo ilegal de narcóticos “no [tenía] mayor importancia en Cuba”,315 aunque en privado Eduardo Palacios Planas, comisionado de drogas, reconocía el nivel del narcotráfico y la poca colaboración del gobierno cubano para combatirlo.316

Para el embajador norteamericano Spruille Braden, la tolerancia con el consumo y tráfico de drogas era parte de un ambiente generalizado de corrupción:

Los manejos ilícitos y la corrupción en todas sus formas son ampliamente dominantes en Cuba e involucran a funcionarios de alto y bajo nivel. Incluso aquéllos en los círculos inmediatos al presidente, [y] algunos miembros del gabinete… tienen un interés directo en las ganancias que se obtienen de esas prácticas […] En el presente, varios funcionarios cubanos prominentes mantienen estrecho contacto con aquellos que se sabe están comprometidos con el tráfico de drogas, y hay razón para creer que algunos de esos funcionarios obtienen ingresos del tráfico clandestino de drogas y de actividades ilegales asociadas.317

Para el historiador Jules R. Benjamin la corrupción en Cuba era el resultado de la combinación “de la herencia colonial [hispánica] en la política cubana”, “la creciente corriente de dólares” provenientes del gobierno norteamericano a través de los programas de Lend-Lease durante la Segunda Guerra Mundial y del precio favorable del azúcar en los mercados internacionales.318 Louis A. Pérez afirma: “La Segunda Guerra Mundial creó nuevas oportunidades para el desarrollo económico cubano; sin embargo, pocas de ellas fueron totalmente hechas realidad […] Los fondos fueron utilizados irracionalmente. La corrupción y los malos manejos incrementaron y contribuyeron en buena medida a las oportunidades perdidas, tanto como la mala administración y los cálculos erróneos”.319 De todas formas, anotaríamos que la corrupción aumentó en todo el continente durante la Segunda Guerra Mundial y los primeros años de la posguerra: los controles de precios, los racionamientos, los préstamos y programas del Export-Import Bank y del Lend-Lease, las listas negras contra empresarios provenientes de los países del Eje, el nepotismo, la rotación sin controles entre el sector público y el privado, el aprovechamiento de los planes de fomento y de la protección a sectores y a grupos económicos determinados en detrimento de otros grupos y la sociedad en general.320

Un reporte del grupo antinarcóticos de la Policía Secreta de Cuba informó sobre el arresto de trescientos sesenta y tres individuos durante 1946. La mayoría de las personas arrestadas eran drogadictas (enviados al Lazareto en El Mariel) y pequeños vendedores, “peces chicos”. Además, la casi totalidad de los arrestos y los decomisos tenían que ver con marihuana y opio. En el caso de la marihuana, los expendedores y los consumidores se repartían más o menos por igual entre blancos y personas de color (negros y mulatos); entre los adictos al opio y sus derivados unas tres cuartas partes eran de origen chino. En cuanto a la cocaína, la droga de preferencia de los consumidores más pudientes, sólo se decomisó durante el año un gramo en manos de un vendedor negro.321 Los reportes presentados por Cuba al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas también daban cuenta de persecución de casos de marihuana entre las clases bajas. Por ejemplo, el reporte para 1946 señalaba que durante dicho año se habían perseguido cuarenta y cinco casos de drogas en Cuba, de los cuales treinta y tres eran por marihuana y doce por drogas “no especificadas”.322

De todas formas el caso de la estadía de Lucky Luciano en La Habana a finales de 1946 y comienzos de 1947 marcó un punto de conflicto en la política de narcóticos entre Estados Unidos y Cuba, como veremos en la siguiente sección.

*

En 1936, Salvatore Lucania, conocido como Lucky Luciano, nacido en Sicilia en 1897 y radicado en Estados Unidos desde 1906, fue condenado a una sentencia de treinta a cincuenta años por trata de blancas. Thomas E. Dewey, como fiscal, fue quien logró su condena. A comienzos de 1946, el mismo Dewey como gobernador del estado de Nueva York conmutó la pena con la condición de que Luciano fuese deportado inmediatamente a Italia. Luciano recibió el beneficio por haber colaborado con las fuerzas armadas de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial a través de sus contactos en el bajo mundo.323

Después de la expulsión de Luciano de los Estados Unidos había todo tipo de rumores sobre que él quería regresar a algún punto del hemisferio occidental para coordinar sus negocios en Norteamérica. Se mencionaban países como Cuba y México e incluso se decía que había conseguido un pasaporte argentino y que se encontraba en Buenos Aires.324

Los norteamericanos avisaron a diversas autoridades cubanas sobre las posibles intenciones de Luciano para radicarse en Cuba.325 Sin embargo Luciano entró tranquilamente, realizando varias etapas en su viaje y llegó por avión a Camagüey el 29 de octubre de 1946. Aunque los diplomáticos norteamericanos fueron informados sobre su presencia en diciembre por un miembro de la policía cubana, las autoridades cubanas únicamente tomaron cartas en el asunto cuando Luciano fue visto en el hipódromo en La Habana en febrero de 1947.326

Las presiones norteamericanas sobre el gobierno cubano para que éste expulsara a Luciano de la isla se dieron casi de inmediato. Harry J. Anslinger, el director del Buró Federal de Narcóticos, ordenó un embargo sobre la exportación de narcóticos con fines médicos a Cuba, argumentando que la organización de Luciano podría apoderarse de estos e introducirlos en el mercado ilegal. Anslinger condicionó el fin del embargo a que Cuba expulsara a Luciano.327

Luciano se daba la gran vida en La Habana en compañía de una joven heredera neoyorquina con quien frecuentaba el hipódromo y el Casino Nacional. Además, se codeaba con políticos cubanos y con celebridades de la farándula norteamericana que visitaban Cuba, como Frank Sinatra.328

Luciano había conseguido el estatus de residente en Cuba gracias a las influencias del diputado Indalecio Pertierra, gerente del Jockey Club. También socializaba con los senadores Francisco Prío Socarrás (hermano del premier Carlos Prío Socarrás) y Eduardo Suárez Rivas (quien había sido presidente del Senado en 1944 y 1945), y con Paulina Alsina viuda de Grau, cuñada del presidente Ramón Grau San Martín. Como lugar de residencia Luciano tomó en alquiler una casa en el lujoso distrito de Miramar; según un agente antinarcóticos norteamericano la casa pertenecía al general Genovevo Pérez Dámera, jefe del Estado Mayor. Luciano se asoció a Pertierra, Suárez Rivas y a Manuel Quevedo (un antiguo teniente coronel del ejército cubano, ex gerente de Cubana de Aviación) y a Antonio Arias, para organizar Aerovías Q; la compañía empezó a volar entre La Habana y Key West en la Florida y el general Pérez Dámera se aseguró de que sus aviones aterrizasen en el aeropuerto militar de Camp Columbia en las afueras de La Habana para así evadir los controles de inmigración y aduanas; además, la compañía gozaba de exenciones tributarias concedidas por el gobierno. Después de un fallido intento de asesinato a Luciano a finales de diciembre de 1946, Pertierra consiguió que la Policía del Palacio Presidencial le asignara dos guardaespaldas. Tantas conexiones le permitieron a Luciano traer una decena de gánsteres norteamericanos para ayudarle a manejar sus intereses en el Casino Nacional; igualmente, Luciano mantenía frecuentes relaciones con Meyer Lansky, su amigo y socio de vieja data, y fue visitado en la isla por Frank Costello y Benjamin ‘Bugsy’ Siegel.329

Un par de días antes de la Navidad de 1946, Luciano presidió una reunión del “Quién es Quién” en la mafia norteamericana en el lujoso Hotel Nacional de La Habana. En esta singular cumbre se discutieron temas relacionados con las inversiones y repartición de las ganancias en los casinos en Estados Unidos y en Cuba.330

Después del embargo de drogas impuesto por Anslinger, Guillermo Belt, embajador de Cuba en Washington, le manifestó al secretario de estado general George Marshall la molestia del gobierno cubano, sobre todo por las declaraciones de Anslinger a la prensa. De todas formas, se comprometió a deportar a Luciano en cuestión de días así dicho proceso tomase normalmente mes y medio.331 El presidente Grau y su ministro Prío Socarrás firmaron el decreto que señalaba que, dados los antecedentes de Luciano, lo declaraban “indeseable” y ordenaban su deportación a Italia.332

Declarado como “extranjero indeseable”, Luciano permaneció detenido hasta que abandonó Cuba en un carguero turco en la noche del 19 de marzo de 1947.333 Irónicamente, unas semanas antes, en el Bakir, carguero de bandera turca que transportó a Luciano hacia el exilio, habían encontrado seis kilos de opio cuando la embarcación llegó a Jersey City proveniente de Estambul.334

Una vez en Italia, Luciano se radicó en Nápoles, donde era una celebridad, en especial entre los turistas y los marineros norteamericanos, hasta que falleció de un infarto cardíaco el 26 de enero de 1962. Sus restos fueron finalmente enterrados en la cripta familiar de los Lucania en St. John’s Cathedral Cemetery en Nueva York, en el país que siempre añoró y que consideraba como su verdadero hogar.335 Durante años el Buró Federal de Narcóticos trató infructuosamente de construir un caso contra Luciano sobre tráfico de drogas desde Europa. Frustrado, Anslinger se lamentó por no haber logrado una condena por las supuestas actividades delictivas de Luciano, y concluyó, “Él no [dejaba] rastro porque no [había] rastro. Pero sabemos que él [era] el hombre”.336

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Durante el gobierno de Carlos Prío Socarrás (1948-1952), los reportes presentados por Cuba a las Naciones Unidas seguían insistiendo en que el problema de consumo de drogas en la isla se concentraba entre las clases populares y tenía que ver con marihuana y hasta cierto punto con la morfina.337

En su segundo gobierno entre 1952 y 1958, Fulgencio Batista promovió el turismo y el juego en los casinos para no tener que depender exclusivamente del mercado del azúcar.338 El juego, a propósito, no fue llevado por los mafiosos norteamericanos a Cuba. Era una tradición española que se remontaba a las épocas de la colonia. El juego era parte de la vida cubana. Un artículo en el Papel Periódico de la Habana, de diciembre 19 de 1790, rezaba así:

No nos ha colocado en el mundo la Naturaleza para que juguemos, sino para vivir con seriedad y emplearnos en acciones graves e importantes. Debiera fijarse en todos los pueblos de la Isla, y hasta en todos los árboles de ella, para infundir terror a tanto aldeano que olvidado de la honrosa tarea de la agricultura, emplea los días y las noches en tan torpes ocupaciones como son las cartas y otros instrumentos de este vicio detestable.339

En 1832, José Antonio Saco escribió sobre el juego: “No hay ciudad, pueblo, ni rincón de la Isla de Cuba, hasta donde no se haya difundido este cáncer devorador [...] Las casas de juego son la guarida de nuestros hombres ociosos, la escuela de corrupción para la juventud, el sepulcro de la fortuna de las familias, y el origen funesto de la mayor parte de los delitos que infectan la sociedad en que vivimos”.340

Carleton Beals advirtió en 1933 que “el cubano exclusivamente adora al dios de la fortuna. Un jugador empedernido, gastará hasta la última moneda en tiquetes de lotería […] La propensión cubana para la diversión y el juego demuestra poca consideración por el día de mañana”.341 Una comisión de académicos norteamericanos invitados por el gobierno cubano señaló en un reporte a mediados de los años 30,“El juego es un vicio extendido” entre todas las clases sociales, y la compra de tiquetes de lotería desestimulaba la capacidad de ahorro de los cubanos342 .

Una misión del Banco Mundial que visitó a Cuba en 1950, y presentó un voluminoso informe sobre el desarrollo económico de la isla, señaló cómo el juego iba contra el espíritu empresarial y la capacidad de ahorro del país:

El espíritu de juego en la economía distorsiona el espíritu de empresa. Es una de las razones de la escasez relativa de capital y de iniciativa empresarial en el desarrollo de nuevas industrias. Para el dueño del gran capital, lo que se puede ganar en el fluctuante e impredecible mercado del azúcar –casi comparable a la lotería– puede enseguida opacar todas las ganancias posibles de una empresa nueva que necesariamente tomaría mucho tiempo, trabajo y molestia […] Para el hombre pequeño –en una economía en la que las oportunidades para crecimiento en la empresa y la promoción en el empleo parecen ser pocas– un tiquete de lotería o cualquiera de los muchos juegos de apuesta que florecen en toda Cuba puede parecer un uso más atractivo del dinero que el ahorro. Además de proveer emociones, parecen ofrecer una mejor esperanza de salir adelante que el proceso prosaico de ahorro constante, planeación y trabajo duro.343

En 1959, unos meses después de la Revolución Cubana, el influyente intelectual e historiador de la Ciudad de La Habana, Emilio Roig de Leuchsenrig, escribiría en su libro Males y vicios de la Cuba republicana: sus causas y remedios:

Desde los primeros tiempos coloniales hasta los presentes republicanos el juego ha sido el vicio máximo característico y contumaz del cubano. Herencia directa de nuestros antepasados, los primeros españoles establecidos en la Isla, el juego arraigó bien pronto entre nosotros. Esta viciosa afición, tan violenta y extendida que bien puede llamarse la pasión dominante de los cubanos…344.

En los años cincuenta, había muchas quejas de los turistas norteamericanos de que los estafaban en los casinos. Batista llamó a Meyer Lansky, quien tenía relaciones de vieja data con los casinos en Cuba, para reformar la industria. Batista también instruyó a la policía para evitar las estafas a los turistas en los casinos.345

Curiosamente, años atrás, el mismo Eddy Chibás, fundador del Partido Ortodoxo y crítico implacable de la corrupción, había defendido el fomento del turismo en Cuba “como la más importante y trascendente de cuantas empresas pudiera acometer nuestra patria para su definitiva liberación política –a través de su no menos definitiva redención económica...”–. En forma similar a las quejas de los norteamericanos criticó a aquellos cubanos que “a ciencia y paciencia de nuestras autoridades se dedican a explotar y piratear a todo género de desafueros y violencias [...] explotan al turista... sin frenos ni sanciones”. Y después de proponer que se repartieran “profusamente” folletos turísticos sobre Cuba en los Estados Unidos, advirtió: “Es más perjudicial que el turista se constituya en detractor de Cuba, que dejar que se dirija a otras playas donde lo acojan y le brinden una hospitalidad más en consonancia con las normas de la civilización”.346

En 1955, se abrió un casino en el Hotel Nacional, que pertenecía al gobierno, y se puso a Lansky a manejarlo. El gobierno expidió una ley en 1955 dando beneficios tributarios para la construcción de nuevos hoteles, y facilitando la instalación de casinos en los hoteles y los clubes nocturnos. Lansky tomó ventaja de esta ley y empezó a construir el Riviera en 1956; el hotel-casino fue inaugurado el 10 de diciembre de 1957.347 Entre 1952 y 1958 se abrieron veintiocho nuevos hoteles en Cuba.348 Pero contrario a lo que afirman autores como Enrique Cirules, los mafiosos norteamericanos como Lansky que se dedicaron al negocio de la hotelería y el juego durante los años cincuenta en Cuba, no estaban involucrados en el narcotráfico.349 Después de todo, los casinos eran legales, altamente rentables. Cirules no muestra prueba alguna para sustentar su argumentación. De hecho, en nuestra investigación no hemos encontrado ningún indicio serio que conecte a personajes como Lansky o al mismo Lucky Luciano con el tráfico de drogas en Cuba.

La conexión andina

Durante la Segunda Guerra Mundial, y con la ocupación japonesa de las plantaciones de coca de los británicos y los holandeses en Asia, aumentó la demanda por coca peruana. Al finalizar la guerra y con la reapertura de las fuentes de aprovisionamiento asiáticas, la demanda legal por hoja de coca peruana cayó en forma precipitada. Sin embargo, para ese entonces, Perú ya se había convertido en la primera fuente de cocaína ilegal en el hemisferio occidental.350 Los reportes señalaban el fuerte aumento en los decomisos de cocaína proveniente del Perú, transportada desde puertos peruanos y chilenos.351

Traficantes de diferentes nacionalidades, además de peruanos, traficaban desde Perú. Varios de estos eran cubanos.352 La cocaína peruana era transportada en barco, pasaba a través del Canal de Panamá, y llegaba a Cuba tanto para el consumo de la droga en la isla como para su reexportación hacia los Estados Unidos.353

Anslinger se puso en contacto con el embajador peruano en Washington y logró que se cerraran las fábricas de cocaína legales en el Perú.354 El tráfico ilegal cayó como resultado de la condena a varios traficantes importantes.355 Entre los traficantes estaba el grupo del peruano Eduardo Balarezo, ex marinero nacido en 1900 y radicado en Long Island. El grupo de Balarezo estaba compuesto principalmente por peruanos y chilenos quienes llevaban la droga en vuelos comerciales o como marinos en los barcos de la Grace Line.356 Balarezo fue condenado a cinco años de cárcel en una prisión federal norteamericana. Seis de sus socios fueron también llevados a juicio.357 Unos quince traficantes fueron arrestados en 1949.358 Entre 1950 y 1951 se arrestaron decenas de procesadores de cocaína en el Perú, incluidos aquellos que venían operando como empresarios legales durante años.359

Un artículo de la revista Bohemia de septiembre de 1950 mencionaba los lugares de consumo en Nueva York y cómo cubanos y puertorriqueños distribuían la cocaína en una “complicada madeja [en] que se interconectaban Lima-La Habana-Nueva York”.360 La organización de Abelardo Martínez, ‘El Teniente’, y Octavio Jordán, ‘El Cubano Loco’, importaba las drogas a Cuba desde Perú, vía Panamá, y España, y las distribuía para el mercado de la isla y para Norteamérica a través de Nueva York y Miami.361 Meses más tarde, ‘El Teniente’ fue arrestado en Perú en compañía de otro traficante después de haber adquirido dos kilos de cocaína.362

Después de la disminución en el tráfico desde Perú, el contrabando de cocaína desde Bolivia aumentó considerablemente.363 Irónicamente, a comienzos del siglo XX, la cocaína consumida en Bolivia con fines medicinales era importada desde Alemania, Bélgica y Francia.364 Durante la primera mitad del siglo XX, Bolivia era un país productor de hoja de coca, mas no de cocaína procesada y tanto los terratenientes bolivianos –productores legales de hoja de coca– como el gobierno enfatizaban esa diferencia y se resistían a atender las campañas de la Sociedad de las Naciones primero, y de las Naciones Unidas inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial para erradicar el cultivo.365

Pero como acabamos de señalar, desde que se empezó a reprimir el tráfico de cocaína desde Perú, Bolivia pasó a suplir parte de la oferta. Así, por ejemplo, se descubrieron envíos de cocaína boliviana hacia la Argentina.366 En octubre de 1951 se descubrió una banda que tenía un laboratorio en las afueras de La Paz; varios de sus integrantes eran de origen sirio-libanés;367 a pesar de que semanas después se descubrió otro laboratorio relacionado con la misma banda en Cochabamba, los acusados en el primer allanamiento fueron liberados ya que la ley boliviana no contemplaba los procedimientos punitivos para condenar el procesamiento de cocaína.368

‘El Teniente’ envió a otro cubano, Manuel Méndez Marfa, a La Paz en abril de 1955 para pagar a Rames Harb la suma de 10.000 dólares por un cargamento de drogas.369 Harb tenía un laboratorio en La Paz y otro en Rurrenabaque, una población sobre el río Beni, al norte de La Paz. Harb tenía la protección de Freddy Henrich, un alto oficial de la policía boliviana, quien a su vez hacía frecuentes viajes con cocaína a Arica, un puerto en el norte de Chile.370 Otro cubano, un tal Jorge Juan Lemes García, por ejemplo, fue arrestado ese año en Bolivia en posesión de cocaína lista para ser enviada a La Habana; Lemes enviaba la cocaína a Cuba a su asociado en La Habana Antonio Ledesma. Aparentemente, la droga era reenviada a los Estados Unidos.371 Otro traficante boliviano, Mario Spechar, les vendía droga a los cubanos.372 Según el Ministerio de Gobierno boliviano, los envíos de cocaína de Bolivia a Cuba llegaban a treinta kilos mensuales en 1958. Buena parte de esa cocaína era reexportada a los Estados Unidos.373

Ecuador también tenía nexos con el tráfico orientado a Cuba y los Estados Unidos. El cubano Jesús Moms, alias ‘Orejitas’, estaba asociado con ‘El Teniente’ y viajaba entre Ecuador y Cuba llevando cocaína. Había campos cultivados con amapola en las provincias de Riobamba e Imbabura. En Guayaquil, Joffre Torbay, un químico, era uno de los principales narcotraficantes. Torbay estaba asociado a Méndez Marfa. Quito también se convirtió en un importante centro de procesamiento y tráfico de drogas. Un médico, Enrique Alarcón, era el principal traficante en Quito; Alarcón, además les vendía armas a los políticos liberales colombianos que se encontraban enfrascados en los conflictos con el Partido Conservador durante los años cincuenta. A su vez, dos colombianos, Carlos Rodríguez Téllez y Guillermo Cadena –el primero de ellos bogotano y ex militar–, compraban grandes cantidades de pasta de opio en Ecuador para procesarla en Colombia. Rodríguez Téllez y Cadena trabajaban para Guillermo Mesías, jefe de depósitos de la subsidiaria de Laboratorios JGB en Pasto. Mesías tenía un asociado en Ipiales (ciudad fronteriza entre Colombia y Ecuador), Alejandro Montenegro, un médico que también tenía una droguería. Guillermo Lozano, otro colombiano, quien sostenía ser abogado y exiliado político, era otro contrabandista de drogas entre Ecuador y Colombia. Otro ex capitán del ejército colombiano, un tal Quinteros (¿sic?) era otro traficante entre los dos países, mientras que Luis Cortez, un ecuatoriano radicado en Quito, traficaba con Colombia y Perú. En 1953, el agente del FBN George White se hizo pasar por un comprador de drogas y ayudó a la policía ecuatoriana a capturar a seis hombres y a una mujer y a decomisar drogas avaluadas en medio millón de dólares en Quito.374

Además de los colombianos que traficaban drogas entre Ecuador y Colombia, había dos hermanos, Rafael y Tomás Herrán Olózaga, pioneros en el procesamiento y tráfico de drogas entre Medellín y Cuba y los Estados Unidos a mediados de siglo.

A finales de diciembre de 1956, con un cargamento de heroína avaluado en 16.000 dólares, fueron capturados en La Habana los hermanos Rafael (químico) y Tomás (piloto) Herrán Olózaga, hermanos gemelos de cuarenta y dos años. Habían llegado a La Habana provenientes de Colombia, vía Jamaica, el 1° de noviembre de 1956. También se arrestó a dos mujeres colombianas; una de ellas había ayudado a introducir la droga en Cuba, la segunda era la esposa de Tomás y operaba como courier hacia los Estados Unidos aprovechando que era estudiante universitaria en Filadelfia. Con los colombianos fue capturado Antonio Botana Seijo de nacionalidad cubana.

Los Herrán Olózaga confesaron que ya habían llevado drogas a Cuba en el pasado; aparentemente estaban en el negocio de las drogas desde 1948. Después de su captura, todos, exceptuando a Tomás, salieron bajo fianza y se fueron para Mérida, México. Tomás, aparentemente el jefe de la banda, estuvo un año preso en Cuba y una vez libre regresó a Medellín. En febrero de 1957, agentes del Servicio de Inteligencia de Colombia, ayudados por un oficial antinarcóticos de los Estados Unidos, allanaron el laboratorio de los Herrán en Medellín.375

Los hermanos Herrán Olózaga provenían de la elite colombiana. Su tatarabuelo y su bisabuelo, Tomás Cipriano de Mosquera y Pedro Alcántara Herrán, habían sido presidentes de la República durante el siglo XIX. Su abuelo, Tomás Herrán, nacido en el Palacio Presidencial, se casó un una mujer antioqueña; además, después de que José Vicente Concha abandonó la embajada colombiana en Washington, Tomás, quien había estudiado en Georgetown, quedó encargado de negociar el tratado para la construcción del canal en Panamá, y firmó el convenio Hay-Herrán que finalmente fue rechazado por el Senado colombiano en 1903. El padre de los Herrán Olózaga, Rafael Herrán, quien fue cónsul de Colombia en Hamburgo, era esposo de Lucía Olózaga, concuñado de Gabriel Echavarría y tío político de los Echavarría Olózaga, miembros del principal clan de industriales de Medellín.376

El caso de los hermanos Herrán Olózaga desvirtúa la afirmación de la historiadora Mary Roldán cuando señala que “La producción de cocaína y el advenimiento de un tráfico internacional organizado de narcóticos para comercializarla y exportarla es por lo tanto un fenómeno ‘moderno’ en Colombia que hizo su aparición formal por primera vez en 1972”.377

La “French Connection”

Durante buena parte del siglo XX, Marsella fue un centro de procesamiento y contrabando de derivados del opio. Además, era un puerto cosmopolita, visitado por buques y marinos de todo el mundo, y un centro de contrabando de todo tipo de artículos. Sus organizaciones criminales estaban dominadas por personas de origen corso.378

A su vez, buena parte de los opiáceos llegaban a Marsella provenientes de Beirut, otra ciudad cosmopolita y rica, y como La Habana una ciudad con todas las comodidades y espectáculos para el bon vivan.379 Los traficantes libaneses les vendían la base de morfina a los corsos de París y Marsella. La base era procesada del opio turco por parte de traficantes en Aleppo, Siria.380 A su vez, traficantes cubanos, algunos de origen cubano-libanés, también traficaban con opio y base de morfina provenientes de Turquía y Siria y que enviaban desde Beirut.381

Los corsos Paul Mondolini, Jean Baptiste Croce y Josef A. Bistoni y el francocanadiense Lucien Rivard habían usado a Nueva York, Montreal y Ciudad de México para el tráfico de heroína. Sin embargo, dada la presión en esas otras ciudades empezaron a utilizar a Cuba desde 1955. En la isla tenían como centros de operaciones a La Habana y a Camagüey.382 Gracias a la presión de la Interpol, Croce y Bistoni fueron arrestados en La Habana en octubre de 1956 y deportados a Francia.383 Mondolini también era perseguido por la policía francesa por robo de joyas. A pesar de que sobornó a varias autoridades en Cuba y logró que un miembro del gabinete intercediera por él, Fulgencio Batista lo hizo deportar a Francia.384 Meses después, al dejar la prisión en Francia en julio de 1957, continuó realizando viajes a Cuba.385

*

Por último, quiero presentar unos datos sobre condenas por narcotráfico y consumo de drogas en la isla en vísperas de la Revolución Cubana. En Cuba, las penas por narcotráfico, aunque no tan severas como en los Estados Unidos, eran más fuertes que en la mayoría de los países del mundo. En países como Gran Bretaña y Australia, por ejemplo, las penas eran de semanas, máximo de unos cuantos meses, y en muchos casos se limitaban a una simple multa.386 El problema de la impunidad en Cuba eran las cortes, no las leyes ni el Ejecutivo.387

A finales de los años cincuenta, tal y como había ocurrido en el pasado, las cortes cubanas condenaban los delitos por tráfico y consumo de drogas siguiendo criterios de clase social. Las personas juzgadas y encarceladas y a quienes no se les fijaba fianza eran de origen humilde y, por lo general, condenados por tenencia o tráfico de marihuana. No encontramos casos de personas pudientes y condenadas por delitos relacionados con cocaína, por ejemplo. La lectura de unos treinta expedientes de los años cincuenta que examinamos en el Archivo Nacional de Cuba muestra los siguientes resultados:

Todos eran varones y eran enviados al Reclusorio Nacional para Hombres en la Isla de Pinos. Casi siempre eran solteros y jóvenes, cinco de cada seis tenían entre veinticinco y treinta y cinco años de edad. Un 60% era vecino del área metropolitana de la Habana, cinco de Oriente, tres de Camagüey, dos de Matanzas, y uno de Las Villas. Eran pobres, artesanos o jornaleros, con ocupaciones ocasionales. Casi la mitad eran clasificados como “mestizos” (mulatos básicamente), aunque un 25% era blanco (incluido un español), los demás negros, y un chino (los chinos habían sido el grupo étnico más perseguido por drogas en el pasado como vimos anteriormente). El reducido número de extranjeros en esta muestra tiene que ver con que las grandes migraciones hacia Cuba habían terminado con la Gran Depresión. Siendo de origen urbano, la gran mayoría de los condenados tenía instrucción al menos básica (en esto tenían que ver los altos niveles de alfabetización en Cuba incluso desde mucho antes de la Revolución); únicamente algunos convictos campesinos se declaraban como analfabetas. Algunos eran reincidentes, y sólo en casos aislados el acusado había sido convicto por otros delitos como violación y/o lesiones personales; sus crímenes tenían que ver básicamente con estupefacientes y el único que se especificaba abiertamente era la marihuana.388

Con la Revolución desaparecieron el turismo, los casinos y el narcotráfico en Cuba. El turismo y los casinos se acabaron, no por decreto, sino porque a medida que se agudizaron las confrontaciones entre Castro y el gobierno de los Estados Unidos, los turistas norteamericanos empezaron a dirigirse a otros destinos (a pesar de que Castro hizo esfuerzos para no perderlos) y los hoteles sencillamente quebraron.389

En cuanto al narcotráfico, éste también desapareció, no sólo porque el nuevo gobierno se encargó de perseguirlo (en un comienzo trabajando con el Buró de Narcóticos de los Estados Unidos), sino también porque los empresarios privados tanto grandes como pequeños, legales e ilegales, desaparecieron rápidamente. Los traficantes cubanos reiniciaron sus negocios en los Estados Unidos, principalmente, y en México donde ya tenían redes de distribución. Algunos de los corsos escogieron a Sudamérica, en especial a la Argentina, para continuar sus negocios. Pero esas son otras historias, parte de otro estudio.

Las organizaciones del narcotráfico en Colombia: historias, carteles y redes

Adolfo León Atehortúa Cruz

Diana Marcela Rojas Rivera

Las organizaciones criminales sorprenden por su capacidad de reproducción y por la innovación permanente de sus métodos para acumular capital y defender sus intereses. Los narcotraficantes colombianos no son la excepción. En las últimas dos décadas, el tráfico ilícito de drogas en Colombia ha sabido soportar las acciones de represión por parte del Estado y adaptarse a los avatares del mercado internacional, así como a las distintas estrategias antinarcóticos aplicadas por los Estados Unidos en la región andina. De la misma manera, sus protagonistas han hecho alianzas y coaliciones, y desatado guerras frente a múltiples actores concurrentes, domésticos y externos, en la lucha por el control de esta industria floreciente.

El presente artículo pretende analizar los elementos a través de los cuales las redes del narcotráfico han tratado de responder a los desafíos planteados por su actividad ilícita. Ello nos permitirá analizar el cambio constante en las formas de organización y en las estrategias desarrolladas por los narcotraficantes, así como entender la sorprendente capacidad de adaptación de tales redes.

Consideraremos, en primera instancia, el desarrollo de la generación inicial de narcotraficantes; los llamados carteles, particularmente los de Medellín y Cali. Identificaremos los elementos que hicieron posible la configuración de estas organizaciones relativamente estructuradas, centralizadas e identificables, capaces de ejercer un control casi total en las distintas etapas del negocio. Haremos una caracterización de tales carteles a través del análisis del origen social de sus integrantes, la estrategia empresarial desplegada, la relación con las autoridades y el mundo político, así como las estrategias de control y mantenimiento del negocio.

En la segunda parte del artículo describiremos los cambios significativos que, a finales del siglo XX, han incidido en la evolución hacia la más reciente generación de narcotraficantes. Presentaremos, en forma breve, el llamado Cartel del Norte del Valle, el cual constituye una experiencia intermedia entre los grandes carteles y la situación actual. Enseguida nos centraremos en la segunda generación de traficantes. De esta manera, veremos cómo los carteles de la década anterior son reemplazados por grupos dispersos de traficantes de diverso tipo, inmersos en una enorme flexibilidad para el manejo del negocio. En el nuevo milenio, el tráfico ilícito de drogas parece funcionar en Colombia como una verdadera “empresa en red”.

Finalmente, este análisis de las formas de organización, de las tácticas y acciones desplegadas por los actores inmersos en el mundo del narcotráfico en Colombia, nos permitirá evaluar las profundas consecuencias que ellas poseen con respecto a la eficacia de la estrategia antinarcóticos adelantada en el país.

Apuntes preliminares

El término cartel fue introducido en Colombia a principios de los años ochenta por la justicia norteamericana para explicar las alianzas entre narcotraficantes, y reunir en un solo proceso las diferentes investigaciones judiciales. Aunque el concepto se impuso con rapidez en la prensa y opinión pública internacionales, su alcance y precisión distan de la realidad. Los llamados carteles no tuvieron nunca una expresión orgánica concreta, perenne ni definida como el concepto parece indicar. Si la hubo, fue circunstancial, como lo fue también la consolidación de las alianzas, los sistemas de colaboración y la distribución o participación en las tareas impuestas por las distintas fases del negocio. Si bien en Cali y Medellín se concentró la actividad y poder de dos importantes sectores de narcotraficantes, en el resto del país, e incluso en el norte del Valle, el narcotráfico funcionó con base en la relativa autonomía de actores y organizaciones.

Tal como sucede con el término cartel, la denominación de mafia ha designado por igual a todos aquellos que se ocupan del tráfico ilícito de drogas. Aceptado y generalizado su uso, no parece tampoco adaptarse a la realidad colombiana. El origen italiano del concepto, por ejemplo, presupone una especialización en el ejercicio ilegal del poder en la protección, el robo y la extorsión.390 El narcotráfico en Colombia se ocupa, por el contrario, de la producción y comercialización de bienes y servicios ilegales. El control territorial de la mafia persigue, en forma parasitaria, la apropiación o el gravamen sobre los recursos que circulan en sus áreas de dominio.391 El control territorial de los narcotraficantes no es necesariamente omnímodo y persigue, en lo fundamental, garantizar el seguro desarrollo de su negocio. La mafia italiana se caracterizó, en materia orgánica, por un tipo de asociación hermética y familiar.392 Las redes del narcotráfico, aunque privilegian la participación familiar, deben abrirse con flexibilidad para permitir la producción y flujo de la droga en las condiciones que el tráfico exige.

Desde luego, existen semejanzas entre la mafia italiana y los narcotraficantes colombianos. El mercado de la droga no es pacífico y presenta a menudo la expropiación violenta y la extorsión. Algunos escenarios de acción se cruzan y, en la medida en que el mercado se desarrolla, concentra y genera elementos de poder.393 Finalmente, al menos a partir de 1987, los mafiosos italianos se acercaron a narcotraficantes colombianos para impulsar un comercio de droga racionalizado y rentable en Europa.394 Las diferencias, sin duda, se hicieron menos notorias y se abrió paso a lo que el juez Falcone llamó “homogenización del crimen organizado”.395

Para el caso colombiano, el análisis resulta mucho más complejo.396 El narcotráfico es sólo una versión de lo que podría llamarse crimen organizado. Ahora, si éste se asume en relación con grupos y actividades de carácter ilegal, con propósitos de enriquecimiento y acumulación de poder,397 la categoría de crimen organizado incluiría con facilidad a las agrupaciones del narcotráfico en Colombia. Sin embargo, en virtud a sus especiales características, algunos autores han preferido, entonces, catalogarlas como organizaciones de tipo mafioso.398 La primera parte de nuestro artículo no escapa a tales consideraciones; sólo que, en lugar de ofrecer una definición preliminar y determinada, preferimos explorar algunos elementos y escenarios que, con respecto a los narcotraficantes colombianos, ofrecen claridad para interpretaciones ulteriores.399

‘Capos’, ‘Carteles’ y narcoterrorismo. La primera generación

En esta primera parte haremos un acercamiento a la primera generación de narcotraficantes, a partir de la descripción de las características de los jefes (capos) y del análisis de sus estrategias empresariales; del tipo de relaciones que establecieron con el mundo político y de su manejo de la violencia y el terror, así como también de las armas legales para hacer prevalecer sus intereses.

Los Capos

Pablo Escobar Gaviria (1951-1993), el más conocido de los capos colombianos del narcotráfico y jefe del llamado Cartel de Medellín, inició su carrera delictiva como ladrón de autos, asaltante de bancos y contrabandista de cigarrillos. Al terminar la primera mitad de los años setenta, ingresó al negocio de la cocaína con pequeñas cantidades de droga que adquiría en Ecuador y conducía personalmente hasta la ciudad de Medellín en caletas de viejos camiones y automóviles. La ruta hacia Estados Unidos siguió el camino del contrabando. Primero, a través de pequeñas embarcaciones que zarpaban desde la costa norte de Colombia para hacer transbordo en altamar sobre barcos de gran calado y, luego, utilizando pequeñas avionetas monomotor, que empezaron a salir desde las zonas selváticas y cenagosas próximas al río Magdalena.400

Gonzalo Rodríguez Gacha (1947-1989), el más destacado de los “socios” de Escobar, empezó en las calles del bajo mundo en Bogotá y se alquiló al mejor postor como pistolero de tiempo completo en la zona esmeraldífera de Boyacá. Casi analfabeta, se vinculó al negocio de la droga poco antes de los años ochenta.401

Por su parte, los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, conformaron lo que después sería conocido como el Cartel de Cali. De Gilberto se dijo siempre que inició sus actividades ilícitas con una banda que, dirigida por José Santacruz Londoño y apodada Los chemas, realizó el secuestro de dos ciudadanos suizos. No obstante, antes de 1975, exportaba grandes cantidades de droga escondida en gruesos tablones de madera despachados en forma legal desde el puerto de Buenaventura, sobre el océano Pacífico en Colombia, hasta diversas empresas y bodegas ficticias en Estados Unidos. Poco después, los primeros embarques hacia Europa se enviaron ocultos en piedras huecas de carbón mineral. Miguel Rodríguez Orejuela, supervisor de vuelos en la aerolínea Avianca, dependiente de una droguería y estudiante de derecho, abandonó sus ocupaciones para seguir el ejemplo de su hermano Gilberto.402

Entre unos y otros, igualmente, hubo enormes diferencias. Gonzalo Rodríguez Gacha era casi analfabeta. Un episodio narrado por Pablo Escobar al periodista Germán Castro Caicedo, descubre que Rodríguez Gacha no sabía siquiera, a ciencia cierta, quién era Gabriel García Márquez, el más grande escritor de todos los tiempos en Colombia. Mientras Pablo Escobar no culminó su bachillerato, Miguel Rodríguez muestra siempre con orgullo su diploma de abogado. Si bien su tesis de grado no apareció nunca en los archivos de la biblioteca universitaria, es indudable que, por lo menos, asistió a algunas clases. Gilberto Rodríguez, además de bachiller, cita por su parte la aprobación de diversos cursos empresariales en planeación estratégica.

Jorge Luis Ochoa Vásquez y sus hermanos Juan David y Fabio proceden, por el contrario, de una rancia familia aristocrática y terrateniente de Antioquia. Los toros de lidia y los caballos de paso fueron siempre la predilección de un padre alrededor del cual giraron las primeras inversiones de sus hijos. Aliados de Escobar y considerados miembros del Cartel de Medellín, los Ochoa dieron muestra de una inteligencia singular aislándose en forma prudente de la guerra entre carteles, y negociando con el Estado colombiano e incluso con Estados Unidos, sin herir las susceptibilidades de sus socios.403

Pablo Escobar, Jorge Luis Ochoa, José Santacruz Londoño y Gilberto Rodríguez Orejuela, captaron en el propio Estados Unidos lo que podría ser la profesión más lucrativa del mundo y de la época. Testigos de las actividades adelantadas por Griselda Blanco, la primera dama del tráfico ilegal de marihuana y drogas en Estados Unidos a principios de los años setenta, comprendieron que la cocaína sería el producto del futuro. La diferencia del precio de venta de la droga en Estados Unidos con el precio de su compra en Colombia y Sur América, era abismal. Todo era asunto de llevarla de un país a otro, y a ello podrían dedicarse con esmero.

La personalidad de los capos se formó en sus correspondientes escenarios. En muchos aspectos, Escobar expresó su ancestro paisa.404 A diferencia de los capos de Cali, no abandonó a su esposa por reinas de belleza ni tuvo hijos fuera del matrimonio. Se interesó por los autos de carrera, otra forma de desafiar el peligro. Exhibía con orgullo una fotografía suya con la Casa Blanca al fondo, y otra con atuendos de la revolución mexicana. Su adoración era un viejo vehículo perforado con balas cuya propiedad original se atribuía a los pistoleros de la mafia norteamericana. Rodríguez Gacha se aficionó por los caballos. Entre todos los capos, obtuvo la más reconocida catadura de asesino. Su lado débil fue el hijo que lo acompañó en su muerte. El país no tenía noticia de él cuando el dirigente de la Unión Patriótica, Jaime Pardo Leal, lo denunció públicamente como traficante de drogas y jefe paramilitar. Rodríguez Gacha lo mandó a matar de inmediato.

Los Rodríguez Orejuela tuvieron, en cambio, cierto hálito ejecutivo. Se les consideró hombres de negocios y se movieron con mayor libertad por los ámbitos citadinos. Sus hijos, al igual que los hijos de Santacruz Londoño, se formaron en las mejores universidades privadas y algunos estudiaron en el exterior. A diferencia de Escobar, los capos de Cali no intentaron reclutar para su organización a los jóvenes de estrato bajo, ni jugaron al paternalismo con las comunas pobres.405

Las estrategias empresariales

Sin duda, las diferencias de origen social y nivel de educación se han de reflejar en la manera misma de manejar y desarrollar el negocio de la cocaína.

Luego de sus primeros éxitos, Escobar se propuso hacer del tráfico de drogas una empresa abierta y participativa. Medellín conoció muy temprano la existencia de un sistema identificado con el nombre de oficina. Consistía en un centro de acopio al cual podía llegar cualquier persona con la cantidad de cocaína que quisiera. La oficina se encargaba de colocarla en las calles de las grandes ciudades de Estados Unidos por un precio que oscilaba entre los 25 mil y los 45 mil dólares el kilo. El papel desempeñado por Carlos Lehder Rivas, hijo de un alemán y una colombiana de clase media, residente en Estados Unidos, fue fundamental para el progreso de Escobar. Iniciado en el negocio de la cocaína con pequeños transportes de droga camuflados en maletas personales, Lehder concibió la idea de un gran centro de traslado con base en una de las Islas Bahamas, Norman’s Cay, que alquiló como pista de aterrizaje y punto de entrada marítimo hacia Estados Unidos, para enormes cantidades de droga.406

Las grandes inversiones de Escobar sorprendieron a la opinión pública. Una de las más célebres fue el zoológico en la Hacienda Nápoles: dos mil ejemplares y más de cien especies exóticas importadas de Australia, El Sahara, Canadá, Europa, El Congo y Etiopía; y a la entrada, un significativo monumento: una avioneta tipo Piper con matrícula HK617-P que, para los colombianos mejor informados y más suspicaces, era la aeronave con la cual Escobar concluyó con éxito sus primeros grandes embarques de droga hacia Estados Unidos.

No pocas obras convirtieron a Pablo Escobar en un auténtico Robin Hood. La boleta de ingreso al zoológico, por ejemplo, era gratuita. “El pueblo es el dueño y no se le puede cobrar al dueño”, dijo Escobar a la prensa. Sin duda, la imagen paternalista lo ayudaba en la búsqueda de una legitimidad política: en un acto que superaba las posibilidades del Estado colombiano, el mismo Escobar entregó cuatrocientas viviendas a familias de escasos recursos.407 Barrios enteros en las ciudades de Medellín y Envigado lo señalaron como benefactor. Sin embargo, al final de sus días no gozó de las mismas simpatías. Aunque nunca nadie se atrevió a delatarlo en su propia tierra y su tumba es una de las más visitadas en Antioquia, Medellín no puede ocultar que respiró profundo luego de su muerte.

Las operaciones de traslado de la droga e inversión financiera de los Rodríguez Orejuela tuvieron variables diferentes. No sólo privilegiaron las empresas de fachada y los envíos camuflados en mercancías legales, sino también una rápida inserción en el mundo abierto del dinero. A través de importantes cadenas de firmas como Laboratorios Kressfor, Drogas La Rebaja, Grupo Radial Colombiano y Corporación Financiera de Boyacá, los hermanos Rodríguez intentaron penetrar el mundo legal del capital como acaudalados inversionistas.

A mediados de los años setenta, Gilberto Rodríguez se convirtió en el principal propietario y miembro de la Junta Directiva del Banco de los Trabajadores, una institución creada con donaciones iniciales de la Fundación Interamericana para la Unión de Trabajadores de Colombia, la agremiación sindical obrera más importante del país en ese entonces. Con este aval, en 1978 inició la compra de acciones del First Interamericas Bank de Panamá, que culminó en 1984 con más del 75% del banco en su poder. A través de un pacto de participación con el muy reconocido Banco Cafetero de Panamá, el First Interamericas Bank utilizó las cuentas que el primero poseía en las sucursales del Irving Trust de Nueva York, para confundir el lavado de dólares con los enormes movimientos de capital que las exportaciones de miles de sacos de café producían legalmente a Colombia. Dos décadas más tarde, el Departamento del Tesoro Americano publicó la lista de un centenar de empresas cuya propiedad se adjudicaba a los Rodríguez Orejuela. Entre ellas figuraba la adquisición de la franquicia de Chrysler que, con el visto bueno de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, hicieron en 1978 para más de cuarenta almacenes de repuestos en todo el país. A Gonzalo Rodríguez Gacha se le señaló, por el contrario, de introducir dólares a Colombia en canecas de plástico que enterraba en su hacienda y que a veces extraía para distribuir en forma directa, billete tras billete, a sus trabajadores. La mayor parte de su riqueza la invirtió en oro, joyas y tierra.

La lógica pre-industrial de Rodríguez Gacha, explicada en ocasiones por su ancestro rural pero también por las urgencias de sus guerras, así como la lógica paternalista y publicitaria de Escobar, difieren de las lógicas capitalistas de los Rodríguez, más preocupados por ganar espacio y respeto en la economía legal. Unas y otra, sin duda, parecen dibujadas incluso en la manera de despachar las drogas rumbo a Estados Unidos.

La relación con el mundo político

Pablo Escobar se decidió por una participación directa en la política. A través de ella, buscaba quizás un reconocimiento social. Al igual que en el negocio, Escobar asumía siempre los asuntos importantes en forma personal y, además, el fuero parlamentario ofrecía una protección adicional frente a la extradición. Creó, entonces, un movimiento al que denominó “Medellín sin tugurios”; construyó viviendas, creó escuelas deportivas e iluminó canchas de fútbol en sectores marginados. En 1982 fue elegido representante a la Cámara como suplente de Jairo Ortega, un disidente del partido liberal en Antioquia. Sin embargo, el más trascendente papel de Escobar como parlamentario, fue el formar parte de la Comisión enviada por el Congreso de la República para acompañar el triunfo de Felipe González y el PSOE en España.

Carlos Lehder, el gran transportista de Escobar, marcó también un hito en las relaciones entre narcotráfico y política, al fundar su propio partido político, el “Movimiento Latino”, cuya principal bandera consistía en luchar contra la extradición. Rodríguez Gacha intentó una influencia política local a través del grupo “Morena”, impulsado por líderes liberales y paramilitares del Magdalena medio financiados con dinero del capo. Pero, de acuerdo con reiterados testimonios, confió mucho más en la amenaza.

Los métodos de los Rodríguez fueron, por el contrario, más discretos y eficaces. Sin participar directamente en política, para ellos resultó más efectivo comprar el apoyo parlamentario y gubernamental con la financiación de las campañas electorales y el pago de todo tipo de servicios. Tal como se demostró mucho después, los Rodríguez no bromeaban totalmente cuando se jactaban del poder suficiente para “citar una convención liberal” o “reunir quórum del Congreso”. El Cartel de Cali optó, además, por establecer alianzas con las elites regionales a través de sus inversiones en la economía legal y la figuración en los principales eventos sociales de la ciudad.

Estas diferencias entre uno y otro cartel, llevaron a las autoridades a pensar que había “mafias de primera y de segunda categoría”. Mientras unos eran considerados “respetables empresarios” con los cuales se podía tratar, a pesar de la ilegalidad de su negocio, los otros, los miembros del Cartel de Medellín, eran considerados delincuentes arribistas y peligrosos, cuyo poder se basaba sólo en la fuerza que podía comprar el dinero. Podría decirse que, al interior de las mafias colombianas, se reprodujo la enorme escisión social entre sectores populares y elites.

A Escobar, a Rodríguez Gacha, o incluso a José Santacruz Londoño, no los admitieron en los altos clubes de las elites sociales. Santacruz hizo de su casa una réplica mejorada del club que le negó su ingreso. Los Rodríguez no solicitaron su admisión. Fueron prudentes e ingresaron al alto mundo a través del dinero. Muchos cheques de algunas de las cuentas de los Rodríguez, se descubrió después, eran girados a la dirección de importantes compañías financieras, o a insospechadas cabezas del mundo económico, político y deportivo.

La “combinación de las formas de lucha”

En su objetivo principal de control y mantenimiento del negocio del tráfico ilícito de drogas, los carteles desarrollaron múltiples estrategias en las que combinaron tanto las acciones económicas, como las políticas y las militares. Contra el Tratado de Extradición, firmado a principios de los años ochenta entre Estados Unidos y Colombia para obtener la captura y traslado de uno a otro país de las personas solicitadas, los capos ofrecieron batalla en el campo jurídico legal, pero emplearon también los métodos terroristas y los intentos de negociación con el Estado. La célebre frase e histórica práctica del Partido Comunista en Colombia, que justificó la existencia de las FARC como su brazo armado: “la combinación de todas las formas de lucha”, bien puede aplicarse a las mafias del narcotráfico en Colombia.408

Para las batallas jurídicas, los narcos contaron con la asesoría y participación de importantes núcleos de abogados. En Estados Unidos, algunos miembros de oficinas de asistencia jurídica fueron acusados por supuesta complicidad con los capos de Cali. Para el uso de la violencia, la obtención del recurso fue diferente entre los carteles.

El manejo de la violencia y del terror

En efecto, Escobar construyó un ejército de sicarios con base en los jóvenes de estrato bajo. Contrató y entrenó a las bandas juveniles que surgían en las comunas más paupérrimas. Rodríguez Gacha hizo lo propio y acrecentó sus filas con campesinos pobres. Los Rodríguez Orejuela, por el contrario, construyeron un cuerpo de seguridad basado en miembros retirados y corruptos de los aparatos de seguridad del Estado. Como se verá más adelante, compraron a los mercenarios que Rodríguez Gacha contrataba y, finalmente, a los líderes de los grupos paramilitares que conformaba.

La primera incursión directa y pública de los carteles, en materia de violencia, se suscitó a raíz del secuestro de Marta Nieves Ochoa Vásquez, hermana de Jorge Luis, por parte de la organización guerrillera M-19, en 1981. Los capos de la mafia coincidían en la defensa de sus intereses: si se pagaba un solo secuestro, los guerrilleros se apoderarían de todos sus ingresos a través de este medio. La decisión se dio a conocer con un nombre orgánico: el grupo “Muerte A Secuestradores” (MAS), cuyo boletín de fundación citó el encuentro de “223 jefes de la mafia para hacer frente al secuestro”: cada uno de ellos aportaba dos millones de pesos y diez de sus mejores hombres para ejecutar a los secuestradores.409

En sólo quince días, las acciones del MAS fueron contundentes: capturó más de veinticinco personas acusadas de pertenecer al M-19, y esclareció el hecho. Finalmente, logró la libertad de la secuestrada sin cancelar un centavo, y entregó algunos guerrilleros detenidos a las fuerzas de seguridad del Estado. A largo plazo, los resultados del MAS fueron de otro orden. Enfrentados a un enemigo común, narcotraficantes y miembros de las Fuerzas Armadas trazaron líneas de acercamiento indisolubles. Con el MAS, por supuesto, importantes sectores de la Fuerza Pública descubrieron que era posible realizar un trabajo sucio mucho más efectivo contra el movimiento guerrillero, sin comprometer la imagen de sus instituciones. Los narcos facilitaron la infraestructura y el dinero aunque, en forma temprana, algunos de ellos, como Rodríguez Gacha, empezaron a comprometerse de manera directa: descubrieron la importancia de la “gran violencia”. En realidad, la guerrilla no sólo amenazaba su libertad personal y su riqueza; también surgían amenazas contra sus pistas, laboratorios y propiedades en las zonas de influencia guerrillera. La organización surgió como un mecanismo de defensa contra los enemigos del Estado y no contra este último. Así nacieron los grupos paramilitares en Colombia y el uso de policías y soldados como recurso de violencia al servicio de narcotraficantes.

El narcoterrorismo

Durante los primeros años del gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), los golpes más duros contra el narcotráfico fueron propinados por la destrucción de gigantes laboratorios como Tranquilandia. La retaliación de sus dueños, miembros todos del llamado Cartel de Medellín, comenzó en el Congreso de la República con una orquestada denuncia en contra del ministro de justicia, Rodrigo Lara Bonilla, a quien acusaron sin éxito de recibir dinero de narcotraficantes para fines electorales; finalmente lo asesinaron en abril de 1984.

La acción constituyó el inicio de la guerra declarada por los capos de la droga en contra del Estado y de la sociedad colombianos. El gobierno de Betancur, quien fue acusado de haber abandonado a su ministro, declaró el estado de sitio, ordenó el embargo de bienes a los narcotraficantes y sometió los procesos por narcotráfico a la justicia penal militar. No obstante, la medida más importante fue el anuncio de que la extradición sería aplicada, lo que se hizo en forma intermitente durante los dos años siguientes.

El 15 de noviembre de 1986 se declaró públicamente la aparición de “Los Extraditables”, en calidad de organización armada clandestina que “prefería una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos”. Se trataba de un grupo de narcotraficantes liderados por la gente del Cartel de Medellín y por Gonzalo Rodríguez Gacha, quienes lograron montar un aparato de terror dispuesto a enfrentar el Estado colombiano.

Las acciones terroristas de los narcotraficantes se intensificaron. Al asesinato de policías, jueces, magistrados y periodistas, se sumaron múltiples atentados con explosivos. Asesinaron al director del diario El Espectador, Guillermo Cano; al dirigente de la Unión Patriótica, una organización política legal impulsada por las guerrillas de las FARC, Jaime Pardo Leal, y se atentó contra el ex-ministro de justicia, Enrique Parejo, cuando despachaba como embajador en Hungría. La presión a través del secuestro se inició con el entonces candidato a la Alcaldía de Bogotá, Andrés Pastrana, y con el procurador Carlos Mauro Hoyos, quien murió en la acción. La sucesión de acontecimientos fue larga y dolorosa. En ella cayeron el gobernador y el comandante de policía de Antioquia hasta llegar, el 18 de agosto de 1989, al asesinato de Luis Carlos Galán, el más importante candidato liberal a la Presidencia de la República en ese momento.

La reacción del gobierno se hizo sentir con una serie de normas que pretendían hacerle frente al desafío narcoterrorista. Las medidas fueron encabezadas por la suspensión del artículo del Código Penal que exigía aplicar un tratado internacional para extraditar a un nacional colombiano. Así, mediante decreto de estado de sitio, se reactivó la extradición por vía administrativa sin necesidad del concepto previo de un órgano judicial. Se estableció la medida de compartir la responsabilidad de firmar las extradiciones entre varios ministros, en vista del riesgo que corría el ministro de justicia en caso de hacerlo solo. En síntesis, se consagró la extradición como instrumento principal de lucha contra los narcotraficantes.

La guerra se agudizó con la destrucción de las instalaciones de El Espectador y de la sede del DAS, a cuyo cargo se encontraba la persecución contra la mafia. Continuó con bombas en el Hotel Hilton de Cartagena, el incendio a fincas de notables de Medellín y con la explosión de un avión de la aerolínea Avianca en pleno vuelo. Sin embargo, tomó un cariz más dramático con el asesinato de los candidatos presidenciales Carlos Pizarro, líder del M-19 que ingresaba a la actividad política legal tras un acuerdo con el gobierno, y de Bernardo Jaramillo, el nuevo candidato de la Unión Patriótica.

En medio de las bombas y de los continuos actos terroristas, muchos colombianos comunes y corrientes, cansados de la violencia, empezaron a manifestar su acuerdo con la idea de que el gobierno llegara a un entendimiento con los capos.

La lucha contra la extradición: las batallas jurídicas

Como se dijo atrás, los carteles en Colombia libraron de distintas maneras su lucha contra la extradición. Gilberto Rodríguez Orejuela la protagonizó por vez primera cuando fue detenido en España en compañía de Jorge Luis Ochoa, a principios de los años ochenta. El combate fue jurídico: para evitar que Rodríguez y Ochoa fueran enviados a Estados Unidos, los narcos desempolvaron un viejo proceso judicial en contra de Ochoa y crearon otro en contra de Rodríguez. Esto último sucedió en tiempo récord. Un periodista escribió una columna acusando de narcotraficante a Gilberto Rodríguez, y un ‘diligente’ procurador la tomó como fundamento para formular denuncia. De inmediato, un juez abrió investigación y solicitó la remisión del sindicado. La justicia española decidió el traslado de los detenidos a Colombia, por cuanto la solicitud de un detenido por su país de origen tenía privilegio por sobre la solicitud de cualquier otro. Aunque agentes de la DEA se presentaron como testigos contra Gilberto Rodríguez, el juez 11 penal del Circuito de Cali lo absolvió de todo cargo y le concedió su libertad. Contra Ochoa, por su parte, recayó una ligera condena que terminó con una libertad irregular ante el peligro de ser extraditado a Estados Unidos.

El combate jurídico prosiguió con una demanda instaurada en contra del tratado de extradición por supuestos vicios de inconstitucionalidad. La presión ejercida sobre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se hizo cada vez mayor, no sólo porque cada caso individual de extradición dependía de su concepto, sino porque la suerte misma del tratado se colocó en sus manos. Una de estas acciones judiciales fue presentada en julio de 1985 cuando se demandó, por irregular, el procedimiento de sanción y firma del tratado. Al aceptar los alegatos jurídicos, el 12 de diciembre de 1986 la Corte resolvió declarar inexequible la Ley 27 del 3 de noviembre de 1980, que elevaba a legislación interna el tratado de extradición, por no haber sido sancionada por el Presidente de la República sino por el Designado a la Presidencia, quien no tenía esa función. El Presidente reaccionó inmediatamente y volvió a sancionar el tratado como Ley 68 de 1986. El hecho sirvió para extraditar de inmediato a Carlos Lehder, capturado el 4 de febrero de 1987. Sin embargo, la nueva sanción del tratado fue demandada una vez más ante la Corte que, seis meses después, declaró de nuevo la inconstitucionalidad.

Como alternativa final, el gobierno interpretó que el Tratado estaba vigente, pues era un instrumento internacional que no había perdido su fuerza jurídica y no había sido denunciado ante quien se había suscrito, pero que, por decisión de la Corte, era inaplicable en términos prácticos. Todo un galimatías de corte macondiano que generaba desconfianza y exasperación en los funcionarios norteamericanos.410 Poco después, ante la presión de Washington por el caso de Rodríguez y Ochoa, el gobierno empezó a observar la posibilidad de extraditar por vía administrativa.

Las negociaciones de los narcos con el Estado

El primer intento de negociación entre los narcotraficantes y el Estado colombiano fue motivado por la reacción del presidente Belisario Betancur a raíz del asesinato del ministro de justicia, Rodrigo Lara Bonilla en 1984. La extradición se hizo realidad y los “extraditables” se apresuraron a buscar una negociación con el gobierno. La propuesta se presentó en Panamá al procurador general de la nación y al ex presidente liberal Alfonso López Michelsen, en mayo de ese mismo año. Jorge Luis Ochoa, Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, dijeron representar a cien de los principales narcotraficantes colombianos. Pidieron reformas al tratado de extradición y exención por los crímenes cometidos antes de tales reformas; ofrecieron entregar al Estado toda la infraestructura productiva de la droga, incluso rutas y laboratorios, y abandonar por completo su negocio. Además, hablaron de cancelar la deuda externa de Colombia.

Distintos sectores sociales y políticos rechazaron la propuesta. La embajada norteamericana en Bogotá y el Departamento de Estado en Washington, expresaron su negativa frente a la idea de negociar con traficantes. El gobierno de Betancur se manifestó en igual sentido y declaró nula la posibilidad de cualquier entendimiento entre el gobierno y los narcos asistentes a la reunión de Panamá.

A partir de entonces, la lucha de los narcotraficantes contra la extradición transitó entre lo político y lo jurídico, tal como ha quedado expuesto en acápites anteriores, hasta desembocar en el recurso al terrorismo. No obstante, a finales del gobierno de Virgilio Barco (1986-1990), diversas crónicas relatan la existencia de una negociación casi clandestina entre los narcotraficantes de Medellín, concretamente Pablo Escobar, y el secretario de la presidencia, Germán Montoya. Miembros de la familia de este último fueron secuestrados y alguna de ellos asesinada, y no pocos emisarios se acercaron al Palacio presidencial para intentar resultados. Finalmente, la crítica constante de importantes sectores de la vida nacional y la oposición sistemática del gobierno norteamericano, frustraron cualquier avance.

Así las cosas, al comenzar el gobierno de César Gaviria (1990-1994), varias situaciones eran claras. Las medidas antinarcóticos de los últimos años continuaban sin afectar el número de hectáreas cultivadas y la cantidad de cocaína exportada que, muy por el contrario, aumentaba. A su vez, el poderío de los carteles, de su capacidad de corrupción y de amenaza frente al Estado, proseguía incólume. La inversión en procedimientos militares, la creación de organismos de seguridad dedicados en forma exclusiva a la búsqueda de los grandes capos, aún con la propia colaboración norteamericana, no arrojaba resultados. El narcoterrorismo cobraba deudas con vidas y el secuestro de notables se perfilaba como arma clave para presionar acuerdos.

En este momento, el anuncio de una política de sometimiento contó con un amplio respaldo interno. Distintos sectores políticos y económicos se inclinaron a favor de modificar la estrategia de confrontación sostenida por gobiernos anteriores y apoyar, por el contrario, la negociación y la entrega de los traficantes.

La presión constante de atentados terroristas y el secuestro de hijos de la elite colombiana, facilitaron y fortalecieron las propuestas negociadoras. Aunque el mismo término “negociación” suscite polémica entre diversos autores, lo cierto es que el secuestro y asesinato de Diana Turbay Quintero –luego de un penoso secuestro–, unido al plagio de personajes como Francisco Santos y de Maruja Pachón, entre otros, pesaron sobre las negociaciones que sin duda adelantaba el gobierno al más alto nivel.411 Así, la política de sometimiento a la justicia se consagró en varios decretos orientados a estimular y asegurar la entrega de los narcotraficantes a la justicia, la reducción de penas por confesión de delitos, y la garantía de no-extradición. Ésta fue la respuesta del Estado a la presión de los narcotraficantes y a la demanda de la sociedad por detener la violencia.

Finalmente, la realización de la Asamblea Constituyente (1991) se convirtió en otro escenario de negociación implícita. Una decisión de la Corte Suprema estableció que la Constituyente no tenía limitación alguna en sus temáticas. Esto significaba que tanto la extradición, como el indulto o amnistía para narcotraficantes, guerrilleros o paramilitares, eran temas susceptibles de discusión en la Asamblea.

A pesar de los esfuerzos y de las declaraciones reiteradas del presidente Gaviria en contra de la prohibición de la extradición por parte de la Asamblea, el gobierno tuvo que ceder ante las posturas de la Constituyente. La extradición se cayó en la Carta Magna y el gobierno perdió un eficaz instrumento para castigar a los narcotraficantes.

El 19 de junio de 1991, Pablo Escobar se entregó a las autoridades. Ese mismo día, la sesión plenaria de la Asamblea Constituyente votó el artículo 35 de la nueva Constitución, que prohibía la extradición de colombianos por nacimiento.

Las otras guerras

A raíz de la lucha contra la extradición, la oficina de Pablo Escobar se convirtió en epicentro de violencia en la segunda mitad de los años ochenta. Quienes intentaron separarse del sistema, “trabajar por su cuenta”, o simplemente renunciar al tipo de guerra que Escobar planteaba contra la extradición, fueron secuestrados para exigir el pago de cuantiosas sumas y/o sentenciados a muerte. Tan sólo el “Clan de los Ochoa” pudo mantener cierta distancia y neutralidad, aunque alguno de sus miembros fue secuestrado y asesinado por la oficina. Al fin y al cabo, los Ochoa eran pieza básica en una importante operación que sería conocida, mucho después, como “el caso Irán-contras”: una extensa red para tráfico de narcóticos a cambio de armas para la contra nicaragüense y dinero para la oposición iraní, en la cual participaban altos mandos de aparatos de seguridad norteamericanos.

Sin embargo, la guerra estalló entre Pablo Escobar, apoyado por Rodríguez Gacha, y los Rodríguez Orejuela, a partir de 1988. Las crónicas revelan como origen de la disputa el secuestro de un narcotraficante del Valle aliado de Pacho Herrera, un experto lavador de dólares vinculado a José Santacruz Londoño, en quien los Rodríguez depositaban toda su confianza. A pesar de pagarse la cantidad exigida por la oficina, en dólares y droga, el hombre fue asesinado por supuestos “líos de faldas”. Escobar solicitó inmediatamente a los Rodríguez la entrega de Herrera, que fue totalmente negada. Como resultado, una cruenta guerra de masacres y dinamita se desató entre los carteles.

En efecto, a principios de 1988, el edificio Mónaco, residencia de Pablo Escobar en Medellín, fue destruido parcialmente por una potente carga de dinamita. La explosión mostró la riqueza y excentricidad de los narcos e hizo pública su guerra. Un comando de Escobar ingresó a la hacienda de Pacho Herrera, en su búsqueda, y asesinó a diecinueve personas. Por doquier empezaron a estallar petardos contra las sucursales de Drogas La Rebaja y las emisoras del Grupo Radial Colombiano. Sólo un acuerdo quedó claro: en la guerra no se tocaría a las familias.

Al mismo tiempo, otro tipo de guerra ocupó a Rodríguez Gacha: un enfrentamiento sin cuartel contra las guerrillas de las FARC412 entre 1987 y 1989; éste, en lugar de dirigirse contra ellas, tomó como víctimas a miembros y simpatizantes de la Unión Patriótica, partido político legal considerado como una vitrina de las FARC. Todo un ejército paramilitar, construido con la complicidad de importantes sectores militares y la dirección técnica de mercenarios israelíes y británicos, se lanzó a la barbarie. En alianza con los grupos del Magdalena medio, seguidores de Escobar, y los grupos de Córdoba, al mando de Fidel Castaño, hermano mayor de Carlos, cuyo padre fue secuestrado y asesinado por las FARC, las masacres se iniciaron en haciendas bananeras de Urabá y se extendieron por todo el territorio colombiano, alternadas con homicidios singulares de concejales, alcaldes, y dirigentes del Partido Comunista.

Las guerras se enredaron en una sola madeja. Los mercenarios británicos, a quienes Rodríguez Gacha contrató para atentar contra la cúpula de las FARC en el sitio de La Uribe, terminaron pagados por el Cartel de Cali para atentar contra Gacha y Escobar en la Hacienda Nápoles. Escobar ofreció, públicamente, millones de pesos para todo aquel que asesinara policías o colocara petardos en las propiedades de los Rodríguez. Henry Pérez, jefe de los paramilitares del Magdalena medio, seguidor de Escobar, trabajó luego para sus enemigos. Estos últimos se convirtieron en el principal aliado del Estado y las autoridades colombianas para perseguir a Escobar. Fueron ellos quienes infiltraron a Rodríguez Gacha y entregaron la información que condujo a su muerte. Escobar, así mismo, escapó milagrosamente a una trampa tendida por Pérez con ayuda del DAS. Policías y militares activos y en retiro que prestaban diversos servicios a los hombres de uno y otro cartel, empezaron a caer asesinados.413 Fidel Castaño se convirtió, tras la muerte de Gacha, en enemigo número uno de Escobar. En medio de todo y de todos, ciudadanos inocentes e inermes caían por obra y gracia de los atentados indiscriminados; desprotegidos por un Estado incapaz de parar las guerras, carente de estrategias para enfrentar el crimen organizado e infiltrado por éste en sus instituciones clave.414

El Cartel del norte del Valle. La otra historia

El Cartel del norte del Valle es un fenómeno intermedio entre los grandes carteles y la posterior organización de los narcotraficantes como “empresas en red”. Dicho cartel se sitúa entre las dos generaciones y comparte características con ambas: mantiene un cierto grado de control, estructuración y jerarquía sin alcanzar el dominio y la visibilidad de los carteles y, al mismo tiempo, presenta un cierto nivel de flexibilidad y dispersión que hacen que el adjetivo de ‘cartel’ le sea atribuido más bien por extensión. Se trata de una gama de narcotraficantes menores que por su estratégica ubicación geográfica (en la zona norte del departamento del Valle) ganó cada vez más importancia y presencia a lo largo de los años ochenta; dicha organización se caracterizó por su bajo perfil y por su limitado campo de acción en el ámbito geográfico.

En Antioquia, Pablo Escobar impidió la posibilidad de que otros hombres surgieran en el negocio de la coca por fuera de su influencia y dominio. Entre 1984 y 1986, fijó reglas inexorables y sangrientas para todo aquel que intentara separarse de la oficina. Los Rodríguez, por el contrario, no se preocuparon por la existencia de individuos dedicados a su mismo negocio en el vecindario. Las explicaciones son hipotéticas: el aislamiento entre Cali, la capital del Valle, situada al extremo sur del departamento, con respecto a la zona rural y montañosa del noroccidente, ha sido histórico, y ésta pudo ser una de las causas. En la época de la Violencia en Colombia, una aguda confrontación entre liberales y conservadores ocurrida entre 1948 y 1960, la fama de los hombres del norte del Valle trascendió por su coraje en los asesinatos. Históricamente, la zona tuvo la más alta tasa de homicidios del Valle y Colombia entre 1949-1950 y 1960-1966.415

Los narcotraficantes del norte del Valle tampoco significaron una enorme competencia. Entraron al negocio en pleno boom del consumo en Estados Unidos, y lo hicieron con rutas y mercados propios. Cuando estalló la guerra entre los carteles de Cali y Medellín, los del norte del Valle se declararon neutrales. Entonces, ni Escobar ni los Rodríguez quisieron entrar en una disputa adicional. Luego, poco a poco, los hombres del norte del Valle se apoderaron de segmentos del mercado abandonados por la crisis de Escobar, y compartieron con los Rodríguez una ruta por el océano Pacífico que se convirtió en la más importante puerta de ingreso de la droga hacia Estados Unidos durante los años 1990-1993. En forma paralela, los narcos del norte del Valle construyeron un importante aparato de violencia que estableció tempranos vínculos con los grupos paramilitares de los hermanos Castaño, cada vez más fuertes.

Para la Agencia Antidrogas Norteamericana (DEA), la identidad de los narcos del norte del Valle ha sido un misterio, de hecho, no parecen haberse interesado mucho en ellos. La primera reseña que se hizo de esta organización fue la de Iván Urdinola Grajales. Según se dice, su relación con el negocio la inició al final de los años ochenta como distribuidor en la ciudad de Nueva York, donde vivía. Su cumplimiento le permitió establecer contactos con Pablo Escobar y Helmer Herrera, razón primaria para su posterior neutralidad, pues sirvió a ambos en Newark, Houston, Detroit y Chicago. Detectado en Estados Unidos, regresó a Colombia, a su tierra, y creó su propia empresa exportadora hasta ganar, en medio de la guerra entre carteles, una fortaleza cada vez mayor.416 Urdinola, según parece, ha sido el único narco del norte del Valle a quien la DEA infiltró y de quien logró conocer no sólo algunas de sus actividades, sino también su identidad concreta. Fue detenido en 1992 y sentenciado a diecisiete años de prisión que, con las rebajas de ley, se redujeron a cuatro años y siete meses. A punto de recobrar su libertad, fue enjuiciado por el asesinato de un teniente de la armada. Murió, finalmente, de forma repentina.

Hasta 1990, ni la DEA, ni las autoridades colombianas, mencionaron con asiduidad otro capo del norte del Valle. Sin embargo, la investigación adelantada por una masacre continuada y atroz ocurrida en el municipio de Trujillo, arrojó dos nuevos nombres: Henry Loayza, más conocido como ‘El Alacrán’, y Diego León Montoya. Un año atrás, con el propósito definitivo de apoderarse de la región, grupos paramilitares al mando de los traficantes y apoyados por un destacamento del ejército, secuestraron, torturaron y asesinaron con sierra a más de cien personas simpatizantes de la guerrilla, o simplemente organizadas en cooperativas impulsadas por el párroco del pueblo, quien corrió la misma suerte. Un testigo de los hechos, informante del ejército, se presentó arrepentido a las autoridades e implicó a narcos y militares. La justicia penal militar, la justicia ordinaria y la Procuraduría, los absolvieron. El testigo fue declarado “loco” y días después asesinado. El expediente judicial, sin embargo, no supo nada acerca de Loayza y Montoya. Ni siquiera apareció el registro de sus cédulas de ciudadanía.

Poco después empezó a escucharse un nuevo nombre: Víctor Patiño Fómeque. Las autoridades norteamericanas levantaron cargos en su contra como responsable del envío masivo de cocaína hacia Estados Unidos. Ex-policía, Patiño tuvo a su cargo una importante ruta marítima que utilizaba con barcos pesqueros desde Buenaventura y que colocó a disposición de los Rodríguez y de Urdinola. La DEA lo apodó el “atún blanco”.

A partir de 1993, los nombres de supuestos integrantes del llamado Cartel del norte del Valle, empezaron a escucharse con mayor regularidad. No obstante, las versiones fueron contradictorias. A Urdinola, por ejemplo, se le señaló siempre como jefe. Pero en 1996, cuando en un centro comercial de Bogotá murió asesinado Efraín Hernández, se dijo que era éste el verdadero capo del norte del Valle. Sin embargo, estaba libre y dedicado a actividades legales. Poco antes, la DEA había señalado al mismo Urdinola como subordinado de su cuñado Arcángel Henao Montoya, y luego de Orlando Henao Montoya, a quien se acusa de establecer vínculos con el mexicano Amado Carrillo, encargado de pasar la droga desde su país a Estados Unidos. Más recientemente, a raíz del supuesto conflicto desatado entre los hermanos Rodríguez Orejuela y grupos del norte del Valle, se señaló a Orlando Sánchez como el máximo jefe. Citando como fuente al general Rosso Serrano, la última jefatura se atribuyó a Diego León Montoya.417

En forma consecutiva, la DEA añadió otros nombres al llamado Cartel del norte del Valle. Entre más de dos docenas de sindicados, muy pocos han sido capturados o se han entregado a las autoridades. Entre ellos el propio Iván Urdinola, Henry Loayza y Víctor Patiño Fómeque. Igualmente, Juan Carlos Ramírez, ‘Chupeta’, Juan Carlos Ortiz, ‘Cuchilla’, Jesús Amado Sarria, conocido en Colombia como esposo de “la monita retrechera”,418 y Orlando Sánchez Cristancho. La maraña es impresionante. Ni en los documentos públicos de la DEA, ni en las informaciones de la Policía en Colombia, ni en las investigaciones judiciales, aparecen datos concretos acerca de todos estos nombres. Sólo algunas publicaciones recientes ofrecen datos aislados acerca de estas personas y sus actividades como narcotraficantes.419 En todas ellas, antes que reflejar una organización tipo cartel, similar a la de los Rodríguez o Escobar, lo que parece claro es la independencia de cada uno de los grupos. En la investigación por la masacre de Trujillo, por ejemplo, no se registra nexo de dependencia o relación orgánica entre Henry Loayza y Diego Montoya;420 Patiño Fómeque fue ante todo un transportista al mejor postor; Juan Carlos Ramírez aparece vinculado a Urdinola, pero también a los Rodríguez; según se dice, la carrera de Juan Carlos Ortiz se inicia como sicario al mando de los Rodríguez, de quienes luego se separa. Tal vez se sabe un poco más de Henry Loayza. Algunos amigos de la región sostienen que fue cooptado por la organización de Rodríguez Gacha y otros traficantes menores en el Putumayo. Luego, con algún golpe de suerte, decidió regresar a su tierra de origen y aprovechar el carácter rural y aislado de la misma, así como su proximidad a las zonas selváticas cercanas al océano Pacífico, para plantar su propio negocio. Si ello es así, orgánicamente no tendría relación concreta con los otros.

Probablemente, una claridad mayor la ofrece la lista encontrada en poder de Miguel Rodríguez que, de acuerdo con las informaciones de la DEA, corresponde a los aportes solicitados por éste para la campaña presidencial de Ernesto Samper (1994-1998). Allí se encuentran reseñados veinte grupos. Y era esa, precisamente, la palabra que antecedía al nombre con el cual se identificaba la organización respectiva. Mientras Miguel Rodríguez enuncia como un sólo grupo el que conforma con su hermano Gilberto, Santacruz y Herrera, otorga identidad propia a todos los restantes, entre ellos los siguientes: “Grupo Juan Carlos”, “Grupo Montoya”, “Grupo Loayza”, “Grupo Sánchez”, “Grupo don Chucho”.421

En síntesis, el llamado Cartel del norte del Valle, a diferencia de las organizaciones de Escobar y los Rodríguez, carece de vínculos orgánicos concretos. Si en el caso de Cali y Medellín, el concepto cartel se empleó por las autoridades norteamericanas con propósitos de acumulación judicial, lo fue también para el norte del Valle. La diferencia estriba en que para Escobar y los Rodríguez, la organización existió con algún tipo de vínculo orgánico, centralización y dependencia. Para los veinte o más grupos del norte del Valle, sólo es posible señalar alianzas con propósitos específicos, productivos o militares. Alianzas que, en su momento, algunos de ellos tuvieron también con Escobar y los Rodríguez.

En medio de esas alianzas y rupturas, estalló una guerra entre los Rodríguez Orejuela y grupos del norte del Valle. Se desconocen sus antecedentes y causas. Se sabe de múltiples atentados, incluyendo parientes, colaboradores y abogados. El más espectacular ocurrió contra el primogénito de Miguel Rodríguez, quien sobrevivió gracias a sus guardaespaldas muertos. Una comunicación desde la prisión, interceptada a Miguel Rodríguez, señala al “hombre del overol” como el más peligroso de todos sus enemigos en toda la historia. En las autoridades hubo contradicción: para algunas fuentes, el “hombre del overol” sería Orlando Sánchez; para otras, sería Carlos Castaño, el jefe de los paramilitares en Colombia, contratado en alianza por Orlando Sánchez. El siguiente atentado acabó con la vida de Helmer Herrera en prisión, frente al cual respondió su hermano, también detenido, asesinando a Orlando Sánchez, quien se acababa de entregar a las autoridades.

Para los investigadores judiciales, como para los analistas, no existen suficientes bases que permitan formular hipótesis con respecto a la participación real de los narcos del norte del Valle en el negocio de la cocaína. Sus estrategias empresariales, sus vínculos sociales y políticos, sus características personales, sus redes de apoyo e infraestructura, son desconocidas en lo fundamental. Se reconoce la fortaleza de su aparato militar, pero tampoco se ubica en concreto.

La conclusión más sencilla apunta a que, a partir de los años noventa, la más rica experiencia para los narcotraficantes colombianos fue aportada por los grupos del norte del Valle. Mientras la represión del Estado colombiano y de Estados Unidos se ocupaba de los grandes carteles de Cali y Medellín, los narcos del norte del Valle se apoderaban cautelosamente de diversas rutas y mercados. Las dificultades de las autoridades y de la DEA para establecer su identidad y golpear sus estructuras han sido notorias. El carácter pequeño e independiente de los grupos, así como la distribución de responsabilidades al interior de sus negocios y la entrega del transporte a contactos internacionales, constituyó una garantía de seguridad tan importante como la que brindaban sus propios grupos paramilitares. Según se afirma, quienes se han entregado a las autoridades lo han hecho más por el acoso de sus contradicciones internas o por la guerra con el Cartel de Cali, que por la acción policiva. Sin duda, de los narcos del norte del Valle aprendieron múltiples organizaciones en el nuevo esquema del crimen organizado dedicado al tráfico de estupefacientes.

Las nuevas organizaciones. La segunda generación

La segunda generación de las organizaciones del narcotráfico mostrará una enorme capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias que se plantean en el negocio ilícito para la década de los noventa. Buena parte de ese aprendizaje proviene tanto de la caída de los grandes carteles como de la competencia por el control de las rutas y los mercados con grupos criminales internacionales, estrechamente relacionada con la acelerada globalización de la economía mundial.

La desarticulación de los grandes carteles

La prisión de Escobar en 1991 pareció más una brillante idea del capo para fortalecer su seguridad, que una estrategia oficial del Estado y del gobierno colombianos para someterlo. Una vez detenido, su acción delincuencial no se detuvo. Por el contrario, la Fiscalía obtuvo pruebas de secuestros y crímenes realizados al interior de la prisión. La guardia municipal, que en realidad dependía del capo; la guardia penitenciaria y el ejército que rodeaba la prisión, permanecían ajenos a todo cuando ocurría en el recinto carcelario. Cuando el gobierno decidió terminar tal situación, Escobar procedió a fugarse en medio de un desastroso operativo que intentaba su traslado a otra prisión.

Con la evasión de Escobar, Colombia entró una vez más en la sinrazón de la violencia extrema. Sin embargo, las acciones dinamiteras de Escobar fueron respondidas por atentados de quienes se hacían llamar los “Pepes”: “Perseguidos por Pablo Escobar”, a la cabeza de los cuales se encontraba, al parecer, Fidel Castaño. Acosada por los “Pepes”, la familia de Escobar se convirtió en rehén del Estado. Sin poder salir del país, la esposa y los hijos de Escobar terminaron reducidos al cuarto de un hotel rodeados por el Cuerpo Técnico de la Fiscalía. Preocupado por su suerte, el capo descuidó su seguridad y cayó abatido el 2 de diciembre de 1993.

Hasta ese momento, la persecución del Estado contra los narcotraficantes se había concentrado en Escobar y sus hombres. Ocurrida la muerte del gran capo, se esperaba a continuación una persecución de igual magnitud contra los Rodríguez Orejuela. Sin embargo, los hechos no demostraron idéntico interés por parte de diversos aparatos del Estado y del propio gobierno. Por el contrario, en enero de 1994, tres narcotraficantes del Valle se presentaron a la Fiscalía, y recibieron del fiscal general una constancia sobre la inexistencia de órdenes de captura en su contra, así como la apertura de una indagación preliminar que, en poco tiempo, podría determinar su absolución. El Departamento de Estado de Estados Unidos y la propia fiscal Janet Reno, colocaron en cuestión el procedimiento. En una misiva fechada el 10 de mayo de 1994, Reno denunció la “negativa” del fiscal general de Colombia, Gustavo De Greiff, “a afirmar la intención de la Fiscalía de perseguir y enjuiciar vigorosamente” a los miembros del Cartel de Cali. Según Reno en los momentos en que se hablaba de “compartir evidencias” contra los traficantes de esa ciudad, De Greiff nunca mencionó las “discusiones entre agentes de la Fiscalía y figuras importantes” de dicho Cartel.

En realidad, el escándalo frente a los hombres de Cali estalló en junio de 1994 con motivo de la campaña presidencial. Andrés Pastrana, rival de Ernesto Samper, entregó al presidente César Gaviria algunas grabaciones en las cuales Gilberto y Miguel Rodríguez mencionaban la financiación de la campaña samperista. Aunque De Greiff no encontró méritos para abrir investigación judicial, los hechos ulteriores pusieron al descubierto la catadura real de los narcos de Cali, y sus grandes vínculos con la clase política. El hallazgo de importantes documentos en diversos allanamientos realizados a empresas de propiedad de los Rodríguez y su contabilidad, dejó en claro la existencia de 6.400 operaciones financieras realizadas en un solo banco para favorecer la campaña presidencial con una suma superior a tres mil millones de pesos; para patrocinar a considerables grupos de congresistas, oficiales y agentes de la Policía y otros cuerpos de seguridad, también al procurador general de la nación y al contralor, así como para costear todo tipo de apoyos particulares. A nombre de empresas ficticias, creadas con el propósito de girar con libertad sus dineros, otras entidades bancarias registraron, según la investigación conocida como “Proceso 8.000”, más de cuarenta mil transacciones.422

A lo largo de su periodo y en razón de los hechos, el presidente Samper perdió, en la práctica, todo margen de maniobra interno y externo. La descertificación del país en materia de “lucha contra las drogas”, por parte de Estados Unidos, constituyó un mecanismo de presión importante sobre el gobierno colombiano. Así mismo, el retiro de la visa de ingreso a dicho país para el presidente de Colombia, señaló la pérdida total de credibilidad y legitimidad por parte de Samper frente a los ojos norteamericanos.

Como respuesta, el gobierno adoptó todas las medidas que Washington exigía para aplacar sus ánimos. En primer lugar, el más vasto programa de fumigación de cultivos ilícitos en las dos últimas décadas. Al mismo tiempo, una efectiva persecución en contra de los altos capos del Cartel de Cali, que culminó con su captura y entrega. En lo referente al control de las rutas del tráfico, operativos aéreos intensos y acordes con los planes y exigencias de Estados Unidos. En 1997 se suscribió el acuerdo marítimo bilateral que autorizó a las autoridades norteamericanas para realizar controles y confiscaciones de embarcaciones sospechosas. Las medidas en contra de los narcotraficantes se endurecieron con las leyes de extinción de dominio y de aumento de penas. Finalmente, la Constitución fue reformada y se restableció la extradición de nacionales.

La lucha contra los capos del narcotráfico en Colombia culminó su primera etapa antes del nuevo milenio, en la primera mitad de la década de los noventa. Gonzalo Rodríguez Gacha y Pablo Escobar Gaviria cayeron abatidos por la Policía Nacional. El hijo del primero lo acompañó en su suerte; la esposa y el hijo mayor del segundo fueron detenidos en Argentina acusados de fraude financiero. Familiares y una gruesa parte de los miembros del llamado Cartel de Medellín, permanecen en prisión. Los hermanos Ochoa pagaron leves condenas, pero el más joven de ellos fue detenido nuevamente y extraditado a Estados Unidos, en donde fue condenado. Los hermanos Rodríguez Orejuela y sus más cercanos aliados han sido condenados y nuevas investigaciones se ciernen sobre sus cabezas. José Santacruz Londoño fue asesinado pocos días después de su evasión de una cárcel. Helmer Pacho Herrera fue asesinado por un sicario al interior de la penitenciaría. Otros capos medianos han intentado, de diversas maneras, una negociación directa de entrega con la DEA y las autoridades norteamericanas.

Los “empresarios en red”

A pesar de la desarticulación de los grandes carteles, el poder y la presencia del narcotráfico en Colombia continúa incólume. Aunque en 1996 y 1997 se erradicaron 66.660 hectáreas de cultivos ilícitos, la producción se disparó a cerca de 150.000 hectáreas entre 1998 y 1999. Si bien al finalizar el año 2000 las hectáreas cultivadas se aproximaban a 200.000,423 es un hecho que en los dos últimos años la tendencia ha empezado a decrecer.

No obstante, la producción se ha mejorado y diversificado. Los narcos poseen ahora una variedad de hoja de coca que, según lo estima el Departamento de Estado norteamericano, es cincuenta veces más productiva y resistente al glifosato. De modo que las hectáreas cultivadas pueden haber disminuido, mas no así la producción concreta de la cocaína. Así mismo, el cultivo de amapola y la producción de heroína han generado una fuente superior de ingresos y exportación. Los mercados son cada vez mayores y cubren a Europa e incluso parte del oriente asiático.

Desde mediados de los años noventa los narcotraficantes colombianos presentan dos características centrales. De una parte, una tendencia a la “democratización” del negocio y, de otra, una mayor integración a las redes globalizadas del tráfico. Las nuevas organizaciones de tipo mafioso se han adaptado con increíble audacia, capacidad de aprendizaje y flexibilidad, a las nuevas condiciones.

El vacío de los llamados carteles, sin descartar a los narcos del norte del Valle, pero siguiendo su ejemplo, ha sido cubierto por una multitud de empresas pequeñas que se especializan en fases concretas del proceso productivo y de exportación. De hecho, la tendencia a la dispersión y a la fragmentación, producida tanto por factores económicos como políticos y estratégicos, vuelve difícil la identificación y la caracterización de estas nuevas organizaciones y sus miembros.

Las diferencias entre esta nueva generación de narcotraficantes y la anterior, son patentes en varios aspectos. Para empezar, su origen social se encuentra en sectores medios y profesionales. Algunos pueden citarse como “discípulos” y descendientes de los grandes capos. Otros, en criterio de la policía, poseen el “don de la invisibilidad”; ya por su discreción o incluso aparente humildad, ya por pertenecer desde siempre a importantes sectores sociales y financieros en donde pasan inadvertidos. Uno de los nuevos jefes, capturado en operaciones militares adelantadas contra los narcos en el 2001, vivía exactamente al frente de la residencia del general Serrano, entonces director general de la Policía. Al ser detenido, rompió en llanto. Otra diferencia con los grandes capos: no esperaba su captura.

A grandes rasgos, el negocio de la cocaína tiene seis fases importantes: cultivo, procesamiento de la hoja para obtener pasta o base, cristalización de la materia prima o producción de cocaína, transporte o exportación del producto, distribución de la cocaína en los mercados consumidores, y obtención del efectivo o reinversión de las ganancias. En la era de los carteles, las fases fueron cubiertas, prácticamente en su totalidad, por las organizaciones de los capos. La característica de su funcionamiento pudo asimilarse al de empresas oligopólicas en donde la jerarquía era asimilada a la información, al “saber cómo” y al “poder hacer”.

En el caso de Tranquilandia o de los laboratorios entregados por los capos en 1990, se puso al descubierto una capacidad inmensa. Los laboratorios contaban, incluso, con plantas de producción y reciclaje de ácido sulfúrico y acetona, químicos indispensables para el procesamiento de la hoja de coca. Alojaban a más de doscientas personas, con comodidades increíbles para la inaccesible zona selvática en la que operaban. El costo del montaje se calculó en veinte millones de dólares, y su producción en cuatro toneladas de cocaína mensuales. Nadie desconoce la sofisticada red de almacenamiento, transporte, radiocomunicaciones e incluso armamento de los carteles. Así mismo, el soborno directo de los aparatos de seguridad, no sólo colombianos: la policía de Miami también fue declarada corrupta hacia los años setenta y ochenta; igualmente la mexicana, a veces más descarada, y el gobierno entero de Bahamas y Antigua, por obra y gracia del dinero de los grandes capos.

Con las nuevas organizaciones, las fases del negocio de la cocaína son ejercidas, a menudo, por organizaciones independientes. En términos económicos, los narcotraficantes operan siguiendo las tendencias de flexibilización, descentralización y adaptabilidad con la que operan las empresas legales ante las exigencias de los mercados globalizados. Así, algunas empresas adquieren la base de coca en las zonas selváticas, dominadas hoy por paramilitares y/o guerrilleros, otras las procesan y refinan en pequeños laboratorios. Muy pocas la cultivan directamente, y otras se encargan del transporte. En una especie de modelo de subcontratación, el proceso productivo, por consiguiente, se encuentra más fragmentado y gana con ello en discreción y movilidad. La fragmentación del proceso en empresas diferentes y especializadas contribuye, además, a la seguridad. Cuando se golpea un sector, no se golpea toda la cadena ni, mucho menos, la continuidad del negocio.

Hoy por hoy, las organizaciones del narcotráfico en Colombia se ocupan menos del transporte directo de la droga hacia Estados Unidos. Dicho papel ha sido cedido a organizaciones mexicanas y a otras nacientes en distintos países centroamericanos y del Caribe, especialmente República Dominicana y Puerto Rico: florecen los intermediarios. De las pequeñas aeronaves se pasó a sofisticadas embarcaciones sumergibles, a grandes aviones y barcos especialmente acondicionados. En ello, las organizaciones del narcotráfico han demostrado una alta capacidad de innovación, así como una habilidad notable para valerse de las nuevas tecnologías.

De todas maneras, la participación en el negocio de la droga también se ha atomizado. Con algún sentido político, podría decirse que dicho negocio se ha “democratizado”. Ahora es posible encontrar diminutas organizaciones que, tras adquirir algunos kilos, organizan su transporte con el sistema más rudimentario: las “mulas”. El número de personas sorprendidas en los aeropuertos nacionales y del mundo con cápsulas de droga en sus intestinos, aumenta cada día. De ello no se escapan ni siquiera oficiales del Ejército, deportistas, ancianos ni niños. No ha faltado quien, de manera personal e independiente, decida invertir sus ahorros en el negocio: adquirir algunos gramos, ingerirlos en pequeñas bolsas de látex, pagar su tiquete a Miami o Nueva York, y salir a la venta en las calles. El carácter nimio de algunos grupos se ha hecho palpable con la captura de niños que han sido sorprendidos cuando intentaban movilizar pequeñas cantidades de pasta de coca desde las zonas de cultivo hasta las ciudades, en buses de transporte público. Algunas “redes” son simplemente ocasionales, informales, creadas por la oportunidad y susceptibles de desaparecer tras un solo “embarque”.

De forma estratégica, la nueva generación aprendió, igualmente, muchas lecciones del pasado. Los nuevos narcotraficantes no sólo son más prudentes, menos exhibicionistas, más alejados de los ritmos sociales de la elite y de la política. El escándalo desatado durante el gobierno del presidente Samper, puso al descubierto hasta qué punto la mafia había sido capaz de penetrar el Estado. En adelante, será más difícil para los traficantes valerse de los nexos con la clase política para defender sus intereses. Tampoco tiene mucho sentido: no vale la pena invertir demasiado en los políticos si, al final, no ofrecen resultados contundentes y terminan presos al igual que los narcos.

El derroche de dinero ha sido reemplazado por inversiones legales y cuidadosas que exploran el exterior en situaciones incluso favorables como la dolarización ecuatoriana. También han transformado sus formas operativas, han construido nuevas rutas, han mimetizado con sorprendente inteligencia sus envíos, han sustituido sus medios de transporte. Sin duda, su nivel de ingresos ha disminuido con respecto al sustentado por los grandes capos en el pasado, pero el nivel de su seguridad ha sido incrementado. Son menos detectables y es más difícil golpear sus sencillas estructuras, al mismo tiempo cada vez más planas y menos jerarquizadas. Dado que los capitales son menores, hay una tendencia a la racionalización en las inversiones. La reducción del riesgo y el potencial de supervivencia compensan la riqueza extrema; la distribución de las ganancias las afecta, pero también las premia.

Otro elemento importante dentro de las estrategias empresariales desarrolladas por los traficantes está en el establecimiento de alianzas transnacionales con mafias de otros lugares. El hallazgo de un submarino fabricado clandestinamente con tecnología rusa, colocó de presente el poder de los nuevos narcotraficantes y sus indiscutibles contactos con organizaciones internacionales del crimen organizado y, más concretamente, con la mafia rusa. La fabricación de la heroína, de hecho, ha contado con asesoría asiática. Estas alianzas estratégicas se traducen en la posibilidad de conquistar nuevos mercados, en la facilidad para adquirir insumos o en reciclar más fácilmente las ganancias en el sistema financiero internacional. Se traducen, igualmente, en la diversificación de las actividades económicas a través de la participación en otro tipo de tráficos ilícitos. Frente al poderío organizacional del crimen mundializado, los métodos clásicos de represión encuentran muchas limitaciones.

Consideraciones finales

Los carteles alcanzaron el dominio del mercado interno e internacional y lograron, sobre todo en Cali, una infiltración importante en sectores legales de la economía, en la política y en los aparatos coactivos del Estado. De alguna manera, no sólo influyeron en la sociedad y en la cultura, también la transformaron. Después de Pablo Escobar y los Rodríguez, Medellín y Cali no fueron las mismas ciudades. Sin embargo, la conclusión puede aplicarse al país entero.

Más allá del crimen y el aumento de sus estadísticas, la vida cotidiana en Cali, como en Medellín, presentó considerables cambios. No existen muchos estudios al respecto, pero las gentes narran cómo a principios de los años noventa la presencia del narcotráfico se hizo evidente. Tras la persecución a los grandes capos, el ambiente se transformó de nuevo. La imagen de los pistoleros que se creían dueños de la ciudad disminuyó ostensiblemente. Y disminuyó también la inusitada marcha de la construcción, el precio de la tierra y de las propiedades urbanas, la cantidad de almacenes suntuosos y las joyerías, el mercado de las flores y el comercio entero, las empresas deportivas y el éxito de los equipos de fútbol. Se disparó, en cambio, el asalto contra el erario público; como si algunos políticos y funcionarios, huérfanos del cartel, no tuvieran otro recurso. El departamento del Valle y su capital Cali se declararon en quiebra.

No puede decirse, por completo, que la responsabilidad de todo ello recaiga sobre el narcotráfico. La realidad de Colombia es bastante compleja y son muchos los actores y escenarios que se cruzan en su construcción. Los estudios, además, son todavía frágiles. El problema del narcotráfico no ha sido tratado en forma clara y suficiente. El peligro que se cierne sobre todos aquéllos que intenten acercarse al tema es real. Pero también, hasta ahora, se dedicó más atención a sus consecuencias, la violencia, por ejemplo, que a su estructura interna y sus contenidos sociales.

Ello resalta la importancia del problema que abordamos en el presente artículo: el intento de establecer categorías que nos permitan tipificar y caracterizar la particularidad de los grupos dedicados al tráfico de narcóticos en el país. Evidentemente, Colombia no ha tenido mafia al estilo italiano, pero tampoco el asunto es tan simple para enmarcarlo en un esquema general del crimen organizado. Nuestra respuesta es un sistema híbrido: crimen organizado de tipo mafioso. Sin embargo, la propuesta analítica que formulamos obedece también a épocas y coyunturas. Probablemente, no tenga discusión para el caso de los carteles. Pero, con la desaparición de ellos, los prototipos mafiosos de las organizaciones parecen ceder en forma paulatina aunque no total. Además, la participación de la guerrilla y de los paramilitares en el negocio parece obedecer a otras formas de organización aún no examinadas, pero definitivamente existentes; todo lo cual plantea grandes desafíos para el análisis.

Como se constata, la historia del narcotráfico en Colombia no detiene su marcha: la detención constante de “mulas” en los aeropuertos, junto con el decomiso de grandes cargamentos, demuestran que el negocio se mantiene. Así mismo, las noticias sobre la fumigación de cultivos, la destrucción de laboratorios, las constantes operaciones de captura, y las constantes solicitudes de extradición de narcotraficantes hacia Estados Unidos, constituyen muestras de que la lucha contra el tráfico ilícito de drogas continúa.

No obstante, a pesar de la gran capacidad de innovación y de adaptabilidad que han mostrado en los últimos años, los narcotraficantes colombianos parecen perder posiciones importantes sobre el control del negocio, en favor de otras organizaciones como la mexicana o la rusa. Ello sucede por dos razones básicas: en primera instancia, porque las acciones norteamericanas en política antinarcóticos han estado concentradas en Colombia y han golpeado fuertemente a los carteles y a los narcos colombianos, permitiendo a otros actores posesionarse del negocio. En segundo lugar, por la propia situación interna, en la que se presenta una cruenta lucha entre varios actores por los recursos generados por el tráfico ilícito. Los sucesivos enfrentamientos, alianzas y negociaciones entre las guerrillas, los paramilitares y los narcotraficantes, se han traducido para el negocio del narcotráfico en un juego que nadie puede controlar por completo.

La hipótesis no apunta a la desaparición del narcotráfico ni de las organizaciones dedicadas a ese negocio en Colombia. Simplemente advierte, por un lado, la imposibilidad de controlarlo en su totalidad y la necesidad de pactar que adquieren ahora los distintos grupos que componen la red del tráfico de drogas. Pero, por otro lado, la confrontación cada vez mayor entre los grandes aparatos militares –guerrilla y paramilitares– por el dominio sobre el territorio en donde operan los laboratorios y se cosecha la materia prima de la droga.

De esta manera, la estrategia antinarcóticos del gobierno colombiano y, sobre todo, del Departamento de Estado norteamericano, no ha dado en el blanco. Se han presentado aciertos en asuntos importantes tales como la reforma policial, golpes a la corrupción y desmantelamiento de los carteles, por ejemplo. Sin embargo, el proceso continúa a pesar de la ayuda fijada por el Plan Colombia y los subsiguientes aportes norteamericanos. Lejos de acabar con el negocio, la política represiva ha ocasionado un escalamiento del conflicto armado y ha conducido a las organizaciones guerrilleras a una estrategia cada vez mayor de terrorismo generalizado. Las plantaciones de coca cambian de lugar lesionando cada vez más la ecología del pulmón amazónico. No es claro qué puede suceder con los desplazados; tampoco es claro cuál será el rumbo final de un conflicto armado distorsionado por el problema del narcotráfico, ni cuál el destino final de cientos de guerrilleros y paramilitares que han conocido de cerca el papel financiero de la droga. Si algo alienta la guerra en Colombia son los millones de dólares que genera la producción y exportación de narcóticos. Lo único aparentemente claro es que el crimen organizado nacional e internacional, sabrá adaptarse a las nuevas condiciones con nuevas iniciativas, cambios y sistemas en una nueva historia cuyas páginas se escriben con la persistencia del consumo.

Narcotráfico y seguridad nacional ¿Nueva o vieja intervención?

César Torres Del Río

La seguridad, nacional o colectiva, es un tema trajinado. En tanto “colectiva” sus orígenes se remontan a la Primera Conferencia Panamericana, en 1889, y a las reuniones de consulta de cancilleres, iniciadas en 1939. En tanto “nacional”, en el hemisferio occidental saltó a la palestra con notoriedad a raíz del ascenso al poder del estamento castrense brasilero, en 1964, cuando comenzaron los llamados “gobiernos de seguridad nacional”. Tanto la una como la otra han sido tuteladas por los gobiernos norteamericanos.

La seguridad ha estado enfocada en prevenir o confrontar los peligros reales o potenciales para las democracias latinoamericanas y del Caribe: primero el fascismo, luego el comunismo y en nuestros días el narcotráfico y el terrorismo. El Pacto de Río, firmado en 1947, pretendía enfrentar a los enemigos de la época y los futuros, pero hoy es inoperante. Más efectivas son las variadas resoluciones de la OEA que en los últimos diez años se han aprobado para enfrentar distintas amenazas y enemigos, y más recientemente la aprobación en México, a finales de octubre de 2003, de la Agenda para la Seguridad Hemisférica.

Con todo, la principal amenaza para Colombia es la del narcotráfico. Y así la analizan los distintos organismos norteamericanos y europeos. El problema reciente es que la lucha contra las drogas ha sido asociada a la lucha contrainsurgente mediante el Plan Colombia. Así, el enemigo tiene ahora una triple naturaleza: es, al mismo tiempo, narcotraficante, guerrillero y terrorista. O mejor, una doble naturaleza pues el papel de guerrillero le ha sido arrebatado: estamos frente al narcoterrorista. Sin embargo, la guerra que nos carcome mantiene sus rasgos generales sin que desconozcamos los cambios que se producen en su evolución. Así, el número de desplazados se incrementa, las masacres no han desaparecido del escenario, los actos terroristas –esos sí nuevos en comparación con las décadas anteriores– son parte de la vida cotidiana, como lo son también los asesinatos selectivos. Es la moderna degradación del conflicto, así como la hubo en los años cincuenta.

La seguridad: un viejo asunto multilateral

Quienes trabajan las relaciones internacionales de Colombia y de América Latina, y de éstas con Estados Unidos, saben que las temáticas de seguridad colectiva y de tráfico de narcóticos han sido una constante preocupación histórica, por lo menos desde los años veinte de la pasada centuria. Basta leer las Memorias de las cancillerías para comprobar tal aseveración. Sin embargo, como cubrimiento gubernamental continental, la relación entre ambas apenas si es asunto de la década de los noventa. Como punto de la agenda colombo-norteamericana, la pareja fue moldeada desde finales de los setenta, específicamente a partir del gobierno de Alfonso López Michelsen, y convertida en su figura central desde los años ochenta. El resultado de semejante evolución ha sido la “narcotización” de las relaciones entre la Casa Blanca y el Palacio de Nariño. Veamos cómo dichas temáticas se convirtieron en una.

El “enemigo” y la seguridad continental

Desde 1936, en la Conferencia de Consolidación de la Paz, celebrada en Buenos Aires con motivo de la terminación de la Guerra del Chaco, los países miembros del movimiento panamericano decidieron acoger la propuesta del presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt de flexibilizar el sistema multilateral, haciéndolo rápido y eficaz mediante la acción conjunta en los asuntos de la seguridad hemisférica. Decía el estadista que la época de la protección unilateral de Estados Unidos sobre el continente había pasado y que en adelante se trataría de una “responsabilidad compartida”.424 De la capital argentina surgió así el mecanismo de las reuniones de consulta de cancilleres.425

La más inmediata oportunidad para poner en marcha el nuevo sistema se presentó cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Las tres primeras reuniones de cancilleres –Panamá, La Habana, Río de Janeiro– tomaron decisiones concernientes a la defensa continental frente al enemigo fascista, en particular la de Río, pues Estados Unidos había sido atacado en Pearl Harbor por el Imperio del Sol Naciente.426 Una conferencia especial de cancilleres, en Petrópolis, Estado de Río de Janeiro, adoptó en 1947 el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).427 Éste podría ser utilizado por Estados Unidos como cobertura legal para sus intervenciones continentales, ya que como parte de su política exterior había consagrado que

La política de no intervención en los asuntos internos no significa la aprobación de la tiranía local. Nuestra política intenta proteger los derechos de nuestros vecinos a desarrollar su propia libertad a su propio modo. No intenta darle libre rienda a complots contra la libertad de los demás.428

La guerra fría cristalizaría al comunismo internacional como el nuevo adversario de las democracias capitalistas: el más versátil, longevo y ubicuo de todos los enemigos. Luego de que Corea del Norte traspasara el Paralelo 38 e invadiera Corea del Sur, en 1950, la medida más enérgica tomada para resguardar el Hemisferio Occidental se acogió en Washington, en la cuarta reunión de cancilleres, en 1951, cuando los gobiernos latinoamericanos y caribeños decidieron crear un ejército continental bajo la tutela norteamericana.429 Sólo en 1954, año de la Décima Conferencia Panamericana América Latina, se adoptó como postulado de su política exterior los parámetros de la guerra fría al acoger la Resolución Anticomunista propuesta por Estados Unidos.

Durante las siguientes décadas, las reuniones de consulta de cancilleres y las asambleas de la OEA determinarían sus políticas exteriores en consonancia con la agenda mundial que las potencias establecían de acuerdo con los niveles del enfrentamiento bipolar, de una parte, y según las prioridades de defensa y seguridad del Estado norteamericano, de la otra.430

El narcotráfico como problema bilateral

A fines de la década de los setenta el tráfico ilícito de drogas comienza a ser sensible en las relaciones bilaterales. Una de las primeras medidas conocidas contra Colombia se implementó a finales del mandato de Alfonso López Michelsen cuando la administración norteamericana realizó la “Operación Stopgap”, que incluyó vuelos espías para decomisar en altamar cargamentos de marihuana. Esta operación fue seguida de las declaraciones del director de la DEA en el sentido de que para Colombia el tráfico de drogas debería ser un asunto de seguridad nacional, algo que hasta los mismos funcionarios gubernamentales colombianos consideraron como una intromisión en los asuntos internos de nuestro país.

Con el presidente Julio César Turbay Ayala se implementó un tratamiento militar contra los productores de la droga, dada su tradicional receptividad a las formulaciones exteriores de Estados Unidos. Fue así como en noviembre de 1978 comenzó la “Operación Fulminante”, dirigida a combatir la producción y tráfico de marihuana en la Guajira y la costa Atlántica, en la que participaron cerca de diez mil soldados de la Segunda Brigada, lo que fue cuestionado tanto por el Congreso Nacional como por los medios castrenses; estos consideraban que se había presentado un desvío de sus naturales funciones, situación que parcialmente había llevado al fortalecimiento de los grupos guerrilleros.

Se produjo así un distanciamiento con respecto a la posición norteamericana de militarización antidrogas, situación que fue aceptada a regañadientes por Washington porque al mismo tiempo tramitaba con Colombia la firma del tratado de extradición. De otro lado, aunque el Congreso estadounidense estaba limitado por la enmienda Percy, la cual impedía la ayuda externa para ser utilizada en la aplicación de herbicidas prohibidos nacionalmente, presionó para su implementación; si bien este programa se abrió camino en 1981, cuando fue derogada aquella enmienda, el gobierno de Turbay Ayala se rehusó a ponerlo en práctica. Sin embargo, en reemplazo, el 4 de marzo de 1982 entró en vigor el tratado de extradición, una abierta imposición norteamericana, independientemente de su lógica simplista y maniquea.

Sin embargo, el tratado no tuvo aplicación bajo la administración Turbay ni durante los dos primeros años del gobierno de Belisario Betancur. Esta renuencia del presidente conservador se trocó en medidas lesivas para el comercio colombiano (flores y vuelos comerciales), y en la eventual aplicación de la Enmienda Hawkins-Gilman de 1983, que condicionaba la asistencia económica a los países productores de alucinógenos a la implementación de las medidas que Washington creía pertinentes contra las drogas. Pero cuando los narcotraficantes asesinaron a Rodrigo Lara Bonilla, ministro de justicia de Belisario Betancur, el 30 de abril de 1984, la aplicación de la extradición se convirtió en el instrumento público que anudó las relaciones bilaterales en la guerra contra el narcotráfico. Desde entonces la ayuda económica se incrementó.

El magnicidio tuvo otras consecuencias para la vida social y política de nuestro país. Incentivó el despliegue masivo del concepto acuñado por el embajador Lewis Tambs: la “narcoguerrilla”, lanzado a propósito del descubrimiento, en marzo de 1984, de una planta procesadora de cocaína ubicada en las márgenes del río Yarí, en el Guaviare, en la que hallaron cerca de diez toneladas del alcaloide con un valor aproximado de 8 mil millones de dólares. De propiedad de narcotraficantes de Antioquia, se aseguró que la planta la protegían las FARC. El segundo efecto de importancia fue la “remilitarización” de la lucha antidrogas, combinando las acciones de la policía nacional con el ejército; además, el 2 de mayo de 1984, el gobierno decretó que la justicia penal militar tendría a su cargo el juzgamiento de los delitos relacionados con las drogas. Como un elemento adicional, la Casa Blanca entró en negociaciones con la Casa de Nariño para la instalación de un radar en el archipiélago de San Andrés y Providencia para controlar el tráfico aéreo y marítimo de drogas.431

Un tercer efecto fue la fumigación de los cultivos de marihuana y coca. Rechazada por Betancur en los dos primeros años de su gobierno casi con los mismos argumentos que sostuvo Turbay Ayala, a partir de mayo de 1984 fue aceptada por el Consejo Nacional de Estupefacientes y el Consejo de Ministros, pese a la gran variedad de críticas que desató (desde la izquierda hasta distintas instancias gubernamentales y privadas pasando por los directamente afectados: indígenas, pobladores y campesinos). La diferencia con el criterio del gobierno norteamericano consistió en el uso de un herbicida diferente: mientras aquel insistió en el paraquat, las autoridades colombianas se decidieron por el glifosato.

Como puede apreciarse, al estudiar las administraciones de Turbay y Betancur encontramos que la “narcotización” de las relaciones bilaterales fue una decisión fundamentalmente norteamericana. Sin querer negar la importancia de los variados factores nacionales –entre ellos el enorme poder y capacidad de desestabilización social e institucional de los narcotraficantes colombianos, pero también la falta de tierras, empleo e ingresos de amplios sectores campesinos, situación que los obligaba a cultivar marihuana y coca–, lo cierto del caso es que los gobiernos de Turbay y Betancur terminaron por acoger los mecanismos exclusivamente represivos impuestos por Washington en la lucha antidrogas y con ellos interiorizaron la concepción de que la responsabilidad en el problema de las drogas ilícitas recaía en los países productores.

Pero lo cierto es que los resultados arrojados al terminar la administración Betancur fueron negativos, si se consideran los planes Estados Unidos-Colombia y la ingente suma de dólares destinada a la guerra antidrogas. En efecto, la asistencia norteamericana se incrementó: de US$3.490.000 en 1983 y US$6.765.000 en 1984, se pasó a US$10.650.000 en 1985 y US$10.600.000 en 1986. En cuanto a la tierra, de 8.000 hectáreas cultivadas de marihuana en 1985, se pasó a 13.000 en 1987.432

Tampoco al presidente Virgilio Barco Vargas (1986-1990) le iría mejor en la guerra contra las drogas. El recurso de la extradición falló enteramente: como sostén político, con excepción de un pequeño sector, no tuvo apoyo en las grandes mayorías de la población que lo veían como lo que era, un instrumento intervencionista; además, la ley que aprobó el tratado fue declarada inexequible; y en tercer lugar, pese a que Barco revivió la extradición haciéndola “administrativa”, las catorce extradiciones efectuadas hasta febrero de 1990 no intimidaron a los grandes jefes de las drogas, pues el negocio siguió en aumento, ni produjeron una reducción en la cantidad de alucinógenos que clandestinamente ingresaba a Estados Unidos.

Lo más significativo a nuestro entender es que la amenaza de la extradición y las distintas medidas que se implementaron con la óptica represiva, generaron un incremento en la criminalidad nunca antes visto, precisamente el fenómeno contrario de lo que se perseguía. Durante los cuatro años del gobierno Barco la violación estatal a los derechos humanos se incrementó; la de la guerrilla, la de los narcotraficantes y la de los paramilitares también. Se deben recordar aquí, primero, los asesinatos de tres candidatos presidenciales: Luis Carlos Galán, Jaime Pardo Leal y Carlos Pizarro, así como de varios jueces, oficiales y soldados del ejército, elementos de la policía, periodistas y miembros de partidos de izquierda; y segundo, la utilización del terrorismo como medio de consecución de objetivos: se hizo explotar un avión comercial, en pleno vuelo, con más de ochenta personas a bordo y se dinamitaron las instalaciones del Departamento Administrativo de Seguridad.

De otro lado, si consideramos otros aspectos de las relaciones bilaterales con Estados Unidos, a los colombianos tampoco nos fue bien durante el periodo. Vista la creciente escalada de los llamados carteles de la droga, Ronald Reagan firmó la Directiva Presidencial 221 de abril de 1986, que declaraba al narcotráfico como una amenaza contra la seguridad nacional norteamericana y ampliaba el papel de las fuerzas militares en la guerra contra las drogas; además, el Congreso norteamericano aprobó la ley antidrogas de 1986, que preveía la reducción del 50% de la ayuda externa a los países productores de droga, en caso de que el presidente no rindiera concepto positivo sobre la cooperación de ellos en los planes contra los estupefacientes. Así, desde esa coyuntura, el Pentágono y la Casa Blanca incrementaron sus medidas para combatir al que sería el nuevo enemigo continental: el narcotráfico.

Ya durante el gobierno de George Bush (padre), hacia junio de 1988, en el Congreso norteamericano se fue abriendo paso una revaluación de la política antidrogas relacionada con el papel del sector militar. De acuerdo con el informe de una comisión integrada por representantes de distintos sectores privados y gubernamentales, se consideró que el trabajo de las fuerzas armadas debería concentrarse en la destrucción de los centros de refinación y laboratorios de procesamiento en lugar de la destrucción de los cultivos. Esta nueva posición se acogió rápidamente en Colombia cuando, sin abandonar completamente la política de erradicación, el gobierno Barco destinó al estamento castrense para operativos contra los laboratorios urbanos y los centros de procesamiento rurales.

Pero al parecer la cooperación colombiana, no sin serias desavenencias con el enfoque, alcance y modalidades de la guerra, no le bastaba a Washington. En una injustificable intervención, en enero de 1990, los Departamentos de Defensa y de Estado, así como el Consejo de Seguridad Nacional informaron del desplazamiento hacia el Caribe del portaviones John F. Kennedy y de la fragata Virginia con el argumento de una operación antinarcóticos; consideraciones nacionales de todo tipo llevaron al gobierno colombiano a rechazar lo que de hecho era un bloqueo, así como cualquier plan de instalación de radares en las montañas.

De modo global, entonces, para finales de los años ochenta, se militarizó la guerra contra las drogas. Entre 1987 y 1990 cerca de tres mil miembros de las Fuerzas Armadas fueron entrenados en el United States Army School of the Americas, en Fort Benning, Georgia. En términos de cifras económicas, de acuerdo con la ley antinarcóticos norteamericana de 1988 (lo que nos sirve para establecer una comparación modelo) uno de los paquetes de ayuda destinó a la protección de los jueces colombianos US$5 millones mientras que al sector castrense le fueron entregados US$15 millones. Así mismo, mientras que en 1985 la ayuda militar a Colombia fue de US$800.000, en 1989 llegó a US$72 millones debido al sorpresivo giro de US$65 millones decretado por el presidente Bush en agosto de 1989 luego del repudiable asesinato de Luis Carlos Galán. A su vez, el Export-Import Bank garantizó US$200 millones de préstamo para la adquisición de material militar dirigido a combatir el narcotráfico y a la guerrilla.433

Así, pues, puede apreciarse que estas operaciones militares y financieras se desarrollaban en consonancia con la nueva estrategia de seguridad norteamericana, que contaba con buen apoyo en el Congreso. En efecto, el 13 de abril de 1989 la Subcomisión de Narcóticos, Terrorismo y Operaciones Internacionales, encargada de los conflictos de baja intensidad y perteneciente a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, presentó un informe sobre la relación entre política exterior, narcóticos y represión del tráfico de drogas proveniente del Caribe, América Central y América del Sur hacia los Estados Unidos.434 Es pertinente mencionar que el presidente de la subcomisión era el senador John Kerry para quien nuestro país no era más que una “narcodemocracia”.

Lo que aparecía claro en el informe era que la estrategia de seguridad para este continente en la lucha contra el tráfico de drogas, se entendía como una guerra de baja intensidad; además, se aceptaba como una verdad de a puño el criterio de Paul Gorman, ex-jefe del Comando Sur de Panamá y teórico de la doctrina de la guerra de baja intensidad, según el cual el narcotráfico era más exitoso en sus objetivos desestabilizadores en Estados Unidos que la subversión inducida por la URSS. De otra parte, recomendaba contratar a mercenarios para actuar contra gobiernos extranjeros, admitiendo que la privatización y el carácter conspirativo de la política de seguridad deberían ser características permanentes de los objetivos norteamericanos.

Igualmente, el informe enfatizaba que los carteles colombianos de la droga eran el foco de la nueva amenaza contra la seguridad norteamericana por lo que debía combatírseles mediante la extradición y la eliminación del sistema de lavado de dólares. Incluso llegó a indicar modalidades específicas de intervención cuando advirtió que: “El gobierno debe considerar cómo utilizar más efectivamente las diversas opciones políticas, económicas y, si es necesario, incluso militares, para neutralizar el creciente poder de los carteles”.435

Como complemento de esta nueva estrategia de seguridad, y en un hecho sin precedentes a nivel mundial, demostrativo de los nuevos mecanismos imperialistas, en febrero de 1990 la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos proclamó que su gobierno tenía derecho a allanar el mundo. Literalmente así. De acuerdo con la sentencia, aprobada por seis votos contra tres, si se producen situaciones amenazadoras para los intereses norteamericanos entonces puede haber una respuesta militar de Estados Unidos.436 En otros términos, ninguna soberanía nacional tiene validez para el gobierno norteamericano, ni tratados, ni instancias judiciales, ni constituciones políticas, ni derecho internacional, ni legislaciones nacionales. Es la teoría y la práctica del secuestro de Estado.

La determinación de esa Corte, ratificada en diversas oportunidades, ha sido aplicada para la persecución, detención y juzgamiento en Estados Unidos de los supuestos o verdaderos narcotraficantes; los secuestros más conocidos han sido los del general Manuel Antonio Noriega, el del narcotraficante hondureño Ramón Matta Ballesteros y el del ginecólogo mexicano Humberto Álvarez Machaín. Hoy, esta política de seguridad norteamericana puede aplicarse para eliminar cualquier otra perturbación de carácter nacional que afecte la paz continental, como la violación de los derechos humanos, las alteraciones en el régimen de la democracia representativa (¿Chávez en Venezuela?) y el terrorismo.

La iniciativa andina: seguridad intervencionista

Al terminar la guerra fría nuevos problemas se presentan para los latinoamericanos. Durante más de cuarenta años las potencias mantuvieron la amenaza del holocausto nuclear con el argumento de que había que contener al “comunismo internacional y sus agentes nacionales”. Desaparecido el modelo de gestión estatal de la URSS y de los países de Europa del Este, Estados Unidos enfrenta nuevos enemigos en el mundo, en especial el terrorismo. Para América Latina ha introducido nuevos puntos en la agenda interamericana, como la defensa de los derechos humanos, el ejercicio efectivo de la democracia, la guerra contra las drogas y la lucha contra el terrorismo.

En la guerra contra el tráfico de drogas, toda la vieja maquinaria de la seguridad nacional, que el gobierno de Estados Unidos puso en marcha durante la guerra fría, se mantiene y aceita para que sirva a sus nuevos propósitos. Así, por ejemplo, altos mandos militares norteamericanos han sostenido que la guerra contemporánea tiene que adelantarse contra la subversión y los narcotraficantes, aunque sea al costo de infringir “algunos derechos humanos”, según afirmaba el almirante William Crowe en 1989, entonces presidente de los Jefes Mixtos de Estado Mayor.437

Anunciada en septiembre de 1989 bajo el gobierno de Bush padre, la “Iniciativa Andina” fue desarrollada por el presidente Clinton pese a sus reiteradas manifestaciones de que el problema de las drogas debería resolverse internamente, atacando la demanda con medidas más educativas que represivas. El objetivo central es reducir el suministro de cocaína desde los países productores, razón por la que se amplió el papel del Pentágono y de la CIA.

Pero es una iniciativa condicionada: para que los países andinos accedieran a los supuestos beneficios, Washington impuso dieciocho condiciones, todas aceptadas por el gobierno de César Gaviria. Entre ellas merecen señalarse la no discriminación a ninguno de sus productos; la rebaja de aranceles para las importaciones norteamericanas; la cooperación en la lucha contra el narcotráfico; la prohibición de cualquier expropiación a las empresas norteamericanas y la protección de los derechos de propiedad intelectual.

No obstante, la médula de la iniciativa es su programa militar para desarrollar en dos niveles: 1) la mayor participación de las fuerzas armadas norteamericanas en la lucha que se adelanta en los países productores, y 2) el empleo de las fuerzas armadas andinas en la guerra antidrogas.438 Así se pretende un mayor control sobre la región andina, en particular sobre Bolivia, Perú y Colombia, objetivo que deja de lado los compromisos retóricos que adquirió en las dos cumbres antidrogas de Cartagena de Indias, en febrero de 1990, y de San Antonio, Texas, en febrero de 1992.439

En el cubrimiento de este programa militar, las labores de inteligencia son fundamentales para el éxito. Según el informe de WOLA, con tal fin fue creado el Command Management System, Sistema de Comando Operacional, basado en satélites y radares tácticos que vinculan a las fuerzas militares andinas, incluida Colombia, con la DEA a través de las embajadas norteamericanas, que a su vez se enlazan con los centros de coordinación de inteligencia en los Estados Unidos.440

La red de radares de la cuenca del Caribe cuenta con unos veinte de ellos. En el caso de Colombia, hay ya varios radares: San Andrés, Riohacha, Bucaramanga, Puerto Salgar, Villavicencio, Leticia y Araracuara (Caquetá); si bien se dice que son manejados por colombianos el control de las emisiones y el destino de la información está en manos de Estados Unidos, como quedó demostrado con la desconexión unilateral norteamericana de los radares de Leticia y Araracuara a finales de mayo de 1994. Para otras actividades de inteligencia se utilizan aviones Awacs y E-2C Hawkeye de la Marina, que son los aviones equipados con radares y satélites, aerostatos de las fuerzas guardacostas, helicópteros UH-60, aviones radar F-4 Phantoms, aviones de combate F-14 Tomcats; también se cuenta con buques armados con misiles teledirigibles, fragatas y portaaviones. Así mismo, se consideran de gran importancia las operaciones fluviales y costeras.

Para las labores de entrenamiento, planificación y coordinación conjunta con la DEA y la policía y ejércitos de cada país, las fuerzas militares norteamericanas cuentan con los “Equipos de análisis tácticos”, establecidos en Colombia, y también en Perú y Bolivia, desde 1988. Estos equipos trabajan con las embajadas norteamericanas para controlar toda la información de inteligencia en la lucha antinarcóticos de cada país. Uno de ellos, sostiene sólidamente WOLA, planificó y dirigió la acción destinada a capturar al narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha.

Analizada así en sus rasgos generales, la iniciativa tuvo amplia aplicación en Colombia durante el gobierno de César Gaviria, aunque éste se distanció de la administración norteamericana al sostener su política de sometimiento a la justicia. Como guerra de baja intensidad, la lucha antinarcóticos combinó dos niveles: la estrategia contrainsurgente y el combate a las drogas. No obstante, no existió unanimidad de opiniones en los diferentes centros de decisión del gobierno estadounidense, pues mientras existen leyes aprobadas por el Congreso que prohíben que los dineros para la lucha antidrogas se desvíen para el combate contra la subversión armada, el Pentágono consideraba que la asistencia tenía que cubrir ambos niveles de la guerra.

Sin embargo, las Fuerzas Armadas de Colombia consideraron que la asistencia, o al menos parte de ella, tenía que destinarse a la lucha contra las guerrillas. En marzo de 1990 los generales Nelson Mejía y Luis Eduardo Roca le informaron a personal del Congreso norteamericano que US$38,5 millones de los US$40,3 millones inicialmente destinados al ejército de Colombia para 1990, serían utilizados en la “Operación Tricolor 90”, ofensiva contrainsurgente iniciada en abril 90 y calculada para terminar en un plazo de tres años.441

Fue este tipo de determinaciones nacionales sobre la asistencia militar la que llevó a que el gobierno norteamericano suspendiera transitoriamente su asistencia en 1992. En efecto, luego de verificar que el ejército colombiano estaba utilizando dineros de la lucha contra el narcotráfico para los programas contraguerrilleros, el senador John Kerry presentó un informe que en febrero de 1992 sirvió a su gobierno para suspender la ayuda militar de US$60,3 millones, correspondientes a la vigencia fiscal de ese mismo año. Para salir dignamente del asunto, el Ministerio de Defensa de Colombia rechazó la donación de US$2,8 millones que le hiciera el gobierno de Estados Unidos con el argumento de que se pretendía condicionar dicha ayuda a la creación de un grupo antinarcóticos dentro del ejército. Aunque el condicionamiento fue cierto, el Ministerio nunca pudo rechazar los cargos del senador Kerry.

Por otra parte, en la letra, no en los hechos, se planteó un control efectivo por parte del estamento civil del accionar de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Militares y de Policía. Se creó el Comité Presidencial de Inteligencia, como parte del Consejo Superior para la Seguridad y Defensa Nacionales. Sus funciones comprenden la “elaboración de los planes de inteligencia estratégica, la definición de las líneas de cooperación internacional en esta materia y la determinación de los criterios para la evaluación de sus resultados”.442

En este mismo campo, financiada por $5 mil millones provenientes del impuesto de guerra, fue fundada la Inteligencia, en abril de 1990, como la quinta arma del ejército nacional –las otras son Artillería, Caballería, Infantería e Ingenieros– aunque fue en marzo de 1992 que se dio el paso definitivo para su creación. Otra medida modernizadora fue el robustecimiento de la Fuerza Aérea y la Armada Nacional. Para aquélla se adquirieron del Brasil catorce aviones Tucano (para operativos terrestres y entrenamiento) y un simulador de vuelo. En el cubrimiento de las áreas marítimas del Pacífico y el Atlántico, la Armada se fortaleció con dos nuevas unidades de Infantería.

En 1992 también se activó el Cuerpo de Guardacostas de la Armada Nacional, concebido mediante el Decreto 1874 del 2 de agosto de 1979, gracias a la asignación de más de $30.000 millones por el Plan Quinquenal de Inversiones; consta de una flotilla de diez buques, dos helicópteros, tres aviones y una tripulación de trescientos hombres.443 Sus funciones son, entre otras, combatir el narcotráfico, la piratería y las migraciones clandestinas; realizar operaciones de búsqueda y rescate; y defender el medio ambiente y los recursos naturales. Según las proyecciones elaboradas en 1992, entre 1992 y 1994 se invertirían US$8,5 millones en equipos de comunicaciones; entre 1992 y 1993, US$12 millones para la compra de una flotilla de helicópteros; y entre 1993 y 1994, US$24 millones en la adquisición de buques de doscientas cincuenta toneladas.444

Pasando a un segundo nivel de aplicación de la Estrategia Andina en Colombia, más importante aún que las transformaciones castrenses nos parece el asunto de injerencia del gobierno norteamericano y sus distintas agencias.

Uno de los primeros hechos conocidos fue el de los vuelos clandestinos de aviones norteamericanos equipados con radar y tripulados por personal militar, es decir, aviones de guerra. Aunque ya hacia mayo de 1992 la Procuraduría General de la Nación había reconocido oficialmente que aviones de la DEA no sólo sobrevolaban el espacio aéreo colombiano sin el permiso de las autoridades competentes sino que participaban en operativos conjuntos con la Fuerza Aérea Colombiana, el Congreso vino a ocuparse del asunto en agosto de 1992 cuando las cámaras de televisión mostraron la irrupción de aviones en el espacio aéreo de la ciudad de Medellín durante varias horas.

Si bien el liberalismo, el conservatismo y el M-19 rápidamente impidieron cualquier moción de censura contra Rafael Pardo, ministro de Defensa, y también la eventualidad de un juicio político contra César Gaviria, el Consejo de Estado dejó en claro que el gobierno había violado la Constitución de 1991 al no cumplir con el artículo que dispone que en caso de tránsito de tropas extranjeras o de buques y aeronaves extranjeras de guerra, el órgano ejecutivo debe oír previamente el concepto de ese máximo tribunal.

No obstante, para César Gaviria y su gabinete la cuestión se redujo al desarrollo de acuerdos de cooperación en la lucha antinarcóticos entre la fuerza aérea colombiana y su correspondiente norteamericana; por eso el presidente afirmó que con el pretexto de defender la soberanía no se podía pasar a defender a los narcotraficantes y a las organizaciones criminales, acusación injuriosa contra todos aquellos, incluido el Consejo de Estado, que rechazaron la manifiesta violación de nuestra soberanía.

Durante el gobierno de Ernesto Samper, la intervención norteamericana se incrementó hasta niveles intolerables debido en parte a la crisis de legitimidad surgida a partir de las denuncias que sobre ingreso de dineros del Cartel de Cali a la campaña del vencedor hiciera el candidato derrotado Andrés Pastrana. Desde entonces, la posición de Estados Unidos hacia Colombia se tornó “agresiva e intransigente”, lo que redujo aún más sus márgenes de maniobra internacional, llegando a desconocer a Samper como interlocutor válido y revocándole, en junio de 1996, la visa; además, Colombia fue descertificada en 1996 y 1997 y desde Washington se impulsó la identificación del país como paria dentro del sistema internacional.445 A todo esto hay que agregar que pese a la militarización de la lucha contra la producción de drogas ilícitas hubo una evidente expansión del área sembrada con plantas de coca, asociada al incremento del enfrentamiento armado, pues los costos de éste llevaron a los actores armados –paramilitares y guerrillas– a promover las siembras, a controlar los territorios con cultivos y a brindar protección para las diferentes transacciones del negocio.446

El Plan Colombia: mayor internacionalización del conflicto

La creciente expansión de los cultivos ilícitos, el incremento de la rentabilidad en el tráfico de narcóticos y, en especial, la militarización de la lucha contra las drogas, incrementaron los niveles de internacionalización del conflicto armado colombiano.447 Pese a que desde el gobierno de Virgilio Barco Colombia había insistido ante las Naciones Unidas en un enfoque multilateral para el tratamiento del fenómeno del narcotráfico y en la necesidad de combatir con mayor rigor el aspecto de la demanda, o sea del consumo, el enfoque prohibicionista y el tratamiento exclusivamente militar frente al problema terminaron por imponerse en el largo proceso de narcotización de la agenda bilateral. En ese contexto fue surgiendo el Plan Colombia.

Iniciado en el año 2000, y para desarrollarse “al estilo del Plan Marshall”, según anunció el entonces presidente Andrés Pastrana Arango, el Plan Colombia cuenta con cuatro componentes, entre los que se destaca la “iniciativa contra el narcotráfico”, y una ejecución proyectada para seis años que sobrepasa los 7.500 millones de dólares. Es financiado en un 48% con recursos del Estado colombiano, en un 46% por la comunidad internacional y en un 5% por créditos externos. Son cuatro sus objetivos: fortalecimiento del Estado, reforma institucional, lucha antinarcóticos y recuperación económica. Además plantea diez estrategias: reactivación económica; ajuste fiscal y financiero; paz negociada; reestructuración y modernización de las Fuerzas Armadas y de la Policía; fortalecimiento de la justicia y promoción de los derechos humanos; lucha antinarcóticos; desarrollo alternativo y protección ambiental, sobre todo para las regiones del Magdalena medio, el Macizo y el Suroriente; participación social; desarrollo humano, en especial en salud y educación, y una orientación internacional para confirmar la corresponsabilidad en la lucha antidrogas.

La propuesta colombiana de ayuda fue radicada en el Congreso norteamericano en el mes de octubre de 1999. Luego de intensas discusiones, dentro de los US$ 1.319 millones del paquete para la región, los norteamericanos destinaron para el país US$ 860,3 millones para financiar la “iniciativa contra el narcotráfico”, el tercer componente del Plan Colombia. Este último monto se dividió de la siguiente manera: US$519,2 millones para asistencia militar, US$123,1 millones para la Policía Nacional, US$68,5 millones para proyectos de desarrollo alternativo, US$51 millones para promoción y defensa de los derechos humanos, US$45 millones para fortalecimiento de las instituciones, US$37,5 millones para ayudar a los desplazados, US$13 millones para reforma judicial y US$3 millones para apoyar la búsqueda de la paz. De los US$519,2 millones para asistencia militar, se destinaron US$208 millones para dieciocho helicópteros Black Hawk (cada uno con un costo de 13 millones de dólares) repartidos así: dieciséis para el ejército y dos para la Policía, y US$120 millones para cuarenta y dos helicópteros Huey (con un valor cada uno de 2 millones de dólares), de los cuales treinta fueron asignados al ejército y doce a la Policía.448

De modo general, el Plan Colombia es un conjunto de acciones que busca acabar con la producción ilícita de narcóticos y el negocio asociado a ella, impulsar y fortalecer la presencia del Estado en las regiones más azotadas por las violencias y combatir a las organizaciones armadas, guerrillas y paramilitares. Si bien lo social es un aspecto que el Plan incorporó desde su formulación, en su financiación y evolución han descollado los factores militares. Primero, porque la percepción de Estados Unidos en materia de lucha antidrogas siempre ha estado “militarizada”. Y segundo, debido a que la atención a los componentes sociales y económicos ha sido menor y con pocos resultados en comparación con lo hecho en la guerra antinarcóticos. En ello han contado, ante todo, las nuevas prioridades de la agenda norteamericana en su lucha contra el terrorismo luego del atentado contra las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York; además, la terminación del proceso de conversaciones del gobierno colombiano con las FARC, tendiente hacia una salida política negociada del conflicto interno, y por último, el enfoque nacional e internacional sobre la política de seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe Vélez.

La “iniciativa contra el narcotráfico”, está determinada en su ejecución por los dineros donados por el gobierno norteamericano –los que han convertido a Colombia en el tercer país receptor de ayuda después de Egipto e Israel y en el primero fuera de esa zona– y por la política de militarización de la guerra contra las drogas que las distintas administraciones de Estados Unidos han diseñado para la región andina y para Colombia. Específicamente, la iniciativa se ha desarrollado en los niveles de la erradicación forzosa y voluntaria, la interdicción y la incautación de bienes, ninguno de los cuales ha cumplido sus proyecciones. La incautación de bienes se ha convertido más en un obstáculo que en una vía de castigo a los delincuentes toda vez que el Estado colombiano ha demostrado su incapacidad e inoperancia, administrativa y penal. En cuanto a la interdicción, los resultados son apreciables en cuanto a laboratorios incinerados, cocaína incautada y áreas de cultivo destruidas.

De otra parte, para una lucha a fondo, desde diciembre de 1998 los ministros de Defensa de Colombia y Estados Unidos acordaron un programa de cooperación militar que llevó a la creación, un año después, del primer Batallón Antinarcóticos dentro de la estructura de las Fuerzas Armadas; posteriormente se crearían dos adicionales. Toda la ayuda norteamericana está condicionada por una serie de factores que incluyen la no violación de los derechos humanos por parte de la institución militar y la persecución y procesamiento de las organizaciones paramilitares, aunque por razones de seguridad nacional el presidente de Estados Unidos puede pasar por alto dichos factores y certificar la ayuda. En opinión del gobierno norteamericano, el objetivo de los batallones es establecer las condiciones de seguridad necesarias para la ejecución de los programas antinarcóticos como la fumigación con glifosato y el desarrollo alternativo, en especial en el Putumayo.

Batallones antinarcóticos

batallón nº 1

931 militares colombianos y 65 asesores militares estadounidenses.

En operación desde 1999. Tiene sus sedes en Tolemaida, Tolima y Tres Esquinas, Caquetá.

BATALLÓN Nº 2

798 militares colombianos y 90 asesores militares norteamericanos. En operación desde el año 2000. Tiene su sede en Larandia, Caquetá.

BATALLÓN Nº 3

798 militares colombianos y 90 asesores norteamericanos.

En operación desde el año 2001. Tiene su sede en Larandia, Caquetá.

Fuente: Contraloría General de la República. Plan Colombia. Segundo Informe de Evaluación, 57.

En cuanto al programa de fumigación sus resultados son negativos no por la superficie asperjada, que podría encontrarse en un rango entre las 72 mil y las 108 mil hectáreas. El hecho concreto es que la rentabilidad del negocio sigue en alza. Así mismo, el efecto inmediato de la aspersión con glifosato ha sido la relocalización de los cultivos ilícitos en otros departamentos, un desfavorable impacto ambiental y consecuencias nocivas para la salud humana.

Según estimativos de las autoridades, cada año 200 mil galones de insumos se utilizan para los cultivos ilícitos. A ellos hay que agregar 105 mil galones de glifosato asperjados en la Cuenca Amazónica entre 1994 y 2001. Así, y de acuerdo con el análisis de la Contraloría General de la República, entre el procesamiento de la droga y su erradicación química forzosa se han presentado desequilibrios a nivel edáfico (suelo) y de la capa vegetal que se relacionan con la pérdida de microorganismos que descomponen e incorporan materia al ciclo de nutrientes. Igualmente, los recursos hídricos y los suelos se han contaminado por la destrucción, en el sitio, de los precursores químicos, los que generan gran cantidad de metano, bióxido de carbono, monóxido de carbono y óxido de nitrógeno con efectos posteriores de lluvia ácida y efecto de invernadero. También hay que considerar que buena parte del glifosato asperjado sobre los cultivos ilícitos se la lleva el viento y afecta zonas ubicadas a más de ochocientos metros, las que incluyen especies vegetales, cultivos de pan coger, ecosistemas y hasta los mismos cultivos del programa Plante.449

Así las cosas, en la “iniciativa contra el narcotráfico”, componente tercero y principal del Plan Colombia, persiste el viejo enfoque prohibicionista norteamericano, con nuevos matices, que considera todo el negocio como un asunto de criminalidad organizada, la cual debe ser combatida en especial por medios militares, sobre todo por los vínculos entre narcotraficantes y organizaciones armadas ilegales, guerrillas y paramilitares, de los cuales se benefician mutuamente y contribuyen, entre otras cosas, a la financiación de armamentos. Esta visión prohibicionista asume, además, que el responsable de los niveles a que ha llegado la producción de drogas psicoactivas ilícitas es el país productor, en este caso Colombia, al que hay que tutelar por medio de la llamada “certificación” para que los programas diseñados puedan tener la garantía de éxito. Sin embargo, la ejecución de la política de militarización de la guerra contra las drogas durante las dos últimas décadas no ha conseguido la disminución del problema. Por el contrario, y a pesar de que en un reciente informe de la Oficina de la ONU contra el Crimen y las Drogas se afirma que hoy en Colombia hay treinta y tres mil hectáreas menos de coca –debido a la fumigación aérea que lleva a cabo la Policía Antinarcóticos– el “efecto globo” ha llevado al aumento de los cultivos en Perú y Bolivia.450 De todos modos es necesario consignar aquí la intencionalidad del gobierno Uribe para terminar con el narcotráfico: según la ministra de defensa, en el 2004 los cultivos ilícitos estarán acabados.451

No menos negativo es el aspecto referente a la creación de los batallones antinarcóticos dentro de la estructura de las Fuerzas Armadas. Como lo han destacado a este respecto los analistas civiles de los asuntos militares, la lucha contra el narcotráfico tiene que ser una tarea de la Policía Nacional y de sus unidades antinarcóticos. En la medida en que las Fuerzas Armadas se involucran en cuestiones policivas, sus funciones tradicionales se ven menoscabadas, con un evidente perjuicio para la institución en el corto, mediano y largo plazo.

De otra parte, en la medida en que el conflicto interno colombiano se ha internacionalizado por distintos factores, endógenos y exógenos, el énfasis militar del Plan Colombia genera problemas adicionales que se desbordan hacia las fronteras, con eventuales efectos desestabilizadores para la región. El enfrentamiento militar entre las Fuerzas Armadas y las organizaciones ilegales armadas ha producido, y lo seguirá haciendo, un desplazamiento guerrillero a territorios venezolanos, ecuatorianos, panameños, brasileros y peruanos para refugio y operaciones defensivas frente a la organización armada del Estado. Esta situación, aunada a los desplazamientos de la población civil, víctima de los combates y persecuciones de la guerrilla y de los paramilitares, ha incrementado la demanda de seguridad por parte de esos países, advirtiendo sobre una eventual “colombianización” de sus territorios.

La seguridad norteamericana en Colombia

Los trágicos sucesos del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos modificaron sustancialmente las percepciones sobre la guerra, los enemigos y las modalidades de la seguridad. Al ubicar el terrorismo como el enemigo mayor para las democracias, Estados Unidos diseñó la doctrina de “disuasión avanzada” que consiste en atacar a las organizaciones terroristas antes de que ellas puedan actuar.452 Entendible desde el punto de vista de la seguridad norteamericana, la doctrina no deja de ser preocupante para los países periféricos que no disponen del margen de autonomía suficiente ni del poderío militar necesario para evitar intromisiones indebidas en nombre de la seguridad mundial.

En este contexto, y después de la guerra contra Irak, a un año de gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez es ya posible advertir las consecuencias de la aplicación de las nuevas políticas de Estados Unidos. Luego de las discusiones que se presentaron entre el Departamento de Estado y el de Defensa a propósito del Plan Colombia y su aplicación453 y siendo ahora claro que lo ambiguo es parte de la realidad, la implementación del Plan se da en los marcos de la nueva estrategia de seguridad nacional norteamericana:

Algunas partes de América Latina enfrentan un conflicto regional, en particular el derivado de la violencia de los carteles de drogas y sus cómplices. Este conflicto y el tráfico de narcóticos sin restricciones pueden poner en peligro la salud y la seguridad de Estados Unidos. Por lo tanto, hemos formulado una estrategia activa para ayudar a los países andinos a ajustar sus economías, hacer cumplir sus leyes, derrotar a las organizaciones terroristas y cortar el suministro de drogas, mientras tratamos de llevar a cabo la tarea... de reducir la demanda de drogas en nuestro propio país.

En cuanto a Colombia, reconocemos el vínculo que existe entre el terrorismo y los grupos extremistas, que desafían la seguridad del Estado, y el tráfico de drogas, que ayuda a financiar las operaciones de tales grupos. Actualmente estamos trabajando para ayudar a Colombia a defender sus instituciones democráticas y derrotar a los grupos armados ilegales, tanto de izquierda como de derecha, mediante la extensión efectiva de la soberanía a todo el territorio nacional y la provisión de seguridad básica al pueblo de Colombia.454

Así las cosas, la política de defensa y seguridad democrática del gobierno de Álvaro Uribe Vélez asume la percepción norteamericana sobre las amenazas a los estados del Hemisferio. Tal y como se puede apreciar en el texto colombiano, las problemáticas de la seguridad y la defensa se conciben dentro de una visión prohibicionista y militarizada tanto del conflicto armado interno como de su asociación con el tráfico de drogas.455

Por este camino, la prioridad ha sido el fortalecimiento del estamento castrense en la búsqueda estratégica de la recuperación del territorio. Se decretó excepcionalmente un impuesto del 1,2% sobre el patrimonio de unos doscientos cincuenta mil contribuyentes, aunque los 2,4 billones obtenidos fueron destinados para financiar los gastos corrientes y cubrir el déficit de 2002 en el sector defensa; para el 2004 el gasto militar llegará a un 5,2%, más del doble del de 1990; se espera que a fines del 2003 los efectivos profesionales adicionales serán unos treinta y cinco mil junto con dieciséis mil nuevos policías y unos veinte mil soldados campesinos; con ello se crearán dos nuevas brigadas móviles por año más dos batallones de alta montaña, siete batallones para zonas de rehabilitación, doce unidades urbanas antiterroristas y otras doce contra el secuestro, además del millón de cooperantes y las redes de informantes; es significativa también la reorientación del Plan Colombia –el que recibirá en 2003 una ayuda de 463 millones de dólares seguida de 110 millones como retribución por el apoyo de Colombia a la guerra contra Irak –dirigido en la actualidad a la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones armadas y a la protección del oleoducto Caño Limón-Coveñas.456 Se debe mencionar también el proceso de centralización de las compras de las Fuerzas Militares, lo cual persigue la eficiencia en la ejecución del gasto. Gracias a esta medida, en el 2002 se logró un ahorro de 14 mil millones de pesos y de 23 mil millones en el 2003.457

Para asegurar el adelanto de este programa militar, Estados Unidos tiene en Colombia la mayor misión diplomática en el mundo: mil doscientos funcionarios en la embajada, trescientos sesenta y cuatro civiles contratados para proyectos del Plan Colombia y trescientos veintitrés militares para entrenamiento y asesorías; además tiene treinta y dos agencias trabajando en distintos ámbitos. Las labores de la Misión son variadas: la fumigación, la operación de los radares, el apoyo a los organismos de investigación penal (CTI de la Fiscalía, Policía, DAS y Medicina Legal), asesoría técnica a la Procuraduría y para la vigilancia costera, entrenamiento a escoltas y a guardias de cárceles de máxima seguridad, asesoría para el contenido del nuevo Código de Procedimiento Penal y para la creación de diecinueve cortes para juicios orales, así como el entrenamiento a 3.400 jueces para estos juicios, apoyo de inteligencia a las brigadas contra el narcotráfico con los cinco aviones SA-237, y financiación para la ayuda humanitaria (desplazados y reinserción de niños combatientes).458

Paralelamente, la estrategia de seguridad norteamericana contempla otros aspectos que escapan a las consideraciones gubernamentales de Colombia, pero que afectarán las relaciones bilaterales y en particular la vida privada de los colombianos y sus derechos civiles. A partir del 1° de enero de 2004 y con base en la Patriot Act, aprobada en el 2002, el gobierno de Estados Unidos podrá detener a turistas que considere sospechosos y que hayan sido etiquetados con los colores amarillo o rojo; una parte de este proceso opera con el registro numérico que las aerolíneas asignan a cada uno de los que viajen a Estados Unidos –sin el consentimiento del viajero–, la otra con los datos personales de más de cien millones de latinoamericanos –fecha de nacimiento, dirección personal, estado financiero, propiedades, deudas, etc.– que la empresa ChoicePoint vende al gobierno norteamericano, adquiridas con subcontratistas en México, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.459

Desmilitarizar y desnarcotizar: una necesidad social y política

De lo aquí analizado es posible desprender una serie de consideraciones que, sin ser novedosas, buscan dinamizar el debate sobre el problema del narcotráfico y las estrategias para enfrentarlo.

Ante todo, será indispensable replantear la percepción política de que la seguridad es un asunto que tiene que ver únicamente con la defensa del Estado. Tal y como lo defienden los expertos, la seguridad tiene que concebirse como un bien público básico que supere el criterio de la represión y de la penalización del Estado sobre la sociedad, con el ánimo de crear y sostener una cultura de tolerancia ciudadana, de solidaridad, de respeto a las diferencias, para que prevalezcan los postulados de la justicia distributiva; en este marco, se afirma que una seguridad democrática debe descansar sobre la afirmación del Estado de derecho, en la garantía de la seguridad para la sociedad y el Estado, en la aplicación de políticas legítimas y legales, en el reconocimiento de la Fuerza Pública como una institución capaz de deliberar sobre los asuntos cruciales de la sociedad; de allí que se requiera una nueva doctrina sobre defensa y seguridad con su derivación acerca de lo que significa la seguridad democrática, y una reingeniería de las Fuerzas Militares.460

Ello no podrá llevarse a cabo sin un trabajo conjunto de civiles y militares; lo que ha venido siendo demostrado de tiempo atrás es que el estamento civil conoce de asuntos militares y puede aportar en asuntos de estrategia y de análisis; la división que estableció el Frente Nacional entre civiles-políticos que manejaban la economía y la política, de un lado y, de otro, militares que atendían los tópicos militares y los de orden público, tiene que superarse. Pero, sobre todo, una seguridad como la aquí mencionada, ciudadana y democrática, tiene que enfatizar en los aspectos sociales y apostarle al desarrollo económico como precondición para su aceptación por todos los estamentos sociales.

Lógicamente, esto se contrapone al esquema narcotizado y militarizado norteamericano. De allí que aboguemos, primero, por la desnarcotización de la agenda bilateral colombo-norteamericana y, segundo, por la suspensión definitiva de las fumigaciones y la desmilitarización de la guerra contra las drogas. La creación y puesta en marcha de las brigadas antinarcóticos del ejército es una desviación de las funciones naturales de las fuerzas armadas que en nada contribuye a su modernización y fortalecimiento. La persecución a los delincuentes comunes vinculados a los distintos niveles del ilícito negocio tiene que ser una labor policial, con brigadas especializadas.461

Pero, y en consecuencia, una desnarcotización y desmilitarización de la guerra contra las drogas nos permitiría recuperar los márgenes de autonomía que hemos perdido por la creciente intervención norteamericana y ampliar nuestra soberanía, hoy limitada. Y más que tan benéficos resultados, nos posibilitaría ubicar la problemática en términos sociales y ofrecer ideas y soluciones para disminuir los efectos nocivos del negocio del tráfico de drogas, sin descuidar el tratamiento policial.

Ahora bien, en la discusión acerca de la naturaleza del conflicto interno y de la seguridad que se requiere para enfrentarlo y contenerlo se ha entremezclado la problemática del narcotráfico y del terrorismo, llevando todo el asunto a mayores niveles de complejidad. Después de los atentados contra las Torres Gemelas y de la ruptura de conversaciones entre las FARC y el gobierno de Andrés Pastrana, y en lo que va corrido del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, a los integrantes de las organizaciones armadas se les ha tipificado como “narcoterroristas”, criminalizando así sus objetivos políticos de lucha.462 Es evidente que tal caracterización, aparte de su notoria ambigüedad y simplicidad,463 obstaculiza cualquier opción de salida política al conflicto armado, pues la división entre delito político y delito común desaparece y a los actores armados anti sistema se les considera delincuentes comunes a los que hay que perseguir, reducir y llevar a las cárceles, bien sea colombianas o bien norteamericanas.464 Una guerra, entonces, de las características señaladas, no se podrá ganar pues el enemigo se diluye y divide entre terrorista, narcotraficante e insurgente. Sólo cabe esperar, aparte de lo ya señalado, mayor descomposición social, degradación del conflicto, suelos arrasados por la fumigación, mayor número de desplazados y, en especial, incremento del precio de la droga y de la rentabilidad del narcotráfico.

En este sentido, y según se desprende de lo aquí escrito, no creemos estar en presencia de una “nueva guerra”, como la define Mary Kaldor. Según esta autora, las nuevas guerras aparecen en el contexto de la erosión del monopolio de la violencia legítima, monopolio que sufre una erosión por arriba y por abajo. Por arriba, por la transnacionalización de las Fuerzas Militares y, por abajo, por la privatización de la violencia. Lo que distinguiría a las nuevas guerras de las anteriores, dice Kaldor, sería, primero, la política de identidades (nacional, de clan, religiosa o lingüística), segundo, el cambio en el modo de combatir (combinación de los métodos guerrilleros con los de la guerra contrarrevolucionaria, “Por eso, el objetivo estratégico […] es expulsar a la población mediante diversos métodos, como las matanzas masivas, los reasentamientos forzosos y una serie de técnicas políticas, sicológicas y económicas de intimidación”), y tercero, la nueva economía de guerra globalizada, su carácter descentralizado y su dependencia de los recursos externos.465

Tampoco se ganará la guerra mediante las expediciones preventivas, o punitivas, de fuerzas multilaterales continentales o aquellos “tapones” de las Naciones Unidas. La propuesta argentina en la Conferencia de las Américas, en octubre de 2002, de crear una fuerza suramericana contra el narcotráfico y el terrorismo no fue aceptada.466 Menos lo será la que nos propone el despliegue en Colombia de una fuerza “onusiana” de carácter militar, policial y civil a lo largo de las fronteras problemáticas; tal tropa,

sería una fuerza multilateral robusta, con mandato de carácter preventivo, que disminuiría el riesgo de escalamiento del conflicto en las fronteras, otorgaría seguridad a las poblaciones allí asentadas, clarificaría y mejoraría las relaciones con los países vecinos, contendría el conflicto colombiano dentro del territorio nacional, evitaría su desbordamiento y su regionalización, afectaría favorablemente su dinámica interna, contribuiría a garantizar la seguridad humana y, paradójicamente, incluso podría contribuir a reforzar la capacidad mediadora de la Organización de Naciones Unidas en nuestro conflicto interno.467

Una fuerza de tales características equivaldría a echar leña a la hoguera, pues las organizaciones insurgentes anti sistema no verían en ella su función mediadora sino al “frente internacional” militar del Estado colombiano. Además, reforzaría el esquema militar de solución al conflicto, sin contemplar una solución política y social.468 Es más, generaría fisuras entre el Estado y las Fuerzas Militares, ya que implicaría una subordinación de éstas a un comando internacional.469 Por último, la bancarrota política de las Naciones Unidas ante la guerra contra Irak y la tragedia subsecuente no le confieren la autoridad necesaria para enfrentar nuestro conflicto en la forma indicada.

No obstante, no debemos dejar de lado su función mediadora. Las Naciones Unidas tienen en Colombia una amplia participación (PNUD, Altos Comisionados para Derechos Humanos y para los Refugiados, OIT, Coordinación de Asuntos Humanitarios, etc.) cuyos resultados han sido importantes. Debemos considerar que una solución al conflicto tiene que contar con su colaboración y apoyo.

Narcotráfico y las políticas de control de drogas en las fronteras. De los problemas a las propuestas

Ricardo Soberón Garrido

Un poco de historia

La historia del uso de las sustancias psicoactivas de carácter natural es tan vieja como la existencia del ser humano sobre la tierra. Autores como Escohotado470 han estudiado y reconocido que Asia Menor, Medio Oriente y China, así como las diversas culturas del Mediterráneo, son lugares en los que se probaron y utilizaron diversas sustancias extraídas de los hongos, de los destilados de la uva y el grano, y otras sustancias como la resina proveniente del arbusto del cannabis. En América del Sur, las culturas andinas tuvieron un amplio conocimiento del uso de los hongos, el cactus y la hoja de coca, en sus diversas modalidades.

Esta parte mayoritaria de la historia no tiene nada fuera de lo común. Las sustancias psicoactivas han sido objeto de regulaciones sociales y culturales propias, en particular entre los pueblos indígenas y, en especial, entre los que habitan en territorios de las actuales fronteras políticas de la Cuenca Amazónica: shuares, taironas, quechuas, arhuacos, tikunas, omaguas, motilones, emberás, kogis, uitotos. Es cuando la autoridad establecida en los nuevos estados intenta promover un paradigma discursivo de prohibición absoluta, que comienza la historia de la prohibición y del auge del narcotráfico, que tantas manifestaciones tiene en los Andes y en Colombia. Con él, todos los tráficos ilícitos que conocemos: de armas, drogas, dineros procedentes de los paraísos financieros, personas –como es el caso de Europa del Este–, otros bienes y capitales. El surgimiento de las primeras leyes administrativas, y penales después, dentro de cada uno de los nacientes estados, fueron configurando un nuevo patrón de desenvolvimiento de tales tráficos ilícitos, llevándolos hacia lo que conocemos como las áreas de frontera.

La importancia de los 6.300 kilómetros de frontera de Colombia radica en el hecho de que este país es el principal proveedor mundial de cocaína, con setecientas cincuenta toneladas métricas anuales que deben salir por alguna vía hacia al exterior, dependiendo del mercado internacional al que se dirijan. Así, las rutas panameñas son utilizadas por medios marítimos, tanto por la costa este como por la oeste, con dirección hacia América del Norte. Por su parte, la frontera con Ecuador permite la salida marítima hacia Europa y también hacia América del Norte. La frontera con Venezuela permite dirigir las rutas de salida principalmente hacia Europa, vía España, Holanda e Italia. Las rutas del sur –Perú, Brasil y el Trapecio Amazónico– comunican principalmente con el Cono Sur y, de allí, por un lado, con Asia y, por el otro, con África, Asia y Europa.

Las guerras contra las drogas

Sin embargo, la historia reciente nos demuestra cómo la sociedad, los estados, han emprendido una guerra política, ideológica, policial y militar contra las sustancias capaces de alterar la conciencia, que están lejos de haber ganado, en los diversos frentes y circunstancias que se han presentado. Con mayor fuerza, desde 1909, la comunidad internacional representada indebidamente por Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, Dwight Eisenhower, John Kennedy, Richard Nixon, Ronald Reagan y ahora, el clan de los Bush, nos presentan el paradigma de la guerra total contra las drogas, particularmente en el campo de la oferta y, en menor medida, en el de la demanda.

Para implementar dicha guerra mundial, han contado y cuentan con la complicidad de un Sistema como el de Naciones Unidas –y su antecesor, la Liga de Naciones–, absolutamente dependientes del presupuesto y de los inputs del Departamento de Estado. Debajo de este marco institucional, se encuentran grandes presupuestos, organizaciones no gubernamentales, agencias de cooperación, medios de prensa que magnifican el problema de las drogas a niveles alarmantes, impidiendo tener una visión clara y objetiva de causas y efectos, de síntomas y resultados. Esta situación se percibe fundamentalmente en las “áreas de frontera”, donde el trasiego terrestre, marítimo, aéreo y fluvial, va directamente relacionado con la migración colombiana.

Lo cierto es que la industria del narcotráfico se ha articulado perfectamente a las actuales tendencias y tensiones del sistema internacional. Así, resulta en la perfecta “aclimatación” de las estructuras del crimen organizado trasnacional en esferas perfectamente legales. No sé si es una crítica abierta a los resultados de veinte años de aplicación del neoliberalismo en América Latina, pero una simple constatación nos dice que: el narcotráfico internacional se ha aprovechado de la apertura de los mercados, de la desregulación financiera y del incremento de las exportaciones entre los países, en el Norte y en el Sur: en la medida en que éstas aumentan, los traficantes aprovechan las rutas, los medios y los procedimientos liberalizados. Igual sucede en los procesos de colocación, estratificación, integración y legitimación de activos procedentes de las drogas, en los que las actuales regulaciones financieras les permiten funcionar y adecuarse.

Pero también es claro que el narcotráfico se inserta perfectamente en la miserable pobreza de comunidades urbanas y rurales del Tercer Mundo en África, Asia y América del Sur; se aprovecha del manto de represión y justicia penal, obteniendo ingentes cuotas de corrupción y poder. Hoy en día, los carteles han adoptado nuevas formas empresariales: subcontratación de servicios, oferta de drogas por internet, se deja la violencia en la medida de lo posible, se refinan los mecanismos de intermediación, se expanden los circuitos para hacerlos menos perceptibles, se compran las rutas de entrada y salida de insumos y drogas, respectivamente. El mapa del narcotráfico procedente de los Andes se ha expandido de una manera impensada: no se puede sólo pensar en el territorio colombiano, ni en el andino como el único foco de atención.

Las guerras contra las drogas son un fracaso, a catorce años de su último relanzamiento por el padre del actual presidente Bush (Iniciativa Andina, Cartagena, 1989). Así lo han constatado los académicos471 y cada vez más, los políticos. Ahora, sus más firmes aliados en otras materias, le dan la espalda en el tratamiento interno de los temas de drogas: Canadá, Australia, Inglaterra, navegan otras alternativas para tratar sus problemas de uso y abuso. Recientemente, dos economistas, David Rasmussen y Bruce Benson de la Universidad de Florida, proponían que se devolviera a los estados y gobiernos locales la facultad de administrar el problema.472

Un caso evidente y patético del fracaso de las políticas globales sobre drogas es el tema de los cultivos de coca y los esfuerzos realizados en los Andes, a través de la erradicación manual, mecánica, la aspersión aérea, los intentos de fumigación biológica a través del hongo Fusarium oxyusporum, entre los instrumentos más comúnmente usados. Hoy por hoy, cultivos ilícitos de coca, amapola y marihuana existen en todas las zonas de frontera de la región andina: lejos de las metrópolis de los estados, cerca de las rutas de salida. Como se puede ver, medios, se han intentado muchos, pero no se ha logrado terminar con la relación que generan los cultivos ilícitos: es el único cultivo que articula a miles de campesinos empobrecidos y colonos con el mercado internacional (ilegal) de un producto terminado.

En cuanto a las acciones de interdicción aérea son puestas en tela de juicio: por un lado el derribo de aviones inocentes, como sucedió en agosto del 2001 en Perú, o los actuales daños producidos por disparos de la guerrilla contra las aeronaves de fumigación. En cualquiera de los casos, las autoridades norteamericanas se encargan de deslindar responsabilidad penal alguna, transfiriéndola a los pilotos peruanos, o a la impericia de los militares colombianos en proporcionar inteligencia. Por otro lado, ningún instrumento de desarrollo rural alternativo ha logrado reemplazar esta articulación ilegal, imperfecta y desigual. Como señala De Rementeria:

El desarrollo alternativo a los cultivos ilícitos de drogas debe ser sustentable (sustainable en inglés) de los recursos naturales –tierra, agua, clima, flora y fauna– en los cuales reposan las actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas o forestales. Pero para que el desarrollo alternativo sea sustentable debe ser sostenible (supportable en inglés) en el mercado, es decir, los precios en el mercado deben ser mayores o al menos iguales a sus costos de producción.473

En Bolivia, el gobierno de Sánchez de Lozada erradicó 9.500 hectáreas de coca, respecto a las 11.839 del 2002.474 En el 2002, en el Perú de Toledo se erradicaron 7.200 hectáreas; en el 2003 se han erradicado 5.578 y se piensa erradicar 8.000 hectáreas.475

Los denominados éxitos se siguen viendo en función del área sembrada/erradicada, cuando la productividad de la coca, su proceso de conversión en pasta y clorhidrato, siguen con su capacidad incólume para continuar produciendo entre setecientas y ochocientas toneladas métricas de cocaína al año, las mismas que son exportadas y llegan con buena calidad y buen precio a los mercados dentro de América del Sur, Estados Unidos, Asia y Europa.

Inexistente responsabilidad compartida

Estas guerras son una historia corta de la sumisión y la subordinación de los países respecto a un paradigma equívoco: es el rol asumido desde 1909, por los nuevos países en América Latina, África y Asia. El actual contexto de absoluta asimetría política, económica y militar, le permite a la potencia hegemónica dictar sus propios discursos e implementarlos en el resto del mundo desarrollado. Ese es el desbalance inicial desde el cual se observa y se actúa en el tema de las drogas. Ningún país del Sur tiene capacidad de contradecir tales políticas, a veinte años de su fracaso: ya no se trata de la descertificación, puede perder cooperación concreta y votos en los organismos financieros, entre otros chantajes directos o indirectos.

A través de la aprobación de instrumentos internacionales indiscutibles e inmodificables,476 la existencia de discutibles espacios de coordinación y cooperación (UNODC, JIFE, CICAD), que se traducen en políticas públicas y legislaciones domésticas, es que se aprobó el principio de la responsabilidad compartida entre los países donde se produce, donde se trafica y donde se abusa de las drogas. Conceptos como: reducción de la demanda, control de la producción y el tráfico, del desvío de precursores químicos, fortalecimiento de la cooperación internacional, son espacios comunes en el nuevo paradigma de la guerra contra las drogas/terror.

Éste es el desbalance posterior, como consecuencia de la aplicación de políticas desarticuladas, no coherentes, contradictorias como las que en su momento representaron la Iniciativa Andina en 1989, el Plan Dignidad en Bolivia (1998), el Plan Colombia I y II, el Plan Puebla Panamá, como políticas impuestas, no negociadas. Más es el daño que producen a la sociedad, la economía y la transparencia institucional, que los resultados que se obtienen: número de detenidos, droga incautada, área de cultivos destruida. La corrupción sistemática que imperó en el Perú de Fujimori y Montesinos, entre 1990 y el 2000, debilitaron la democracia peruana, precisamente por la prioridad de los intereses norteamericanos: drogas, sí. Eso no es objeto de medición.

La presunción de que la represión representada por el derecho penal y la represión policial militar pueden detener un tráfico internacional de sustancias que son producidas fundamentalmente en el Sur y que son demandadas mayormente en los países del Norte, mientras que nuestras cárceles y sistemas judiciales están violentamente saturados de productores campesinos, “mulas”, pequeños traficantes, consumidores. En EE.UU. 2.071.686 personas están encarceladas por asuntos de drogas, costándole al presupuesto US$26.000 millones pues éste es el país de mayor tasa de encarcelación del mundo. Las calles de nuestras ciudades se siguen llenando de jóvenes sin educación ni trabajo que son presa fácil de este enorme succionador de personas.

La falta de reciprocidad, solidaridad y corresponsabilidad son columnas vertebrales de la diplomacia norteamericana en los otros asuntos internacionales. Por ejemplo, en el Consejo de Seguridad, y la desidia de éste para afrontar las agresiones en Kosovo, Afganistán y ahora en Irak, a pesar de no haber logrado capturar a Osama Bin Laden; en el tema de las medidas de protección al medio ambiente y la reducción de la capa de ozono (rechazo a la firma del Protocolo de Kyoto para reducir el calentamiento global); en el tema del armamentismo y el no hacer caso a las prohibiciones de los tratados de restricción, proscripción frente a la futura guerra de las galaxias (Tratado de Proscripción de Armas Nucleares de 1972). Por último, el tema de la salida de la Corte Penal Internacional, por citar los ejemplos más groseros de unilateralidad, preponderancia y arbitrariedad de parte de la diplomacia americana. Para los sectores más conservadores en EE.UU., el multilateralismo es síntoma de fragilidad internacional. ¿Hasta cuándo durará tamaño ejercicio de autoridad ilegítima en el actual orden internacional?

Funcionalidad a otros intereses políticos y militares

La actual guerra contra las drogas/terror, se constituye en la perfecta excusa que les permite estar a los militares norteamericanos, por igual, en Filipinas y Tailandia, en América del Sur, África y Europa del Este, con cooperación y asistencia, para enfrentar a Hezbollah, Al Qaeda, Hamas y a los grupos “narcotraficantes”. El caso más contradictorio de todos es Afganistán, en donde para pelear la guerra contra el terror de los talibanes –según la United Nations Office on Drugs and Crime–, tienen que soportar el aumento explosivo de los cultivos de amapola y el tráfico de heroína. Inglaterra, su incondicional aliado, se encuentra en una franca encrucijada entre servir de fiel lancero de esta cruzada y soportar miles de kilos de heroína barata en Hyde Park. ¿Con qué nos quedamos: con las drogas o con el terror?

Sin embargo, tales esfuerzos no son funcionales dentro de EE.UU., la mayor sociedad consumidora de drogas legales e ilegales del mundo. No les permite pelear dentro de su territorio, para eliminar el consumo excesivo que se realiza en sus ciudades, ni controlar el sistema financiero norteamericano u off shore (Vírgenes, Bahamas). Tienen una población penitenciaria cercana a los dos millones de presos, y en aumento, y ninguno de los instrumentos de política logra resultados definitivos. ¿Dónde está la responsabilidad de los EE.UU. para controlar y, en últimas, reducir el consumo?

En cuanto al eje entre las drogas, el crimen organizado trasnacional y el terror globalizado, estamos hablando de un eje articulador donde convergen otros temas de interés para los ideólogos y policy makers norteamericanos. Hacia allí precisamente se dirigen todos los esfuerzos, como resultado de la más reciente Conferencia sobre Seguridad Hemisférica, en la que los treinta y cuatro países del continente intentaron reemplazar el TIAR.

Respecto a las relaciones específicas entre drogas y terror, no podemos ser ciegos, pero tampoco podemos convertirlas en un saco roto donde entran todos los problemas y explicaciones que tiene Estados Unidos para justificar todo lo que no puede o no quiere entender: lo social, lo indígena, lo ecológico, lo político y lo militar. Es cierto que la experiencia de muchos lugares indica que se comparten territorios, áreas de influencia, enemigos comunes, alianzas coyunturales, negocios específicos. Así mismo, los conflictos armados generan condiciones de miseria, destrucción, que permiten la aparición del narcotráfico en cualquiera de sus facetas (caso de Afganistán); también lo demuestran los casos de los Balcanes, el Medio Oriente, el propio sudeste asiático, y de varios países latinoamericanos, pero insistamos tercamente en que no son lo mismo y merecen respuestas diferenciadas.

“La fase inicial estaría integrada por asesores. Según la marcha de las cosas, los incrementos consistirían en fuerzas especiales y personal destinado a aumentar la capacidad de inteligencia… Pero si la situación se deteriora, los contingentes extranjeros actuarán en forma más directa”.477

Desde que el Congreso norteamericano aprobó la utilización de la cooperación militar de manera indistinta, para el caso de Colombia empieza una nueva y peligrosa historia de involucramiento militar dentro y fuera de este país, generando un nuevo escenario de confrontación regional: al progresivo aumento de la ayuda en medios y recursos (2000 al 2004), la protección de la infraestructura petrolera en Caño Limón, tenemos el aumento de las áreas de monitoreo, vigilancia y control en Manta, el Putumayo ecuatoriano-colombiano-peruano, Loreto (Perú), el Darién. El caso ecuatoriano es patético. Después de la asunción del presidente Lucio Gutiérrez, apoyado por el movimiento indígena Pachakuti, venimos atestiguando el mayor giro de políticas en cuanto a Colombia: EE.UU. está presionando para posibilitar el involucramiento pasivo del Ecuador en el Plan Colombia. ¿Cómo? A través del incremento de personal norteamericano (Sucumbíos), de la infraestructura militar en la frontera (El Coca), de la conversión de la ayuda humanitaria en sospechosas acciones “cívico-militares” (construcción de centros de acopio en Sucumbíos), incremento de la asistencia a la Policía (de US$2 millones en el 2001 a 37 millones en el 2003).478

Así, no sólo se controla la dinámica del conflicto interno, sino que se pone un pie en la Amazonia, se vigila al presidente Hugo Chávez y se impone algo de presión a las difíciles democracias andinas. Recientemente, el funcionario del Departamento de Defensa, Paul Wolfowitz, presentó una nuevas líneas de acción para el Departamento, en asuntos antinarcóticos: “Prosecuting the drug war, with Pentagon help is an integral part of the worldwide war against terrorism”. Sin embargo, no todo es positivo para los halcones, pues comienzan a despertar nuevas corrientes favorables a contradecir los intentos imperiales de la actual administración: por ejemplo, la Coalition for a Realistic Foreign Policy, que está integrada por cuarenta y cuatro pensadores de derecha, centro e izquierda.

Para el caso colombiano, debemos ser claros. Lo que en realidad se desborda no es el conflicto armado mismo, como lo postulan algunos académicos asociados a la propuesta de seguridad democrática del gobierno del Presidente Uribe,479 sino el narcotráfico, los problemas humanitarios de los 10.000 refugiados, 15.000 solicitantes, 70.000 migrantes, los impactos de las fumigaciones realizadas en Putumayo, Catatumbo y Arauca, el secuestro, los tráficos ilegales, es decir, todos problemas de orden público y no de seguridad nacional: en los países andinos, en sus fronteras y en sus ciudades. Me temo que en los Andes no será posible, así como tampoco sucede en Afganistán, la detención del flujo de drogas procedente de estos dos países. Existen muchas razones para pensar en lo perjudicial de una propuesta de regionalización de los impactos y consecuencias del conflicto armado, pues eso sólo nos lleva a un proceso de militarización funcional a los intereses estratégicos de Estados Unidos en la región. En los últimos tres años estamos evidenciando movimientos a nivel político, militar.480

“Los Estados Unidos se enfrentan al reto y a la necesidad de alcanzar sus principales objetivos por etapas, y por apuestas principales y secundarias. Introducir aquellos criterios jerárquicos que les permita utilizar su poder e influencia de manera discriminada”.481

Así, tenemos un progresivo involucramiento a través del funcionamiento de los denominados Forward Operacional Locations (FOLSD en Manta, Aruba, Curazao), la conversión de los programas de asistencia cívico-militar en regiones de frontera, el creciente favorecimiento de operaciones conjuntas, suministro de inteligencia, presencia directa de tropas norteamericanas y la privatización de la cooperación militar.

Las democracias andinas en oferta

La hipótesis sobre la cual inicio esta parte de mi ponencia, es que el desarrollo de los regímenes democráticos en América Latina, por parte de Washington, está absolutamente condicionado a los otros dos vectores de su política hacia la región: la promoción del libre comercio y la defensa de sus inversiones, y su guerra contra el terror y las drogas. Los ejemplos de Panamá, Perú, Venezuela y Bolivia, son dicientes. No obstante, todavía se rasgan las vestiduras en su evaluación de la suerte de las democracias andinas y gran parte de la cooperación que proviene a través del USAID se dirige a promover la administración de justicia en los Andes, los procesos de descentralización y regionalización, así como a la promoción de la transparencia en la toma de decisiones en materia de políticas públicas.

En los últimos veinte años, temas como la gobernabilidad y la lucha contra la corrupción se han puesto en tela de juicio en nuestros países: desde la época del uso del régimen dictatorial y corrupto de Manuel Noriega en Panamá, para luego de usarlo ocasionar su caída en 1989. La promoción del proceso 8.000 en Colombia que afectó evidentemente la gobernabilidad de un régimen democrático (1994-1998). Luego, la corruptela del régimen ilegítimo de Alberto Fujimori (1990-2000) en el Perú. En el caso particular peruano, a EE.UU. le interesó más la derrota de Sendero Luminoso y del MRTA, que la corrupción sistemática de una institución y de un país, que terminó afectando todas las instituciones democráticas: durante diez años nunca se vieron afectadas las relaciones con ese régimen.

“Así pues, si el accionar de las fuerzas armadas con el apoyo de la población local logró vencer a la subversión en las regiones cocaleras, no sucedió lo mismo con la lucha antidrogas”.482

Otro ejemplo importante, de donde se desprenden las enormes contradicciones entre una lucha antidrogas a ciegas con el consiguiente debilitamiento de los regímenes democráticos, es la actual situación de la crisis en Bolivia, país que aparte de ser el tercer productor mundial de la materia prima para producir cocaína, y contar con una compleja historia de golpes y democracia, ahora se debate entre el jaque puesto por el líder cocalero y el MAS. Lo mismo podemos señalar del proceso organizativo indígena en Ecuador y de los tímidos intentos que ocurren con el Perú y el denominado movimiento etnocacerista.

Algo similar podemos señalar en relación con la posición de Washington en cuanto a la suerte de la situación en Venezuela en donde aparte de no condenar las acciones antidemocráticas del 11 de abril del 2002 y prácticamente saludar el intento de golpe de Estado, se han dedicado a promover la erosión del gobierno de Hugo Chávez, a través de acciones dudosas de ataque a sus políticas y clara interferencia en los asuntos domésticos venezolanos. Queremos dejar en claro que quizás Chávez no es el mejor ejemplo de trayectoria democrática, pero se trata de un gobierno legítimo respaldado por la comunidad democrática regional.

Una de las primeras contradicciones es que entre democracia y drogas, importan más las drogas. Así, tenemos que la presencia y la importancia de Evo Morales y del MAS como representantes del movimiento cocalero en Bolivia, han sido el resultado de las políticas antidrogas ejecutadas desde 1987 durante las administraciones Paz Estensoro, Paz Zamora, Sánchez de Lozada, Banzer, Quiroga y, nuevamente, Sánchez de Lozada; ahora hasta el propio ex presidente de Bolivia desde su refugio en Miami, culpa a los Estados Unidos por no prestar oportunamente ayuda financiera a su país.

Los derechos humanos se alienan

Los derechos civiles, políticos, económicos, culturales y sociales, incluyendo los de la solidaridad, enfrentan un ataque indiscriminado e irracional, a partir de las políticas de seguridad global y de diplomacia preventiva que justifican la actual cruzada contra el terror, no sólo en Afganistán o Irak, sino también en EE.UU. y, por ende, en la región andina amazónica. Baste ver el Acta Patriótica y los impactos sobre el sistema de libertades al interior de los Estados Unidos. Luego, en la región, la enorme permeabilidad de los países andinos para transcribir políticas y procedimientos para combatir el terror, en el plano doméstico.

Recorte de derechos sociales, interferencia en asuntos domésticos, aceptación generalizada contra las políticas que supuestamente devuelven la seguridad a costa de militarización, constituyen la característica de lo que EE.UU. tiene planificado para el continente latinoamericano. Por otro lado, la promoción de la privatización de las empresas públicas, la extrema liberalización de políticas, la desregulación de la cosa pública, termina en lo que un diplomático peruano, Oswaldo de Rivero, denomina la desproletarización de la producción, su desmaterialización.

Tenemos fundamentalmente el problema de los miles de solicitantes de asilo de nacionalidad colombiana que desde 1996 tienen que cruzar las fronteras de Ecuador, Venezuela y Panamá, principalmente, por cuestiones relacionadas con el conflicto armado o indirectamente con él. Refugiados, solicitantes, migrantes, desarraigados, constituyen un importante número de personas. Su situación no ha mejorado. Sobre ellos se imponen la escasa voluntad y/o posibilidad de los estados vecinos para atender sus legítimas necesidades de protección. El temor, los prejuicios, la xenofobia, se confabulan para generar barreras cada vez más infranqueables. Las presiones del Departamento de Defensa para que los países vecinos tengan una visión militar –sesgada– de las fronteras, impide una respuesta efectiva más allá de la voluntad de la comunidad internacional, las organizaciones del sistema de la ONU y la propia cooperación internacional.

Entre el medio ambiente y el libre comercio

Durante los momentos estelares de la guerra contra las drogas en América Latina (1989 en adelante), la promoción del libre comercio y la conformación de un área de libre comercio de Alaska a la Patagonia de 800 millones de consumidores, fueron los ingredientes que permitieron convencer a los países andinos de las bondades de la guerra contra las drogas. No hay mejor ejemplo de cómo los políticos en Washington supeditan el comercio a los éxitos antidrogas que el esquema ATPDEA, 2006, sobre preferencias arancelarias: si erradicas y cumples con ciertos estándares, te incrementamos el comercio, y no a la inversa.

Ahora, para noviembre del 2003 nos encontramos en la cuenta regresiva para la toma de decisiones alrededor del ALCA en el 2005, pero todo parece indicar que el liderazgo de Lula, la distracción del Medio Oriente y las propias diferencias entre la agenda de Washington y las de las potencias medianas en el Sur, no van a permitir su concreción, a pesar de las enormes presiones y ofertas sibilinas que plantea Washington (caso del Perú y su reciente retiro del G-22).

El valor del reciente “fracaso” de la Conferencia de Cancún, en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC), por la puesta del tema de los subsidios agrícolas y de la transparencia por parte de los países miembros del denominado G-22, es que ha permitido poner en tela de juicio el verdadero valor del ALCA como motor del desarrollo regional en un esquema de economías absolutamente asimétricas (El PBI de la región es de US$1,7 billones anuales mientras que el de EE.UU. es de US$10 billones).483

La protección de la biodiversidad se constituye en un factor que congrega las voluntades de los países ricos en este asunto. ¿O quizá el control por parte de las grandes multinacionales a través de la negociación sobre propiedad intelectual y patentes? En estos momentos, las drogas ilegales de origen natural constituyen uno de los pocos casos “exitosos” de inserción en el comercio internacional de bienes y servicios; incluso cuando enfrentan la competencia creciente de las drogas ilegales de origen sintético, como la metanfetamina y el éxtasis.

La guerra contra las drogas, en particular contra las de origen natural, es una guerra de recursos naturales, legales e ilegales. Permite observar una serie de contradicciones, entre cultura occidental andina, entre libre comercio y proteccionismo, pero también entre economías rurales y economías globalizadas.

Among the countries of the Amazon Basin/Andean Region, there are two areas of dispute. The first is the defense of sovereign control over resources in the Amazon Basin… The second trend is the war on drug.484

De la Ronda Uruguay a la Organización Mundial del Comercio, en el marco de lo que se conoció como el Consenso de Washington tendiente a la modernización, mediante el ajuste estructural. Los términos de intercambio agrícola a nivel global, el tema de los subsidios.

Las perversidades de un sistema como el ALCA han sido abordadas por otros: promoción de las importaciones e inversiones norteamericanas, versus un relativo crecimiento de las exportaciones manufacturadas desde el Sur. Sólo mano de obra barata procedente del Sur, pero bloqueada por las políticas en contra de la migración. Entre tanto, miles de traficantes extraditables, delincuentes, sospechosos y prostitutas “deportables”, son la otra cara de la moneda de la integración subregional desde los EE.UU. Falta de transparencia en la negociación por la ausencia de trabajadores y de otros sectores de la sociedad civil en ésta. Crecimiento de unos pocos sectores y pérdida en aquellos que ocupan mayor empleo.

La lucha por la (in)seguridad mundial

En la década de los noventa, hemos visto el cambio de percepción internacional y los giros impulsados desde Washington. Hemos pasado de la lucha contra el comunismo a la lucha contra el terrorismo, con posterioridad al 11 de septiembre. Luego de una década de redefinición de las nuevas relaciones internacionales posteriores a la guerra fría, la actual situación sesgada por la guerra contra el terrorismo, está lejos de haber encontrado equilibrios en el (des) orden internacional.

“En África y Asia no dejan de estallar nuevos sismos de violencia, incluso colapsan países enteros en la hambruna, la guerra civil y el genocidio. En la propia América Latina, Colombia, El Salvador, Guatemala, Haití, México, Nicaragua y el Perú ya han experimentado plagas de violencia armada y terror”.485

En el plano regional, la situación de las fronteras de Colombia es el escenario más propicio para analizar los importantes costos de una guerra sin sentido. A pesar de lo evidente de la situación regional, tenemos actualmente los 6.300 kilómetros de frontera entre dos elementos en pugna: entre el conflicto armado y la consecuente regionalización del conflicto.

Es un discurso maniqueo en el que no se permiten fácilmente políticas distintas, alternativas y propias, las posibilidades de cambio efectivo en temas comerciales, de seguridad, de drogas, no vendrán de Washington, ni de Nueva York. Eso es clarísimo. La ONU y EE.UU. juegan una partida conjunta que ha establecido la guerra contra las drogas y la guerra contra el terrorismo como las dos caras de una misma moneda. El 11 de septiembre del 2001 sólo ha ampliado la visión del mundo. “O estás conmigo o estás contra mí”, dijo el presidente Bush en momentos en que buscaba la manera de compartir el peso del problema iraquí.

Mientras EE.UU. puede decirle fácilmente al mundo que no cumple con ciertas normas de derecho internacional (Protocolo de Kyoto, Corte Penal Internacional, Tratado de Misiles Antibalísticos de 1972, la propia Carta de la ONU), los países pobres no pueden hacer lo mismo con la trilogía del narcotráfico: la Convención Única contra los Estupefacientes de 1961, la Convención de 1972 contra Sustancias Psicotrópicas y la Convención Internacional de Lucha contra el Tráfico Internacional de Drogas de 1988; tales tratados se convierten en un enorme lastre que impide darle rienda suelta a la autonomía y la soberanía en la definición de políticas públicas.

A pesar de ello, existen diversas manifestaciones nacionales, estatales o locales, que se han mostrado en contra de esta arbitrariedad. Holanda, ciudades europeas, estados norteamericanos y municipios australianos, comienzan a percibir la necesidad de un cambio de paradigma en el enfoque de las estrategias de control de drogas. Muchas comunidades urbanas, pensadores y movimientos sociales empiezan a evidenciar las enormes contradicciones de la doctrina Bush: no proporciona mayor seguridad ni a los pueblos, ni al capital.

De los problemas sin solución, a las propuestas con sentido

Desmontar el discurso imperante de la guerra contra las drogas, desde abajo hacia arriba, es la única forma. Tales estructuras están compuestas por instituciones nacionales e internacionales (JIFE, ONDCP, CICAD, Oficina Nacional de Control de Drogas), procedimientos especiales (certificación, declaración de sustancias como prohibidas), discursos simbólicos (Informes Nacionales, Informes Internacionales). Por ellas mismas, no van a cambiar, eso es definitivo. Se han perdido grandes oportunidades de cambio sustantivo como fue la Asamblea General Extraordinaria de la ONU, de 1998.

Decisiones como la del Tribunal Supremo en Estados Unidos, que permite en nueve estados el uso médico de la marihuana bajo receta –Alaska, Arizona, California, Colorado, Hawai, Maine, Nevada, Oregon y Washington–486, muestran las presiones que vienen desde las comunidades hacia las autoridades estatales.

Las consecuencias positivas de la crisis en Bolivia. No sólo basta con mostrar las graves contradicciones entre drogas y democracia, entre agricultura andina y libre mercado, entre erradicación y gobernabilidad. Muestra señales claras sobre nuevos actores sociales, nuevas formas de expresión y, posiblemente, un nuevo actor político.

Necesidad de visibilizar cambios efectivos en la cooperación internacional, estatal y privada, en la forma de diseñar y aplicar los programas del denominado desarrollo rural alternativo. Si estos no van de la mano con políticas agrícolas generales y políticas ambientales, están condenados al fracaso. Resulta fundamental que la cooperación se adecúe al desarrollo sustentable y sostenible, desde nuestros propios intereses nacionales y regionales, y no a la inversa.

Los propios procesos organizativos de la población rural comprometida en el tema de la tierra, el medio ambiente y los cultivos ilícitos, en los países andinos, deben ser las nuevas fuerzas que alimenten a los estados democráticos, en la formación de políticas estatales.

El lento proceso de recuperación de liderazgo regional de parte de Brasil, acompañado de Argentina y Venezuela, para corregir en el proceso de negociación las insuficiencias del ALCA (comercio), del TIAR (seguridad), y otros regímenes internacionales, debe ser atendida, apoyada y fortalecida con el concurso de los otros países de la región.

Un proceso de redefinición de las relaciones con Estados Unidos es fundamental en el plano político; esto no lo lograremos de manera aislada, ni en relación con el tema del conflicto armado, de manera exclusiva. El debate de las relaciones internacionales debe girar a partir de la reconstrucción de espacios multilaterales, dentro de la región.

El debate político-académico entre prohibición/legalización seguirá agotado por la imposibilidad de hacerlo con reglas claras, dentro y fuera de nuestros países. Lo único concreto es que la prohibición ha fracasado en su intento de frenar el desarrollo, crecimiento e instalación del narcotráfico en el nuevo orden internacional; concordamos con la propuesta del Informe Nacional de Desarrollo Humano para desnarcotizar el conflicto a través de una nueva política que deje de lado las irracionalidades de las actuales políticas.

Las “áreas de frontera” de nuestros países, empezando por las de Colombia, deben ser vistas desde una percepción holística, en donde lo humanitario, lo cultural, lo económico, lo social, lo político y lo militar, constituyan elementos que den forma a un espacio privilegiado de encuentros.

Bibliografía

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Sohr, Raúl. (2000). Las guerras que nos esperan. EE.UU. ataca. Barcelona: Editorial B.

Drogas y salud pública

Ismael Roldán

Toda práctica social significativa es un conjunto de diferencias.

Ernesto Laclau

Era cierto. No había forma de quitárselas. Terminábamos siempre por conformarnos, Emilio, Ferney y yo. Nos contentábamos con que regresara (Rosario) […]

–¿Quiénes son ellos, Rosario? Le pregunté una vez.

–Vos los conoces. Salen todo el día en los noticieros.

–Apenas vieron a Rosario les pasó lo que a todos: la querían para ellos.

Y como el que tiene más plata es el que escoge, se quedaron con ella.

–Johnefe y Ferney se pudieron colocar en la oficina-me contó.

Eso es lo que todo muchacho quiere. Ahí uno deja de ser chichipato y se puede volver duro […]. Traducción, por favor –le dije–.

–Es la guerra parcero, la guerra. Toca defenderse. Estaban pagando un billete grande al que se bajara un tombo. A Ferney y a Johnefe los contrataron. Ferney no tenía buena puntería, pero manejaba bien la moto, pero en cambio Johnefe era un águila, donde ponía el ojo ponía el pepazo. Después de que probaron finura los ascendieron, les empezó a ir muy bien, cambiaron de moto, de fierros y le echamos un segundo piso a la casa. Así sí daban ganas de trabajar, todos queríamos que nos contrataran. A mí después también me reclutaron.

Jorge Franco, Rosario Tijeras. Bogotá: Plaza & Janés, 1999

El tráfico en Colombia, sus bases sociales

Así, en un lenguaje vívido, Jorge Franco condensa en su novela Rosario Tijeras (1999) el impacto que ha dejado en la ciudad de Medellín, la segunda de Colombia, la violencia asociada al tráfico de drogas. Muchachos, casi niños, se lanzan al crimen con el señuelo del dinero fácil, atraídos por el consumo de droga. Sin embargo, desde el punto de vista colombiano este fenómeno tiene su mayor peso social concentrado en el circuito de producción, pese al crecimiento del consumo interno, como veremos.

Desde hace tres décadas Colombia ha visto crecer los cultivos de marihuana, inicialmente y, después, la producción de coca y amapola. Con ellos se dio la inversión de grandes recursos económicos y la extensión de formas de violencia, corrupción y destrucción del medio ambiente. Los dineros del tráfico también han sido un medio económico decisivo para financiar la guerra de los grupos insurgentes –tanto guerrilleros como paramilitares– contra el Estado. Una pregunta obvia es por qué el tráfico se enraizó en Colombia. En su estudio comparativo entre mafia y narcotráfico, Ciro Krauthauzen (1998) indica cómo la cocaína, la marihuana, el hashish, el opio y la heroína no eran drogas nuevas en América, algunas se conocían como cultivos, o como sustancias curativas y como drogas sagradas. La coca, por ejemplo, se ha usado en la región andina desde tiempos prehispánicos para calmar el hambre y recobrar las fuerzas. Ha tenido diversas funciones sociales: se la ha empleado como medio de cambio; aún es parte integral en actividades rituales y laborales y tiene variedad de aplicaciones de tipo curativo. A la planta de coca y a sus hojas se les atribuye también un significado sagrado.

Pese a su larga historia, en la actualidad la coca tiene un contexto social completamente nuevo. En este contexto, y en especial desde inicios de la década de los años ochenta pasados, la planta americana entró a formar parte de una red internacional que vinculó a los pequeños cultivadores campesinos de los Andes y las selvas orientales con los distribuidores y los expendedores callejeros de las grandes ciudades de EE.UU. y Europa. Pero antes de entrar en los eslabones de ese circuito, es preciso detenerse en las bases sociales amplias que permiten el arraigo del narcotráfico en Colombia, en contraste con otros países de América Latina.

Una condición propicia al tráfico es la ubicación geográfica de Colombia en el norte de Sur América, con dos costas relativamente extensas y cerca de los grandes cultivos del Perú, Bolivia y del más importante mercado de consumidores: EE.UU. Pero una posición similar la tienen los países caribeños y centroamericanos, así que otros factores se aunaron a la posición geográfica de Colombia para favorecer el crecimiento del narcotráfico. Pienso que entre los más importantes están la conformación y las características del precario monopolio de la fuerza por parte del Estado, así como el funcionamiento y la legitimidad del Estado mismo.

Un rasgo de la formación del Estado colombiano es su estrecha articulación con el llamado clientelismo o intercambio de favores políticos, que condicionan e interfieren el ejercicio de la función pública. Esto ha debilitado su acción en áreas tan importantes como la justicia y el sistema de seguridad para el ciudadano. Por ejemplo, a raíz del proceso judicial iniciado en 1996 contra algunos parlamentarios y miembros de los organismos de control por su conexión con los traficantes, conocido como proceso 8.000, se puso en evidencia la relación de dependencia de un grupo de políticos respecto a algunos poderosos narcotraficantes. Las redes clientelares operaban hasta entonces como su escudo protector. Por el proceso judicial se pudo conocer cómo muchos políticos paralizaron el aparato estatal o lo pusieron al servicio del narcotráfico. Un factor de debilidad institucional ha sido la corrupción ejercida por los traficantes a la justicia. Un número importante de policías, jueces y guardianes se hicieron cómplices de los traficantes, especialmente en las ciudades de Medellín y Cali.

En El Espectador, el 2 de enero de 2000, el fiscal general de la nación enumeró las que consideró las situaciones más apremiantes de la justicia en Colombia. Durante una época, dijo el fiscal, se consideró que el problema de la justicia penal era la inexistencia de una Fiscalía:

Se creó la Fiscalía y alguna gente dice ahora que no funciona la justicia penal por culpa de la Fiscalía, ya que tiene demasiado poder. También he oído decir, continúa el fiscal, que se necesitaban jueces en una carrera judicial y se estableció la carrera judicial. Se dijo luego que faltaban recursos, y a partir del Gobierno Barco (1986-1990) se aportaron recursos. En promedio, los sueldos de la justicia son de los mejores que hay al interior del Estado. Se decía también que a la justicia le faltaba un “gerente”, y nos inventamos de mala manera, el Consejo Superior de la Judicatura, fundamentalmente en el área administrativa, con unos Magistrados para decidir si se compra una máquina o si se construye en un sitio, cuando lo que se necesitaba era un Gerente que administrara los grandes recursos de la Administración de Justicia.

Es decir, pese a las medidas adoptadas, poco mejora la administración de justicia. De lo anterior se puede desprender que un punto álgido es la desconfianza de la sociedad en sus relaciones con lo institucional. Esto conduce a que se privilegien las relaciones personales, ya sean las de familia o las clientelistas, que priman sobre lo público. Este terreno favorece al narcotráfico ya que propicia el ejercicio ilegal del poder y el surgimiento de instancias paralelas al Estado que imponen un orden normativo particular, garantizan la seguridad personal con sus propias fuerzas y retroalimentan la debilidad institucional. Los traficantes se mueven bien en la desconfianza de lo público porque este atributo es la característica fundamental de los escenarios ilegales.

De esta manera, para imponer la ley y el orden sobre el narcotráfico es imprescindible recobrar la legitimidad del Estado y abandonar las prácticas clientelistas de ejercicio político para que así las normas sean respetadas. Una sociedad atomizada por la precaria institucionalización de los conflictos hace más pobre el control social y abre un abanico para la acción ilegal y, desde luego, activa la desigualdad social.

El circuito del tráfico

La primera pieza del circuito del tráfico de drogas son los campesinos, colonos de las áreas de frontera de Colombia y otros países de América. Expulsados de las regiones centrales por la pobreza y la escasez de tierras, especialmente desde la segunda mitad del pasado siglo, se internan cada día más en el bosque tropical húmedo (Krauthauzen, 1998; Molano, 1994; Jimeno, 1997; Ramírez, 2001). Su subsistencia en estas regiones es difícil pues su producción –arroz, cacao, plátano–, está sometida a precarias vías de comunicación que hacen costosa y arriesgada la comercialización. Carecen de subvención para sus productos y la amenaza de la pérdida de su parcela, hecha a costa de la tala de los bosques, está siempre presente. Tras ellos acosan los nuevos dueños de la tierra que compran las parcelas que luego dedican a la ganadería. Cualquier observador desprevenido de la economía de mercado puede comprender que el cultivo de coca representa la gran oportunidad de cultivo rentable pese a que está sometido a los cambiantes precios del mercado mundial.

Como se puede ver en la figura 1, los narcotraficantes son los que conectan y cohesionan el circuito comercial. Son ellos la pieza central de este circuito. ¿Quiénes son?, ¿de dónde surgen? Cuando en Colombia repasamos las raíces del narcotráfico es preciso recordar que entre los años cuarenta y cincuenta del siglo XX la degradación del conflicto político partidista llevó a una ola de acciones violentas en el corazón productivo del país. (Ver al respecto Sánchez, 1991, entre una abundante bibliografía). De ese conflicto quedaron como secuelas grupos criminales, como ocurrió en el norte del Valle, Santander y Boyacá, grupos que con el tiempo se sirvieron de su influencia local para incursionar en los mercados ilegales (esmeraldas y luego cocaína).

Otras de las raíces de los traficantes tienen que buscarse en el contrabando, como lo plantea el ya citado Ciro Krauthauzen. Dice él que desde los lejanos tiempos de la Colonia, los monopolios reales sobre la exportación de oro y plata y la importación de esclavos, eran burlados por el contrabando, que en Colombia goza de considerable aceptación. En zonas propicias costeras como la Guajira, en el norte de Colombia, todo tipo de mercancía cruza la frontera.

La industrialización de Antioquia que se inició a principios del siglo veinte y hoy es el paradigma de modernización en Colombia, en parte se facilitó con materias primas y maquinaria de contrabando (Krauthausen, 1998). Esporádicamente ha florecido el contrabando de café para evadir el monopolio exportador de la Federación de Cafeteros. Otra señal es la tolerancia de los mercados urbanos de contrabando de electrodomésticos norteamericanos en los localmente llamados “Sanandresitos”. Justamente, estas redes de contrabando fueron utilizadas para el tráfico de cocaína. El puerto de Buenaventura les sirvió a los narcotraficantes del Valle, y el golfo de Urabá a los de Antioquia.

Otra fuente social del narcotráfico fue la pequeña delincuencia urbana: atracadores, ladrones de carros, asaltantes de bancos, secuestradores, se convirtieron en pioneros del tráfico. Algunos de ellos empezaron en pequeña escala hasta llegar a formar la cúpula del negocio en los años ochenta. En escasos años escalaron de pequeños delincuentes hasta llegar a ser dueños de sectores de la economía colombiana, invirtieron en los mercados inmobiliarios y financieros internacionales e incluso algunos se contaron, en su momento, entre los hombres más ricos del mundo. Según la DEA, los narcotraficantes colombianos fueron los responsables del 80% del tráfico de cocaína a los Estados Unidos durante los años ochenta (Gaviria, 1999).

La industria de drogas ilegales en Colombia se ha diversificado con el tiempo y hoy involucra también a compradores locales que acopian estos productos en cantidades que facilitan su posterior procesamiento; empresarios que elaboran los productos intermedios para producir cocaína y heroína; los llamados carteles que son los grupos que coordinan algunas de las actividades de refinación, el contrabando internacional, y en ocasiones controlan parte del mercadeo en Estados Unidos y Europa. En años recientes las organizaciones guerrilleras han obrado como dueñas o protectoras de cultivos y de laboratorios o cobran “impuestos” al valor agregado y a la exportación fuera de las zonas de producción. Profesionales tales como químicos, pilotos, abogados, contadores y asesores financieros especializados en colocar los dineros ilegales, se suman a guardaespaldas y otros empleados de seguridad que incluyen a organizaciones paramilitares y a asesinos a sueldo, los “sicarios” (Presidencia de la República, 1999).

La necesidad que tiene el narcotráfico de desarrollar una amplia red de apoyo hace que se nutra de varias capas de la población y tenga influencia en muchos aspectos de la vida económica del país. En Colombia, en las regiones donde el narcotráfico ha sido más fuerte, como el Valle, Antioquia y Risaralda, éste se convirtió en una vía de movilidad social. Jóvenes desempleados, con baja educación y en condiciones de vida insatisfecha, se transformaron en las bases de reclutamiento del narcotráfico. El ejemplo principal está en los jóvenes de las comunas de Medellín, sobre los que existe una abundante literatura; de ellos nos habla Rosario Tijeras.

El impacto del tráfico en la sociedad

Como todo negocio ilegal de las proporciones de éste, el circuito se respaldó en su propio aparato de violencia. La violencia de los traficantes se orientó al enfrentamiento con las fuerzas de seguridad y a los conflictos con opositores políticos y sociales. Es larga la lista de asesinatos, atentados y explosiones que los ciudadanos colombianos hemos visto desde cuando, atónitos, sufrimos el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara en 1984. Nadie en ese momento imaginó la escalada futura de actos de violencia contra todos aquellos que estorbaran en la expansión de su poderío. Nadie pudo prever el alcance de la filtración del aparato institucional de justicia, policía, Congreso de la República, partidos políticos, órganos de control del Estado, sector financiero y hasta actividades sociales inocentes como el fútbol, los reinados de belleza o los clubes sociales. El impacto del narcotráfico es un buen ejemplo de acción sistémica.

La magnitud del crimen entre 1985 y 1994 en Colombia es aterradora. La tasa de homicidios en el país se volvió tres veces mayor que la de países particularmente violentos como Brasil y México; siete veces mayor que la de EE.UU. y cincuenta veces más que la de cualquier país típico europeo (Gaviria, 1999, documento de trabajo; ver también Cubides et al., 1998, y la compilación de Arocha, Cubides y Jimeno, 1998 y Gaitán y Deas, 1995). Medellín, la segunda ciudad de Colombia, tuvo al comienzo de los años noventa más de cuatrocientos asesinatos por cien mil habitantes. Esto es más sorprendente cuando se sabe que Colombia ha tenido un gobierno democrático y estable por más de cuarenta años y está libre de cualquier fragmentación religiosa o étnica.

La figura 2, sobre las tasas de homicidio en Colombia entre 1962 y 1994, muestra con claridad el rápido ascenso a partir de los años ochenta, no solo en el homicidio: a medida que han aumentado los cultivos ilícitos, han crecido los grupos armados ilegales que los protegen, como lo señala recientemente el Informe de Desarrollo Humano publicado en la revista Semana en su edición 1.114 de 2003.

La tendencia de la tasa de homicidios en Colombia se hizo progresiva a finales de los años setenta, y a principios de los noventa se triplicó. No sólo fue la actividad criminal directamente ligada al tráfico la que se disparó en los años ochenta, fueron también el secuestro, el robo de carros, el asalto a bancos y aún los crímenes menores. No es descartable la hipótesis de que fue el debilitamiento general institucional causado por los traficantes, en especial de la policía y la justicia, ya de por sí débiles tradicionalmente, lo que permitió este salto de la criminalidad. La aceleración del crimen violento en Colombia se acompañó de una aguda polarización espacial en cuanto el crimen se incrementó por un factor de diez en algunas regiones y se mantuvo igual en otras.

Pese a que los estimativos disponibles arrojan que los homicidios directamente atribuibles a los traficantes alcanzan una proporción de apenas el 10% del total de homicidios ocurridos en Colombia en los años críticos (1990-95) (ver Gaitán y Deas, 1995), estas cifras ocultan resortes entre las formas criminales y los traficantes. De acuerdo con el trabajo de A. Gaviria sobre el incremento del crimen en Colombia (Gaviria, 1999, cit.), existe una relación entre la droga y el crimen en Colombia a pesar de ser pequeña la tasa de homicidios directos por narcotráfico. Los narcotraficantes jugaron dos roles diferentes en la escalada violenta en Colombia. Por una parte, generaron directamente violencia a través de sus actividades y, por otro lado, lo hicieron a través de acciones criminales variadas tales como propiciar la congestión judicial, entrenar individuos en tecnologías de guerra, y el auspicio de una cultura del dinero fácil y la resolución violenta de conflictos.

El impacto económico del tráfico

Desde el punto de vista económico (ver Programa Rumbos, Presidencia de la República, 1999, R. Steiner, 1997) las consecuencias del tráfico pueden resumirse en el impacto de la abundancia de divisas, que causa una sobrevaluación de la tasa de cambio y una pérdida de competitividad internacional de las exportaciones y de la producción nacional. La gran inestabilidad del narcotráfico genera bonanzas y crisis regionales en las zonas de cultivos ilegales y en las ciudades en las que los traficantes se concentran. Otros impactos tienen que ver con la concentración de riqueza, con el empleo regional –en especial en las zonas de cultivos ilícitos–, el lavado de divisas y capitales, la distorsión de los patrones de consumo que facilita el lavado de activos, y la promoción de expectativas de enriquecimiento rápido que han llevado a inversiones especulativas y arriesgadas. (Programa Rumbos, Presidencia de la República).

El tráfico de las drogas ilegales ha tenido un efecto desigual sobre las regiones colombianas. Las bonanzas de la marihuana en los años setenta y de la cocaína en los ochenta afectaron respectivamente a Barranquilla y Medellín, donde surgieron síntomas de la llamada “enfermedad holandesa”. En estas ciudades la mano de obra, los servicios, la finca raíz y la industria manufacturera aumentaron en forma elevada sus costos, lo cual debilitó su competitividad. Un fenómeno semejante ha tenido lugar en las zonas de cultivos de coca, situadas principalmente en la Amazonia (suroriente), donde los cultivos de alimentos disminuyeron y se encarecieron notablemente.

Es de particular relevancia el impacto de las drogas en el departamento del Valle del Cauca y en su capital, Cali, pues causó distorsiones en la dinámica económica y una profunda erosión en la vida institucional. La variación del Producto Interno Bruto regional real pasó de 11,15% en 1994 a 3,44% en 1996, en buena medida como efecto del éxito de la lucha oficial contra las cabezas regionales del tráfico.

Cali sigue siendo la ciudad del país más golpeada por el desempleo. Los resultados de la Encuesta de Hogares del DANE, realizada en septiembre de 1998, revelan que el 20,6% de la población económicamente activa, no cuenta con empleo. En 1992, era la tercera ciudad con menor desempleo en el país; en seis años, la tasa de desempleo aumentó más del doble y el nivel actual está muy por encima del promedio de las siete ciudades principales. De otro lado, se produjo un debilitamiento en el liderazgo social y político que ha sumergido al Valle en una crisis fiscal sin precedentes (Rubio, 1996).

En muchas regiones rurales de Colombia, desde los años ochenta, los dineros del tráfico se emplearon para comprar tierras. En la adquisición de lo que se estima en varios millones de hectáreas, los traficantes vieron no sólo una manera de invertir dineros ilícitos –“calientes”, es el término local–, sino una oportunidad de inserción en la sociedad local. Cuando se encontraron en esas áreas con la presencia de los grupos guerrilleros promovieron y financiaron la formación de grupos armados para combatirlos. Fue en la confrontación rural entre los nuevos hacendados y los guerrilleros donde se gestaron las fuerzas irregulares que hoy azotan la vida rural de la mayor parte de Colombia. Paramilitares, como se les conoce actualmente, y guerrilleros, ambos, se han nutrido de los dineros del tráfico y fue éste el que proveyó las condiciones financieras, técnicas y de debilitamiento institucional para que el conflicto colombiano escalara hasta el punto actual.

Alejandro Reyes ha estudiado cómo la adquisición de estas tierras se ha dado principalmente mediante la compra de grandes extensiones sin que los dineros del narcotráfico hayan penetrado los minifundios, o en aquellas zonas donde prevalece la agricultura moderna. La compra de pequeñas parcelas, no obstante, ha tenido lugar en las zonas con alto potencial turístico o cercanas a las ciudades, con el consecuente incremento de su valor.

El capital ilegal también ha sido invertido en manufactura y otras actividades económicas, pese a que aún se conoce poco al respecto. El conocimiento sobre los usos finales de las utilidades obtenidas por quienes han traficado con precursores químicos aún es menor; han ayudado a los narcotraficantes a “lavar” su capital e invertirlo; han proporcionado seguridad a los carteles; los pilotos y profesionales de la química y de otras ramas de la ciencia que les han dado su apoyo. Lo mismo sucede con los traficantes que han participado en la distribución dentro de Estados Unidos y Europa y han regresado a Colombia. Una parte importante del ingreso generado por los actores menores del narcotráfico no es fácil de identificar, pasando así inadvertido.

En los inicios de las drogas ilegales poco se sabía de su efecto sobre el empleo directo y aunque se conocía su importancia en algunas regiones y ciudades, a escala nacional no parecía significativo. Sin embargo, el crecimiento ininterrumpido en los años noventa de los plantíos de coca y amapola han cambiado el panorama, como lo demostraron las marchas campesinas de finales de 1996 contra la fumigación aérea (ver Jimeno, 1997). Este nuevo elemento agrega complejidad al problema de las drogas ilegales en Colombia. Significa que la trama de implicados y beneficiados con el tráfico es muy densa y diversificada, y aprovecha toda la jerarquía social, desde los pobres urbanos y rurales, hasta los sectores de profesionales medios y la dirigencia económica.

Independientemente de cuál haya sido la magnitud del capital que ha ingresado a Colombia por la industria ilegal, no cabe duda de que ha tenido efectos estructurales muy importantes (M. Rubio, 1996; R. Steiner, 1997). Cualquier organización criminal que exporte cincuenta o más toneladas de cocaína o heroína obtiene utilidades comparables a las de los grandes grupos financieros nacionales y, aunque los flujos ilegales pueden ser manejados a escala macroeconómica, estos alteran las estructuras de propiedad y poder del país.

Ahora bien, pese a que la industria ilegal ha penetrado muchos espacios de la sociedad colombiana, no se puede afirmar que haya favorecido el crecimiento económico del país (Thoumi, 1994; Steiner, 1997). De hecho, la tasa de crecimiento de la economía colombiana a partir de finales de los años setenta ha sido aproximadamente 2% más baja que durante los pasados treinta años (Sarmiento y Rubio).

La mayoría de los economistas colombianos que han estudiado el fenómeno, ha concluido que los efectos negativos de la industria ilegal han prevalecido sobre los positivos: ha actuado como un catalizador que agravó características negativas del sistema de mercadeo colombiano; debilitó la capacidad del Estado para hacer cumplir contratos y resolver conflictos; disminuyó notablemente la confianza para efectuar transacciones económicas en el país; contribuyó a deslegitimar la propiedad; aumentó la violencia, y promovió la avidez de rentas y de enriquecimiento rápido contribuyendo a inversiones especulativas, bancarrotas, desfalcos y otros crímenes de cuello blanco (Rubio, 1996). Todos estos factores han aumentado los costos de hacer negocios en el país. Por otro lado, el aumento en los índices de criminalidad ha contribuido a disminuir significativamente la tasa de crecimiento. Es así como Rubio (1996) ratifica lo expuesto sobre la disminución en un 2% de la tasa de crecimiento a causa del crimen, sin incluir los efectos de largo plazo sobre la productividad y la formación de capital.

Finalmente, la mayoría de los economistas colombianos concuerda en que la economía del país estaría sólida sin el tráfico de las drogas ilegales. Colombia cuenta con una economía diversificada que antes del desarrollo del tráfico exportaba una gran variedad de productos y servicios. En este sentido, si la industria ilegal llegara a desaparecer, no hay duda de que el país podría reemplazar las divisas generadas por ella en un tiempo relativamente corto.

Por supuesto que el impacto económico es simultáneamente un impacto sobre comunidades y etnias locales y sobre las estructuras de propiedad y poder del país. De allí que encontrar soluciones al tráfico ilegal se haya convertido en un elemento central para la sociedad colombiana.

Impacto ecológico

Otro aspecto del impacto social del tráfico son los efectos ambientales ocasionados por el desmonte para el establecimiento de los cultivos ilícitos y también por el uso de precursores químicos, el abuso en la utilización de cemento, gasolina, herbicidas, plaguicidas y fertilizantes, efectos que aún no han sido suficientemente evaluados, pero que generan una peligrosa presión sobre ecosistemas que, aunque ricos en biodiversidad y servicios ambientales, son de alta fragilidad.

Como quedó dicho, la producción de coca se concentra en los bosques húmedos tropicales amazónicos que soportan viejos y persistentes procesos de colonización campesina e incrementos considerables de ocupación por grandes cultivadores comerciales de la hoja. Estos ecosistemas que se caracterizan por la abundante y reconocida biodiversidad, son de gran fragilidad frente a actividades e impactos antrópicos (Plan Colombia, Presidencia de la República).

La amapola se produce en los denominados bosques de niebla, ubicados en zonas andinas, los cuales son verdaderas fábricas de agua; históricamente han estado amenazados por la expansión de la frontera agrícola, debido a que en su mayoría se ubican en áreas de difícil control y tienen los mayores riesgos de extinción ante el auge e incremento de los cultivos ilícitos y los procesos de colonización subsecuentes (Thoumi, 1994). Por lo general, los cultivos en pequeña escala se encuentran en su mayoría dentro de la frontera agrícola mientras que los comerciales, de mayor tamaño, se localizan sobre áreas periféricas de esta frontera o en zonas aisladas bosque adentro. En síntesis, las grandes áreas de reservas forestales y parques naturales, amazónicos y andinos, se convierten en zonas potenciales de expansión de los cultivos ilícitos.

La situación se agrava en forma continua dado que las siembras crecen anualmente y se realizan con técnicas de cultivo limpio, circunstancia que acelera el proceso contaminador y desestabilizador del ambiente (Plan Nacional Contra la Droga-Presidencia de la República, 1997). La mayoría de los cultivos ilícitos detectados en el país se establecen en tierras vírgenes y de difícil acceso, en las que los productores talan y queman bosques primarios. Lo anterior Expone dichas tierras a la colonización intensiva, la cual genera, a su vez, procesos erosivos que destruyen las condiciones necesarias para la llamada lluvia horizontal; agotan y contaminan las fuentes de agua superficial y subterránea y afectan la conservación, mantenimiento y supervivencia de la biodiversidad. Además, el uso de insumos químicos para el mejoramiento de las cosechas ilícitas y el control de plagas de una manera indiscriminada e irracional contribuyen aún más a agravar el problema (Ibid.).

El Ministerio del Medio Ambiente estima que entre 1984 y 1998 se han utilizado para la producción de estupefacientes más de 900.000 toneladas de precursores químicos, productos que por sus características de movilidad, residualidad y escorrentía ponen en riesgo la estabilidad de los diferentes ecosistemas (Ibid.). Por cada hectárea de amapola, el cultivador destruye en promedio tres hectáreas de bosque; para la coca, la relación es de 1 a 4, y para la marihuana, de 1 a 1,5. Así, el Ministerio del Medio Ambiente estima que en Colombia, para implantar cultivos ilícitos entre 1974 y 1998, se han destruido entre 850.000 y 1.000.000 de hectáreas de bosque.

Otro aspecto del impacto ambiental, que no abordaré pero no por ello menos importante, es el relacionado con el impacto ecológico de las fumigaciones en contra de los cultivos.

El consumo en Colombia

“Las políticas de control y prohibición de las drogas, tuvieron su origen en la preocupación por los consumidores y los adictos. Las normas dictadas al amparo de esa preocupación, pretendían someter a los usuarios a un tratamiento obligatorio de desintoxicación”, dice Andrés López (revista El Malpensante, septiembre 16 a octubre 31 de 2000: 92).

La historia cultural muestra una diversidad grande sobre el lugar de los psicoactivos y su uso social, así como sobre el papel socioeconómico y político que la sociedad específica le asigna (al respecto ver Escohotado, 1989). No es posible hablar del consumo desligándolo o independizándolo de una realidad sociocultural concreta.

En la actualidad el consumo de droga es asumido como un problema médico porque su uso puede provocar dependencia y adicción en el consumidor, alterando su conducta y ocasionando un gran impacto en su vida, la de su familia y su entorno social. Es considerado un problema de salud pública porque afecta la salud de un porcentaje importante de la población y es un problema de control social sobre la conducta humana; como tal, suele asociarse con estados mentales peligrosos. Es por ello que es importante referirnos a la prevención de la fármaco dependencia y sus implicaciones en el futuro de nuestro país. Empecemos por analizar el consumo en Colombia, y luego los paradigmas con que se mira el proceso.

Consumo y prevalencia

El estudio de prevalencia fue realizado por medio de una encuesta personal, realizada el 20 de octubre de 1999 por el programa Rumbos de la Presidencia de la República, en veintinueve capitales y veintiún ciudades no capitales, con 307.714 jóvenes, y ofrece algunos datos sobre el consumo en Colombia.

El estudio muestra que de las sustancias psicotrópicas, las ilegales ocupan un lugar intermedio dentro de las preferencias de los consumidores colombianos tanto en la prevalencia de por vida, como en el último mes. Se observa que el consumo es mayor para los hombres y menor para las mujeres, y se encontró que la mayor probabilidad de consumo de las sustancias analizadas se presenta para las personas entre veinte y veinticuatro años, como se aprecia en las tablas 1 a 6.

Las mayores proporciones de consumo de sustancias ilegales se observaron en personas sin ningún nivel educativo, a diferencia de las sustancias psicoactivas legales donde el mayor consumo se encontró en el nivel universitario.

Por ocupación principal, el mayor riesgo de consumo de marihuana, cocaína y basuco se encontró en personas que no trabajan. En cambio el consumo de sustancias ilegales es ligeramente menor en las personas que estudian.

Cuando este estudio se compara con anteriores, realizados por el Ministerio de Salud Pública acerca del estado mental de Colombia y el uso de sustancias psicoactivas (1992-1997), se observa que la inclusión de más variables no incrementa la explicación del consumo de drogas ilegales y se limita a describir o registrar una característica. Por tanto, la descripción del consumo no logra explicarse con este modelo. El perfil apunta, sin embargo, a que si una persona es del sexo masculino, tiene entre veinte y veinticuatro años de edad, no estudia y no trabaja, tiene una mayor posibilidad de ser consumidor de alguna droga ilegal, mientras que una persona de sexo masculino entre veinte y veinticuatro años que sí estudia y/o trabaja tiene una mayor posibilidad de consumir sustancias legales: alcohol y/o cigarrillo.

No obstante, un estudio realizado en novecientos ochenta y cuatro estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, entre febrero de 2001 y febrero de 2002, combinó instrumentos de investigación epidemiológica y técnicas de las ciencias sociales, con el fin de identificar factores protectores para el consumo de sustancias psicoactivas.

Este estudio se realizó en dos fases ordenadas cronológicamente. En la primera fase se llevó a cabo un estudio descriptivo empleando una encuesta transversal estructurada. La aplicación de esta encuesta permitió clasificar a la población de estudio en cuatro categorías; cada una de ellas tenía características relacionadas con los cuatro grupos de consumo de sustancias psicoactivas descritos por la Asociación Americana de Psiquiatría en el documento DSM IV: Grupo I (No consumidores); Grupo II (Consumidores ocasionales); Grupo III (Consumidores abusadores); Grupo IV (Dependientes). Durante la segunda fase se realizó un estudio cualitativo con la técnica de grupos focales que permitió profundizar sobre tres ejes de desarrollo: la familia, las características del individuo y los imaginarios de los estudiantes sobre el uso de sustancias psicoactivas (J. Téllez et al., Revista de la Facultad de Medicina, Universidad Nacional 2003, 51 (1):15-24). También se conocen otros estudios similares realizados en las universidades de Antioquia y Javeriana y la Secretaría de Salud del Distrito.

Los modelos de tratamiento

Se hace necesario revisar los modelos en que se han basado la prevención y tratamiento de las drogas en Colombia. El profesor de psiquiatría de la Universidad Nacional, Miguel Cote, ha hecho una revisión de los diversos modelos que se han aplicado en Colombia y los resume en cinco grandes tendencias.

El modelo ético-jurídico

Este modelo asume el abuso de sustancias ilegales como una conducta delictiva causante del problema del fármaco dependiente, lo que justifica la adopción de medidas punitivas. Por ello el aislar al drogo dependiente del resto de la sociedad, amenazarlo y castigarlo, se convierte en una estrategia fundamental. Aquí se olvida al individuo y las implicaciones físicas, mentales y sociales del uso de las sustancias psicoactivas. Este modelo genera altos costos, produce violencia y gastos en armas, vigilancia y castigo. En el modelo ético-jurídico se prohíbe su libre uso, la utilización terapéutica y se castiga penalmente cualquier forma de oferta. Por lo general, el consumo de droga y la posesión mínima para uso personal no tienen castigo penal, de manera que el peso del castigo se dirige hacia la provisión ilegal.

Todos sabemos que en nuestro enfoque de salud pública se trata de impedir el consumo mediante un sistema de control legal, administrativo y penal.

Modelo sanitario o tradicional

Según Cote, del modelo sanitario surgen los albergues y las comunidades terapéuticas. Su enfoque es más médico, pero ve el problema de una manera reduccionista y biologista.

En la medida en que el consumo de psicoactivos se trata como un problema de salud pública, es asumido por medio de estudios epidemiológicos. Este modelo se sustenta en la explicación de la transmisión social de las enfermedades, en especial las infectocontagiosas. De allí que quepa interrogarse sobre su validez para explicar el consumo de sustancias psicoactivas, pues lo asume como la transmisión social de una conducta humana. El modelo epidemiológico sobre el consumo puede describir el número y las características de la población afectada, así como clasificarla de acuerdo con las preferencias de las sustancias consumidas, la dosis y las frecuencias del uso. Emplea el símil ofrecido por el modelo etiológico de las enfermedades infecto o infesto contagiosas, es decir, la búsqueda del agente causal que explica la afección (virus, bacteria, hongo, parásito, toxinas, etc.), así como a su portador o vector, pero no puede explicar el consumo de sustancias psicoactivas por medio de un agente específico sobre la conducta humana. Así, las investigaciones epidemiológicas sobre el consumo de sustancias psicoactivas utilizan de preferencia la metodología de los estudios de mercadeo o de opinión. Ocurre entonces un reduccionismo explicativo del consumo de drogas psicoactivas. Teniendo como símil el modelo etiológico y epidemiológico de las enfermedades infectocontagiosas, termina por reducir el agente (la conducta humana) a una peste contagiosa, o a un flagelo contra la humanidad causado por un agente maligno, interno en o externo a la comunidad, que debe ser extirpado (Rementeria 1995).

El modelo epidemiológico, sin embargo, es útil para describir el agente “patógeno”. Este hecho descriptivo nos explica el número y las características de las personas que consumen sustancias psicoactivas y este número define la gravedad del problema social y las características sociodemográficas de la población que se automedica, siendo éste el contexto epidemiológico del problema.

En síntesis, en este modelo se ve el problema como si ocurriera entre un agente patógeno (la droga) y una víctima, (el enfermo). Parte de una hipótesis cuestionable, la de pensar en el fármaco dependiente como enfermo. La pregunta es: ¿qué pasa con los enfermos que no se mejoran? El peligro es declararlos “enfermos incurables”, y para ello se usa el término médico de crónicos o incurables. Esto ha pasado en nuestro país dentro de la denominación que se les dio a las adicciones en la Ley 100 de 1993. La adicción quedó clasificada como enfermedad de alto costo económico, en el mismo grupo del sida, el cáncer, los trasplantes de órganos y las enfermedades renales crónicas; se excluyen del Programa Obligatorio de Salud (POS) en la actual reglamentación de las EPS. Es decir, si usted es un fármaco dependiente, si tiene alguna complicación médica o sufre de un accidente bajo efectos de una sustancia psicoactiva, pierde sus derechos previamente comprados para recibir tratamiento médico. Privilegia la racionalidad económica sobre la ética. Éste es un modelo punitivo. Entonces, ¿dónde quedan la equidad y la igualdad de acceso a los servicios que la misma Ley 100 de 1993 propone?

Modelo psicosocial

Según Cote, el modelo psicosocial parte de la complejidad de cada individuo y de darle peso a los factores psicológicos y ambientales de cada persona respecto a su forma de tomar decisiones y posicionarse ante la vida. Ve las adicciones como una manifestación más del comportamiento humano, que debe ser analizada según los principios que estudian la conducta humana. Aquí se empieza a empoderar y a darle voz al individuo, a sus necesidades individuales. Es decir, se mira al individuo en una forma más holística. Se trasciende el reduccionismo biologista de la química y la bioquímica y se trabaja e interactúa con un ser humano integral. Da cabida a la educación para la salud, la promoción de la salud y la prevención.

Pero este modelo no es ideal porque deja por fuera nuestra realidad social como colombianos y latinoamericanos. La realidad económica del mercado lleva a que este modelo psicosocial de prevención corresponda más a una realidad deseable, donde la gran contradicción está dada en que todos los grupos al margen de la ley usan su cultivo y comercialización de las sustancias psicoactivas para ganar dinero en abundancia y defenderse. Este hecho económico modificó totalmente el modelo psicosocial de prevención.

Modelo sociocultural

Este modelo implica un trabajo con la sociedad en su conjunto, sobre todo con los sistemas educativos y sanitarios, para disminuir la aceptabilidad de las drogas y modificar los valores que propician su utilización. Aquí se corre el riesgo de volver a simplificar la ecuación en “buenos y malos”, y satanizar el consumo.

Modelo geopolítico estructural

Por último, éste es un modelo más holístico, porque no sólo es integral en lo que tiene que ver con el individuo, sino que también incluye a una sociedad como la colombiana en el contexto y las tendencias de la globalización. Propuesto a mediados de los años ochenta, pretende tener en cuenta nuestra realidad latinoamericana, en la que se ven los fenómenos del consumo de drogas y el narcotráfico como un “fenómeno global”, consustancial a las circunstancias que crean y mantienen el subdesarrollo y propician la dependencia de los países latinoamericanos. Por ejemplo, otorga importancia a mejorar las condiciones de vida de los pequeños narcotraficantes, que más que delincuentes son víctimas de la pobreza. El modelo apunta a modificar factores sociopolíticos y culturales que originan y perpetúan el consumo de drogas por medio de la educación y de una generación de empleo y políticas solidarias.

Por eso nos preguntamos, ¿qué tanto incide en la conducta de los consumidores la ilicitud que envuelve este consumo? ¿Qué tan vinculadas están la prohibición y la amplitud y el impacto del consumo? Como plantea Iban de Rementeria (1995), ¿el consumo de psicoactivos puede desligarse de la droga como categoría económica, política, social e ideológica, con representaciones y valoraciones asociadas a cambios en la economía, en el control de la sociedad, en el poder político y ancladas en representaciones en la ideología y la cultura?

Conclusiones

En los últimos treinta años y como consecuencia de la droga, Colombia ha visto las secuelas sociales múltiples del tráfico ilegal de drogas. Grandes recursos han tenido efectos macroeconómicos, sociales, regionales, estructurales y ecológicos. La droga ha traído consigo formas de violencia y corrupción que han afectado el tejido social de Colombia y de sus instituciones.

Por otra parte, el consumo interno, aunque en niveles bajos, aumenta rápidamente. De allí que Colombia tenga que llevar a cabo acciones que disminuyan su peso social.

Lo que se requiere como prioridad en un país en las circunstancias actuales, es generar las condiciones sociales y económicas legales para que se pueda dar un desarrollo alternativo, y ofrecer otras oportunidades a los campesinos cultivadores y a las personas pobres de los sectores urbanos, para que puedan tener un ingreso familiar decoroso y dejen de ser parte del trabajo informal o de la ilegalidad en los que sobrevive un gran sector de colombianos.

Es preciso generar las condiciones económicas, sociales y culturales que hagan viable la eliminación de los cultivos en zonas campesinas e indígenas. Se hace necesaria la conservación de ecosistemas que son frágiles, como los bosques húmedos donde hay cultivos de coca, y los bosques de niebla donde se cultiva la amapola. De allí la importancia de restaurar y detener la destrucción de áreas frágiles para proteger una de las más grandes riquezas de nuestro país: su biodiversidad.

Pero como ya se ha enfatizado, lo más importante es ganar legitimidad plena para el Estado. Se requieren instituciones operativas que recuperen la legitimidad social de la justicia con el fin de reducir los niveles de violencia y criminalidad.

Como se ha señalado, el consumo de drogas ha venido creciendo en Colombia, y de allí la importancia de controlarlo, ofreciendo a los consumidores alternativas de tratamiento, de reinserción social, de rehabilitación y de trabajo. Es necesario iniciar investigaciones que sobrepasen las limitaciones de los modelos, sobre todo el modelo tradicional sanitario y apunten a conocer los factores asociados al consumo de drogas, los perfiles del consumidor, su contexto cultural y la relación entre ilicitud y consumo. Para lograrlo se hace necesario realizar estudios cualitativos, analíticos, de casos y controles, y de cohorte, con el objetivo de analizar los riesgos en personas afectadas por la droga, y los factores culturales, sociales y económicos asociados con el abuso de las drogas. Son necesarios estudios de evaluación de terapias y de métodos preventivos que sean coherentes con nuestras características. De esta manera, se establecerían hipótesis más sólidas tanto para el progreso del conocimiento del abuso de las drogas, como para la historia del abuso.

Para imponer la ley y el orden sobre el narcotráfico, es imprescindible recobrar la legitimidad del Estado y abandonar las prácticas clientelistas del ejercicio político para que así las normas sean respetadas. Una sociedad atomizada por la precaria institucionalización de los conflictos, hace más pobre el control social y abre un abanico para la acción ilegal y, desde luego, activa la desigualdad social.

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Notas

1. Dirección Nacional de Estupefacientes. La lucha de Colombia contra las drogas ilícitas, Acciones y resultados 2001. Bogotá, marzo de 2002, 16.

2. http://bogota.usembassy.gov/wwwsnb03.shtml

3. Latin American Working Group, Center for International Policy and Washington Office on Latin America. Below the Radar. U.S. military programs with Latin America, 1997-2007. Marzo de 2007, 6.

4. Datos tomados de los reportes sobre cultivos de coca de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC) de los años de 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006.

5. Witness for Peace, Carta informativa. Julio de 2007.

6. Washington Office on Latin America, (WOLA). Comunicado de prensa. Junio 22 de 2007.

7. El Tiempo. “Europeos tienen que meterse la mano al dril”. Julio 28 de 2007.

8. Acción Social. Colombia, otra vez record mundial en erradicación manual forzosa. Octubre 23 de 2006.

9. Acción Social en Dirección de Programas Sociales, Programa Presidencial contra cultivos ilícitos, 2005, www.accionsocial.gov.co

10. El Tiempo. “3100 erradicadores vuelven al monte”. Agosto 3 de 2007.

11. El Tiempo. “200.00 litros menos de glifosato contra la coca”. Julio 23 de 2007.

12. Ibid.

13. El Tiempo. “No hay lluvia de glifosato en segunda guerra contra la coca en el Putumayo”. Julio 21 de 2007.

14. Palabras del expresidente Uribe durante el Consejo Comunal en Bogotá, julio 21 de 2007.

15. Tokatlian Juan G., Eduardo Sarmiento, Luís Orjuela y Carlos Arrieta. (1995). Narcotráfico en Colombia. Bogotá: Tercer Mundo Editores Ediciones Uniandes, 313.

16. Alonso Salazar. (2001). La Parábola de Pablo. Bogotá: Editorial Planeta, 261-262.

17. http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/sne/2007/julio/09/01092007.html

18. Congote Gloria. “A Álvaro Gómez Hurtado lo mató la mafia para hacerle un favor a los políticos: Rasguño”, Semana. Julio 10 de 2007.

19. El Tiempo. “16 años a Sonia. Revés para Fiscalía de EU”. Julio 2 de 2007.

20. El Tiempo. “Fiscalía de Estados Unidos ofrece clemencia a “Simón Trinidad si las FARC liberan a estadounidenses”. Julio 10 de 2007.

21. El País. “Trinidad recibirá sentencia en noviembre”. Julio 31 de 2007.

22. El Tiempo. “Rebaja de pena a Simón Trinidad no es una negociación, aclara el gobierno de Estados Unidos”. Julio 11 de 2007.

23. Adam Isaacson. Extradición: una espada de doble filo. Semana. Semana. Enero 15 de 2005.

24. María Jimena Duzán. La extradición, una experiencia aciaga. El Universal, México, enero 23 de 2007. http://www.el-universal.com.mx/editoriales/36575.html

25. Semana. Destape de un jefe para. Agosto 4 de 2007.

26. Semana. La conexión mexicana. Mayo 23 de 2005.

27. Boycott: Presión que se ejerce sobre una persona o entidad suprimiendo o dificultando cualquier relación con ella. En adelante, se usará la palabra correspondiente en castellano.

28. “La Santa Alianza” en Qué Pasa, nº 1376, Chile, 26 de agosto al 1º de septiembre de 1997.

29. Secretaría de Relaciones Exteriores. México y Estados Unidos ante el problema de las drogas. México: 1997, 122.

30. Andrés López Restrepo. “Costos del combate a la producción, comercialización y consumo de drogas y a la violencia generada por el narcotráfico” en Francisco Thoumi et al. Drogas ilícitas en Colombia. Colombia: Ariel/PNUD/DNE, 426; Ma. Mercedes Moreno. “El plan Colombia, ¿el fin de la historia o la reconfiguración cultural?, septiembre de 2000, http://www.mamacoca.org/feb2002/art_mechas_plan_colombia_fin_de_la_historia.html.

31. Elaine Shannon. (1988). Desperados. Nueva York: Viking, 73.

32. http://www.fas.org/irp/offdocs/nsdd/nsdd-221.htm).

33. Andrés López Restrepo, op. cit., 427.

34. http://www.usdoj.gov/dea/pubs/history/deahistory_02.htm#4).

35. En la prensa de Veracruz, en 1941, se utilizaba la palabra “marimba” para designar a la marihuana. Se hablaba también de la “venenosa marimba”.

36. El Espectador, 4 de marzo de 1981, citado por Gabriel Murillo Castaño et al., “Narcotráfico y política en la década de los ochenta; entre la represión y el diálogo” en Carlos G. Arrieta, Luis J. Orjuela et al. [1993 (1990)]. Narcotráfico en Colombia. Colombia: Ediciones Uniandes/Tercer Mundo Editores, 215, 217.

37. Gabriel Murillo Castaño et al., op. cit., 273.

38. http://www.reagan.utexas.edu/resource/speeches/1982/111782b.html

39. Artículo 89, fracción VI: “Entre las facultades y obligaciones del Presidente, está la de disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente, o sea del Ejército Terrestre, de la Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea, para la Seguridad Interior y defensa de la Federación”; 129: “En tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezasy almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas”.

40. Francisco Thoumi. (2002). El imperio de la droga. Colombia: IEPRI/Planeta, 60-61.

41. “The primary effect of chewing coca is a mild stimulation of the central nervous system resulting from the assimilation of cocaine from the leaves. This stimulation gives a sense of increased energy and strength, a suppression of the sensation of fatigue, an elevation of mood or mild euphoria and a sense of well-being and contentment. Coca also produces a temporary suppression of appetite, but it is never used in place of food” (Plowman, 1986: 7-8).

42. Las más tempranas evidencias arqueológicas de uso de la coca son de la cultura Valdivia en la península Santa Helena en lo que es hoy Ecuador. Se encontraron pequeños contenedores de cal utilizada para mezclar con la hoja de coca, datados aproximadamente en 2100 a.C. Sin embargo, el uso y cultivo de la planta probablemente son más antiguos.

43. Plowman (1986: 11) agrega que: “Additional important differences among the four varieties are found in their stem and leaf anatomy, ecology, geographical distribution and breeding relationships”.

44. Schultes, sin embargo, disiente de esta hipótesis: “The existence of a distinct variety of Erythroxylum coca and the deep magico-religious role played by this plant and its product in the Northwest Amazon, however, would seem to indicate an appreciable age of the plant in the region as well as an antiquity for its use as a sacred psychoactive plant (Schultes & Raffauf, 1991: 166-7).

45. El rendimiento de alcaloide de la variedad boliviana disminuye cuando se siembra en tierras bajas, como lo señala Jesús M. Idrobo: “La coca peruana... cultivada a menos de 500 msnm, como se hace en Colombia, produce solamente 0,44% de alcaloide, en comparación con altos rendimientos cuando es cultivada a mayores alturas” (Idrobo, doc. Web).

46. “La palabra ‘coca’ no se deriva del quechua sino del aimara, la lengua hablada por los descendientes de la cultura tihuanaco... que antecedió al inca en 500 años. La raíz es khoka, una palabra general para cualquier arbusto o árbol” (Davis, 2001: 512).

47. “Mascada” de coca, en Bolivia, se dice acullicu, derivado del verbo aimara acullina: “El acto de tomar prolijamente las hojas y alojarlas entre las encías y un carrillo añadiéndoles lejía [llycta] hasta formar un bolo que luego se retiene y esporádicamente succionado más que mascado” (Hurtado, doc. Web). Otros nombres son pijchar, coquear, mambear, bolear. En quechua, en el sur del Perú, se dice hallpay, “one of the essential adult skills[;] it was invented by María Santísima when she lost her child and absent-mindedly chewed on some leaves to allay her grief ” (Allen, 1986: 36). En otras partes del Perú esta acción se denomina chacca o pikcha (Gelles, 1985: 22). El número de personas que utilizan la coca de esta manera puede ser muy elevado. Se calcula que en Perú y Bolivia “the number of regular coca chewers certainly is web over 2.000.000, while the number of people for whom coca carries cultural importance must be over 5.000.000” (Allen, 1986: 47).

48. Schultes y Raffauf (1991, 169-170) reportan otras fuentes de ceniza para la coca, a partir de: hojas de otras cecropias (C. peltata, C. palmata); hojas del árbol de “uva” o “caimarón” (Pourouma cecropiaefolia), para algunos la ceniza más apreciada; corteza de Styrax sp. (yucunas); hojas de la palma paxiuba (Iriartea exorrhiza); hojas de la palma Astrocaryum munbaca (o gynacanthum), entre uitotos del Igaraparaná; hojas de Ocotea simulans y frutos de O. Opifera, entre taiwanos del río Cananarí; hojas de Diplotropis martiusii, entre kubeos. Agregan estos autores que “harina de yuca finamente pulverizada puede ser ocasionalmente agregada al polvo de cocaceniza” (Ibid., 171), lo cual también observó uno de nosotros entre uitotos del río Igaraparaná; y también informan sobre la adición de humo incienso o “breo” (resina de Protium heptaphyllum) a las cenizas por un grupo de tanimukas de un afluente del río Apaporis (Ibid., 174-175).

49. En un video sobre los ashaninka (Pinhanta, 2001), el viejo Shomõtsi conta origem da coca; ao longo disso vai se vendo o processo de coleta, desfolhando, por um neto; um envólucro de folha de palmeira semdo feito com coca dentro, amarrado com fibra; fazendo fogueira para braseiro põe ai a coca para secar. Masca com cal dentro de pequena cabaça.

50. El padre Maroni (1738: 169), misionero jesuita del siglo XVIII, menciona “la dificultad que se experimenta para introducir la lengua del inga en las nuevas reducciones [del Alto Amazonas y río Napo]. En estas reducciones, principalmente en la de los yameos [pariente lingüístico del actual yagua] y caumarís, aún con más facilidad que la del inga parece [que] se va introduciendo la lengua de los omaguas [que] no es otra que la de los tupinambas que vinieron del Brasil [...] que los portugueses del Pará y Brasil llaman lengua general, y en la realidad no hay otra que tanto se entienda como ésta. Desde Napo, Marañón para arriba, a más de los omaguas la hablan también los cocamas de Ucayali, y [...] aún cerca de Santiago de las Montañas, más arriba de Borga, los xibitinoes hablan esta lengua; para no hablar de los omaguas que viven arriba del río Napo”.

51. Jean Pierre Chaumeil (1998: 130-131) transcribe seis referencias sobre el uso de la coca entre los yagua. Las dos más antiguas son de dos viajeros que visitaron casi juntos el alto río Amazonas en 1847: Castelnau (1851, t. 5: 19) menciona que los yagua sembraban “bananas, coca y mandioca”; y Paul Marcoy (1866: 110) observa que “los yahuas cultivan coca en escala muy reducida”, y agrega que “mascan las hojas como los quechuas” y que “no le agregan cenizas”. En las dos citas de Álvarez (1913, vol. 37: 347; 1925: 148), a principios del siglo XX, es clara la referencia a “coca molida”, en dos casos utilizada por “brujos”. En la década de 1940, Paul Fejos (1943: 45) alcanzó a atestiguar el caso excepcional de un chamán “quien habitualmente mascaba coca en polvo”, y para los tiempos del lingüista Paul Powlison (1959: 16) en los años 1950, el uso de la coca ya es historia, pero todavía se recuerda. La lengua yagua tiene la palabra hapaté que significa “coca” y “polvo de coca” (José Candeno, 77 años, y Olivia Cahuache, comunicación personal, río Amazonas, Colombia, 2002), o hapati y patiú (Jean P. Chaumeil, comunicação pessoal, 2002; cf. Powlison, 1995: 658) que significan “coca” e “pó de coca”. Paul Fejos (1943: 120), em seu vocabulário yagua, lista a coca como hu.me.ya’; i.pa.du’.

52. Los productos finales son, de la yuca, una torta compacta de casabe y, de la coca, un polvo fino. Al consumir el casabe, los dientes lo desintegran en la boca, pero al consumir la coca, el polvo fino se compacta con la saliva para formar una masa (cf. Gasché, 1971).

53. Christine Hugh-Jones, para el caso de los barasana, escribe: “Existen abundantes evidencias de que la coca y la yuca son equiparadas tanto como cultivos como productos finales” (1979: 212213), y subraya que: (1) yuca y coca son los cultivos femeninos y masculinos más importantes; (2) son sembrados en el patrón que recuerda la relación carne (yuca)-hueso (coca); (3) coca es el cuerpo del hermano de Yeba y yuca el cuerpo de las hermanas de Yawira, y (4) el procesamiento de ambos tiene lugar en los espacios abiertos de la casa y emplea las mismas técnicas (cf. Ibid.).

54. “Los miraña plantean espontáneamente esta serie de correspondencias”, afirma Karadimas (2000: 447): “la coca de las mujeres es el casabe, su ambil es el tucupí (pasta del jugo venenoso de la yuca brava condimentado con ají) y su tabaco el ají”.

55. Información de Edmundo Pereira; recogido en San Rafael, río Caraparaná, 2001.

56. “No saco coca igual que la danta: / arranca, descuidada, y la deja caer, / la pisotea. / Si una hoja cae, la recojo / y también cada palabra en el mambeadero” (Urbina, 1992: 37).

57. Urbina (1992: 39) lo expresa así: “Si orinas antes de coger las hojas: / al quemarlas /el viento dispersará las cenizas. // Si defecas antes: / el atado de hojas / no quedará desecho en cenizas / sino apelmazado en el centro”.

58. Dirimao, hierba semirastrera de la familia Compositae; es una planta cultivada en huertas caseras para uso medicinal.

59. Aquí escribimos “Palabra” (con mayúscula inicial) para traducir rafue, y antes escribimos “palabra” (sin mayúscula inicial) para traducir úai (como en jííbina úai “palabra de coca” o en komini úai “lengua uitoto”).

60. Sobre el significado de rafue transcribimos la siguiente explicación contenida en Candre y Echeverri (1993): “rafue es la actividad mediante la cual las palabras se transforman en cosas, es el movimiento de lo nombrado a lo real a través del tiempo”. Este movimiento está sintetizado en las dos raíces que forman el vocablo rafue: raa “una cosa” e ifue “algo que se dice”. Cuando la actividad de rafue apenas comienza, se manifiesta como “Palabra”, una palabra que nombra lo que busca, una palabra con “poder”; hacia el final de la actividad, rafue se manifiesta como “Cosas”, comida, cacería, criaturas, etc., lo que se buscaba. Si uno pregunta a un indígena uitoto sobre el significado del vocablo rafue, la respuesta más probable es “baile”. El baile tradicional es rafue porque dentro de un periodo de tiempo relativamente corto (unas semanas) la gente puede presenciar cómo lo que en un principio es pura palabra, al final se va a recibir como comida, como cacería, como tabaco, como coca. Rafue entonces no es solamente la palabra del baile; si esa palabra no genera “cosas”, no es propio rafue, es sólo bakaki, “cuento”. El rafue de baile instruye a la gente sobre el poder creador de esa Palabra, por eso es también admisible traducir rafue como “enseñanza”. Rafue tiene también otros significados en contextos menos rituales: (1) comúnmente significa “noticia, razón, asunto”; (2) tiene también el sentido de “problema o mala suerte”, como en la expresión abimo rafue ote “echarse un problema encima”; (3) también significa “asunto” en un sentido más material, por ejemplo, cuando se riega el mambe (polvo de coca) en el suelo se puede decir rafue judaide “se regó el asunto”; (4) también se puede entender como “basura” o “restos”, por ejemplo, beno imaki rafue fiébite “aquí quedó la basura de ellos” (de un grupo de personas que estuvieron reunidos), (5) un sentido similar se aplica a los “pagos” (comida, ambil, etc.) que se reciben en un baile (por cantar o por llevar cacería)..., por ejemplo, cuando se abre el ambil que se recibió en el baile se dice rafue zuitádikue “estoy abriendo el pago del baile”.

61. Los que hacen coca por fuera de la maloca, a menudo remplazan esta greda por un pedazo de lata o un platón.

62. Hemos visto mambeaderos ubicados sobre una casa elevada, sobre tabla y no sobre tierra.

63. Ver una historia de cacería de tabaco en Candre y Echeverri, 1993 (traducido al inglés en Candre, 1996). También, sobre cacería de tabaco, ver Echeverri, 1994.

64. En una maloca este diálogo adquiere mayor complejidad y formalización en la preparación y realización de los bailes, que se denominan justamente rafue. En estos verdaderos rituales o bailes “el mito” no es el modelo de la acción ritual (por lo menos entre uitotos y muinanes), sino el diálogo que se demuestra en las sustancias que se brindan y consumen.

65. “... la parole générée par le tabac et la coca pense le monde dans sa totalité, mais, concrètement et particulièrement, dans les termes qui évoquent et désignent la socié-ture witoto, et cette socié-ture se manifeste précisément dans sa réalisation rituelle qui implique l’ordre des carrières cérémonielles et qui, fondamentalement, affiche les rapports entre hommes, dans leur diversité clanique, et êtres de la Nature, dans leur diversité spécifique” (Gasché, 2002: 8).

66. Si es en una maloca, la coca se brinda diciendo be kai jííbie “aquí está nuestra coca”.

67. Barbasquear es poner veneno extraído de las raíces de Caryocar glabrun en un cuerpo de agua para matar pescado por asfixiamiento.

68. De hecho, ese mismo mito apareció publicado, en versión bilingüe, en un librito que editó el internado indígena de La Chorrera (Koniraga et al., 1988).

69. Jürg Gasché plantea, para los uitoto, la distinción entre el lenguaje cotidiano “ligado a situaciones de la vida en familia extensa (linaje) local” y un lenguaje ritual o ceremonial donde “la sociedad y la naturaleza completas entran en la perspectiva del pensamiento y la palabra de los hombres” (Gasché, 2002: 8).

70. Algunas mujeres no-indígenas sí han aprendido a mambear y la coca les es brindada usualmente en mambeaderos más privados.

71. Masticación de hojas de coca con polvo de piedra mambe.

72. Ver nota 1.

73. Resolución 5078 de 1993.

74. Andrew Sherratt, (1995), “Alcohol and its alternatives. Symbol and substance in pre-industrial cultures” en Jordan Goodman, Paul E. Lovejoy y Andrew Sherratt (eds.), Consuming Habits: Drugs in History and Anthropology, Londres-Nueva York: Routledge, 11-46.

75. Para una defensa de la irracionalidad como adicción, al menos en algunos casos, ver Jon Elster, (2000), “Racionalidad y adicción” en Pablo de Greiff y Gustavo de Greiff (compiladores), Moralidad, legalidad y drogas, México: Fondo de Cultura Económica, 57-86.

76. En algunos lugares del texto se ha empleado una metonimia que consiste en designar como drogas a plantas que como la hoja de coca o el tabaco técnicamente no son drogas sino que contienen una o varias sustancias psicoactivas. El concepto “revolución psicoactiva” proviene de David T. Courtwright, (2001), Forces of Habit: Drugs and the Making of the Modern World, Cambridge (Massachusetts)-Londres: Harvard University Press, 1 y 2.

77. Había intereses económicos tanto a favor como en contra de la prohibición. A favor estaban los empresarios que querían disciplinar a sus trabajadores, y en contra se expresaron quienes se lucraban de la producción y comercio de las drogas restringidas. En conjunto, eran mucho más poderosos los intereses económicos en contra de la prohibición, pero aquellos que la favorecían contribuyeron a inclinar la balanza del lado que favorecía la prohibición. Posteriormente surgieron grupos muy poderosos que se lucraron de los mercados ilegales aparecidos tras la prohibición, pero ni ellos ni nadie hubieran podido prever el surgimiento de mercados tan grandes.

78. María Clara Llano Restrepo y Marcela Campuzano Cifuentes, (1994), La chicha, una bebida fermentada a través de la historia, Bogotá: ICAN-CEREC, 20-43; Carl H. Langebaek, “Indígenas de hoy y de ayer. Procesos de cambio” en Álvaro Tirado Mejía, (director), (1998), Nueva historia de Colombia, vol. IX: Ecología y cultura, Bogotá: Planeta, 116-118; y Sonia Corcuera de Mancera, (1991), El fraile, el indio y el pulque: evangelización y embriaguez en la Nueva España (1523-1548), México: Fondo de Cultura Económica, capítulo 1.

79. Charles Gibson, (1967), Los Aztecas bajo el dominio español (1519-1810), México: Siglo XXI Editores, 418.

80. Ver los testimonios recogidos en Gilma Lucía Mora de Tovar, “Chicha, guarapo y presión fiscal en la sociedad colonial del siglo XVIII” en Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, nos. 16 y 17, 1988-1989, 30 y 37.

81. José María Ots Capdequí, (1958), Las instituciones del Nuevo Reino de Granada al tiempo de la Independencia, Madrid: Instituto “Gonzalo Fernández de Oviedo” del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con la colaboración del Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo de Bogotá y el Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, 232.

82. José Manuel Groot, (1989), Historia eclesiástica y civil de Nueva Granada, Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, 1953, tomo I, 523 y 524; y Pedro M. Ibáñez, Crónicas de Bogotá, Bogotá: Academia de Historia de Bogotá Tercer Mundo Editores, tomo I, 208.

83. Groot, op. cit., tomo I, 655 y 656; y José Restrepo Posada, (1961), Arquidiócesis de Bogotá. Datos biográficos de sus prelados, tomo I: 1564-1819, Bogotá: Editorial Lumen Christi (Biblioteca de Historia Eclesiástica “Fernando Caicedo y Flórez” de la Academia Colombiana de Historia), 125. Restrepo afirma que el decreto del arzobispo Urbina es de fines de 1701 o principios de 1702, y que la excomunión fue levantada con respecto a la chicha, pero no para “las mixturas nocivas” que se hacían con ella para fortificarla.

84. Citada por Gilma Mora de Tovar, (1988), Aguardiente y conflictos sociales en la Nueva Granada durante el siglo XVIII, Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 17, nota 1.

85. Documento citado por Mora de Tovar, op. cit., 21, nota 15.

86. Esta real cédula se encuentra transcrita en Mora de Tovar, Aguardiente y conflictos…, anexo 6, 233. Sin embargo, el historiador Ernesto Restrepo Tirado afirma que la cédula real de 22 de mayo de 1683 ordenó “establecer el estanco de aguardiente ya que no había sido factible la prohibición de fabricarlo y consumirlo”, y correspondió su ejecución al presidente de la Audiencia Gil de Cabrera y Dávalos (Gobernantes del Nuevo Reyno de Granada durante el siglo XVIII, Buenos Aires: Imprenta de la Universidad, 1934, 11). De ser esto cierto, las órdenes y Cédulas Reales que prohibieron el aguardiente entre 1693 y 1697 habrían derogado la cédula de 1683.

87. Gilma Mora de Tovar, “La política fiscal del estado colonial y el monopolio del aguardiente en la Nueva Granada durante el siglo XVIII” en Desarrollo y Sociedad, nº 10, enero de 1983, 99, cuadro nº1.

88. Restrepo Posada, op. cit., 135.

89. Mora de Tovar, “Chicha, guarapo y presión fiscal…”, 37.

90. Documento citado en Mora de Tovar, “Chicha, guarapo y presión fiscal…”, 28.

91. Mora de Tovar, “Chicha, guarapo y presión fiscal…”, 26.

92. José María Ots Capdequí, (1950), Instituciones de gobierno del Nuevo Reino de Granada durante el siglo XVIII, Bogotá: Sección de Extensión Cultural de la Universidad Nacional de Colombia, 140 y 254; y Mora de Tovar, “Chicha, guarapo y presión fiscal…”, 24.

93. Pedro M. Ibáñez, “Monarquía y chicha”, Papel Periódico Ilustrado, Año V, nº 113, 1 de abril de 1887, 266, 267 y 270.

94. Documento citado en Mora de Tovar, “Chicha, guarapo y presión fiscal…”, 26.

95. Colmenares, Germán, (editor), Relaciones e informes de los gobernantes de la Nueva Granada, Bogotá: Biblioteca Banco Popular, tomo 2, 116 y 117. (1989).

96. Jerónimo Becker y José María Rivas Groot, (1921), El Nuevo Reino de Granada en el siglo XVIII. Parte primera, Madrid: Imprenta del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, 96 y 97.

97. Real cédula del 14 de septiembre de 1736, recogida en Mora de Tovar, Aguardiente y conflictos…, anexo 7, 234.

98. Documento citado en José María Ots Capdequí, (1946), Nuevos aspectos del siglo XVIII español en América, Bogotá, Sección de Extensión Cultural de la Universidad Nacional de Colombia, 138 (itálicas en el original).

99. Restrepo Tirado, op. cit., 54 y 59 (el documento fue citado en la p. 59).

100. La diferencia entre el estanco por arrendamiento vigente en la primera década del siglo XVIII y el estanco por asiento establecido en 1736 consistía en que bajo el arrendamiento los particulares podrían producir y vender aguardiente siempre y cuando pagaran un derecho establecido al arrendador, mientras que en el asiento el único que puede fabricar y vender el producto estancado es el asentista. La real cédula de 1736 se encuentra reproducida en Mora de Tovar, Aguardiente y conflictos…, anexo 7, 234.

101. Ots Capdequí, Nuevos aspectos del siglo XVIII…, 104.

102. Ots Capdequí, Nuevos aspectos del siglo XVIII…, 138.

103. Ots Capdequí, Instituciones de gobierno…, 42.

104. Sobre las dificultades para la institución y funcionamiento del estanco durante el gobierno del virrey Sebastián de Eslava (1740-1749), ver Ots Capdequí, Nuevos aspectos del siglo XVIII…, 102 a 104.

105. Mora de Tovar, “La política fiscal del estado colonial…”, 96. El nieto del comisario Plaza, que fue el historiador del mismo nombre, se refirió así a las acciones de su antepasado y los obstáculos que debió enfrentar: “No pocos tropiezos y dificultades fue preciso superar y aun motines parciales hacían presagiar por lo menos en las provincias del interior que el monopolio fuera origen de serios acontecimientos. El mal provenía de las sugestiones de algunos vecinos acomodados que traficaban en secreto con esta industria y azuzaban al pueblo para excitar motines y dificultar la organización del ramo. El comisionado, para zanjar estos inconvenientes y conciliar todos los obstáculos, tomó en remate el estanco y asociando a la empresa a los que hacían oposición bajo de mano, terminó todas las diferencias de este modo, preparando así suavemente la transición al orden de administración que se asentó pocos años después, con cuya conducta aseguró a la Corona no solo considerables productos en este ramo, sino la facilidad de adoptar para lo venidero uno u otro sistema de percepción en cualquier impuesto, acostumbrándose así los pueblos al monopolio. El comisionado por su acertado manejo fue recompensado con una pensión vitalicia, con el título de comandante general de milicias y los cordones de cadete para su hijo mayor en las compañías de guardias nobles de la corte” (José Ignacio de Plaza, 1984, Memorias para la historia de la Nueva Granada, desde su descubrimiento hasta el 20 de julio de 1810, Bogotá: Editorial Incunables, facsímil de la primera edición de 1850).

106. Documento citado en Ots Capdequí, Nuevos aspectos del siglo XVIII…, 137 a 139.

107. Mora de Tovar, “La política fiscal del estado colonial…”, 101 a 104.

108. Colmenares (editor), op. cit., tomo 1, 131.

109. Colmenares (editor), op. cit., tomo 1, 321, y tomo 2, 16.

110. Clímaco Calderón, (1911), Elementos de hacienda pública, Bogotá: Imprenta de “La Luz”, 50 6.

111. Ots Capdequí, Las instituciones del Nuevo Reino de Granada…, 102.

112. Colmenares (editor), op. cit., tomo 2, 16, 158 y 243, y tomo 3, 127.

113. Ots Capdequí, Las instituciones del Nuevo Reino de Granada…, 232.

114. No fue ésta la primera vez que se pretendió la creación del estanco de la chicha. En su “Estado del virreinato”, escrito en 1772, el fiscal Francisco Moreno y Escandón rechaza su establecimiento porque “según el presente estado del reino y pobreza de sus habitadores no conviene tratar de nuevas imposiciones (mayormente estando tan reciente la del tabaco, y mirando con tanto tedio la del aguardiente) sino que debe dirigirse el desvelo del gobierno a procurar que se solidifiquen permanentemente las ya establecidas” (Colmenares, editor, op. cit., tomo 1, 233).

115. Documento citado en Mora de Tovar, “Chicha, guarapo y presión fiscal…”, 35.

116. Documentos citados en Mora de Tovar, “Chicha, guarapo y presión fiscal…”, 46.

117. Los hechos relacionados con la prohibición de la coca son descritos con más amplitud y con sus correspondientes referencias en Andrés López Restrepo, “Colombia: de la prohibición a la guerra contra las drogas” en El Malpensante, nº 25, septiembre 16-octubre 21 del 2000, 82-105.

118. De hecho, algunos autores coinciden en señalar que en la antigüedad no se conoció lo que hoy denominamos toxicomanía pese al uso en muchos casos generalizado de variadas drogas.

119. Expresado en denominaciones como “cultivos ilícitos”, “plantas malditas”, como también en campañas obsesionadas en liquidar las plantas bajo el supuesto de que allí se origina el problema.

120. De ahí el afán de alterar patrones fitogenéticos mediante la biotecnología, la incorporación de agentes biológicos como el fusarium y/o la imposición de modelos técnicos y tecnológicos pensados para otros ecosistemas, cuyo propósito es finalmente introducir obsesiones de limpieza y orden en sistemas caóticos y amenazantes por su exuberancia.

121. ¿Qué es territorio? Territorio no es sólo el espacio físico. Territorio, según los entendidos, es un fenómeno histórico, producto de las múltiples relaciones que los hombres y las comunidades sostienen con su entorno. Veámoslo de esta manera: un área geográfica cualquiera, habitada por animales y plantas, localizada dentro de ciertas condiciones ambientales, constituye un sistema más o menos diferenciado, pero de ninguna manera es un territorio. ¿Qué hace falta para que se constituya en territorio? Hace falta la población humana, dispuesta a y organizada para interactuar con el entorno físico para, por ejemplo, obtener la alimentación y la vivienda, como también para garantizar su reproducción biológica, desarrollar sus formas de organización, sentirse seguros, etcétera. Ahora bien, esa interacción no es fácil. Primero, porque el entorno físico observa unas leyes y un comportamiento propios, a veces desconocidos e impredecibles para la población humana; segundo, porque la población humana ejerce una presión por los recursos disponibles, generando, de alguna manera, desequilibrios que a la vez obligan su reacomodo; tercero, porque así las comunidades adecúen el entorno físico, hay aspectos fijos (como el ciclo de las plantas, los ciclos climáticos, la topografía), que determinan parte de los comportamientos de la sociedad.Desde este punto de vista, es necesario que las comunidades desarrollen las siguientes estructuras y dispositivos:

Una representación conceptual y simbólica del entorno, que les permita conocerlo, aprovecharlo y adaptarse a él. Esto significa: a) conocimiento de los ciclos y condiciones objetivas; b) representación de los riesgos que el entorno pueda entrañar; c) construcción de referentes físicos con valor simbólico.

La generación de sentidos de adscripción y pertenencia al territorio, con los cuales los sujetos derivan identidad, es decir, nociones de lo que los diferencia respecto a otros pueblos.

Una integración sistémica, entendida como la interdependencia real y efectiva de los componentes más activos presentes en el territorio. En algunas experiencias, la integración territorial está garantizada por el mercado, las relaciones de parentesco, lo lúdico, las instituciones, los medios de comunicación, la política o los debates en torno al interés público. La vigencia de un abanico de satisfactores que promuevan ciertas ventajas comparativas de pertenecer a un determinado territorio. Si bien las personas no escogen dónde nacer, en estos tiempos de apertura y grandes movilizaciones poblacionales, la pertenencia a un territorio es, entre otras cosas, una opción política, en buena parte inspirada en la oportunidad de encontrar la satisfacción de unas necesidades que en otra parte difícilmente se podría encontrar. Los satisfactores hacen referencia a los mecanismos vigentes dentro del territorio, con capacidad de satisfacer tales necesidades.

Una o varias formas de organización económica que garanticen el acceso y el manejo adecuado de los recursos disponibles, siempre escasos. Hablamos de unidades sociales (familiares, asociativas, comunitarias, empresariales) de organización del trabajo, técnicas de producción y explotación, maneras de circulación de excedentes, la racionalidad económica de las comunidades, etcétera.

Capacidad efectiva de ejercer un control sobre dicho territorio, lo cual implica control político, estructuras de gobierno, ejercicio discrecional de la autonomía, etcétera.

Nociones de frontera, no sólo para ponderar los contornos del territorio, sino para definir lo que corresponde al territorio o no.

122. No olvidemos que los cultivos de uso ilícito se han venido desplazando de Bolivia y Perú observando un comportamiento de una elasticidad que no se compadece de fronteras nacionales, de tal suerte que una eventual desaparición de los mismos en Colombia se podría traducir en la proliferación en otras áreas del continente.

123. La sucesión de bonanzas en determinadas regiones, dentro de las cuales la coca es la más reciente, indica un fenómeno harto interesante, porque hasta ahora son fenómenos que no generan infraestructura y su capital se realiza por fuera.

124. Esta ponencia presenta argumentos que se desarrollan más ampliamente en el libro Entre el Estado y la guerrilla: identidad y ciudadanía en el movimiento de los campesinos cocaleros del Putumayo, Bogotá: ICANH-Colciencias, 2001.

125. El área total del territorio colombiano es de 1.138.388 km2, de los cuales la región amazónica abarca un total de 423.473 km2, representando el 37% del territorio colombiano y 30% del total del área amazónica de Sur América. Está conformada por los siguientes departamentos: Caquetá, con 88.965 km2; Putumayo con 24.885 km2; Guaviare con 53.460 km2; Amazonas con 109.665 km2; Vaupés con 54.135 km2; Guainía con 72.238 km2, y el suroccidente del Meta, con 10.125 km2. En el censo de 1993, el departamento de Caquetá reportó un total de población de 311.464 habitantes, Putumayo de 204.309 y Guaviare de 57.884.

126. En el censo de 1993, el departamento de Caquetá reportó un total de población de 311.464 habitantes, Putumayo de 204.309 y Guaviare de 57.884.

127. En el censo de 1993, se contabilizaron 37.764 habitantes en el departamento del Amazonas, 18.235 en el departamento del Vaupés y 13.491 en el departamento de Guainía.

128. La conversión de grupos campesinos de autodefensa en guerrillas móviles se ha vuelto cíclica desde 1946, como afirma Pizarro Leongómez (1989:7): “En efecto, a partir de 1946, Colombia ha vivido inmersa en el ciclo recurrente de violencia/amnistía/rehabilitación/violencia, ciclo que ha coincidido en sus grandes líneas con las modalidades que ha asumido la acción armada inspirada por el Partido Comunista: autodefensa/guerrilla/autodefensa/ guerrilla”.

129. El único gobierno militar (1954-1958) que ha existido en Colombia fue promulgado por las elites pertenecientes a los partidos políticos tradicionales y fue depuesto con su decisión de establecer el Frente Nacional.

130. Ramírez Tobón en su artículo “¿La guerrilla rural en Colombia: una vía para la colonización armada?” sostiene que las FARC, más que un grupo armado revolucionario unido al Partido Comunista, era un grupo armado de campesinos colonizadores, que habían sido expulsados de sus territorios. En sus palabras: “Las FARC, no obstante su esquema organizativo de mayor capacidad ofensiva y movilidad o la mayor cobertura de sus frentes, pese a las innovaciones revolucionarias con que se adjetiven muchos de sus planteamientos públicos o a su relación con el Partido Comunista, no son más que la avanzada colonizadora de un campesinado para el que su proyecto de base es la resistencia a los estrujamientos expropiadores del gran capital y el establecimiento de un estatuto democrático sobre la cuestión agraria” (Ramírez Tobón, 1981: 204).

131. La Operación Marquetalia fue aprobada por el Parlamento el 27 de mayo de 1964 y fue firmada por el presidente Guillermo León Valencia. La elite colombiana lanzó una operación militar contra las denominadas “repúblicas independientes” comunistas. El objetivo de los militares era atacar las zonas donde los grupos campesinos de autodefensa estuvieran viviendo y acabar con ellos. El gobierno de los Estados Unidos, en el marco de la Guerra Fría, apoyó esta operación militar. Esta agresión se convirtió en el mito fundacional de las FARC.

132. Hasta 1984, el Frente 27 de las FARC había hecho incursiones esporádicas a Puerto Guzmán y Santa Lucía (jurisdicción de Mocoa, capital del departamento de Putumayo). El Frente 32 de las FARC llegó para quedarse. Hoy en día es el principal frente de las FARC en Putumayo, junto con los frentes 13 y 48. Los frentes de las FARC del Putumayo y los que están situados en los departamentos de Huila, Caquetá, Guaviare, Meta y Nariño constituyen el Bloque Sur, uno de los más fuertes brazos armados de las FARC, como resultado de las ganancias que recibe de los impuestos a la coca (gramaje). En 1995, un total de sesenta y dos frentes de las FARC unidos en siete bloques territoriales (Este, Sur, del Magdalena medio, Noroeste, Central, Norte y Occidental) habían sido reportados (Echandía, 1998:37).

133. Para un análisis de los programas de desarrollo implementados por el gobierno y de la consolidación del latifundio, ver el trabajo de Robin Marsh (1983), Development Strategies in Rural Colombia. The case of Caquetá.

134. El cultivo de coca, aun cuando puede enmarcarse inicialmente como uno más de aquellos cultivos de carácter extractivo, economías de ciclo cortopropios de la Amazonia, presenta características que hacen que esta clasificación deba replantearse.

135. La investigación ICANH-Colciencias que se llevó a cabo entre 1998 y 1999 bajo mi dirección, abarcó también a los departamentos del Caquetá y Guaviare. Para los tres casos se hizo un seguimiento de las movilizaciones colectivas que han tomado lugar desde los setenta hasta 1996, para entender la articulación de las marchas a los procesos organizativos específicos a cada caso. Con ello se buscó “desmontar la reificación de la Amazonia occidental como una unidad homogénea donde sus habitantes con sus demandas, necesidades y construcción de identidades locales y regionales, quedan subsumidos por la dinámica que ha tomado el conflicto armado y la implementación de la política internacional de lucha contra las drogas” (Informe a Colciencias, 1999: 4).

136. En septiembre de 1998 y como propuesta para dar continuidad al Mandato Ciudadano por la Paz, se hace la declaratoria de los Territorios de Paz : “Entendemos por Territorio de Paz el espacio en el que se afinca una ‘Comunidad de Paz’ y que busca construir o reconstruir el tejido social, establecer relaciones de cooperación y convivencia y recuperar el sentido común de la sacralidad de la vida” (Declaratoria de Territorios de Paz, 1998: http://www.colnodo.org.co). Durante la Semana por la Paz que tuvo lugar entre el 6 y el 13 de septiembre de 1998, mientras realizaba mi trabajo de campo, la directora del programa de Reinserción de la Presidencia en Mocoa viajó desde Puerto Leguízamo a Puerto Ospina en una Caravana de Paz, proponiendo que todo el Putumayo fuera declarado Territorio de Paz. La ley de ordenamiento territorial (marzo 1997) propone solamente a los municipios de Villagarzón y Mocoa como Territorios de Paz.

137. Es en este municipio, en el Predio Putumayo, donde la Red de Solidaridad llevó a cabo el proyecto piloto de erradicación voluntaria de coca con cincuenta y un familias entre colonos e indígenas, después de la firma de los acuerdos resultantes de las marchas campesinas de 1996. En septiembre de 1998 había logrado erradicar 186,5 hectáreas de coca (Red de Solidaridad-IICA, 1998).

138. Tal como lo documenta Thoumi (1995) la marihuana empieza a ser cultivada en Colombia a finales de la década del sesenta en respuesta a la declinación de la producción en México como resultado de un programa de erradicación allí implementado y, por lo tanto, a la necesidad de hallar nuevas fuentes para surtir el mercado de los Estados Unidos por parte de los traficantes. El cultivo se inicia en la Sierra Nevada de Santa Marta y a mediados de la década del setenta el boom de la marihuana es evidente, habiéndose extendido su cultivo a otras partes, como los Llanos Orientales. En 1978, el presidente Turbay inicia una campaña de erradicación tanto manual como aérea a través de la fumigación con paraquat. Aunada a esta política aparece una nueva variedad de marihuana cultivada en Estados Unidos, lo cual hace que la bonanza de la marihuana decline. Sin embargo, su producción se recupera entre 1982 y 1984. A raíz del asesinato del ministro Lara Bonilla en 1984, en respuesta a la persecución a los narcotraficantes, el presidente Betancur inicia otra campaña de fumigación, que aunque resulta en una caída, no elimina el cultivo de marihuana que vuelve a recuperarse entre 1986 y 1987. Sólo hasta 1989 disminuye radicalmente el área cultivada, sin que necesariamente se deba a las sucesivas campañas de erradicación implementadas sino a la falta de rentabilidad frente a la producida en Estados Unidos.

139. Esta legislación, promulgada por el Congreso de Estados Unidos en 1986, requiere que el presidente certifique si los países que producen ilegalmente drogas o son países de tránsito de drogas están cooperando en forma efectiva con los esfuerzos antinarcóticos de Estados Unidos. Los que no lo están haciendo enfrentan penas drásticas, incluyendo el retiro de ayuda estadounidense (con la excepción de ayuda antinarcóticos o humanitaria), oposición a la aplicación a préstamos para el desarrollo ofrecidos por bancos multilaterales, suspensión de las garantías para la inversión de dinero de ciudadanos estadounidenses en ese país y posibles sanciones comerciales como la interrupción de tratamientos preferenciales a bienes importados de un país descertificado (de Rementeria, 1996: 58).

140. “Esta posición atribuye la declinación del crecimiento a malas políticas, principalmente al establecimiento de barreras arancelarias altas, de subsidios y de control de precios, y a intervenciones que distorsionan los mercados de capital y trabajo” (Thoumi, 1996: 106-107). En contraposición, el neoliberalismo toma el camino del alto crecimiento e instaura la apertura económica, sin hacer ningún cambio institucional para proveer de seguridad social y oportunidades económicas a las clases sin poder. El resultado es concentración de la riqueza y el poder así como desigualdades de mercado.

141. Thoumi (1996: 107) enfatiza que “para que el sistema sea justificable socialmente, la eficiencia del capitalismo tiene que complementarse con una percepción de justicia social. El vínculo entre las tradiciones autoritaria y paternalista y la alta concentración del ingreso y la riqueza exige reformas destinadas a desarrollar un capitalismo democrático que sea respetado por los ciudadanos, en el cual haya un sentido de justicia en la manera como se formula y se implementa la política económica, y en el que cada ciudadano tenga intereses en juego”.

142. Sin embargo, es importante subrayar que en un mercado regulado por la ilegalidad de la coca –ilegalidad que conlleva riesgo, lo cual adiciona valor al precio final–, “los campesinos productores reciben una parte muy pequeña del precio final de venta, puesto que su riesgo no es particularmente alto, mientras que la mayor parte del aumento en el precio ocurre en el mercadeo y en la distribución en los Estados Unidos y otros países consumidores desarrollados, donde los riesgos son más altos” (Thoumi, 1996: 136).

143. Estamos frente a un movimiento social, centrado alrededor de la demanda por parte de los habitantes de esta región del reconocimiento del Estado-nación colombiano, tanto de su ciudadanía como de los derechos adscritos a ésta. Se trata, entonces, del ejercicio de la política del reconocimiento en los términos en que Taylor 1995 la define, es decir, en relación con la construcción de identidades: Nuestra identidad está parcialmente moldeada por el reconocimiento o la ausencia de éste, muchas veces por el desconocimiento o reconocimiento distorsionado (misrecognition) de los otros, de manera que una persona o grupo de personas pueden sufrir daño y deformación si las personas o la sociedad a su alrededor les reflejan, a manera de espejo, una imagen de ellos mismos degradante, reducida o despreciativa. El desconocimiento o el reconocimiento distorsionado puede producir daño, puede convertirse en una forma de opresión, al confinar a alguien dentro de una forma de ser falsa, deformada y reducida.

144. Refiriéndose a las comunidades campesinas del Amazonas brasilero, Nugent (1993: XXI) sostiene: “A lo largo de su historia colonial y moderna, las sociedades campesinas que han permanecido a pesar de la posición relativa de la Amazonia dentro de la economía global, por lo general han sido vistas como transitorias y definitivamente patológicas. En general, a tales sociedades que han emergido en los intersticios del aparato colonial no se les ha concedido un estatus completo como formas sociales integrales. Son tratadas como contingentes, incompletas, fusiones azarosas del detritus de las sociedades aborígenes con los remanentes de los experimentos comerciales europeos. Son definidas en términos de lo que no son (aborígenes, nacionales) antes que en términos positivos (Énfasis de la autora). Los campesinos colonos de la Amazonia colombiana comparten esta representación, pero en vez de ser vistos como población mestiza residual, son representados como poblaciones sin arraigo, migrantes permanentes siempre en busca de hacer fortuna para regresar a su región y en ese sentido son también tratados como contingentes e incompletos”.

145. Un funcionario del Plante interviene en la mesa de negociación y dice: “… Porque volvamos sobre el tiempo, los cultivos ilícitos en el Putumayo no han propiciado su desarrollo, por el contrario, han propiciado tremenda división y descomposición social, la delincuencia, los malos elementos, los malos ciudadanos colombianos están medrando aquí en el Putumayo alrededor de esa economía falsa que es la coca”. (Intervención del funcionario del Plante en la mesa de negociación en Orito, 1996. Énfasis de la autora).

146. Adoptamos aquí el concepto de territorio planteado por Montañez (2001), como “…un concepto relacional que insinúa un conjunto de vínculos de dominio, de poder, de pertenencia o de apropiación entre una porción o la totalidad del espacio geográfico y un determinado sujeto individual o colectivo. De ahí que cuando designamos un territorio, siempre estamos asumiendo, aun de manera implícita, la existencia de un espacio geográfico y de un sujeto que ejerce sobre él cierto dominio, una relación de poder, una calidad de poseedor o una facultad de apropiación… El territorio es, pues, el espacio geográfico revestido de las dimensiones política, identitaria y afectiva o de todas ellas”.

147. El Tiempo, editorial del 14 de septiembre de 2003.

148. Colombia, tierra y paz. Bogotá: INCORA, 2001.

149. Ossa Escobar, Carlos y otros. “Reforma Agraria, perspectivas internacionales” en Economía colombiana y coyuntura política. Bogotá: Contraloría General de la República, junio del 2000, 7.

150. Rocha. La economía colombiana tras 25 años de narcotráfico. Bogotá: UNDCP-Siglo del Hombre Editores, 2000.

151. Encuesta Nacional Agropecuaria. Resultados 2001. DANE SISAC, DNP, MAG.
Ver: www.dane.gov.co

152. Fajardo, Darío y Mondragón, Héctor. Colonización y estrategias de desarrollo. Bogotá: IICA, 1997, 84.

153. Para un mayor desarrollo de la relación de las FARC con la economía de la coca ver: Ferro, Juan Guillermo. “Las FARC y su relación con la economía de la coca en el sur de Colombia: testimonios de colonos y guerrilleros” en L’ordinaire Latino-americain, nº 179, Janvier-Mars 2000. Artículo reproducido en www.mamacoca.org y el libro: Uribe, Graciela y Ferro, Juan G. El orden de la guerra. Bogotá: CEJA, Universidad Javeriana, 2002.

154. López, Hugo. “Pobreza y mercado laboral en el sector rural”, en Coyuntura Colombiana. Bogotá: junio de 1999.

155. El Tiempo, agosto 3 de 2002.

156. Ver: “Terreno fértil”. Revista Cambio, 6 de octubre de 2003, 82.

157. Un estudio reciente del Banco Mundial recomienda la reestructuración de FINAGRO al verificar que el acceso al crédito está concentrado en los medianos y grandes productores. El Espectador, septiembre 2003.

158. Gómez, A. y Duque, M. Tras el velo de la pobreza. Misión Rural, vol. 3 1999, 13.

159. Contraloría General de la República (2002).

160. Ministerio de Educación Nacional. Boletín de Estadísticas Educativas 1995, preescolar, primaria y secundaria, agosto de 1997, citado por Bustamante, Darío. Expedición a la diversidad. Hacia el conocimiento y la innovación. Misión Rural, vol. 5. IICA, TM Editores, 1999, 7 y ss.

161. Pérez C., Edelmira y Pérez M., Manuel. “El sector rural en Colombia y su crisis actual”. Documento del Departamento de Desarrollo Rural y Regional, Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, Universidad Javeriana, 2002.

162. Fajardo (2002), Machado (1998), entre otros.

163. Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo. (1999). El cambio para construir la paz. Bogotá.

164. Tal como lo afirma Bejarano, éstas están orientadas por los preceptos del crecimiento y la competitividad, lo cual ha tendido a consolidar y profundizar las desigualdades generadas por el modelo bimodal, y se expresa en diferencias progresivas en la productividad, el empleo y el ingreso. Bejarano, J. La economía de la agricultura. Bogotá: TME, 1998.

165. Que buscará profundizar el proceso de integración económica y libre comercio ya iniciado en el marco de la OMC, con medidas ya clásicas como disciplinar las ayudas internas, eliminación de barreras arancelarias, etc. Sin embargo, el fracaso de la sesión de Cancún y el posicionamiento de Brasil bajo el liderazgo de Lula en torno a MERCOSUR, dan un nuevo aliento a la discusión sobre la figura del ALCA.

166. Fundamentalmente dirigidos a lácteos, cereales y oleaginosas, con un total de US$ 31.200 millones hasta el 2007.

167. Las migraciones de mano de obra entre regiones y en dependencia de la cosecha en turno, que se apreciaban durante la década del ochenta, ya no se registran.

168. A la fecha ningún proyecto de desarrollo alternativo ha posibilitado que grupos de campesinos accedan a este instrumento de apoyo a la exportación.

169. Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la Dirección Nacional de Estupefacientes.

170. Global Illicit Drug Trends, 2003, chapter 1, 23.

171. FAG, ICR, alianzas productivas y demás instrumentos que tradicionalmente se han ofrecido, pero que finalmente siempre han estado lejos de la posibilidad de acceso de los pequeños productores rurales.

172. Este método de diagnóstico rural participativo puede revisarse en manuales como el de Román y Retolaza (2001).

173. Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. Canaliza recursos hacia la región provenientes del gobierno colombiano y cooperación internacional.

174. ONG ejecutora de recursos del Plan Colombia canalizados a la población indígena.

175. Un mayor detalle sobre modelación y análisis sistémico, al igual que sobre la comprensión de sistemas complejos y dinámicos puede verse en: Sterman, John D. (2000); Stave (2000), y Forrester (1995), entre otros.

176. Un mayor detalle sobre esta discusión y los efectos negativos de la fumigación como un medio de control social que incrementa el dolor y la violencia estructural, puede verse en Ortiz (2003).

177. Actualmente, el jornal en la serranía de San Lucas oscila entre 15 y 17 mil pesos con alimentación, lo cual arroja una cifra cercana a los $20 mil.

178. A pesar de su reciente eliminación, la opinión actual sobre el programa PLANTE en las dos zonas coincide: “El PLANTE fue un programa que fracasó”.

179. El presente artículo hace parte de la investigación “Construcción de ciudadanía y región en un contexto de guerra internacional contra las drogas y el ‘terrorismo’, el caso del Putumayo”, que adelantan el CINEP y el ICANH, gracias a los auspicios de Colciencias, y fue presentado como ponencia en la VIII Cátedra Anual de Historia “Ernesto Restrepo Tirado” Análisis histórico del narcotráfico en Colombia, Museo Nacional de Colombia, 29 al 31 de octubre de 2003, Bogotá.

180. Al respecto ver LeGrand, Catherine. (1988). Colonización y protesta campesina en Colombia 1850-1950. Bogotá: U.N., y (1991). “Los antecedentes agrarios de la violencia: el conflicto social en la frontera colombiana, 1850-1936” en Sánchez & Peñaranda. Pasado y presente de la violencia en Colombia. Bogotá: CEREC.

181. Bejarano, Jesús Antonio. (1979). El régimen de la economía exportadora a la economía industrial. Bogotá: Ed. La Carreta, y (1983). “Campesinado, luchas agrarias e Historia Social: Notas para un balance historiográfico”. Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, nº11.

182. Sánchez, Gonzalo y Meertens, Donny. (1983). Bandoleros, gamonales y campesinos: el caso de la violencia en Colombia. Bogotá: Áncora Editores.

183. Machado, Absalón. (1981). “Políticas agrarias en Colombia” en Campesinado y capitalismo en Colombia. Bogotá: CINEP.

184. Es importante anotar que el concepto de tierras “inadecuadamente explotadas” es una figura que ha servido, por una parte, para obligar a los latifundistas a una conversión empresarial de sus tierras y, por otra parte, para incorporar criterios de productividad no muy bien definidos en la legislación y que se prestan a la libre interpretación de diferentes grupos de interés. En momentos determinados, por ejemplo, un predio inadecuadamente explotado puede ser definido como una extensión de tierra sin ningún tipo de explotación agropecuaria y un predio productivo o adecuadamente explotado puede ser definido como una gran extensión de tierras con precaria actividad agropecuaria (v. g. la ganadería extensiva).

185. Suárez, Isauro. (1986). “Actualidad de las luchas agrarias” en Machado, A. (Coord.). Problemas agrarios colombianos. Bogotá: CEGA Siglo XXI.

186. Fajardo M., Darío. (1998). “Colombia: reforma agraria en la solución de conflictos armados” en Cárdenas, Martha et al. (compiladores). Planificación ambiental y ordenamiento territorial. Enfoques, conceptos y experiencias. Bogotá: Fescol, DNP y CEREC.

187. Balcázar, A.; López, N.; Orozco, M.L. y Vega, M. (2001). Colombia: alcances y lecciones de su experiencia en reforma agraria. Santiago de Chile: CEPAL. Serie Desarrollo Productivo, septiembre de 2001.

188. Ibid., 46.

189. Fajardo M., Darío. (2002). Para sembrar la paz hay que aflojar la tierra. Bogotá: Instituto de Estudios Ambientales , IDEA-Universidad Nacional de Colombia, 28.

190. Ruiz H., Hernando. (1979). “Implicaciones sociales y económicas de la producción de la marihuana en Colombia” en ¿Marihuana: legalización o represión? Bogotá: ANIF, 158.

191. Ibid., 139.

192. Gómez, Hernando. (1990). “La economía ilegal en Colombia: tamaño, evolución, características e impacto económico” en Tokatlian y Bagley, Comp. Economía y política del narcotráfico. Bogotá: UNIANDES-CEREC.

193. Uribe R., Sergio. (1997). “Los cultivos ilícitos en Colombia” en Thoumi E., Francisco et. al. Drogas ilícitas en Colombia. Su impacto económico, político y social. Bogotá: PNUD, Ministerio de Justicia y del Derecho, Dirección Nacional de Estupefacientes, Editorial Ariel.

194. Tovar, Hermes. (1993). “La Coca y las Economías exportadoras en América Latina: el paradigma colombiano” en Análisis Político, nº 18. Bogotá: Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Colombia.

195. En la Amazonia colombiana el cultivo de marihuana durante la década de los años setenta y comienzos de los ochenta, como anotamos anteriormente, fue poco significativo.

196. Estos datos estadísticos fueron tomados de Arrieta, Carlos, et al. (1991). Narcotráfico en Colombia. Dimensiones políticas, económicas, jurídicas e internacionales. Bogotá: Uniandes. Tercer Mundo Editores, 58.

197. Ibid., 49.

198. El impacto socioeconómico y político que generó el cultivo de la hoja de coca en los campesinos del Putumayo, en los años ochenta, es desarrollado con mayor profundidad en el artículo de Salgado R., Henry. (1995). “La coca y su impacto socio-económico y político en el campesinado del Putumayo colombiano” en Herrera, Doris (Comp. y Ed.). (1997). La cuenca amazónica de cara al nuevo siglo. Quito: Ed. Flacso, Sede Ecuador, Serie Biblioteca de Ciencias Sociales.

199. Es necesario aclarar que no estamos hablando de un proceso generalizado de mercantilización de las relaciones humanas familiares. Se requiere en este aspecto profundizar en torno a los contextos socio-familiares que acompañaron los casos en los cuales el jefe del hogar pagaba salario a sus hijos.

200. Bedoya, Eduardo. (1993). Social and economic causes of coca expansion in the Upper Huallaga Region. Paper presented to the drug seminar at the institute of Latin American and Iberian Studies, Columbia University (february 27-28).

201. Al respecto de la dolarización de las economías regionales en Perú y Bolivia ver Comisión Andina de Juristas. (1994). Drogas y control penal en los Andes. Lima, Perú.

202. Machado, Absalón. (1999). “Cambios de las políticas en el sector rural. Desafíos y retos para los campesinos. El caso de Colombia” en Volver los ojos al campo. Bogotá: CINEP, ILSA, ALOP, 111.

203. Ibid., 113.

204. Fajardo M., Darío. (2002). Tierra, poder político y reforma agraria y rural. Cuadernos Tierra y Justicia nº1. Bogotá: ILSA.

205. Fajardo M., Darío. (2002), op. cit., 6 y 7.

206. Citado por Uribe R., Sergio. (1997), op. cit., 67.

207. UNODC. (2003). Global Illicit Drug Trends. New York, july.

208. Dirección Nacional de Estupefacientes. (2003). La lucha de Colombia contra las drogas ilícitas. Acciones y Resultados 2002. Bogotá: Ministerio del Interior y de Justicia. Es importante anotar que en las imágenes del SIMCI de 2001 se reportaron para el departamento de Caldas sesenta y cuatro hectáreas de hoja de coca.

209. UNODC. (2003). Global Illicit Drug Trends. New York, july.

210. Uribe R., Sergio. (1997), op Cit., 103.

211. Para la presentación de estos elementos que pretenden aportar a la formulación de una política pública para sustraer al campesinado del narcotráfico y de la guerra, se revisaron algunos de los estudios que hasta la fecha han elaborado especialistas en el tema de drogas y política antidrogas, entre ellos, los realizados por Juan Gabriel Tokatlian, Bruce Bagley, Iban de Rementeria, Ricardo Vargas, Francisco Thoumi, Hugo Cabieses, Aura María Puyana, Carlos Gustavo Cano, Darío González y Alain Labrousse. Algunos de los elementos presentados por estos expertos fueron retomados para esta ponencia.

212. El Foro Nacional Ambiental de Colombia fue creado hace seis años como un esfuerzo de un conjunto de organizaciones interesadas en proveer un espacio para reflexionar sobre la política ambiental y contribuir a su avance y consolidación. En la actualidad hacen parte del Foro: la Fundación Alejandro Ángel Escobar, GTZ, FESCOL, y ECOFONDO (que congrega a cerca de 300 ONG), TROPENBOS, y la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes.

213. Estos argumentos han sido elaborados en detalle en Thoumi (2002).

214. Por ejemplo, el grado represivo de gobiernos europeos occidentales es menor que el de los Estados Unidos o Colombia, y la criminalidad es más alta en los últimos. En América Latina es difícil argumentar que los sistemas policial y judicial del Ecuador son tan superiores a los colombianos como para que en ese país no se haya desarrollado la industria de drogas ilegales y en Colombia sí.

215. Un análisis mucho más detallado de este fenómeno se encuentra en Thoumi (2002).

216. El leído columnista Héctor Abad expresa claramente esta clase de comportamiento: “puedo decir que seré mucho más amigo de mi hijo que de la verdad. Si él, en una borrachera (cosa altamente improbable, pero en fin) matara a una persona en un accidente de tráfico, con mucha pena y todo con la víctima, yo seguiría estando de parte de él y defendería su inocencia hasta con las mentiras más sucias” (Abad, 2003). Esta honesta confesión es muy importante porque Abad es uno de los periodistas que más ha criticado la corrupción en el país.

217. La mayoría de estos argumentos han sido desarrollados en Thoumi (2003).

218. Palmer (1980: 46) muestra que incluso en una fecha tan tardía como 1910, las exportaciones per cápita de Colombia eran el 77% de las de Honduras, cuyas exportaciones eran las segundas más bajas, el 67% de las de Perú, 52% de las de Venezuela, 12% de las de Argentina, y 9% de las de Uruguay.

219. Deas (1982) presenta varios ejemplos al respecto. Las personas que subastaban alcohol y tabaco parecen haber prosperado, pero hay casos en los cuales los recolectores privados llegaron a perder dinero.

220. A lo largo del siglo XIX, los bajos impuestos fueron una constante en Colombia. Deas (1982) hace un estudio fascinante de estos problemas y de la manera como los manejaron diferentes gobiernos.

221. Esto es lo que Yunis (2003) llama una “endogamia cultural” en el ámbito regional.

222. El libro de Junguito (1995) presenta un análisis detallado de estos procesos.

223. La elección de Luis Eduardo ‘Lucho’ Garzón a la Alcaldía de Bogotá en octubre de 2003, puede ser un hito que marque un cambio importante.

224. En 1948 Jorge Eliécer Gaitán fue asesinado. Ese crimen nunca fue resuelto. Durante los años ochenta, fueron asesinados más de 2.000 miembros de la Unión Patriótica.

225. Colombia ha contado con movimientos orientados hacia las reformas. Por ejemplo, la teología de la liberación se originó en el país. Sin embargo, el efecto de estos movimientos sobre las políticas ha sido, en el mejor de los casos, marginal.

226. Yunis (2003: capítulo primero) desarrolla en detalle este tema.

227. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta mediados de la década de 1970, Colombia tuvo una de las más elevadas tasas de natalidad de América Latina. Desde entonces ha sufrido uno de los más agudos descensos, lo cual se logró a través de una silenciosa campaña financiada por el gobierno, luego de que la Iglesia católica acordara no oponerse a ella si el gobierno no la promovía abiertamente. Los efectos de este descenso en la fuerza laboral empezaron a hacerse sentir solo en los años 90, y fueron compensados parcialmente por un aumento en la tasa de participación de las mujeres.

228. Este proceso contrasta dramáticamente con los asentamientos de Chapare, en Bolivia, adonde muchos campesinos inmigraron en comunidad y donde el Estado promovió las migraciones y tenía alguna presencia. En efecto, hoy en día Chapare tiene la mejor infraestructura rural de las regiones bolivianas, mientras que en las zonas de cultivo de coca y amapola en Colombia la infraestructura es casi inexistente (Thoumi, 2002).

229. En Colombia la evasión de impuestos ha sido general; sin embargo, es posible afirmar que uno de los impuestos más evadidos por las elites ha sido el servicio militar.

230. Se toma como el documento oficial US Department of State, International Narcotics Control Strategy Report, marzo de 2003.

231. Ibid., 2.

232. Ibid., 2.

233. Ibid., 5.

234. Ibid., 6.

235. Véase Coletta Youngers. (2000). Deconstructing Democracy: Peru under President Alberto Fujimori. Washington: WOLA, february.

236. Grupo Interdisciplinario Política y Ambiente. (2003). Los éxitos del desacierto. Bogotá: Acción Andina Colombia.

237. Cifra que se obtiene si se restan US 379 millones de desarrollo alternativo a US 2.517 millones del total de ayuda por Plan Colombia entre el 2000 y el 2003. Véase GAO (2003). “Drug Control Specific Performance Measures and Long-Term Costs for US Programs in Colombia Have Not Been Developed”, june. Washington.

238. GAO, Ibid.

239. Departamento Nacional de Planeación, DNP, Bases del Plan Nacional de Desarrollo Hacia un Estado Comunitario, 54 (versión página web).

240. Ibid.

241. Elemento puramente conceptual ya que en la práctica se puede decir que fue un fracaso el rol de emergencia tanto en la época del presidente Samper como en la del presidente Pastrana.

242. DNP, op. cit., 54.

243. DNP, Ibid., 54. Vale señalar que la metodología de los Consejos Comunitarios que viene desarrollando el presidente Uribe en las regiones nada tiene que ver con este enunciado del propio Plan. En estos, lo que sale de la participación de los invitados a los Consejos, es una verdadera “lista de mercado” de proyectos, lo que se opone a una reflexión como la que señala el mismo Plan de Desarrollo, esto es, dirigida a cimentar las bases para un plan de desarrollo regional.

244. En este tipo de modelos de intervención, puesto en funcionamiento sobre el terreno, es que se ve el carácter contraproducente de las fumigaciones aéreas que afectan o pueden afectar programas como el que se propone el Plan. El manejo de las fumigaciones en este sentido es inexistente, lo cual genera debilidades estratégicas a la misma propuesta.

245. DNP, op., 58.

246. Las notas que siguen están basadas en mi artículo (1991). “Cinco tesis para una sociología del narcotráfico en Colombia”, en Revista Foro, nº 15, septiembre.

247. Alonso Salazar. (2004). La parábola de Pablo. Auge y caída de un gran capo del narcotráfico. Bogotá: Planeta.

248. Mauricio Romero, (2003). Paramilitares y autodefensas, 1982-2003, Bogotá: IEPRI.

249. Esta sección está basada en Andrés López Restrepo y Álvaro Camacho Guizado, “From smugglers to drug-lords to ‘traquetos’: changes in the Colombian illicit drugs organizations” en Christopher Welna y Gustavo Gallón, eds. Democracy, Human Rights and Peace in Colombia (en prensa).

250. María Clemencia Ramírez. (2001). Entre el Estado y la guerrilla: identidad y ciudadanía en el movimiento de los campesinos cocaleros del Putumayo. Bogotá: ICANH/Colciencias.

251. Dada mi formación en economía y matemáticas, muchas veces mis escritos parecen ingenuos a especialistas en ciencia política o filosofía. Las dificultades de diálogo mencionadas no se limitan a los fenómenos relacionados con las drogas que alteran la mente; por ejemplo, en las universidades modernas existe muy poca comunicación entre los profesores e investigadores en economía y ciencias políticas y en ambas facultades consideran a sus colegas de la otra como individuos poco serios, soñadores, distanciados de la realidad, o simplemente desinformados.

252. Claro que ningún país posee una política exterior totalmente consistente. Al final de cuentas, los países tienen intereses diversos, y sus políticas hacia otro país están influidas por los intereses relevantes a las relaciones con ese país en particular. Como dichos intereses difieren en las relaciones con otros países, las políticas no pueden ser perfectamente consistentes.

253. El doctor Restrepo es un médico psiquiatra, autor y ensayista prolífico y creativo, actual comisionado de paz del gobierno de Álvaro Uribe. En su prefacio alaba la valiente búsqueda de la verdad en el libro de Orejuela y rechaza el prohibicionismo dominante en las políticas hacia las drogas.

254. Esto implica que al final de los años setenta aproximadamente el 8% de la población estadounidense era adicta. Como el consumo ilegal está altamente concentrado en el grupo etario masculino entre quince y cuarenta y cinco años, esta cifra significa que aproximadamente una tercera parte de los varones estadounidenses en los años más productivos de sus vidas eran adictos. Cabe preguntarse, ¿cómo podría funcionar un país en esas condiciones?

255. Este informe fue citado en una conferencia en la Universidad de York, en Canadá, en 2001. Solicité a quienes lo citaron que me facilitaran una copia pero no pude obtenerla. La profesora Liisa North, directora del Centro de Estudios Latinoamericanos de esa Universidad, ofreció ayudarme en la búsqueda del informe, pero ella tampoco lo pudo obtener. Una búsqueda en la red de internet en www.unilibrecali.edu.co indica que Carmenza Echeverri de Restrepo es abogada y profesora titular de derecho administrativo en la Universidad Libre de Cali. Su hoja de vida incluye cuatro publicaciones sobre derecho constitucional, pero no hace referencia al informe citado por Orejuela.

256. Cualquier trabajo serio que use como referencia básica una estimación inédita del número de adictos debe cuando menos explicar por qué ese estudio no usó las cifras comúnmente utilizadas en la literatura.

257. Durante mi trabajo en el programa de control de drogas de las Naciones Unidas en Viena, en 1999 y 2000, estuve a cargo de la producción del Informe Mundial de Drogas del 2000 y no pude estimar los porcentajes de consumo de drogas sintéticas en cada país.

258. Infortunadamente, en Colombia existe una larga tradición al respecto. Por ejemplo, Miguel Antonio Caro afirmaba que estaba dispuesto a debatir para convencer al oponente, y que él no cambiaría su posición aunque le demostraran que estaba errado porque su fe católica le garantizaba que tal demostración era falsa.

259. En sus comentarios al borrador de este ensayo el profesor R. T. Naylor de la Universidad de McGill, en Canadá, sugirió la posibilidad de que las drogas ilegales aumentarían la demanda agregada si la adicción forzaba a los adictos a disminuir o eliminar el ahorro en una suma superior al aumento en el costo de las importaciones. Idealmente esta posibilidad se debería verificar o rechazar empíricamente, pero infortunadamente no existen cifras confiables que permitan ese ejercicio. Sin embargo, dado que la mayoría de los adictos son jóvenes o pobres, de cualquier forma no ahorrarían sumas significativas. Además, la adicción tiende a disminuir la productividad y la capacidad de mantener un empleo, lo que disminuiría el ahorro. A lo anterior se agrega que el nivel de ahorro en los Estados Unidos durante varias décadas ha sido notablemente bajo. En conclusión, no parece plausible que las drogas ilegales contribuyan al aumento en demanda agregada en los Estados Unidos.

260. National Institute on Drug Abuse.

261. Curiosamente, esta afirmación no está acompañada de referencias bibliográficas a las “muchas” estimaciones disponibles, las cuales no he podido localizar.

262. Cuando fui nombrado coordinador de investigaciones del programa mundial contra el lavado de dinero de las Naciones Unidas en Viena, en 1999, intenté verificar estas cifras. Esta sección resume el resultado de mis pesquisas.

263. Es importante aclarar la estructura de los organismos de las Naciones Unidas encargados del control de las drogas que alteran la mente para que el lector entienda los acrónimos de las Naciones Unidas. El organismo que determina las guías de políticas es la Comisión de Drogas Narcóticas (CND) formada por un número grande de representantes de los países y que se reúne anualmente. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) está encargada de supervisar la aplicación de las convenciones. Esta Junta asigna cuotas de producción de amapola para la producción de morfina, supervisa los mercados de drogas como el prozac y el valium y la manera como los países enfrentan las drogas ilegales. La UNDCP (el programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización de Drogas, PNUFID en español) es el órgano encargado de implementar las políticas formuladas por la CND que incluyen los programas de cooperación técnica. Hasta 1998 ésta era una agencia independiente. Ese año se unieron los programas de lucha contra las drogas con los de prevención del crimen y se formó la ODCCP (Oficina de Control de Drogas y Prevención del Crimen) que incluyó la UNDCP, el Centro de Prevención del Crimen Internacional y el Programa Global contra el Lavado de Dinero. En 2002 este organismo fue reestructurado. El programa contra el lavado de dinero se distribuyó entre los otros dos y se cambió el nombre de la ODCCP al de Oficina de Drogas y Crimen (ODC).

264. Reuter y Greenfield (2001) explican que la UNDCP obtuvo la cifra de US$400 mil millones multiplicando las estimaciones de producción de drogas por los precios al detal en los Estados Unidos y Europa a pesar de que la mayoría de los opiáceos se consumen en países pobres a precios bajos. Es posible que éste haya sido el caso, aunque durante mi trabajo en la Oficina de Control de Drogas y Prevención del Crimen en las Naciones Unidas en Viena, en 1999 y 2000, no encontré evidencia al respecto.

265. Reuter y Greenfield (2001) presentan argumentos semejantes de manera más detallada.

266. Comunicación personal con Peter Reuter.

267. A mediados de los años noventa, las Naciones Unidas establecieron el día mundial de la lucha contra las drogas. Para celebrar ese acontecimiento la China ejecutó unos sesenta y cinco reos convictos de tráfico de drogas. Ante ese espectáculo, las Naciones Unidas tuvieron que pedirle al gobierno chino que no celebrara ese día o que lo hiciera de manera muy distinta.

268. Por ejemplo, en la reunión de la Comisión de Drogas Narcóticas, en 2003, un grupo de países del sur del Sahara hizo una fuerte crítica a las políticas de algunos países europeos tolerantes del consumo de marihuana. Estos países africanos tienen un consumo alto de marihuana y consideran que sus efectos son extraordinariamente nocivos, y que su cultivo, tráfico y consumo deberían reprimirse a toda costa.

269. Las guerrillas colombianas no toleran el consumo de derivados de la coca, la amapola o la marihuana entre sus miembros. En el pasado ha habido casos en que ejecutan a los consumidores reincidentes en las zonas que ellos controlan. Salgado (2002) resume la posición de estos grupos respecto al narcotráfico y la de las FARC en relación con el consumo. Tanto el ELN como las AUC consideran nocivo el narcotráfico y aceptan que están involucradas en él solo porque son “forzadas” a ello por las circunstancias. Las FARC consideran que el narcotráfico es un fenómeno congénito al capitalismo y “mueve entre un 20 y un 30 por ciento de la economía mundial” (Ríos, 2002: 154). Las tres organizaciones tienen discursos exculpatorios que buscan justificar su participación en el negocio ilegal, pero ninguna sanciona el consumo.

270. En el momento de escribir este ensayo, un proyecto al respecto fue introducido en el Congreso colombiano.

271. En Suecia la razón no es puritana, es decir, no es porque sea pecado consumir, pero sí calvinista: el consumo de drogas genera costos sociales y cada ciudadano tiene la obligación de ser responsable por los costos que generan sus acciones. Por consiguiente, actos que generen costos a la sociedad no deben ser permitidos.

272. Los movimientos prohibicionistas han sido una constante en la historia de los países andinos. Gagliano (1994) analiza la historia de estos movimientos y los debates entre prohibicionistas y tolerantes del uso de la coca en el Perú.

273. Supongo que habrá quienes acepten esa teoría “porque si no, cómo se explican las políticas prohibicionistas”. Creo que antes de aceptar tal hipótesis, se requiere estudiar la sociedad, las instituciones y el sistema político estadounidense, pero posiblemente muchos considerarán que eso es una pérdida de tiempo cuando ya se tienen explicaciones dadas por su ideología sobre cómo funciona el imperialismo capitalista.

274. Por eso, en estricto sentido jurídico, las drogas están legalizadas.

275. Aunque haya subestimado los costos de tal decisión en el caso de la guerra en Irak.

276. Por ejemplo, en Thoumi (2002) se afirma que la interdicción aérea en el Perú fue un arma efectiva para disminuir la extensión de los cultivos ilícitos. Esa afirmación era razonable en su momento puesto que durante el gobierno de Fujimori no fue posible obtener información más acertada. Sin embargo, en Thoumi (2003) se utilizan cifras de la Fuerza Aérea Peruana obtenidas después de la caída de Fujimori que muestran que la interdicción no fue una causa de la disminución en los cultivos ilícitos en el Perú.

277. Un chiste sobre las diferencias entre los Estados Unidos y la Gran Bretaña dice que cuando se le pregunta a un estadounidense que asocie palabras y se le dice: “problem”, él responde “solution”. Cuando se le hace la misma pregunta a un británico la respuesta es “coping”, es decir, manejarlo.

278. Gray (2000: capítulo 9) resume las diferencias entre las posiciones europea y estadounidense y analiza las políticas que los europeos han experimentado. Boekhout van Solinge (2002) estudia en detalle el proceso de toma de decisiones dentro de la Unión Europea en el campo de las drogas que alteran la mente.

279. Es interesante notar que en Colombia estas posiciones se encuentran entre académicos e intelectuales mientras que en los Estados Unidos se concentran en burócratas, políticos y líderes religiosos.

280. Esta situación se ha agravado después de los eventos del 11 de septiembre de 2001.

281. Para una visión de Cuba como “víctima neocolonial de las drogas”, ver Francisco Arias Fernández. (2001). Cuba contra el narcotráfico. De víctimas a centinelas, La Habana: Editora Política, passim.

282. Los patrones de operación descritos en el párrafo anterior se derivan de la revisión de decenas de casos contenidos en la documentación del Archivo Nacional de Cuba, La Habana, Fondo Secretaría de Estado (en adelante citado como ANC-FSE), legajo 257.

283. Ver, respectivamente, “Subsecretario de Hacienda a Subsecretario de Estado”, La Habana, marzo 27 de 1928, ANC-FSE, legajo 257, nº 4249; “Miguel Ángel Carbonell, Encargado del Despacho, Secretaría de Estado, a Subsecretario de Estado”, La Habana, diciembre 17 de 1928, ANC-FSE, legajo 257, nº 4251.

284. Para algunos casos, ver “Harold L. Williamson, Chargé d’Affaires ad interim, Embassy of the United States of America, to Rafael Sánchez Aballí, Acting Secretary of State”, La Habana, octubre 11 de 1927, ANC-FSE, legajo 257, nº 4248; “C. B. Curtis, Chargé d’Affaires ad interim to Rafael Martínez Ortiz, Secretary of State”, La Habana, noviembre 4 de 1927, ANC-FSE, legajo 257, nº 4248; “Noble Brandon Judah to Rafael Martínez Ortiz, Secretary of State”, La Habana, febrero 29 de 1928, ANC-FSE, legajo 257, nº 4249; C. B. Curtis to Rafael Martínez Ortiz, Secretary of State”, La Habana, noviembre 28 de 1928, ANC-FSE, legajo 257, nº 4251.

285. Carleton Beals. (1970 [1933]). The Crime of Cuba. Nueva York: Arno Press & The New York Times, 376.

286. Manuel Moreno Fraginals. (2002). Cuba/España, España/Cuba. Barcelona: Crítica, 72-73.

287. “The Solicitor, Department of State”, enero 13 de 1925, United States National Archives, College Park, Maryland, Record Group 59 (en adelante citado como NA-RG59): 711.379/orig. “Enoch M. Crowder, American Ambassador”, febrero 2 de 1935, NA-RG59: 711.379/orig.

288. Ver, por ejemplo, “Charles E. Hughes, Secretary of State, to Carlos Manuel de Céspedes, Minister of Cuba”, Washington, octubre 24 de 1921, ANC-FSE, legajo 537, nº 12552; “Subsecretario, Asuntos Consulares, a Carlos M. De Céspedes, Ministro de Cuba en Washington”, La Habana, marzo 27 de 1922, ANC-FSE, legajo 537, nº 12552; “Isaac L. Smith, Inspector in Charge, U.S. Department of Labor, Immigration Service, to Florencio Guerra, Consulado de la República de Cuba”, Miami, noviembre 18 de 1931, ANC-FSE, legajo 418A, nº 8734; “Pedro J. Cartaya, Comisionado de Inmigración, a Secretario de Estado”, La Habana, febrero 11 de 1932, ANC-FSE, legajo 418A, nº 8374.

289. Ver: “Noble Brandon Judah to Rafael Martínez Ortiz, Secretary of State”, La Habana, abril 1 de 1928, ANC-FSE, legajo 257, nº 4249; “Noble Brandon Judah to Rafael Martínez Ortiz, Secretary of State”, La Habana, abril 18 de 1928, ANC-FSE, legajo 257, nº 4249; “Noble Brandon Judah to Rafael Martínez Ortiz, Secretary of State”, La Habana, abril 28 de 1928, ANC-FSE, legajo 257, nº 4249; “C. B. Curtis to Rafael Martínez Ortiz, Secretary of State”, La Habana, marzo 9 de 1929, ANC-FSE, legajo 257, nº 4265; “C. B. Curtis to Francisco María Hernández, Acting Secretary of State”, La Habana, junio 22 de 1929, ANC-FSE, legajo 257, nº 4266; “Alfonso L. Fors, Jefe de la Policía Nacional, a Secretario de Estado”, La Habana, agosto 31 de 1929, ANC-FSE, legajo 257, nº 4266; “Very Urgent, Embassy of the United States of America”, La Habana, abril 8 de 1930, ANC-FSE, legajo 257, nº 4266.

290. Robert M. Levine. (1993). Tropical Diaspora. The Jewish Experience in Cuba. Gainesville: University of Florida Press, 2, 16-17, 34, 50. Sobre la inmigración norteamericana, ver Louis A. Pérez. Cuba and the United States. Ties of Singular Intimacy. (1997). Athens, Georgia: The University of Georgia Press, 123-124, 136.

291. Consuelo Naranjo Orovio. (1988). Del campo a la bodega: recuerdos de gallegos en Cuba (siglo XX). La Coruña: Ediciós do Castro, 159.

292. Jordi Maluquer de Motes. (1992). Nación e inmigración: los españoles en Cuba (ss. XIX y XX). Barcelona: Ediciones Júcar, Fundación Archivo de Indianos, 138-139.

293. “F. T. F. Dumont, American Consul General, to Secretary of State”, La Habana, abril 8 de 1933, NA-RG59: 837.114Narcotics/51.

294. Consuelo Naranjo Orovio. (1987). Cuba vista por el emigrante español a la isla, 1900-1959. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 100. Naranjo Orovio. (1988), op. cit., 73.

295. “F. T. F. Dumont, American Consul General, to Secretary of State, Smuggling Activities in Cuba”, junio 29 de 1933, NA-RG59: 837.114Narcotics/64.

296. Ibid.

297. David T. Courtwright. (2001). Forces of Habit. Drugs and the Making of the Modern World. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 33-36.

298. Para la primera cifra ver Ching-Chieh Chang. (1956). The Chinese in Latin America. A Preliminary Geographical Survey with Special Reference to Cuba and Jamaica. Tesis de Ph.D, University of Maryland, 15. Para la segunda estadística ver el trabajo de Duvon Clough Corbitt. (1971). A Study of the Chinese in Cuba, 1847-1947. Wilmore, Kentucky: Asbury College, 23. Corbitt tabuló los datos diarios de entrada de pasajeros aparecidos en el Diario de la Marina entre 1847 y 1874.

299. Manuel Moreno Fraginals. (1983). La historia como arma y otros estudios sobre esclavos, ingenios y plantaciones. Barcelona: Crítica, 120.

300. Chang, op. cit., 25; Corbitt, op. cit., capítulo 8.

301. Chang, op. cit., 63, 65, 98, 132.

302. Moreno Fraginals. (2002), op. cit., 141-142. Pablo de la Torriente Brau. (2001). Testimonios y reportajes. La Habana: Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, 184, 188. “Good-Sized Chinatown” en Who’s Who Among Visitors to Havana, marzo 6 de 1932, 9. University of Miami Archives, Pan American World Airways, Collection 341, Box 64. Directorio telefónico de La Habana. (1958). 625.

303. “Report of Dr. Domingo F. Ramos, June 11, 1935, to the Secretary of Sanitary and Public Charity in Cuba, submitting data for reply to a questionaire of the League of Nations” en Wm. B. Murray, American Vice Consul, “Notes on traffic in Narcotics”, NA-RG59: 837.114Narcotics/89.

304. Antonio Gil Carballo. (1937). Expendedores y viciosos. Propiedad de Rogelio A. Pujol, La Habana, 46.

305. Gil Carballo, op. cit., 75.

306. Manuel Barroso. (1938). “Toxicomanía” en Policía Secreta Nacional, La Habana, vol. II, nº 6, 16-17.

307. José Cardelle y Penichet. (1938). “Contribución al estudio de la jerga de los marihuanómanos y expendedores de marihuana en Cuba” en Policía Secreta Nacional, vol. II, nº 3, 14-16.

308. Un reporte del gobierno norteamericano afirmaba que el uso de la marihuana en los Estados Unidos “se notaba particularmente entre los latinoamericanos y la población hispanoparlante. La venta de cigarrillos de cannabis ocurre en grado considerable en los estados de la frontera con México y en las ciudades del suroeste y el oeste, lo mismo que en la ciudad de Nueva York, y de hecho en dondequiera que haya colonias de latinoamericanos. Ver Federal Bureau of Narcotics, U.S. Treasury Department. (1930). Traffic in Opium and other Dangerous Drugs for the year ended December 31, 1929, U.S. Government Printing Office, Washington, D.C., 15. Ver también David F. Musto. (1993). La enfermedad americana. Orígenes del control antinarcóticos en Estados Unidos. Bogotá: CEI, Ediciones Uniandes, Tercer Mundo Editores, 248-254.

309. Jerome L. Himmelstein. (1983). The Strange Career of Marihuana, Politics, and Ideology of Drug Control in America. Westport: Greenwood Press, 4, 58-71. H. Wayne Morgan (1981). Drugs in America. A Social History, 1800-1980. Syracuse: Syracuse University Press, 138-142. William O. Walker. (1989). Drug Control in the Americas. Albuquerque: University of New Mexico Press, 99-107.

310. Barroso, op. cit., 14.

311. Armando O. Caballero. (1942). “La droga asesina” en Policía Secreta Nacional, vol. X, nº 4, 184.

312. Diego Lino Gato. (1944). “Origen de los vicios” en Policía Secreta Nacional, vol. XIII, nº 5, 204.

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372. “Samuel Levine, Narcotic Agent, In re: Bolivia. Memorandum for the Commissioner of Narcotics”, Nueva York, agosto 15 de 1955, NA-RG170, 170-74-12, Box 33.

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387. “John T. Cussack, District Supervisor, to H. J. Anslinger”, noviembre 10 de 1958, NA-RG170, 71A-3555, Box. 8.

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392. A. Blok. (1974). The mafia of a Sicilian Village, 1860-1960. New York: Harper.

393. Ver: Francisco Thoumi. (1994). Economía política y narcotráfico. Bogotá: Tercer Mundo.

394. Según Leonidas Gómez, en 1987 representantes del jefe supremo de Palermo, Francesco Madonia, y de Pablo Escobar, se reunieron en Aruba para discutir acuerdos con respecto al tráfico de cocaína. Como resultado, el 7 de enero de 1988 arribó a las costas de Sicilia el primer embarque con quinientos sesenta y nueve kilos de cocaína. (1991). Cartel. Historia de la droga. Bogotá: Grupo Editorial Investigación y Concepto.

395. Con respecto a las semejanzas y diferencias entre la mafia italiana y los narcotraficantes colombianos, algunas lecturas pueden citarse como sugestivas e importantes: Ciro Krauthausen. (1998). Padrinos y mercaderes. Crimen organizado en Italia y Colombia. Bogotá: Planeta. Texto que establece, a su vez, una interlocución directa con Pino Arlachi. (1983). La mafia imprenditrice L’etica mafiosa e lo spirito del capitalismo. Bologna: Il mulino. Igualmente, U. Santino. (1994). La borghesia mafiosa. Palermo: Centro Siciliano di Documentazione Giuseppe Impastano; y R. Catanzaro. (1991). “Cosa nostra: la structure organisationnelle de la criminalité mafieuse en Sicile” en Cultures & Conflits (Paris: L’Harmattan), nº 3.

396. Nos referimos aquí a los narcotraficantes “tradicionales”, ya que dentro del fenómeno del narcotráfico participan también otros actores, como las guerrillas y los paramilitares. Es de anotar que en el debate político actual y en los medios de comunicación, la referencia a la categoría de ‘narcotraficantes’ es menos utilizada; ello se debe en buena medida a que el centro de interés hoy se establece en torno a los vínculos entre la actividad del tráfico ilícito y el conflicto armado interno.

397. M. Leclerc. (1996). (sous la direction). La criminalité organisée. Paris: La Documentation Française.

398. Uno de los primeros en sugerir el término fue Pino Arlachi. Como ejemplos de “crimen organizado de tipo mafioso”, incluyó a La Cosa Nostra estadounidense, a la yakusa japonesa, las triadas chinas y el narcotráfico colombiano. Darío Betancur lo consideró apropiado. (1998). Mediadores, rebuscadores, traquetos y narcos. Valle del Cauca, 1890-1997. Bogotá: Antropos.

399. La producción bibliográfica en torno a las organizaciones de tipo mafioso, dedicadas al narcotráfico, puede clasificarse en tres tendencias fundamentales. En primer lugar, aquella que ha encontrado en la especificidad de la temática su fuente de inspiración. Como ejemplo de esta línea, para el caso colombiano en general, pueden indicarse: Carlos Arrieta et. al. (1990). Narcotráfico en Colombia. Bogotá: Uniandes Tercer Mundo; Juan Tokatlian (1990). Economía y política del narcotráfico. Bogotá: CEI Uniandes-CEREC, así como los trabajos de Ciro Krauthausen y Francisco Thoumi, ya citados. Una segunda tendencia abarca estudios de larga duración y estructurales que, en buena medida, abordan los actores y sus procesos como componentes de fenómenos más complejos y globales, o como gestores de violencia. En esta línea se ubican, por ejemplo, los textos de Darío Betancur (Op. cit.) y de Adolfo Atehortúa. (1995). El poder y la sangre. Bogotá: Cinep/Javeriana Cali. Ligada al análisis histórico y sociológico, una tercera línea ha preferido, en forma directa, el estudio de actores individuales. Es la emprendida bajo la mirada del periodismo investigativo y por los etnólogos o etnógrafos de la violencia. Esta línea incluye, por ejemplo, todos los trabajos biográficos y documentales a que hace referencia el presente artículo. En términos generales, si bien se han obtenido importantes avances, persisten significativos vacíos en relación con los actores mismos; los contextos sociológicos e históricos en los cuales se producen y desarrollan las agrupaciones de tipo mafioso dedicadas al narcotráfico; la caracterización de éstas, su estructura, tendencias, estrategias y perspectivas; sus nexos con otros actores y, aún más, la incidencia diversa, pero concreta que ellas ejercen sobre la sociedad. De todas maneras, la ausencia de información y el riesgo que se corre al intentar obtenerla o publicar, hacen difícil el progreso del conocimiento.

400. Documentadas biografías de Pablo Escobar pueden observarse en: Luis Cañón. (1994). El patrón. Bogotá: Planeta; Roberto Escobar Gaviria. (2000). Mi hermano Pablo. Bogotá: Quintero Editores; Alonso Salazar. (2001). La parábola de Pablo. Bogotá: Planeta.

401. Como biografía específica de Gonzalo Rodríguez Gacha, puede citarse: Fernando Cortés. (1993). Rodríguez Gacha «El Mexicano». Bogotá: Intermedio Editores. Otras pistas pueden rastrearse en: Gonzalo Guillén. (1993). Crónicas de la guerra sucia. Bogotá: Temas de Hoy, y Edgar Torres. (1995). Mercaderes de la muerte. Bogotá: Intermedio Editores, Círculo de Lectores.

402. Importantes datos acerca de los hermanos Rodríguez Orejuela y sus socios del llamado ‘Cartel de Cali’, pueden encontrarse en: Edgar Torres y Armando Sarmiento. (1998). Rehenes de la mafia. Bogotá: Intermedio Editores, y Fabio Castillo. (1996). Los nuevos jinetes de la cocaína. Bogotá: Oveja Negra.

403. En relación con los hermanos Ochoa, datos considerables aparecen en: Eddy, Paul y otros. (1988). Las guerras de la cocaína. Bogotá: Círculo de Lectores.

404. En torno a tales connotaciones consúltese, por ejemplo: Alonso Salazar y María Uribe. (1994). Las subculturas del narcotráfico. Bogotá: CINEP.

405. En relación con el tema, opciones metodológicas e información se encuentran en Álvaro Camacho. “Empresarios ilegales y región: la gestación de las elites locales” en: Renán Silva (editor). (1994). Territorios, regiones, sociedades. Bogotá: Univalle-cerec.

406. En relación con Lehder, la más completa información se encuentra en: Eddy, Paul y otros. Las guerras de la cocaína, op. cit. Igualmente, puede consultarse en el Archivo General de la Presidencia de la República, su Proceso de Extradición con informaciones confidenciales y los cargos elevados por la justicia de Estados Unidos.

407. Con respecto a las estrategias empresariales de los narcos, en especial del Cartel de Medellín, puede consultarse: Ciro Krauthausen y Luis F. Sarmiento. (1991). Cocaína & Co. Un mercado ilegal por dentro. Bogotá: Tercer Mundo-IEPRI.

408. No obstante, también podría decirse que el recurso a la violencia constituye una característica de los actores en un escenario institucional débil. Cuando, en los términos de Weber, un Estado no reivindica con éxito los monopolios de la ley, de la justicia y de la fuerza, los asociados asumen con facilidad los roles que corresponden a ese Estado, incluso para derrocarlo. Así, la institucionalidad y la para-institucionalidad, son utilizadas en forma simultánea y con frecuencia por diversos actores de la sociedad en Colombia.

409. Darío Villamizar. (1995). Aquel 19. Bogotá: Planeta.

410. La expresión macondiano hace alusión al realismo mágico presente en la obra de Gabriel García Márquez.

411. Diana Turbay Quintero, directora de un noticiero de televisión, era hija del ex-presidente Julio César Turbay. Murió cuando un comando de la Policía intentó su rescate. Francisco Santos es hijo de Hernando Santos, fallecido propietario del primer diario del país, El Tiempo; su abuelo fue Presidente de la República (1938-1942) y fue vicepresidente de Colombia. Maruja Pachón, esposa de un congresista, era cuñada de Luis Carlos Galán, el líder liberal, candidato a la Presidencia, asesinado en agosto de 1989. Aunque autores como Rafael Pardo o incluso Gabriel García Márquez no mencionan en sus obras una negociación expresa entre el gobierno y “los extraditables”, el propio César Gaviria permite entreverla al afirmar que, “sin duda, el secuestro de personas tan importantes preocupaba al gobierno e influyó en la política de sometimiento” (Entrevista concedida a los autores en Washington, mayo de 1999). Cf. Gabriel García M. (1996). Noticia de un secuestro. Bogotá: Grupo Editorial Norma. Y, Rafael Pardo. (1996). De primera mano. Bogotá: CEREC-Norma.

412. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el grupo guerrillero más antiguo del país y de América Latina.

413. Cf. Augusto Bahamón. (1992). Mi guerra en Medellín. Bogotá: Intermedio Editores.

414. Tales elementos aparecen, por cierto, en el caso del Estado italiano y su incapacidad para detener las guerras internas de la mafia. Guerras de familia sobre las cuales podría hacerse un paralelo comparativo con las guerras entre los grupos de narcotraficantes en Colombia.

415. Obsérvese, al respecto: Adolfo Atehortúa. (1995). El poder y la sangre. Las historias de Trujillo-Valle. Bogotá: CINEP-Universidad Javeriana.

416. Algunas informaciones acerca de Iván Urdinola y el Cartel del norte del Valle, se encuentran en: U.S. Department of Justice. Drug Enforcement Administration. Statement by: Donnie Marshall, Chief of Operations, Drug Enforcement Administration. Before the: Subcommittee on National Security, International Affairs and Criminal Justice, July 9, 1997. Y en Fabio Castillo. Los nuevos jinetes de la cocaína, op. cit.

417. Alirio Bustos. (2000). Los secretos del general Serrano. Bogotá: Intermedio Editores.

418. El remoquete surgió a raíz de una conversación telefónica grabada al candidato Ernesto Samper con la esposa de Sarria, posteriormente asesinada. Interesada en que Samper asista a una reunión en donde recibirá “importantes colaboraciones”, Samper le pide que “no sea retrechera”. El epíteto se usa para personas simpáticas que acosan o insisten frente a un objetivo.

419. Cf. Fabio Castillo. Los nuevos jinetes de la cocaína, op. cit. Alirio Bustos. Los secretos del general Serrano, op. cit. Roso Serrano. (1999). Jaque mate. Bogotá: Grupo Editorial Norma.

420. Adolfo Atehortúa. El poder y la sangre. Las historias de Trujillo-Valle, op. cit.

421. Fabio Castillo. Los nuevos jinetes de la cocaína, op. cit., 86 a 90.

422. Las circunstancias del escándalo así como el llamado ‘Proceso 8.000’ se encuentran ampliamente referenciados en: Francisco Leal Buitrago. (1996). Tras las huellas de la crisis política. Bogotá: Tercer Mundo Editores, IEPRI Universidad Nacional; Santiago Medina. (1997). La verdad sobre las mentiras. Bogotá: Editorial Planeta; Mauricio Vargas et al. (1996). El presidente que se iba a caer. Bogotá: Ed. Planeta.

423. Dirección Nacional de Estupefacientes en Colombia.

424. El origen de tal propuesta se encuentra en la política del “Buen Vecino”, la orientación externa que la potencia del Norte mantuvo desde 1933 hasta la muerte de Roosevelt, la cual proclamó que ya no habría más intervenciones unilaterales armadas (aunque las otras formas de injerencia se mantuvieron) y que las relaciones de los países latinoamericanos y del Caribe con Estados Unidos deberían ser como las que caracterizaban a los buenos vecinos; ver al respecto Gordon Connell-Smith. (1974). Estados Unidos y la América Latina. México: FCE, capítulo 4.

425. Éstas se enmarcaban en las Conferencias Panamericanas, realizadas cada cuatro o cinco años; se llegaron a realizar diez entre 1889 y 1954.

426. En Panamá, en 1939, los asistentes crearon la llamada “Zona de Seguridad”, desde Alaska hasta la Patagonia; en La Habana, en 1940, adoptaron la “Resolución XV”, la cual fortaleció la llamada asistencia recíproca en caso de agresión; y en Río, en 1942, la mayoría de países rompió relaciones económicas y políticas con el Eje y varios de ellos le declararon la guerra y, además, se creó la Junta Interamericana de Defensa (JID); ver David Bushnell. (1984). Eduardo Santos y la política del Buen Vecino. Bogotá: El Áncora Editores.

427. Fue diseñado para enfrentar las variadas modalidades de agresión y por eso incorporó la Zona de Seguridad de 1939. Pero no determinaba cuál era el enemigo a enfrentar; el artículo sexto establece que los gobiernos confrontarán cualquier hecho o situación que ponga en peligro la paz de América, o sea, todo. El TIAR sigue hoy vigente.

428. Dean Acheson, Secretario de Estado, a los representantes diplomáticos en las repúblicas americanas, excepto Argentina y Haití, Washington, abril 1 de 1946, Foreigns Relations of the United States, vol. XI, 1946, 10. Archivo del Departamento de Estado de Estados Unidos.

429. La única oportunidad en que dicho ejército cobró vida fue en 1965, cuando con más de diez mil hombres Estados Unidos invadió a República Dominicana con el pretexto de que las vidas y propiedades de los norteamericanos residentes allí se encontraban en peligro. La verdad es otra: se trataba de un conflicto interno que para Washington podría poner en peligro su seguridad pues, decía, el comunismo internacional estaba dirigiendo los acontecimientos. La ironía de la historia es que la OEA dio su aval para que el ejército invasor agregara un contingente de dos mil soldados-brasileros, paraguayos, nicaragüenses, hondureños, salvadoreños y costarricenses y así quedara transformado en una “Fuerza Interamericana de Paz”. Ver César Torres del Río. (2000). “A propósito de la(s) intervención(es) norteamericana(s): la OEA y la fuerza multilateral” en revista Memoria y Sociedad. Bogotá: Departamento de Historia-Universidad Javeriana, vol. 4, nº 7, febrero, 135-149.

430. Históricamente, esto significó postergar el desarrollo económico. La aceptación de tales políticas, más que su imposición, ha sido caracterizada por el argentino Félix Peña como un fenómeno de “dependencia consentida”; ver Gerhard Drekonja. (1982). Retos de la política exterior colombiana. Bogotá: CEREC, 67-77.

431. Juan Gabriel Tokatlian “La política exterior de Colombia hacia los Estados Unidos, 1978-1990” en Carlos Gustavo Arrieta et al. (1991). Narcotráfico en Colombia. Dimensiones políticas, económicas, jurídicas e internacionales. Bogotá: Tercer Mundo, 321-322. El sistema de radares fue aceptado por Colombia, mediante convenio, a comienzos de 1989. Inicialmente se instalaron dos, uno en el continente y otro en San Andrés; luego se procedería a colocar otros en el sur colombiano.

432. Ibid., 319 y 333.

433. Ibid., pp. 340-343.

434. Ha sido Luis Alberto Restrepo M. quien ha dado a la publicidad ese documento. Véase “Estrategia norteamericana de seguridad y tráfico de drogas. Lectura de un informe al Congreso de los Estados Unidos” en Análisis político, nº 13, Bogotá, mayo a agosto de 1991, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales.

435. Ibid., 25.

436. El Espectador, Bogotá, marzo 1 de 1990.

437. Morton H. Halperin y Jeanne M. Woods. (1991). “Terminando la guerra fría en Estados Unidos” en Ciencia Política, nº 22, Bogotá: primer trimestre.

438. WOLA (Washington Office on Latin America). (1993). ¿Peligro inminente ? Las FF.AA. de Estados Unidos y la guerra contra las drogas. Bogotá: Tercer Mundo Editores-IEPRI-CEI, 35.

439. Un buen trabajo que evalúa las dos cumbres y hace aportes interesantes sobre las tendencias apreciables en los gobiernos de Bush y Clinton se encuentra en Juan Gabriel Tokatlian, “Seguridad y drogas: una cruzada militar prohibicionista” en Francisco Leal y Juan Tokatlian. (1994). Orden mundial y seguridad. Nuevos desafíos para Colombia y América Latina. Bogotá: Tercer Mundo.

440. WOLA (Washington Office on Latin America). ¿Peligro inminente?.., op. cit.

441. Coletta Youngers. (1990). La guerra en los Andes: el rol de las fuerzas militares en la política de la lucha contra el narcotráfico. Washington: WOLA, diciembre de 1990, 18.

442. El Tiempo, diciembre 13 de 1991.

443. El Espectador, enero 12 de 1992.

444. Ibid.

445. Arlene B. Tickner, “Colombia es lo que los actores estatales hacen de ella: una (re)lectura de la política exterior colombiana hacia los Estados Unidos” en Marta Ardila et al. (Editores). (2002). Prioridades y desafíos de la política exterior colombiana. Bogotá: FESCOL, 358-360. Según Juan Carlos Esguerra, ex ministro de Defensa, en entrevista concedida a la autora, como parte de la estrategia norteamericana el embajador Myles Frechette buscó el fraccionamiento del proceso de toma de decisiones al manejar por separado las relaciones con los distintos ministerios.

446. Mauricio Romero. (2003). Paramilitares y autodefensas 1982-2003. Bogotá: Editorial Planeta Colombiana-IEPRI, 102.

447. La internacionalización del conflicto interno se presenta cuando hay intervención de otros estados en la lucha entre el gobierno de un Estado y varios grupos de oposición interna, según la definición del Uppsala Conflict Data Project; ver Fundación Seguridad y Democracia. (2003). Una fuerza preventiva de la ONU: opción para Colombia. Bogotá: Fundación Seguridad y Democracia, VIII-IX. Ver también El Plan Colombia y la internacionalización del conflicto. Bogotá: Editorial Planeta Colombiana-IEPRI, 2001.

448. Sobre la temática, para la región andina consultar entre otros a Adam Isaacson. (2001). “La asistencia estadounidense a la seguridad en los países de la región andina 2000-2001” en Colombia Internacional, Nos. 49/50, Bogotá: Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes.

449. Con un punto de vista distinto, consultar Dirección Nacional de Estupefacientes. (2003). La lucha de Colombia contra las drogas ilícitas. Acciones y resultados 2002. Bogotá: Dirección Nacional de Estupefacientes.

450. El Tiempo, septiembre 18 de 2003. Hay que anotar que el problema tiene otra arista: según un informe de la Contraloría General de la República, el 48% de las tierras productivas en Colombia está en manos de narcotraficantes y sus testaferros, lo que llevó a la reducción de la frontera agrícola, la monopolización de la tierra, su encarecimiento y el desplazamiento forzado; ver El Tiempo, septiembre 2 de 2003.

451. Lecturas Dominicales, 14 de septiembre de 2003.

452. Eduardo Pizarro Leongómez. (2003). “Terrorismo y democracia. El caso de Colombia” en Terrorismo y seguridad. Bogotá: Planeta-Semana. Un ejemplo demostrativo de la puesta en práctica de esta doctrina ha sido la “guerra preventiva” contra Irak; ver un análisis extensivo en Michael Walzer. (2001). Guerras justas e injustas, un razonamiento moral con ejemplos históricos. Barcelona: Paidós.

453. Para aquél, el Plan era uno antinarcóticos y para éste uno contrainsurgente. Como salida “políticamente correcta”, en la medida en que la insurgencia se financiaba con dineros del narcotráfico los norteamericanos acuñaron el concepto de “guerra ambigua”; ver Eduardo Pizarro Leongómez. (2002). “Colombia: guerra civil, guerra contra la sociedad, guerra antiterrorista o guerra ambigua” en Análisis Político, nº 46, mayo-agosto.

454. http://usinfo.state.gov/espanol/terror/02093001.htm, en Eduardo Pizarro Leongómez. Terrorismo y seguridad, op. cit., 31-32.

455. Presidencia de la República Ministerio de Defensa. (2003). Política de defensa y seguridad democrática. Bogotá: Ministerio de Defensa. Consultar, por ejemplo, las partes I y II. Sobre el desarrollo económico y su relación con la seguridad, únicamente hay dos párrafos en el texto que evidencian lo afirmado: el desarrollo se entiende como una derivación de la seguridad (22). Una experiencia histórica diferente la encontramos en Brasil: todos los gobiernos militares entre 1964 y 1985, gobiernos duros de la seguridad nacional, consideraban que la seguridad era una consecuencia del desarrollo; al respecto ver, entre la rica producción histórica brasilera, Amado Cervo y Clodoaldo Bueno. (1992). História da política exterior do Brasil. São Paulo: Editora Atica.

456. Daniel Pécaut. (2003). Midiendo fuerzas. Balance del primer año del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Bogotá: Planeta, 93-107. Claro que toda ayuda norteamericana es condicionada; baste señalar que recientemente fueron descongelados cinco millones de dólares en el momento en que Colombia firmó el acuerdo que establece no entregar ciudadanos de Estados Unidos a la Corte Penal Internacional sin el consentimiento previo de este país; ver El Tiempo, 21 de septiembre de 2003.

457. Cambio, “Corto de fondos”, Bogotá, octubre 13-20 de 2003.

458. Semana, “No hay almuerzo gratis”, Bogotá, septiembre 22-29 de 2003. Los resultados parciales de la asesoría y entrenamiento de la Misión hoy se aprecian en una mejorada ofensiva de las Fuerzas Armadas Colombianas, las cuales en el mes de octubre de 2003 decidieron llevar la guerra a las selvas buscando a los alzados en armas en sus propios fortines.

459. El Espectador, septiembre 14 de 2003. ChoicePoint adquirió en Colombia –sin el consentimiento de millones de colombianos– la base de datos de identificación de todos ellos, incluyendo la fecha y lugar de nacimiento, su número de pasaporte y de cédula, su familia y su descripción física.

460. Luis Jorge Garay. (Coord.). (2002). Repensar a Colombia. Hacia un nuevo contrato social. Bogotá: PNUD-ACCI.

461. Estas medidas que hemos venido proponiendo de tiempo atrás, al lado de otros analistas y que en general son ya apropiación pública y académica, son también sugeridas por el Informe auspiciado por PNUD y la Agencia Sueca de Cooperación denominado El Conflicto: callejón con salida. Informe Nacional de Desarrollo Humano. Colombia 2003, coordinado por Hernando Gómez Buendía. Bogotá, 2003, capítulo 13.

462. En la lista norteamericana de organizaciones terroristas aparecen las AUC, el ELN y las FARC, pero los países fronterizos de Colombia, exceptuando a Panamá, se han negado a calificar a las FARC como terroristas.

463. Ver al respecto Eduardo Pizarro Leongómez. “Colombia: guerra civil, guerra contra la sociedad, guerra antiterrorista o guerra ambigua”, op. cit.

464. Contrasta tal actitud con las medidas implementadas para la negociación con los grupos paramilitares, lo cual desde el ángulo gubernamental y desde la propia visión de tales grupos se entiende al leer el libro de Mauricio Romero, Paramilitares y autodefensas 1982-2003, op. cit.

465. Mary Kaldor. (2001). Las nuevas guerras. Violencia organizada en la era global. Barcelona: Tusquets Editores S.A., 15-28. Una interesante reflexión acerca de si las FARC y el ELN tienen la intención y están en capacidad de hacer el tránsito de organizaciones armadas altamente jerarquizadas de viejo tipo hacia organizaciones flexibles en red de nuevo tipo, para realizar una modalidad específica de netwar, la realiza Eduardo Pizarro Leongómez en su texto “Terrorismo y democracia. El caso de Colombia”, op. cit.

466. La idea de tal fuerza está condenada al fracaso, pues en la historia ya hay suficientes ejemplos en América Latina y el Caribe de las consecuencias negativas de las “fuerzas multilaterales de paz” para la soberanía, las Fuerzas Armadas y las instituciones políticas; ver César Torres del Río. (2000). Fuerzas Armadas y seguridad nacional. Bogotá; Editorial Planeta.

467. Fundación Seguridad y Democracia, Una fuerza preventiva de la ONU…, op. cit., 63.

468. La Fundación Seguridad y Democracia reconoce tales peligros, pero aun así se sostiene en su argumento; Ibid., 64-70.

469. La negación a tal subordinación viene desde mediados de los 60, cuando se creó la fuerza multilateral de paz para legitimar la invasión norteamericana a República Dominicana; ver César Torres del Río. Fuerzas Armadas y seguridad nacional, op. cit.

470. Antonio Escohotado. Historia de las drogas.

471. Louk Hulsman. La política de drogas: fuente de problemas y vehículo de colonización y represión. Desde la Criminología Crítica, entre otros: Antonio Beristain, Rosa del Olmo, Juan Fernández Carrasquilla, Antonio Baratta, Juan Bustos.

472. Washington Post, 26 de septiembre del 2003.

473. Iban de Rementeria. (2000). “Hacia un discurso alternativo sobre los cultivos ilícitos” en Medio Ambiente, cultivos ilícitos y desarrollo alternativo, Memorias, GTZ. Ministerio del Medio Ambiente de Colombia, septiembre.

474. Viceministerio de Defensa Social, Bolivia, 2003.

475. Fuente: El Comercio, 14 de octubre del 2003.

476. La Convención Única de Estupefacientes de 1961, la Convención de Lucha contra el Tráfico Internacional de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes de 1988. Ahora tenemos también la Convención contra el Crimen Organizado, vigente desde el 29 de septiembre del 2003 y ratificada por cincuenta países.

477. Raúl Sohr. Las guerras que nos esperan: EE.UU. ataca. Barcelona: Ediciones B, 294 y 295.

478. Fuente: El Comercio del 23 de octubre del 2003.

479. “Una fuerza preventiva de la ONU: opción para Colombia”, Fundación Seguridad y Democracia, julio del 2003.

480. Ricardo Soberón Garrido. “Las posibilidades de internacionalización del conflicto colombiano y sus consecuencias” en Revista Agenda Internacional, Año VI, número 12.

481. Alberto Ramos. “Violencia, fronteras e intervención”, 86.

482. Ricardo Soberón Garrido. “Entre cuarteles, caletas y fronteras”, en Drogas. El conflicto de fin de siglo, Cuadernos Nueva Sociedad, junio 1997.

483. Arturo Cancino y Pascual Amézquita. (2003). “El ALCA en la perspectiva latinoamericana”, en Nueva Gaceta, abril-junio, 56.

484. Ricardo Soberón. (2001). “The Economics of War. The Intersection of Need, Creed and Greed”, Woodrow Wilson International Center for Scholars, International Peace Academy, September 10th.

485. Oswaldo de Rivero. “El mito del desarrollo”, 211.

486. The New Herald, October 15 th, 2003.

Ponentes

luis astorga

Doctor en Sociología de la Universidad de la Sorbona, París I, miembro del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores. Coordinador de la Cátedra UNESCO “Transformaciones económicas y sociales relacionadas con el problema internacional de las drogas”. Es autor de El siglo de las drogas. El narcotráfico, del porfiriato al nuevo milenio (2005), Drogas sin fronteras (2003) y Mitología del narcotraficante en México (1995), entre otros.

Adolfo Atehortúa

Historiador egresado de las Universidades del Valle (Licenciatura) y Nacional de Colombia (Maestría). Doctor en Sociología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Autor de diversos libros, ensayos y artículos sobre los conflictos socioeconómicos y la historia política de Colombia y de América Latina. Especializado en temas como la seguridad, las fuerzas armadas, la violencia política y la resolución de conflictos.

Álvaro Camacho Guizado

Sociólogo, fue profesor de la Universidad de los Andes. Licenciado en Sociología de la Universidad Nacional, Ph.D en Sociología. Fue profesor visitante del Institute des Hautes Etudes de L›Amérique Latine, Universidad de París (III), de The New School for Social Research, Nueva York, y profesor especial del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Falleció en 2011.

David Curtidor

Administrador público, con un amplio recorrido en el trabajo con comunidades indígenas. Coordinador del Proyecto Coca Nasa, del Resguardo de Calderas, Cauca.

Juan Álvaro Echeverri

Antropólogo, Doctor en Antropología del New School for Social Research de Nueva York. Especialista en poblaciones indígenas amazónicas, ha participado en proyectos de gestión comunitaria y de investigación científica en temas de antropología social, etnohistoria, conocimiento tradicional, documentación y revitalización lingüística, etnoeducación, territorios indígenas y etnobotánica. Es Profesor Asociado de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Amazonia.

Myriam Jimeno

Doctora en Antropología de la Universidad de Brasilia. Profesora titular del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional e investigadora del Centro de Estudios Sociales, CES.

Oscar Román Jitdutjaaño y Alicia Sánchez

Ancianos de la etnia uitoto.

Andrés López Restrepo

Economista con estudios de Maestría en Filosofía. Profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, IEPRI, Universidad Nacional de Colombia. Sus investigaciones se desarrollan en torno a la temática del narcotráfico, la ilegalidad y el conflicto en Colombia.

David Musto

Profesor de psiquiatría infantil e Historia de la Medicina. Miembro de la Universidad de Yale desde 1969. Su trabajo en historia social estuvo enfocado al desarrollo de políticas de salud en temas como el alcohol, los narcóticos, el sida y la familia. Ampliamente conocido por su libro La enfermedad americana: orígenes del control de narcóticos, publicado originalmente en inglés en 1973, con posteriores reediciones y versiones en español. Falleció en 2010.

César Ortiz

Profesor e investigador de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Su investigación se centra en la Nueva Institucionalidad como marco de análisis en aspectos como los cultivos ilícitos, la resolución de conflictos y la producción orgánica de alimentos, así como los efectos de la descentralización sobre políticas públicas para el desarrollo rural, la planificación agraria y los ciclos de transferencia de tecnología, entre otros.

María Clemencia Ramírez

Doctora en Antropología de la Universidad de Harvard, es investigadora honoraria del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH. Entre sus publicaciones más importantes se encuentran el Atlas cultural de la Amazonia colombiana: la construcción del territorio en el siglo XIX (coautora, 1998), y Entre el Estado y la guerrilla: identidad y ciudadanía en el movimiento de los campesinos cocaleros del Putumayo (2001).

Manuel Rodríguez Becerra

Primer titular del Ministerio del Medio Ambiente. Presidió el Foro de Bosques de las Naciones Unidas en dos ocasiones (1996-1999 y 2004-2005) y fue miembro de la Comisión Mundial de Bosques y Desarrollo Sostenible y del Consejo Asesor sobre Política de Bosques del Banco Mundial. Actualmente es profesor titular de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes en política pública y política ambiental.

Diana Marcela Rojas

Filósofa e Internacionalista, experta en temas de política internacional. Editora de la revista Análisis Político del IEPRI entre 2002 y 2007. Actualmente coordina el grupo de investigación de Relaciones Internacionales del IEPRI.

Ismael Roldán

Médico psiquiatra de la Universidad Nacional. Desde su perspectiva psiquiátrica, lleva más de veinte años dedicado a la investigación en el área del conflicto social y la violencia. Recibió el Premio Nacional de Ciencias Humanas y Sociales Alejandro Ángel Escobar 1995. Asesor del Instituto Nacional de Salud.

Carlos Ariel Ruiz Sánchez

Sociólogo. Experto e investigador en temas de pueblos indígenas y tribales de Colombia. Ex asesor de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, del Ministerio del Interior y del Ministerio de Justicia, Interoil, Columbus, y ERM-Ecopetrol, para los que elaboró protocolos de identificación y estudios etnológicos de comunidades negras e indígenas. Consultor, conferencista y docente en temas de Participación y Consulta Previa.

Eduardo Sáenz Rovner

Doctor en Historia comparada de Brandeis University Massachusetts. M.A En Economía y B.A. en Economía, Southern Illinois University, Illinois. Ha sido profesor de la University of California, Los Ángeles y la Universidad Nacional de Colombia. Su trabajo busca entender los orígenes y consolidación del narcotráfico en Cuba y en Colombia, estudiando las características internas e historia de estos países.

Alonso Salazar

Periodista de la Universidad de Antioquia y fundador de la Corporación Región de Medellín, orientada a la investigación y el desarrollo social. Autor de varios libros dedicados en su mayoría a la investigación periodística, entre los que se cuentan No nacimos pa’ semilla (1990), Mujeres de fuego (1993), La parábola de Pablo. Auge y caída de un gran capo del narcotráfico (2001) y Profeta en el desierto (2003), por el que recibió el Premio Planeta de Periodismo.

Henry Salgado Ruiz

Sociólogo, Maestro en Estudios Amazónicos, investigador del CINEP y del ICANH. Doctor en Antropología de la Universidad de Montreal. Entre sus publicaciones se encuentra El Plan Colombia, una política de (in)seguridad humana para las poblaciones del Putumayo (2004).

Ricardo Soberón

Abogado peruano, miembro del equipo de Drogas y Democracia del Transnational Institute, es especialista en el análisis del fenómeno del tráfico de drogas y las políticas de lucha contra los estupefacientes en la región andina.

Francisco Thoumi

Doctor en Economía. Entre 2004 y 2007 fue director del Centro de Estudios y Observatorio de Drogas y Delito de la Universidad del Rosario en Bogotá. Es miembro del Observatorio del Crimen Organizado en América Latina y El Caribe. Ha sido profesor en las Universidades de Texas, George Washington y de la Harvard Kennedy School of Government.

César Torres del Río

Doctor en Historia, es profesor asociado del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Su área de trabajo es la historia comparada, la historia de las Fuerzas Armadas en Colombia y la historia de las relaciones internacionales. Entre sus publicaciones se encuentran De milicias reales a militares contrainsurgentes. La institución militar en Colombia siglos xviii al xxi (junto con Saúl Rodríguez Hernández, 2008); Fuerzas armadas y seguridad nacional (2000) y Grandes agresiones contra Colombia (1833-1994) (1994), entre otras.

ricardo vargas

Sociólogo, Director de Acción Andina Colombia e investigador asociado del Transnational Institute, con sede en Ámsterdam. Es autor, entre otros textos, de Fumigación y conflicto: política antidrogas y deslegitimación del Estado en Colombia (1999), Drogas, conflicto armado y desarrollo alternativo (2003), Narcotráfico, guerra y política antidrogas (2005) y Desarrollo alternativo en Colombia y participación social: propuestas hacia un cambio de estrategia (2010).

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Ana María Noguera Díaz-Granados / revisión de estilo

Ángela Santamaría Delgado / edición y coordinación editorial

Primera edición digital: Bogotá, mayo de 2014

© Museo Nacional de Colombia

ISBN 978-958-753-148-0